Competencia multa con 203,6 millones a las principales constructoras españolas

• La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sanciona a Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones) OHLA (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones)
• Les responsabiliza de haber alterado durante 25 años el sistema de licitaciones públicas compartiendo información y estrategias

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este jueves, en un comunicado, la imposición de una multa de 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras españolas por alterar el sistema de licitaciones públicas destinadas a la edificación y la obra civil de infraestructuras. En concreto, el regulador ha informado de que han sido sancionadas Acciona Construcción, S.A. (29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5 millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones). A este grupo de empresas, Competencia les ha atribuido intercambio de información técnica y estratégica relacionada con la presentación a los concurso públicos. El Ministerio de Transportes, antes Fomento, aparece como la gran víctima de estas conductas. Las sanciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional interponiendo un recurso contencioso-administrativo.

A pesar de que este particular G6 quedó disuelto en 2017 y que las empresas implicadas apuntaron que estas prácticas podían ir en contra de la regulación, desde Competencia, han destacado que todas estas actuaciones son una infracción grave de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Además, han añadido, que tiene efectos «dañinos» ya que afectaron a infraestructuras públicas como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.

El regulador ha explicado el ‘modus operandi’ de este grupo de empresas que, desde 1992, mantenía reuniones semanales para analizar las licitaciones de obras públicas publicadas por las plataformas de contratación del Estado. En las mismas, ha apuntado Competencia, se decidían los concursos que en los que se iban a compartir parcial o totalmente los trabajos previos para elaborar las ofertas técnicas que se presentaban. Lo que se encargaba a empresas externas.

Cualquier modificación de estos trabajos previos debía contar con la aprobación del resto de empresas del grupo. «La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto, para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas», han especificado desde la CNMC que destaca la progresiva complejidad del cártel en los 25 años de existencia.

Además, en sus encuentros semanales, el regulador les ha atribuido también el intercambio de información comercial sensible como si acudir o no bajo la forma de una Unión Temporal de Empresas (UTE) y que empresas las formarían.

Al respecto, desde la CNMC, han destacado que todos estos intercambios de información entre licitadores es un incumplimiento del denominado deber de proposición única y de secreto de las proposiciones. Además , han añadido, elimina la independencia exigida a las empresas que se presentan a este tipo de concursos.

Solo en el caso de los contratos de edificación y de infraestructuras como hospitales, carreteras y aeropuertos durante el periodo investigado la oferta técnica podía llegar a suponer el 70% de la puntuación del concurso frente al 30% correspondiente al capítulo económico.