Expansión

Inma Benedito. Madrid

En las próximas semanas el mercado de la vivienda recibirá su primera inyección de fondos europeos. El Gobierno planea llevar al último Consejo de Ministros de septiembre dos reales decretos con los que movilizará más de 5.520 millones de euros del Plan de recuperación. Esta cantidad irá a parar a rehabilitación de pisos, construcción de viviendas de alquiler social, deducciones fiscales y avales para comunidades de propietarios.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció ayer que el paquete de medidas se pondrá en marcha “en las próximas semanas”. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el objetivo del Gobierno es aprobarlo en el último Consejo de Ministros de septiembre. A partir de ahí será Hacienda el ministerio encargado de gestionar las cuantías.

Como novedad, Sánchez también avanzó que en octubre llevará al Consejo de Ministros un nuevo plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 que, dijo, “incluirá medidas especiales dirigidas a los jóvenes”. Aunque no dio detalles sobre qué tipo de iniciativas incluirá, en los últimos meses el equipo de vivienda, con el secretario general David Lucas al frente, ha barajado desde deducciones fiscales para propietarios que alquilen sus pisos a jóvenes y les hagan descuentos en el alquiler, hasta movilización de suelo público y acuerdos con entidades privadas para destinarlo a alquiler social.

Renovar el parque residencial español, sacar más oferta de alquiler social y facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables son los tres males o, mejor dicho, desafíos, en los que el Gobierno gastará la asignación para vivienda de los fondos europeos. No es para menos: la mitad del parque residencial fue construido antes de 1980 y un 95% de las viviendas tienen una etiqueta de eficiencia D o peor, sinónimo de derroche energético; la bolsa de alquiler social apenas supone un 2,5% del total de oferta, frente a cerca del 20% en países vecinos; y los jóvenes españoles necesitarían dedicar de media el 60% de su sueldo al alquiler o el 90% al pago de una hipoteca si quisieran emanciparse, según datos del Consejo de la Juventud de España. Según un informe publicado ayer por Fotocasa, el 53% de los jóvenes no puede comprar vivienda por su situación económica y el 86% cree que los alquileres son caros.

Los 5.520 millones de euros irán repartidos en un real decreto que regulará los programas de ayudas a la rehabilitación y otro para impulsar la promoción de vivienda en alquiler y la rehabilitación de edificios enteros. Este importe no es nuevo, forma parte del macroplan de 6.820 millones de euros anunciado en su momento por el exministro José Luis Ábalos. Con apenas un 5% de los 70.000 millones que España recibirá de Bruselas en forma de ayudas, el Ejecutivo aspira a movilizar el equivalente al 18,7% del maná comunitario, y de paso inyectar 13.500 millones en la economía, crear 188.000 empleos y rehabilitar 510.000 pisos.

Según desglosó ayer la nueva ministra, el Gobierno destinará 2.970 millones para la rehabilitación residencial de 510.000 actuaciones y 1.000 millones para la construcción de 20.000 viviendas. Estos importes se transferirán a las comunidades autónomas para que lo gestionen a través de convocatorias públicas de ayudas. A ello se suman 450 millones a través de deducciones fiscales para propietarios y comunidades de vecinos que logren mejorar la eficiencia energética de sus viviendas.

Sánchez sí anunció una nueva medida ayer: la movilización de 1.100 millones en avales para las comunidades de propietarios. Como la mayoría de las ayudas y deducciones anunciadas no cubren el 100% de la inversión en la reforma (ver EXPANSIÓN del 19 de junio), algunas comunidades de vecinos pueden tener dificultades a la hora de obtener financiación con la que afrontar el resto del pago. Para solucionarlo, el Gobierno anuncia un acuerdo con el ICO con el que hará de aval para la parte que tengan que solicitar de financiación.

Hasta ahí van los 5.520 millones anunciados ayer por Sánchez. Para llegar a los 6.820 millones del total del macroplan habría que incluir dos partidas que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y una propuesta de rehabilitación de edificios públicos.

Expansión

• DIÁLOGO SOCIAL / El salario mínimo interprofesional subirá de 950 a 965 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre. El Gobierno se compromete con CCOO y UGT “a avanzar” hacia los 1.000 euros en 2022 y a 1.050, en 2023.

M.Valverde. Madrid

El Gobierno y los sindicatos cerraron anoche un acuerdo para subir 15 euros el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta diciembre de este año . Es decir, que esta renta pasaría de 950 a 965 euros mensuales. En términos relativos, esto supone un incremento del 1,6%. En términos anuales, esta subida del SMI significa un crecimiento del salario, desde los 13.330 a los 13.510 euros anuales.

Además, el acuerdo recoge que la subida tendrá efectos retroactivos sobre las empresas desde el 1 de septiembre. Esta es una decisión importante porque va a obligar a todas las empresas a cambiar las nóminas inmediatamente, además de aumentar los costes de muchos contratos ya realizados.

En segundo lugar, el Gobierno se compromete con los sindicatos a “a avanzar” hasta que el SMI alcance el 60% del salario medio. Y a hacerlo “mediante su progresiva revisión” en 2022 y 2023. Este acuerdo coloca la senda de crecimiento de esta renta en los 1.000 euros, aproximadamente, y los 1.049, en 2023. En la línea del informe sobre el análisis del SMI, que elaboró la comisión de expertos designada por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz No obstante, hay que esperar a ver la letra pequeña del real decreto ley, porque es probable que el Gobierno haya recogido el contexto económico en el que se deben producir esos incrementos del SMI.

El Gobierno, está preocupado porque no está clara la evolución de la pandemia del coronavirus y otros factores que amenazan el crecimiento. Por ejemplo, el incremento exponencial de los precios energéticos, y de la electricidad. Por lo tanto, desde 2018, desde que está Pedro Sánchez en La Moncloa, esta renta ha subido cerca de un 30%. Desde los 736 euros mensuales de 2018 a los 965 euros. Por esta razón, porque incrementa los costes de las empresas, en un momento en el que están saliendo de la crisis económica, las patronales CEOE y Cepyme rechazan una nueva subida del SMI.

Economía sumergida

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió ayer al Gobierno de que subir el Salario Mínimo Interprofesional “hará que haya menos empleo y más economía sumergida”. Incluso, el dirigente empresarial dijo que, de continuar por la senda del crecimiento del SMI, “podemos llegar a que el Gobierno dentro de dos años prácticamente coloque [decida] el salario de 4 millones de personas y eso rompe el diálogo social”. Garamendi se refiere a que el crecimiento constante del SMI puede repercutir en la negociación colectiva.

En este sentido, el dirigente empresarial, recordó que el aumento del SMI “no afecta a las grandes empresas, sino a las pequeñas, a los autónomos, a los trabajadores del campo y a las empleadas del hogar”.

El acuerdo entre Trabajo y los sindicatos contradice los planes de la vicepresidenta Primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que siempre ha sido reticente a la subida del SMI por su repercusión en las empresas en crisis. Incluso, ha mantenido un pulso muy duro con Díaz, que es la cabeza de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Horas antes de que Trabajo y los sindicatos cerrasen el acuerdo, Calviño subrayó que “no hay ningún acuerdo [con los sindicatos] a día de hoy”, dijo y añadió: “Vamos a esperar a tomar la decisión y se aplicará a partir de entonces”.

Por el contrario, la subida del salario mínimo interprofesional entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. “Toca dejar que sigan las conversaciones antes de tomar la decisión, que es la responsabilidad del Gobierno”, dijo la responsable de la política económica. Incluso, dijo que el Ejecutivo negocia “con todos los agentes sociales, como debe ser”. Sin embargo, el comunicado de anoche sólo está suscrito por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos.

Las dos partes recordaron que la comisión de expertos que analizó el SMI “proponía una horquilla [de subida de la renta para este año] de entre 12 y 19 euros, con un valor central de 15 euros en 2021, para alcanzar, progresivamente, hasta un máximo de 1.049 euros mensuales en 2023”.

Pacto de Gobierno

También es verdad que el pacto de Gobierno, entre el PSOE y Unidas Podemos fija este objetivo al final de la legislatura, en 2023. Precisamente, el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a recordar esta promesa electoral, a la que se agarran los sindicatos. Y también la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sobre todo, porque, en su opinión, los 1,5 millones de trabajadores afectados directamente por el SMI van a perder más poder adquisitivo que el resto si su renta sigue congelada. El incremento salarial medio pactado en convenio es del 1,6%.

El acuerdo sostiene que “el SMI supone una garantía de protección de las rentas de los trabajadores más vulnerables y es un factor de equidad”.

Abc

• Fomento recuerda que el tramo de 2,5 kilómetros depende de un acuerdo con el Ejecutivo central

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha anunciado este jueves en el Pleno del Parlamento que el proyecto de la segunda fase de la Variante Oeste de Córdoba, que deberá unir la carretera de Palma del Río con la del Aeropuerto, contará con un partida en el presupuesto andaluz para 2022.

La Junta ratifica así su compromiso con esta infraestructura y la consejera recordó que es «una asignatura pendiente plasmada en un convenio entre el Gobierno de España y la Junta». La Administración autonómica da así un paso en el que muestra su compromiso con esta infraestructura, aunque para que se pueda ejecutar depende del Gobierno, ya que es compartida.

El tramo entre las dos carreteras tiene 2,5 kilómetros y necesita que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actualice el proyecto. Sólo entonces el Gobierno central y el autonómico podrán reunirse para repartirse lo que hará cada una y cómo se repartirá el coste. Lo que ahora la Junta hace es proclamar que quiere llevarlo a cabo.

La consejera, Marifrán Carazo, espera de la nueva ministra, Raquel Sánchez, que dé a este proyecto más importancia que la que le dio Ábalos
Por eso Marifrán Carazo ha explicado que le trasladó al anterior ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, la voluntad de la Junta de retomar los compromisos alcanzados para esta vía, por lo que solicitó convocar la Comisión Mixta de Seguimiento formada por miembros de las dos administraciones, estatal y andaluza.

«La realidad es que a fecha de hoy desconocemos si se han iniciado los trabajos de actualización del proyecto ni, obviamente, si hay avances. Seguimos esperando», ha asegurado la consejera, quien ha manifestado que espera que la nueva ministra, Raquel Sánchez, le dé más importancia que el anterior.

«Esta variante es esencial para la ciudad de Córdoba y tenemos que impulsarla juntos, invertir juntos Gobierno estatal y andaluz y favorecer el desarrollo del área logística», ha insistido.

Además, la titular de Fomento ha asegurado que la Variante Oeste de Córdoba está incluida en el borrador del nuevo plan de infraestructuras (Pitma), así como que tendrá una partida presupuestaria en 2022 «como muestra de la voluntad del Gobierno del cambio de retomar este importante proyecto».

La consejera también ha resaltado que la Junta ha desbloqueado dos proyectos prioritarios para Córdoba: la Ronda Norte y el área logística. «Este año hemos trabajado, mano a mano, con el Ayuntamiento de Córdoba para modificar la situación de ese parque, que tenía parcelas pequeñas que comercialmente no ofrecían respuestas ni soluciones a lo que solicitaba el mercado y hoy ese suelo tiene interés», ha incidido, si bien ha apostillado que «para el desarrollo del parque logístico es esencial la ejecución del segundo tramo de la Variante Oeste de Córdoba».

Abc

• Presenta la segunda fase, con otros 500 metros, en paralelo a la avenida Fray Albino

La empresa municipal de saneamientos urbanos (Sadeco) presentó ayer la propuesta de trazado de la fase dos de limpieza y acondicionamiento de las márgenes del río Guadalquivir a su paso por el casco urbano de Córdoba, cuya ejecución está prevista dentro de 2021, y que comprende los 500 metros de tramo paralelo a la avenida de Fray Albino, entre el Puente Romano y el Puente de San Rafael.

Como ya avanzó ABC esta semana, Sadeco ha licitado las obras de ejecución del primer tramo, que transcurre en la misma margen pero desde el puente del Arenal (zona del C3A) hasta Miraflores, con otros 500 metros y 110.000 euros de presupuestos.

La empresa de saneamientos y limpieza, informó ayer de que esta segunda fase presenta los mismos condicionantes técnicos que el tramo anterior y cuenta también con un presupuesto similar. En este caso, la accesibilidad de las máquinas en puntos de mayor pendiente junto a la Calahorra.

En breve
Está previsto que la segunda fase salga a licitación en las próximas semanas para que pueda ejecutarse, según lo previsto, dentro del ejercicio 2021. Se ha contado también con las aportaciones de apoyo al proyecto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Delegación de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento.

La ejecución de estas dos fases, unida al trazado actualmente accesible del Parque de Miraflores comprendido entre el Puente de Miraflores y el Puente Romano, facilitará el acceso del personal y maquinaria de Sadeco para mantenimiento de la limpieza del río desde el Puente del Arenal hasta el Puente de San Rafael.

Granada Hoy

• Tendrá una gran masa verde, con más de 400 árboles y 3.500 arbustos
• Se estructura en torno a elementos biosaludables, rutas y pistas deportivas
• La construcción está previsto finalizarla en la próxima primavera

Granada estrenará en la próxima primavera un parque de 34.000 metros cuadrados que unirá la zona de Los Cármenes con el espacio verde del PTS, un terreno con más de 400 árboles y 3.500 arbustos que incluirá por demanda ciudadana elementos biosaludables, rutas de calistenia y pistas deportivas.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha visitado este jueves el Zaidín, barrio en el que crecerá este nuevo pulmón que conectará con la zona verde que hay en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), donde ya se plantaron miles de árboles.

Cuenca ha recordado que el proyecto de nuevo parque se inició en 2017, durante su anterior mandato, y se enmarcó en los fondos Edusi por los Europa costea el 80 % de la partida de 1.747.369 euros que requiere la actuación.

El alcalde ha explicado que el nuevo parque no solo va a ir dotado de una gran masa vegetal verde en la que se van a instalar más de 400 árboles y 3.500 arbustos, ya que sumará demandas ciudadanas y contará con elementos biosaludables, zonas de esparcimiento y puntos de disfrute.

Por petición expresa de los jóvenes, el parque incluirá pistas de street basket, rutas de calistenia y zonas de actividades de ocio.

El parque estará configurado por una serie de caminos peatonales en torno a una zona central, de estancia, en la que se proyecta una fuente ornamental y zonas de descanso cubiertas mediante pérgolas.

Habrá una segunda fuente, esta recreativa, con diez surtidores verticales instalados en el suelo.

Cuenca ha añadido que han avanzado las obras de urbanización y la instalación de luminaria estarán terminadas durante las primeras semanas del próximo año y será ya en primavera cuando el parque esté terminado.

Cadena Ser

• La consejera, Marifrán Carazo, ha explicado hoy, en el Parlamento Andaluz, que en semanas se contratará la redacción del proyecto para llevarlo al Consejo de Gobierno

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asegurado hoy, en el Parlamento Andaluz, que se ha incluido, en el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), así como en el plan de áreas logísticas de Andalucía, al área logística de Linares.

Se hace, según ha indicado la consejera, para garantizar el futuro de esta área logística. De hecho, la intención es contratar, en las próximas semanas, la redacción del proyecto y del plan especial del área para llevarlo al Consejo de Gobierno para su declaración de interés autonómico.

“Hace 14 años que lo anunciaron y nada más”, se ha referido Carazo, en relación a anteriores gobiernos socialistas cuando incluyeron esta área en el Plan de Infraestructuras 2007-2013 y luego en el PISTA 2014-2020. Su denuncia llega tras apuntar que prometieron, además, en mayo de 2011, el desarrollo de las áreas logísticas de Antequera, Níjar y Majarabique “pero nunca hicieron nada”.

“El Gobierno del cambio en sólo dos años y medio ha hecho mucho más en el desarrollo de las áreas logísticas de Andalucía y por otras infraestructuras de la provincia de Jaén que lo realizado por los socialistas en los últimos diez años. El Gobierno del cambio cumple lo que dice y nuestro compromiso con Linares y la provincia es firme”, ha manifestado la consejera.

Marifrán Carazo, también, ha defendido que su consejería tiene previsto invertir 176 millones de euros, hasta 2027, para el desarrollo y puesta en valor de los once nodos logísticos, siete portuarios y cuatro interiores, entre los que se encuentra el de la localidad de Linares.

“La obra civil de conexión del ramal de Vadollano-Linares con la red estatal supera ya el 70 por ciento de ejecución y vamos a licitar, próximamente, los trabajos para conectar la línea de Vadollano con el parque de Santana, una actuación clave para el desarrollo empresarial de la comarca”, ha detallado Carazo.

PUERTO SECO

Como reacción a estas declaraciones, desde el PSOE, el parlamentario Felipe López ha acusado a la Junta de Andalucía de realizar “un despliegue de propaganda” mientras proyectos como el Puerto Seco suman ya casi tres años de estancamiento “por la falta de compromiso de la consejería de Fomento, que ha demostrado su incapacidad para señalar un solo proyecto de su autoría que esté impulsando en la ciudad”.

Felipez López, parlamentario del PSOE.
López ha calificado de “ridículo” que Fomento quiera atribuirse las obras del ramal de Vadollano, “cuando todo el mundo sabe que es un proyecto que quedó aprobado y listo para su ejecución en 2018”. El socialista también ha indicado que, el actual gobierno andaluz, “no tiene nada que vender en Linares” por lo que “se cuelgan medallas que no les corresponden, procedentes de la herencia recibida”.

Abc

• La inactividad de este medio de transporte ha originado el deterioro de las unidades móviles

La empresa Alstom, fabricante de las 5 unidades móviles del tranvía de Jaén, ha presentado una oferta para la puesta a punto, revisión y subsanaciones necesarias de la flota de trenes. Es la única oferta recibida en el concurso público convocado por más de 1,8 millones de euros, cifra que desembolsará la Junta de Andalucía para reparar los vagones, deteriorados por la falta de mantenimiento de la infraestructura, inactiva desde hace más de 10 años.

El contrato, licitado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio salió a concurso el pasado 5 de julio, tras firmarse el nuevo convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de Jaén, «dando así cumplimiento al cronograma para la puesta a punto global de este sistema de transportes», ha expuesto la consejera del área, Marifrán Carazo, quien ha recalcado la «apuesta decidida del Gobierno andaluz por poner en marcha cuanto antes el tranvía de Jaén».

La adjudicación y contratación de este servicio resulta imprescindible, según la Consejería, para el óptimo funcionamiento de las unidades tranviarias bajo los parámetros de máxima seguridad, toda vez que, ha precisado, desde que se produjo la entrega del material rodante al Ayuntamiento de Jaén, en abril de 2011, «no se ha llevado a cabo el necesario mantenimiento y revisión de dichos vehículos hasta la fecha actual».

A esta licitación se sucederán las de la puesta a punto de la infraestructura y sistemas tranviarios (electrificación, señalización y comunicaciones), así como su mantenimiento, además de otros concursos que requiere la futura explotación, entre ellos el de vigilancia y seguridad, pruebas y el propio contrato para la prestación del servicio de transportes.

Alstom fue la empresa ferroviaria fabricante y suministradora de las cinco unidades móviles con las que cuenta el sistema tranviario de Jaén y mantiene relaciones «muy fructíferas» con la Consejería de Fomento en el ámbito de los tranvías y los metros ligeros andaluces. Así, esta compañía, fabricante de equipos ferroviarios, ha participado en el desarrollo e implantación de soluciones y servicios en todos los ferrocarriles metropolitanos gestionados por la Administración andaluza, a través de la Agencia de Obra Pública.

En este sentido, la Junta resalta la instalación del sistema de señalización ferroviaria del metro de Málaga, que ahora tiene que extenderse a los dos tramos en ejecución que discurren por el centro histórico de la capital; el mantenimiento de energía y electrificación del metro de Granada; el mantenimiento de la señalización ferroviaria del tranvía de la Bahía de Cádiz; así como la instalación y mantenimiento de los equipos de señalización de Bombardier en el Metro de Sevilla, ya que, desde enero de 2021, la actividad ferroviaria de Bombardier forma parte de Alstom.

El plazo de ejecución previsto para la puesta a punto de las cinco unidades que componen la flota del material móvil del Tranvía de Jaén será de nueve meses desde la formalización del contrato. Una vez transcurridos los cinco primeros desde la orden de inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá entregar a la Agencia de Obra Pública un plan de mantenimiento integral del material rodante, que incluirá todas las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo, ciclo largo, así como de las operaciones específicas para las reparaciones necesarias.

Esta puesta a punto del material móvil tiene por objetivo llevar a cabo todas las actuaciones de revisión, reparaciones, implementación de soluciones de obsolescencia, suministros, así como aquellos trámites legales que requiere el material móvil del tranvía para garantizar las condiciones técnicas y de seguridad que posibiliten su puesta en funcionamiento, así como la fase previa de pruebas dinámicas.

El sistema tranviario de Jaén, cuyas obras se llevaron a cabo entre 2009 y 2011, consta de un trazado de 4,7 kilómetros y 10 paradas. Su construcción y equipamiento supuso una inversión de 120 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía.

La demanda estimada es de cerca del millón de usuarios al año para una población servida de 45.000 habitantes, que, según los cálculos de la Junta, es el número de residentes localizados en el entorno de 500 metros respecto a las diversas paradas.

Jerónimo Parra Castaño. Presidente de Transformaciones y Embalses Parra S.L.

Se le pide por parte de ADIF responsabilidad a las ingenierías para hacer proyectos bien estudiados y trabajados que permitan evitar los posibles modificados futuros por importes desproporcionados, dejando la puerta abierta solamente a modificados muy reducidos y bien justificados. A las constructoras se les pide que estudien las obras y no hagan bajas excesivas sin saber previamente si el proyecto lo admitirá o no y basándose en el “ya se solucionará durante la ejecución de la obra”. Creo que estamos ante un problema de responsabilidad compartida entre empresas y administraciones.

Hace algún tiempo realicé un comentario en una asamblea en referencia a lo anterior y no fue bien recibido por la mayoría de los asistentes. Personalmente estoy convencido de que gran parte de la solución la tenemos nosotros, pero por supuesto, con la ayuda e implicación de las distintas administraciones que deberán asumir su responsabilidad y culpa en este asunto.

No puede ser que un proyecto adjudicado a la empresa más barata, base su ejecución y viabilidad en grandes modificados y no haya responsabilidades. Las empresas redactoras del proyecto deben asumir parte de esa responsabilidad ya que como se ha mencionado anteriormente, un buen proyecto ayuda a una buena ejecución y evita sobrecostes. Pero también es cierto que las administraciones deben usar todas las herramientas a su alcance para evitar que el criterio que siga primando en la mayoría de las adjudicaciones sea el precio.
Las empresas deberíamos estudiar mejor las obras y saber la baja que admiten realmente, no jugando con la suerte de un proyecto mal redactado o con encontrar subcontratistas con dificultades que accedan a trabajar a cualquier precio.
Por otro lado, la lógica nos dice que las pequeñas y medianas empresas de Andalucía tendríamos que tener muchas más posibilidades de ser adjudicatarios en nuestra Comunidad, ya que conocemos mejor nuestra tierra y tenemos menores costes tanto para estudio como ejecución de la obra, consiguiendo ventajas competitivas por conocer mejor el terreno, pero esto no siempre es así cuando priman los criterios económicos principalmente.

Las puntuaciones deberían de ser todas por criterios objetivos, y valorar que la ejecución total o parcial por parte de la adjudicataria, sea con poca parte de subcontratación, de manera que se valore el que la empresa disponga de personal y parque de maquinaria propio. De esta forma las ofertas de los contratistas no se basarían en posibles supuestos de contratación, si no en costes reales de sus medios productivos.

Es necesario que las empresas andaluzas continúen creciendo en tamaño ya que eso nos dará la posibilidad de tener opciones a obras de mayor volumen, dando un mejor servicio con menor coste.

Se podría hacer referencia a las antiguas constructora, que eran especialistas y aportaban y contrataban directamente todos los medios, y no generalistas, y con el tiempo se han convertido en gestoras de obras con medios ajenos.