• La Junta ha adjudicado por medio millón de euros de la redacción del Plan Director, que analizará el margen de mejora del servicio como las posibles prolongaciones de la red

El futuro más inmediato del Metro de Granada está un paso más cerca de conocerse. La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes que ha adjudicado la redacción del Plan Director del Metro de Granada, que será el encargado de “definir con rigor técnico” cuáles serán las futuras ampliaciones de la red de este transporte metropolitano. Un informe que será clave para conocer hacia donde crecerá el servicio una vez que Las Gabias y Churriana de la Vega ya tocan con la yema de los dedos los trenes del Metro.

El nuevo Plan Director, adjudicado por 415.806 euros después de salir a licitación el pasado septiembre, definirá cuáles serán las ampliaciones del Metro de Granada en los próximos diez años. Este documento, que tardará en redactarse unos 12 meses según el Gobierno andaluz, “analizará tanto el margen de mejora del servicio actual como las posibles prolongaciones de la red”, ha destacado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz.

Será entonces este plan el que ponga el foco en cuál será la prioridad. El objetivo principal será adaptar la extensión de la red del Metro de Granada al dinamismo del Área Metropolitana y que se haga en base a factores técnicos, funcionales, temporales y de rentabilidad social, económica y financiera.

El análisis tendrá en cuenta no sólo la red existente o en construcción, sino también los estudios previos ya realizados en los últimos años para las ampliaciones Centro y Norte, y las directrices del Plan Metropolitano de Transportes de Granada, presentado hace un año. Este documento plasmaba hasta ocho corredores de altas prestaciones de transporte (Huétor Vega, La Zubia, Jun, Alhendín-Ogíjares, Peligros, Atarfe, Cenes de la Vega y Aeropuerto-Santa fe) que serán analizados en este Plan director, para saber si es viable construir vías por estas zonas.

De esta forma, la hoja de ruta de la Junta de Andalucía con respecto a las expansiones del Metro pasa a depender de un nuevo estudio que aún debe elaborarse, y que dirá por dónde se desplegará el servicio. Con este será ya el cuarto documento oficial que hable sobre el Metro y sus recorridos por el Área Metropolitana: el POTAUG de 1999, el segundo el estudio informativo que contempló la actual expansión a Churriana de la Vega y Las Gabias, planteó la Norte a Atarfe y la del Centro de la capital; el tercero el Plan de Transporte Metropolitano aprobado en marzo de 2025, y el cuarto, que será este plan.

El Plan Metropolitano de transportes, el anterior documento que analizó las posibles expansiones, generó polémica debido a que priorizaba la ampliación del tranvía por el Centro de Granada antes que llevarlo hasta el Aeropuerto a través de Santa Fe y Chauchina, o por los pueblos de la Cornisa Sur (Huétor Vega, Cájar, Monachil, La Zubia y Ogíjares). También hablaba de fasear la ya prevista extensión Norte hasta Atarfe en función de la inversión privada ligada al desarrollo urbanístico del trazado escogido, debido a que consideraba que una posible ampliación por esta zona no estaba amparada por el total de viajeros a los que podría recoger.

El nuevo plan, además, servirá de guía para el funcionamiento y la explotación de la actual red y tendrá una vigencia de diez años, incluyendo el análisis, la definición, valoración y programación de todas las actuaciones que se pueda hacer sobre el servicio. El documento incluirá, además del trabajo de modelización ya realizado en el Plan de Transporte Metropolitano, un estudio socioeconómico, funcional y ambiental, analizando la movilidad en el Área Metropolitana, diagnosticando la situación actual y detectando problemas, necesidades y retos. Para completar el diagnostico, se llevará a cabo un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de la movilidad y del sistema de transporte actual en le Cinturón de Granada.

Impulso al futuro del Metro

Durante su intervención en la comisión, Rocío Díaz ha recordado que el Metro de Granada se ha consolidado como un medio de transporte esencial para la ciudad y su entorno metropolitano. “En 2025 el Metro de Granada transportó a más de 17 millones de viajeros”, ha señalado, destacando que se trata del mejor dato anual desde su puesta en servicio y que supone un incremento del 6,7% respecto al año anterior. Desde su inauguración en septiembre de 2017, el metropolitano acumula ya más de 100 millones de viajeros, lo que, en palabras de la consejera, “demuestra la importancia que juega este medio de transporte en Granada”.

Al respecto, ha insistido en que ha sido “este Gobierno el que ha impulsado la primera extensión de la red, con la Prolongación Sur del Metro de Granada” cuya obra civil se encuentra ya al 90% de su ejecución. Durante su intervención, la consejera de Fomento ha defendido que el actual Ejecutivo ha ido cumpliendo los hitos marcados desde 2019, impulsando instrumentos clave como el estudio informativo de la red de Metro, el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada y ahora el Plan Director. En contraste, ha señalado que, pese a las demandas históricas de los municipios de la Vega de Granada para ampliar el metro, “no se movió un solo expediente” en etapas anteriores.

Para finalizar, Rocío Díaz ha contrapuesto el modelo actual con el de los gobiernos precedentes, señalando que los resultados están a la vista. En este sentido, ha concluido “el progreso de Andalucía es fruto de una administración rigurosa que mira por sus ciudadanos, ese es el compromiso que nos permite seguir avanzando hoy”.

• La alcaldesa de Granada expone ante sus homólogos andaluces el modelo turístico de la ciudad, con hoteles o apartamentos de lujo vinculados a cinco estrellas

La ciudad de Granada ha marcado desde hace ya unos años por dónde va su apuesta turística, que se encamina hacia fomentar el turismo de lujo, que deja buen rédito en la ciudad aumentando el gasto y las pernoctaciones con un perfil de visitante que apuesta por la experiencia, valora la oferta y puede mejorarla. Y signo de ello es que se sigue sumando oferta de lujo con nuevos proyectos y continuas aperturas. En la actualidad, en Urbanismo se trabaja con hasta seis proyectos de hoteles de cinco estrellas en la ciudad en distintos niveles de proyecto. Así lo ha confirmado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, durante su participación en el Foro de las Ciudades organizado por el Grupo Joly en Antequera titulado Construyendo un futuro sostenible.

Hablando sobre el turismo y el modelo actual, Carazo ha dicho que estos días el Ayuntamiento de Granada y el área de Urbanismo están resolviendo licencias de hasta seis hoteles de cinco estrellas en la ciudad pero, con los datos de Urbanismo, son once los proyectos de 5 estrellas en diferentes fases de trámite. Dos son los más inminentes en su apertura. Uno es el Hotel Claridge, que abrirá en junio tras la restauración del Palacio Villamena, junto a la Catedral, y que se ha concebido con un concepto de lujo de 5 estrellas que tendrá 78 habitaciones. El otro es el proyecto de apartamentos de lujo del Hotel Seda Club de la Plaza de la Trinidad, que es 5 estrellas Gran Lujo. En ese concepto de alto nivel abrirán para antes de Semana Santa los apartamentos que han ubicado en el restaurado edificio de La Verdad, junto a Trinidad.

También recientemente se ha podido desbloquear el cambio de uso del edificio de Gran Vía 34, donde estaba antiguamente la sede de la Junta de Andalucía, y que albergará un establecimiento hotelero vinculado al Hotel Santa Paula tras quedarse con el edificio el dueño de la cadena AC Hoteles, Antonio Catalán. Aún no se conoce el concepto que abrirá en el edificio pero podría ser también un complejo de apartamentos de lujo vinculados al Hotel Santa Paula, de cinco estrellas, similar a lo que ha hecho La Seda. Este martes Cultura ha dado la aprobación definitiva.

También ha recibido la calificación ambiental estos días el proyecto de hotel de 5 estrellas boutique que se abrirá tras la restauración de una antigua casa junto a la Plaza Mariana Pineda, que da a Enriqueta Lozano y a la Cuesta del Progreso. La empresa P9 Granada Inmobiliaria es la que está detrás de la reforma a hotel de un edificio que también albergará un restaurante.

Y también se ha dado la licencia para las obras de un hotel en plena Cuesta de Gomérez, junto a la Puerta de las Granadas, en la subida a la Alhambra. Se trata del antiguo Palacio de los Marqueses de Cartagena. Tendrá 5 estrellas y 10 habitaciones.

También se espera que termine la restauración del Palacio de los Vargas, que lleva también años a la espera para ubicar un hotel de lujo de cinco estrellas pero que avanza muy lentamente por cuestiones arqueológicas y que tendrá 58 habitaciones.

Otros proyectos pendientes

Pero no son los únicos. Hay también otros proyectos de hoteles de cinco estrellas anunciados en la ciudad pero que están menos desarrollados. Uno es en el edificio de Cortefiel, que adquirió el empresario Tomás Olivo y que se anunció iba a ser un hotel de lujo. Sobre este se quería que fuera una cadena potente la que lo explotara, algo en lo que se está trabajando por la propiedad y la propia ciudad, pero desde que se presentó la operación hace ya unos años (2017) no ha habido avances públicos en el proyecto, aunque este periódico ha podido saber que se está barajando incluir un edificio próximo a este propiedad también de Olivo para utilizarlo como edificio auxiliar, similar a los apartamentos de la Seda y de Santa Paula. Está pendiente de aprobación del proyecto por Cultura y cuenta con la tramitación de la calificación ambiental desde 2023 en trámite.

Otro proyecto que no está materializado es contar con un hotel de lujo de la cadena Four Seasons, en lo que se está trabajando desde hace tiempo con una primera opción de estudio de ubicarlo en el Albaicín, en el Carmen de los García de Paredes. Esta opción parece que se ha descartado por la operación de compra y los condicionantes urbanísticos del Albaicín y la limitación de espacio del Carmen, pero la cadena sigue manteniendo el interés en Granada y se estaría buscando otra ubicación.

Sí se espera como hotel de 5 estrellas el Palacio de los Condes de Castillejo, en el Realejo, junto a la Plaza del Padre Suárez, que está en plena rehabilitación. También se ha solicitado la viabilidad de cambio de uso a residencial singular para hotel de cinco estrellas en Gran Vía 10.

Recientemente también el grupo Didra (con hoteles de cinco estrellas en Madrid) ha comprado el convento de Santa Inés, en el Albaicín, para convertirlo en un hotel de lujo, aunque en este caso todavía no se han dado licencias.

20 licencias en el mandato

Según los datos facilitados por Urbanismo, en lo que van de mandato se han dado licencias para 20 hoteles en la ciudad, nuevos o reformas, además de los ya citados: el Seda, el de la antigua Banca Rodríguez Acosta en Gran Vía, la reforma del Meliá Ganivet, el edificio del Americano, en calle Tablas o en José Luis Pérez Pujadas, junto al Forum, donde irá un hotel de 3 estrellas con 166 habitaciones. También en calle Tinajilla se consulta la viabilidad para un hostel y hay prevista también la construcción de un hotel de 4 estrellas en el Cuartel de las Palmas. Se amplió el Saray, se reformó el Andalucía Center, se reforma el Hotel Luna, el de Avenida de la Constitución, donde también irá otro hotel en el número 4. En Plaza BibRambla también se ha autorizado un cambio de uso para hotel de 3 estrellas.

También está el proyecto en el antiguo edificio de la Compañía Granadina, en Alhóndiga, que albergará un hostel. Y sí están ya las obras del antiguo edificio Espadafor en Gran Vía, que albergará un hotel pero este de cuatro estrellas con 19 habitaciones.

Según los datos facilitados por Urbanismo, en total más de 700 habitaciones y una inversión superior a los 41 millones de euros en presupuestos de ejecución material para las reformas.

Además hay encima de la mesa otros dos proyectos en el Albaicín y uno en el Sacromonte, por lo que el interés sigue creciendo.

Tasa turística

La apuesta por el turismo de lujo la ha referido Carazo al hablar también con el resto de alcaldes sobre la tasa turística, un debate recurrente en Andalucía al que la Junta no termina de poner la guinda. Carazo se ha mostrado clara: está a favor pero con libertad para los municipios de implantarla. La alcaldesa se ha posicionado así del lado de los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre, que ha sido quien ha sacado el tema en el foro de alcaldes, y de Sevilla, José Luis Sanz, que también apoyan claramente la tasa y de hecho la reclaman. El tridente Sevilla, Málaga y Granada, tres capitales turísticas por excelencia, se posicionan así frente a la opinión de otras como Huelva o Almería, más reticentes por considerar que sí retraería a sus posibles visitantes.

Carazo ha dicho que está a favor de implantarla pero “con libertad” por la diversidad de Andalucía reflejada precisamente en la opinión de sus alcaldes. La alcaldesa considera que si se considera la tasa turística es para ofrecer una experiencia mejor en destino, aunque tampoco considera que sea la “respuesta a la falta de financiación” de los ayuntamientos, por lo que ha relatado los caminos que está explorando Granada para tener más ingresos derivados del turismo con los que mejorar la ciudad o sus servicios. Estos son el Plan Alhambra, por el que parte de los ingresos del monumento se destinan a proyectos de rehabilitación y mejora de patrimonio del Albaicín o el centro de la ciudad. También la Granada Card, utilizando sus ingresos por esta vía.

También ha destacado Carazo la planificación sobre la regulación de viviendas turísticas y el equilibrio económico de la ciudad.

• Justicia invertirá 15 millones más en la adaptación del edificio y espera iniciar las obras a final de año

La Consejería de Justicia ha presentado el proyecto básico de la Ciudad de la Justicia de Granada para la adaptación del edificio del Cubo a sede de todas las jurisdicciones menos la Penal, que irá en un edificio propio en la parcela anexa cedida por el Ayuntamiento. Un proyecto que define la transformación de este inmueble singular para albergar los órganos judiciales no penales de la ciudad y que incluye varias novedades respecto a lo previsto, como más presupuesto (15 millones más) y un nuevo aprovechamiento de espacios que permitirá que el Cubo tenga sitio para ampliaciones y necesidades futuras de las jurisdicciones no penales en su propio edificio y que por tanto no sea necesario crear otro edificio a futuro para que crezcan estas jurisdicciones en la parcela próxima donde se va a construir el edificio de Penal, en el que se trabaja de forma paralela a este proyecto. Y es que, aunque entraría todo, no se quiere que nazca pequeño, como ha pasado en Málaga, y en todas las plantas habrá espacio libre para futuros crecimientos, además de habilitar el doble de espacio para salas de vistas, lo que garantizará el futuro para bastantes años para la justicia granadina.

Ese aumento de espacio “es como sustituir la necesidad de construir un edificio de diez mil metros porque hemos encontrado ese espacio en el Cubo. La ventaja es que ya no tenemos que construir nada más que un edificio para Penal y que los crecimientos futuros están ya previstos aquí. El inconveniente es que el cálculo inicial iba a suponer una inversión de en torno a 25 millones de euros y ahora se incrementa en 15″. De esos, unos diez millones es para la inversión en transformación de la superficie y otros cinco son para un plan antiincendios y para renovar instalaciones”, ha detallado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.

En cuanto a plazos, el compromiso es licitar la obra este 2026, que se ejecute durante todo 2027 y que en 2028 en la primera mitad se haga la mudanza y en la segunda mitad ya esté funcionando. El segundo edificio de la Ciudad de la Justicia que se construirá para Penal se quiere que esté abierto para 2030 o 2031.

Se va a ser “más ambiciosos” para cubrir de forma adecuada el presente y el futuro de la justicia de Granada, ha dicho el consejero de Justicia. En la actualidad todas las sedes judiciales de Granada suman 59.000 metros cuadrados dispersos en nueve sedes. El objetivo es que la nueva sede del Cubo, sin contar el futuro edificio para Penal en la otra parcela, más el IML y la Chancillería (que se quedarán en sus ubicaciones albergando el segundo edificio al TSJA y a la Fiscalía Superior), sumen 70.644 metros, un incremento de 11.000 metros cuadrados sobre lo actual para hacer que la justicia en Granada “no sea de cuarto sino de primer nivel”.

Para este proyecto básico de Ciudad de la Justicia se contará con un edificio “completamente adaptado a la nueva ley de justicia gracias a un trabajo que ha requerido mucho esfuerzo y a nosotros también un esfuerzo añadido en términos presupuestarios ya que en la adjudicación del proyecto hablábamos de un coste de 25 millones y con los cambios se va a 40,8 millones de euros, que sumado a los 22 millones de la compra y proyecto lleva a 63 millones, que es una inversión absolutamente necesaria para que Granada tenga la ciudad de la justicia que se merece”, ha dicho Nieto. Para su adaptación, tras la compra del edificio por 21 millones de euros en diciembre del 2024 se ha realizado el proyecto básico por la UTE granadina Fresneda&Zamora, que estará abierto a sugerencias y aportaciones en los próximos 30 días.

El Cubo albergará todas las jurisdicciones no penales, incluida también la Audiencia Provincial (en este caso sí la sección penal y la civil). Por tanto irán las jurisdicciones Civil, Familia, Contencioso-Administrativa, Mercantil y Social, además de la mediación y resto de servicios complementarios.

El proyecto mantendrá la estética del edificio de Campo Baeza y tendrá solo dos cambios: el acceso del público a las salas de vistas será por el patio de los Naranjos, donde se habilitará una entrada, y se hará una gran escalera que por dentro unirá la planta -1 de vistas con el atrio.

Son 36.500 metros cuadrados de edificio de los que 25.000 tenían uso de oficina previamente y 13.000 son de planta jardín y aparcamiento. Esa planta jardín es la que más cambiará. “En una parte de la planta jardín queríamos desplegar las salas de vistas, la parte más abierta y de mayor uso. Inicialmente teníamos previsto transformar 4.000 metros cuadrados de aparcamiento a ese uso público y la recomendación del estudio de la UTE ha animado a duplicar la superficie hasta los más de 9.000 metros. Va a ser el gran espacio de desarrollo y permitirá que los crecimientos futuros previstos en una parcela cercana se puedan concentrar en esta parcela” evitando así construir un segundo edificio de unos 10.000 metros cuadrados en la parcela donde irán los juzgados de Penal. Para los futuros crecimientos se contempla espacio para incluir hasta 18 nuevas secciones. Se podría haber metido todo con calzador en el Cubo pero “sería un pésimo servicio para Granada hacer eso. Granada es la capital judicial de Andalucía, necesita unas instalaciones adecuadas y necesita que hagamos una inversión que se tenía que haber hecho hace muchos años. Y como no se hizo, ahora nos obliga a tener que hacer un esfuerzo que se podía haber desarrollado progresivamente y que nos ha tocado hacerlo nosotros porque los anteriores no lo hicieron”.

Distribución por plantas

La planta -2 será de instalaciones de mantenimiento, vestuarios y archivo. El parking tendrá 266 plazas, entre interior y exterior. 1.240 metros se dejan para crecimientos futuros para usos que puedan ser necesarios.

La planta -1 será la más importante en la transformación. Es la planta jardín y contará con 21 salas de vistas (con capacidad para llegar hasta 30 salas para incrementar en 18 los órganos judiciales en el futuro) para todos los órganos que prestarán servicio ahí. Son 42 órganos que van a tener sede en esta parte no penal y habrá 21 salas de vistas. También irá el Registro Civil (con sala de bodas) y zona de detenidos. Será el “alma” de la actividad que se desarrolle en este edificio.

La planta baja albergará a colegios profesionales, servicio de mediación, parte del servicio común de ejecución además de salón de actos, que se mantiene el que ya hay en el edificio con 775 metros cuadrados y 384 asientos. “Es bueno que la capital judicial tenga espacio para actividades de todo tipo que vinculen a la justicia con la ciudad”.

La planta 1 se adaptará al completo para el servicio común de ejecución de Civil, Familia, Mercantil, Contencioso y Social.

La planta 2 será para la sección de lo Contencioso-Administrativo, la sección de lo Social y sus respectivos servicios de tramitación. Y ya reservará espacio para crecimientos futuros cuando haya necesidades. Desde esta planta a la 6 todas tienen la misma superficie y el mismo aprovechamiento de 1.792 metros cuadrados, salvo la sexta que tiene características especiales y adaptará más superficie.

En la planta 3 irá la sección Civil y parte del servicio común de tramitación de Civil, Familia, Infancia y Mercantil. En la planta 4 irá la sección de Familia e Infancia, equipos psicosociales de Familia, la sección Mercantil y parte del servicio común de tramitación de estas jurisdicciones, además de la Fiscalía Provincial de Granada mientras va al edificio que se construya para Penal. En la 5 irán las secciones Civil y Penal de la Audiencia Provincial con su servicio común de tramitación y en la 6 la presidencia de la Audiencia Provincial, la coordinación provincial de LAJ y la presidencia del tribunal de instancia a la espera de qué se hace con la Fiscalía, que lo lógico es que tenga más presencia en el futuro edificio penal.

Plazos de obras

En verano de 2026 se espera sacar a licitación la obra, que podrá comenzar a final de 2026 o principio de 2027. El plazo de ejecución será de 18 meses y en el segundo semestre de 2028 se quiere que esté en uso y a pleno rendimiento. “Nos sentimos legítimamente orgullosos del trabajo que se ha hecho”, ha dicho Nieto.

Para la jurisdicción Penal se trabaja en paralelo en el proyecto para el nuevo edificio en el solar anexo cedido por el Ayuntamiento. Mientras se están realizando las obras en La Caleta, que unificará esta jurisdicción hasta que se traslade a la zona Sur, algo previsto para 2030 o 2031 según marcan los plazos del proyecto.

La Fiscalía Provincial irá en el edificio de Penal cuando se construya y la Superior en el edificio de la Chancillería.

La Fiscal Superior, Ana Tárrago, ha agradecido la implicación en el proyecto y ha agradecido al consejero especialmente. “Era un problema endémico de más de una década con la dispersión de sedes y los consejeros no asumían el problema hasta que el consejero actual ha cumplido lo que tenía que hacer para dar la solución que todo el mundo estaba reclamando”, ha dicho.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha agradecido también el trabajo y felicitado a la Consejería, “que se lo está currando y espero que siga”. “Esto de los edificios judiciales tendría que ser una cuestión de estado. Hay muchas necesidades y se está entrando en una etapa con el plan de infraestructuras para cambiar al menos la imagen externa de la justicia”, ha dicho, esperando que elecciones y procesos electorales o cambios de gobierno no afecten a los planes judiciales y todo sea una “realidad”.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha agradecido el trabajo en este proyecto y la “agilidad sabiendo su importancia para la ciudad de Granada” para contar con una ciudad de la justicia a la altura de lo que significa Granada a nivel judicial en Andalucía. “No ha sido fácil, sé de la entrega personal del consejero, del apoyo de los operadores jurídicos y sectores profesionales a este proyecto que da un paso más”, ha dicho Carazo.

• Se realizarán voladuras controladas en la ejecución de las nuevas galerías de los túneles del Madroño y Acebuchal, lo que obligarán a cortar el paso de vehículos

Las obras que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando en la Autovía del Mediterráneo (A-7) para mejorar y modernizar los túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño, en la costa de Granada, continúan avanzando a buen ritmo, con el objetivo de dotarlos del equipamiento de seguridad necesario que exige la normativa europea. La intervención llega ahora a una siguiente fase, en la que se van a realizar voladuras controladas para ejecutar las nuevas galerías de los túneles de Madroño y Acebuchal.

Según ha indicado este lunes el Gobierno, para una correcta y segura ejecución de estos trabajos de explosión, desde este mismo lunes de de marzo y hasta el próximo viernes 27 de marzo, se realizarán cortes puntuales de tráfico que durarán un tiempo estimado de 15 minutos en los citados túneles. “Estos cortes puntuales se realizarán como máximo uno al día o bien entre las 10:00 y 13:00 horas, o bien entre las 14:30 y 16:30 horas”, han precisado.

En la zona en la que se realizan estos trabajos, entre las localidades de Gualchos-Castell de Ferro y La Mamola, actualmente se encuentra cortada la calzada con sentido Almería, y los vehículos tienen que desviarse cambiando a la calzada del otro sentido entre los pasos de mediana ubicados entre los kilómetros 872,7 y 868,2 de la A-7. A ese corte y desvío se le sumarán ahora esos cortes temporales diarios, que serán avisados por los operarios momentos antes de que se vayan a producir las detonaciones. Las afectaciones estarán debidamente señalizadas y se realizarán respetando el calendario de paralización de obras de la Dirección General de Tráfico.

Según ha matizado el Ministerio de Transportes, el corte existente de la calzada con sentido Almería se mantendrá hasta mediados de abril, previsiblemente. Por ello será siendo necesario hacer ese desvío para circular por un carril del otro sentido en estos puntos.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 16,26 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

• Un estudio nacional incluye a Granada entre las provincias con suelo urbanizable suficiente para cubrir la demanda residencial hasta 2037 pero advierte de los condicionantes actuales

El problema de la vivienda tiene una pregunta importante que responder: ¿Hay suelo suficiente para construir nuevas viviendas y cubrir el déficit existente además de la necesidad de los nuevos hogares? Según el Informe de Suelo 2026 realizado por la consultora Atlas Real State para todo el país, la provincia de Granada está entre las que tiene suelo potencial suficiente para absorber tanto el déficit de vivienda acumulada como la demanda hasta 2037. La provincia cuenta con 56,1 kilómetros cuadrados de superficie residencial que permitiría construir 176.000 viviendas potenciales. Pero este dato tiene sus matizaciones porque también Granada está entre las provincias donde tanto los plazos para el desarrollo urbanístico como los condicionantes de acceso a servicios básicos como la electricidad o el transporte, dificultan la puesta en carga real de este suelo.

Atlas ha cifrado en 56,1 kilómetros cuadrados el suelo residencial existente en la provincia, para lo que se ha sumado tanto el suelo clasificado como urbanizable como los solares finalistas no edificados. Por contra, excluye el suelo no edificado en los cascos urbanos y el ubicado en desarrollos de suelo consolidado. Por tanto, se considera que es el suelo residencial con capacidad efectiva de desarrollo para estimar su contribución potencial a la oferta futura de vivienda, el suelo con viabilidad para su transformación en vivienda en un horizonte razonable.

Pero “la mera existencia de suelo clasificado como como residencial no garantiza, por sí sola, su capacidad efectiva para contribuir a la resolución del déficit habitacional”. Hay condicionantes que hacen que la capacidad efectiva del suelo para materializarse en vivienda sea más limitada. Uno de ellos es la velocidad de desarrollo del suelo, la duración media de los procesos de desarrollo urbanístico, que en la provincia de Granada se extiende desde los 16 a los 22 años, lo que pone de manifiesto la limitada agilidad estructural del sistema para generar y ejecutar nuevo suelo residencial. Pese a esos datos, Granada no es de las provincias donde más se tarda. En Bizkaia, por ejemplo, la duración media es de 34 años. Más cerca, en Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba y Cádiz, la duración media es de 33 años, aunque en escenarios más bajos se quedan en 18-19 años.

Conexión a la red eléctrica

Hay otros dos condicionantes importantes a los que se enfrentan los promotores de nueva vivienda: el acceso a la red eléctrica y la conexión a la red de transporte. Y analizando estos dos supuestos, Granada no sale bien parada, lo que hace que se limite la capacidad de la provincia para hacer frente a la demanda futura de vivienda. El 65% de las viviendas potenciales en Granada tienen entre deficiente y muy difícil el acceso a la red eléctrica, por lo que solo el 36% de esas viviendas potenciales, lo que serían unas 63.360 de las 176.000 que se podrían construir en el suelo disponible, tienen entre rápido y factible el acceso a la red eléctrica, lo que permitiría absorber el incremento de consumo residencial estimado. Este asunto, según el estudio de Atlas, es un “freno de calado para la construcción de nueva vivienda” ya que se complica la urbanización de los suelos y “añade décadas a su tiempo de desarrollo”. Esto da otro dato: la escasez de suelo finalista por restricciones estructurales de infraestructura eléctrica más allá del dato general de posibilidad de construcción. En la provincia de Granada, solo el 8% de las viviendas potenciales tiene un acceso rápido a la red eléctrica, el 28 lo tienen factible, el 22% deficiente, el 28% difícil y el 15%, muy difícil.

Conexión a la red de transporte

Respecto al otro condicionante analizado, el de la conexión del suelo a la red de transporte de alto volumen, aunque tiene menor peso que el de la conexión a la red eléctrica da peor diagnóstico en la provincia de Granada. Esto se debe también a la dispersión geográfica de la provincia y el elevado número de municipios rurales que están alejados de principales nodos de transporte, pero es claro que para que la nueva vivienda contribuya de manera efectiva a la absorción de la demanda, es imprescindible el transporte y el acceso a la red pública y viaria. Lo contrario incidiría, como dice el informe, en la “dependencia del transporte privado ” y alargaría los tiempos de desplazamiento. Según Atlas, solo el 14% de las viviendas potenciales tienen una conexión a la red de transporte entre rápida (9%) y factible (5%), es decir, unas 24.640 viviendas. El resto, hasta un elevado 87% (153.120 viviendas), tienen una conexión que va de deficiente (68%) a difícil (12%) y muy difícil (7%), lo que hace que necesiten plazos prolongados antes de poder incorporarse de forma efectiva al mercado. Con esto, se reduce el número efectivo de viviendas factibles, lo que acerca el margen a las viviendas necesarias, por lo que tampoco Granada estaría muy sobrada de suelo.

Con todo, Granada está entre las provincias con más viviendas potenciales de desarrollarse que las necesarias para las estimaciones realizadas por el INE en el periodo 2026-2037, que son menos de la mitad de las potenciales, por lo que la perspectiva a futuro de la provincia sería favorable, al menos en términos teóricos ya que se depende de un supuesto optimista, la movilización de una elevada proporción de suelo antes de 2037 dados los condicionantes de trámites urbanísticos y de conexiones ya reseñados.

• La patronal de la construcción Seopan publica un estudio en el que calcula este gasto, que evitaría también las inundaciones.

La cuenca del Guadalquivir necesitará una inversión acumulada de 9.089 millones de euros hasta 2035 para hacer frente a las sequías y aminorar los efectos adversos de las inundaciones, según un informe dado a conocer este lunes por la patronal nacional de las empresas constructoras Seopan y la consultora de ingeniería y arquitectura Typsa.

El estudio Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España detalla cuales deben ser las principales partidas para lograr este objetivo, en un territorio muy castigado por un “estrés hídrico recurrente” (el déficit anual se calcula en 400 hectómetros cúbicos anuales), con una elevada demanda de agua por parte del regadío y con periodos de gran escasez que contrastan con las inundaciones recientes, explican los dos organismos que han elaborado el informe, que calculan que, a nivel nacional, se requerirá una inversión de 103.824 millones de euros.

Infraestructuras de ciclo urbano del agua

Seopan y Typsa calculan que, en el Guadalquivir, serán necesarios 6.256 millones de euros para infraestructuras de ciclo urbano del agua en la próxima década, para renovar y mejorar las redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, a lo que suman 299 millones extra para el “conocimiento y monitorización” del ciclo integral del agua. Esta altísima inversión calculada por Seopan para este concepto está motivada por la necesidad legal -así lo marca la directiva europea- de renovar el 1,1% de las infraestructuras de ciclo urbano del agua (eso supone 2.400 millones) y por la adaptación a la legislación comunitaria de las instalaciones de depuración y saneamiento (1.300 millones).

A ello hay que añadir un buen número actuaciones concretas, como la mejora de abastecimiento en alta de la Sierra Sur de Sevilla (98 millones), la conclusión del Colector Emisario del Puerto de Sevilla (90 millones) y la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Matalascañas, Almonte y Huelva por citar solo tres de ellas.

Adaptación al cambio climático

Otros 894 millones irían destinados al inversiones para el ahorro con vistas a la adaptación al cambio climático. Esto incluye un incremento de recursos (reutilización de aguas regeneradas, recargas en acuíferos o interconexión de sistemas), medidas de eficiencia hídrica para evitar pérdidas y la continuación del proceso de modernización del regadío para reducir el consumo por hectárea. Dentro de este apartado, el mayor presupuesto se destinaría a la mejora de la gobernanza en el uso y eficiencia del agua en el Canal del Bajo Guadalquivir.

Gestión para el drenaje urbano del agua

Seopan prevé, por otro lado, 801 millones para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SDUS), es decir, infraestructuras diseñadas para gestionar el agua de lluvia imitando el comportamiento natural del suelo, y gestión del riesgo por inundación pluvial, lo que incluye, entre otras cosas, tanques de tormentas y otras actuaciones.

Mejora de las masas de agua, los cauces y protección frente a avenidas

Unos 371 millones servirían para mejorar el estado ecológico de las masas de agua en el Dominio Público Hidráulico, 274 para la restauración y mantenimiento de cauces y entornos fluviales, y 154 para la protección frente a avenidas en zonas vulnerables a inundaciones. En este apartado, lo más importante sería la inversión de 100 millones para adquirir terrenos con derechos con el objetivo de recuperar masas de agua en la zona de Doñana.

En cuanto a las nuevos embalses previstos -que en algunos casos llevan años pasando de un plan a otro- Seopan noprevé grandes inversiones: 30 millones para el recrecimiento del Agrio y 88 millones para el estudio para construir San Calixto (o alternativas) con el objetivo de evitar inundaciones en Écija y en el Bajo Genil. Para el estudio de la primera fase de la ejecución de Cerrada de la Puerta calcula unos cinco millones de euros.

El estudio concluye que en los últimos tiempos las planificaciones hidrológicas y los planes de gestión de riesgo de inundaciones han recuperado parte del “retraso que acumulaban”, pero “la falta de disponibilidad presupuestaria” y “ausencia de un marco financiero” han dado lugar a niveles de ejecución de las medidas previstas de solo el 30%. En España los planes hidrológicos de tercer ciclo y los de gestión de riesgos de inundación de segundo ciclo están dotados con 37.938 y 3.312 millones, respectivamente, con una coordinación entre ambos instrumentos, según Seopan, “muy limitada”. El caso del Guadalquivir, la inversión prevista en el plan hidrológico para el periodo 2022-2027 se acerca a los 4.000 millones de euros (3.836 millones) y hay 222 millones para la gestión de inundaciones.

“Lentitud” y “falta de eficacia” en los procesos de contratación pública

A ello se le suma, afirman Seopan y Typsa, la “lentitud y falta de eficacia” de los procesos de contratación pública. Desde que se decide ejecutar una infraestructura, aseguran, hasta que entra en servicio, suele transcurrir más de una legislatura, lo que “reduce la capacidad de respuesta del sistema frente a sequías prolongadas o inundaciones abruptas”.

La Cuenca del Guadalquivir cuenta con una superficie aproximada de 57.500 kilómetros cuadrados y más de 4,3 millones de habitantes. La agricultura concentra cerca del 80 – 85% del consumo de agua en la cuenca.

Además, según el informe, de las 2,73 millones de personas que viven en zonas inundables de mayor riesgo. 575.000 se localizan en la demarcación del Guadalquivir, lo que la convierte en la cuenca con mayor población expuesta al riesgo de inundación del país.

“Este elevado nivel de exposición está vinculado tanto a la extensión de sus llanuras aluviales como a la presencia de importantes núcleos urbanos y áreas agrícolas en zonas potencialmente inundables. La planificación recogida en el estudio subraya la necesidad de reforzar las inversiones en prevención, protección y adaptación para reducir la vulnerabilidad frente a episodios extremos cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático”, indica Seopan.

“La escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como el Guadalquivir, donde la demanda del recurso es muy elevada. Es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la Planificación hidrológica y la seguridad hídrica”, añade Julián Núñez, presidente de Seopan.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado a este diario que las obras de reparación y mejora de cauces de la provincia de Granada tras los daños provocados por las DANAS de otoño de 2024 ya están ejecutadas, y aluden a un retraso en la publicación en el portal de Contratación del Estado la comunicación de las adjudicaciones de los contratos. La publicación oficial de la adjudicación de los cuatro lotes de las obras a acometer en las cuencas de los ríos Guadix, Baza y Cúllar, así como el contrato de asistencia técnica, tuvo lugar el pasado viernes. Es más, este martes y este miércoles aparecía la formalización de los contratos en la plataforma de contratación. A pesar de ello, la CHG ha explicado a este diario que las obras ya se finalizaron en la provincia de Granada, y que de las pendientes queda un 30% por terminar de la provincia de Sevilla.

Según ha matizado la CHG, las obras del lote 1, correspondientes a la cuenca del río Guadix, fueron adjudicadas por 2,3 millones euros el 18 de diciembre de 2024, formalizándose el contrato el 27 de febrero de 2025. Las obras, según el organismo de cuenca, acabaron en noviembre de 2025. Asimismo el lote 2, que se refería a las obras en la cuenca del río Baza, se adjudicaron por 2,45 millones de euros en la misma fecha, al igual que la firma del contrato. Por su extensión, las actuaciones concluyeron en noviembre del año pasado. Por último, el tercero lote (cuenca del río Cúllar, Arroyo Salado y otros en diferentes comarcas) contó con una inversión de 1,9 millones de euros. Se asignó el 18 de diciembre de 2024 y formalizado el 27 de febrero de 2025. Se terminaron las obras también en noviembre de 2025, explica la CHG.

Las cifras varían de lo que aparece en el portal de Contratación del Estado. El primero aparece adjudicado por un importe de 1,97 millones de euros a Glesa Construcciones, con un presupuesto base de licitación de 3,2 millones. El segundo lote se asignó a Explotaciones Las Misiones (Emsa) SL por 2,02 millones de euros, unos 900.000 euros menos que el base de licitación. El tercero se adjudicó a Herramientas Valenzuela SL por 1,5 millones de euros, de un presupuesto base de licitación de 2,4 millones de euros. Lindeo Ingenieros hará el control y vigilancia de las obras por 119.700 euros. Así figura en el portal oficial, que explica que aquellos concursos se hicieron mediante proceso negociado y sin publicidad con las empresa.

Las obras que se llevaron a cabo fueron el “tratamiento selvícola” de los diferentes tramos donde existe “gran cantidad de restos de vegetación seca y muerta y árboles caídos, que disminuyen la sección de desagüe de los cauces y que podrían alterar el régimen natural de las aguas, incluso en casos de avenidas ordinarias”. Además, la CHG procedió a retirar los sedimentos “que han provocado la alteración del dominio público hidráulico y la desaparición de la sección geomorfológica propia de un cauce”. “También se quitarán los obstáculos, tanto longitudinales como transversales, que modifican el régimen natural de las aguas y que han incidido de forma negativa en la situación de avenida extraordinaria que se produjo. Estos trabajos de emergencia incluyen asimismo la estabilización y reposición de las márgenes afectadas de los cauces”, añadía la Confederación en el anuncio de la aprobación de las obras. Tras la DANA y para reparar los daños más urgentes, el organismo ya intervino en distintas zonas de la Rambla de Fiñana (Almería) y del río Guadix, a la vez que retiró los sedimentos de la balsa de retención de sólidos de Valderrubio.

• La actuación afecta a más de 40.000 metros cuadrados tiene un presupuesto de 700.000 euros

El Ayuntamiento de Guadix ha comenzado esta semana la ejecución del Plan de Asfaltado que se va a llevar a cabo durante las próximas semanas en la ciudad y que abarcará un total de más de 40.000 metros cuadrados con una inversión de unos 700.000 euros.

La primera fase del plan se llevará a cabo con fondos propios en las siguientes calles: Urbanización de la Azucarera, Calle Amezcua, Calle Rosa Martínez Vera, Rotonda Venus de Paulenca, Barriada de Tarifa, Barriada de la Estación, Calle Diosa Isis, Segunda Cañada de la Fifa, intersección Calle Río, Calle María de Mendoza, varios tramos de la avenida Mariana Pineda, Calle Juan Pedernal, calle Cañillo Pítico, Calle Rambleta de la Cruz, Calle Cuatro Esquinas, Placeta de los Ruedos y un tramo de la Calle María Zambrano.

En una segunda fase, que se realizará con fondos propios y una subvención de la Diputación de Granada se llevará a cabo el asfaltado de la calle Santa Clara, Calle La Esperanza, Calle Pablo Picasso, Calle Jose Ribera, calle Federica Montseny, calle Benavides, Plaza de la Luz, calle Arcilla, trasera de la Calle Linares y la rotonda de la Puerta de Paulenca. También está previsto actuar en un tramo de la Avenida Medina Olmos y la salida de Monteverde.

Asimismo, el Ayuntamiento de Guadix ha informado que próximamente, gracias a otra subvención de la Diputación de Granada, se llevará cabo varias actuaciones de asfaltado en los anejos que afectará a las siguientes calles: en Belerda el tramo en mal estado de la carretera de Belerda a Darro, en Hernán Valle la calle Real y calle Nueva y en Paulenca la calle Jesús Campaña y calle Heras.

• Los plazos mantienen la finalización de la obra civil en abril y del resto de elementos antes de fin de año

Las obras del Metro de Granada han alcanzado un hito: la colocación y soldadura de las nuevas vías ha terminado y la línea ya está completamente conectada desde Armilla hasta Churriana de la Vega y Las Gabias. Así lo ha explicado la Consejería de Fomento en una nota de prensa donde ha hecho un repaso al estado de las obras de extensión de la línea metropolitana, cuyos trabajos de infraestructura se ha anunciado que terminarán en el mes de abril. Si en la línea 1 aquel hito se produjo incluso con convocatoria a medios frente a la parada de la Estación de Ferrocarril, hace casi diez años (el 8 de julio de 2016), la última soldadura de la nueva infraestructura ha tenido lugar en el tramo de la calle San Ramón, situado entre la futura parada Arabuleila y la glorieta de intersección con la carretera GR-3303 en la salida de Churriana de la Vega hacia Las Gabias. Con esta última soldadura, el futuro trazado de la prolongación dispone del 100% de la vía instalada, ha confirmado la Junta.

Las diferencias con hace una década a ahora son evidentes. Por entonces, la última soldadura se llevó a cabo con las obras de infraestructura prácticamente terminadas, incluida la electrificación y la señalización. De hecho, en aquel julio de 2016 se mantenía que una vez unidas todas las vías en aquel tramo, que se retrasó por problemas burocráticos con Adif, podían comenzar las pruebas dinámicas del Metro, algo que finalmente no se produjo hasta bastante tiempo después. Ahora no podrían realizarse tampoco esas pruebas a corto plazo porque, aunque la infraestructura está prácticamente acabada, faltan elementos para permitir el paso de trenes. Con el ejemplo de hace diez años, desde que se soldó la última vía hasta que empezaron los trenes a prestar servicio pasó un año y algo más de dos meses.

Rocío Díaz, consejera de Fomento, se ha congratulado de este hito simbólico que “refrenda el cumplimiento del programa de trabajo de la Junta de Andalucía para que la terminación de la primera ampliación del Metro de Granada se culmine en este 2026”. En ese sentido, ha recordado que el compromiso era concluir, no sólo la obra civil, sino también la implantación de las instalaciones y sistemas, así como de la señalización ferroviaria, antes de que termine este año.

Un año y dos meses para colocarlas

Con esta soldadura, se pone fin al montaje de la superestructura de vía, es decir, la colocación de los carriles de vía y aparatos de vía a lo largo de los 4,7 kilómetros de trazado que conforman el recorrido de la prolongación Sur del Metro de Granada. La primera soldadura de vía, recuerda la Junta, se produjo el 23 de diciembre de 2024, por lo que esta operación ha tardado en completarse un año y dos meses.

El recorrido por el que circularán los trenes del Metro de Granada entre Armilla y Las Gabias consta de vía doble en casi el 80% del trazado, en concreto en 3.747 metros, incluyendo los 13 metros de vía doble que se han colocado recientemente en la conexión físico entre la prolongación Sur y la línea actual en servicio. Por su parte, algo más del 20% del recorrido restante de esta extensión consta de vía única para adaptarse a la sección del viario, en concreto en 1,03 kilómetros (1.031 metros).

Además, se han instalado cinco aparatos de vía en el primer tramo de la obra civil (Armilla-Churriana de la Vega), que son dispositivos necesarios para asegurar la continuidad de la vía en conexiones de diversas trayectorias (escapes, desvíos, travesías), garantizando así la seguridad en el cruce de trenes, más siete aparatos de vía en el segundo tramo (Churriana de la Vega-Las Gabias) para facilitar también la conexión y el cruce entre los distintos itinerarios, facilitando la operación ferroviaria.

Así se hace la soldadura

En el proceso de la soldadura se comienza con el corte y alineación de los carriles, tanto en planta como en alzado. Después, la soldadura entre dos carriles ferroviarios se realiza in situ mediante una reacción aluminotérmica, que garantiza uniones duraderas y de alta resistencia fundamentales para la explotación de la vía férrea. La soldadura se produce por fusión, vertiendo en el interior de un molde y a altas temperaturas, un metal de aportación líquido de las mismas características que el acero base de los extremos del carril. Todo el proceso está normalizado y homologado, y se lleva a cabo en condiciones óptimas de seguridad. El técnico especialista en soldaduras ferroviarias realiza al día siguiente de cada soldadura la comprobación del proceso por ultrasonido, una vez enfriados los materiales.

Una vez concluidos los trabajos de superestructura de vía, a la obra civil sólo le resta actuaciones de acabados e integración urbana, así como de mobiliario urbano. La obra civil habrá concluido en el transcurso del mes de abril, concentrándose a partir de esa fecha las actividades en la ejecución de las instalaciones y sistemas (energía, comunicaciones o sistemas de información al viajero, entre otros subsistemas) y la implantación de la señalización ferroviaria, incluyendo todo el proceso de integración de estos sistemas con los existentes en la actual línea de metro.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está invirtiendo en la prolongación Sur del Metro de Granada más de 87 millones de euros, cofinanciados con los fondos Next Generation de la Unión Europea y fondos propios. A esta inversión hay que sumar la adquisición de ocho trenes para la ampliación de la flota del material móvil del Metro de Granada, por 40 millones de euros y cofinanciados también con fondos europeos. Unos nuevos vehículos que no solo está contribuyendo a la mejora del servicio actual, sino que servirán también para garantizar la extensión del servicio en el nuevo trazado entre Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias.

El embalse de Quéntar afrontó el tren de borrascas con una obra pendiente de adjudicar de 3,2 millones de euros desde hace seis años para mejorar el desagüe de fondo de la presa, así como del aliviadero, y que podría mitigar los efectos de las avenidas en el río Aguas Blancas y, por consiguiente, del Genil, tal y como se expone en la memoria justificativa del expediente. La actuación, cuya necesidad fue detectada en el año 2020, sugiere que la tubería de fondo del pantano no podía aliviar agua en toda su capacidad de forma preventiva, algo clave en los días previos al último enjambre atmosférico y cuyas consecuencias, en los pueblos de la ribera del Aguas Blancas, fueron catastróficas. “Es esencial emplear en toda su capacidad el desagüe de fondo como elemento esencial en la prevención”, dice el expediente al que ha accedido este diario. La CHG ha explicado a este diario que la obra es para “el cambio de tipología de las válvulas de guarda de los desagües de fondo para mejora de la estanqueidad perdida con el paso del tiempo y de la operatividad”.

Se trata del contrato de “obras de renovación integral de elementos de valvulería, electromecánicas y otros de la presa de Quéntar”, cuyo valor estimado asciende a 3.230.990,31 euros. Un coste mayor que el calculado de forma inicial cuando se aprobó, el 9 de octubre de 2020, el primer pliego de un contrato destinado a “actualizar y mejorar” las instalaciones de Quéntar, una presa que se puso en carga en 1977, para que cumplieran con “la normativa técnica vigente”. La licitación se anunció públicamente trece días después y llegó a publicarse en el BOE. Pero en pleno proceso, un informe técnico advirtió de que en el proyecto había un “error no subsanable que afecta al desagüe de fondo de la presa de Quéntar”, un “elemento esencial en la prevención y gestión de avenidas y en la seguridad de la presa”, explica el Pliego.

Esta especie de ‘grifo’ es el que permite a los pantanos realizar desembalses “preventivos” con los que reducir el “caudal punta” que se desalojaría de la presa a través del aliviadero, permitiendo retrasar la punta de la avenida de agua en el tiempo. De esta manera se “minimizarían los daños aguas debajo de la presa tanto económicos como a la población”. El pliego, además, explica que en el caso de la presa de Quéntar, la superficie de la lámina de agua “es pequeña y las laderas del vaso son de elevadas pendientes”, lo que favorece el “tiempo de concentración en la cuenca es de “solo una hora”. Esto, unido a la pequeña superficie del pantano, hacen que la única manera de retrasar que el desembalse durante una avenida “depende tan solo del desembalse preventivo que se haya podido realizar con su desagüe de fondo”.

El párrafo clave es donde explica que “en condiciones normales de explotación”, el nivel fijado al que debe de mantenerse la presa para asegurar los consumos de abastecimiento y regadío es a la cota 1.040 (entendido como metros sobre el nivel del mar). Esto es un metro menos que el de la cota de coronación de Quéntar. “Si en tales circunstancias se produce una avenida cuyo hidrograma genere un caudal entrante de 0,42 hectómetros cúbicos”, el volumen capaz de embalsarse entre ambas cotas, “y en menos de una hora” no se activa al Director de Explotación de la presa, se localiza al personal, se desplaza y se levantan las compuertas, “se verterá inexorablemente por coronación poniendo en riesgo la resistencia estructural de la presa de Quéntar”. “Y en caso de llegar a tiempo, se verterá aguas abajo al menos el mismo caudal entrante, ocasionando los consiguientes daños. Por ello es esencial emplear en toda su capacidad el desagüe de fondo como elemento esencial en la prevención”, sentencia el pliego.

Durante la borrasca Leonardo, la que provocó el desembalse de emergencia de Quéntar, el pantano recibió entre el 4 y el 5 de febrero una media de 0,263 hectómetros cúbicos de agua a la hora. Es decir, ateniendo al dato de que una avenida de 0,42 elevaría el nivel del agua del pantano un metro en una hora, el nivel del embalse recibió tal aportación de agua que la reserva podría haberse elevado hasta 12 metros en un día. El 4 de febrero, Quéntar estaba en la cota 1.032 después de haber desembalsado agua, a través de la tubería de fondo, durante cuatro días seguidos, bajando el nivel del pantano siete metros. Sin embargo, la cota subió en solo 24 horas ocho metros, hasta la cota 1.040, a apenas un metro de la coronación. Una situación realmente extraordinaria.

El embalse de Quéntar estaba al 64,9% de su capacidad antes del tren de borrascas. El volumen embalsado comenzó a subir de forma moderada entre el 23 y el 24 de enero, y se disparó hasta el día 31, cuando se alcanzó la cota 1.039, a dos metros de la coronación. Durante más de una semana el pantano retuvo agua y no fue hasta alcanzar el 98% de la capacidad cuando empezó a soltarla durante cuatro días seguidos, hasta la irrupción de la catastrófica borrasca Leonardo, que provocó los daños tanto en el municipio quentareño como, sobre todo, el de Dúdar, donde sus vecinos fueron desalojados de forma preventiva por la apertura de las compuertas del pantano.

“En síntesis, los factores que en otras presas actúan a favor de poder confiar el desembalse de la avenida al aliviadero de coronación, y no tanto al desagüe de fondo, en el caso de la presa de Quéntar, encontramos todos estos factores en contra: no se puede confiar la gestión de la avenida al aliviadero de coronación, si se quiere minimizar los daños a la población aguas abajo, sino que, como indican sus propias Normas de Explotación, se debe de evitar en lo posible la maniobra de las compuertas del aliviadero por encontrarse la población de Granada aguas abajo”, explica el contrato de obras.

Del contrato inicial, fue en enero de 2021 cuando se desistió del procedimiento hasta lanzar el nuevo el 21 de abril del año pasado, según el sello del tiempo. El pliego se rectificó el 10 de octubre y las empresas que han concurrido, ocho en total, tuvieron hasta el 20 de ese mes para presentar sus ofertas al concurso. Para ello se redactó un nuevo proyecto donde “las actuaciones propuestas para el desagüe de fondo son las de mayor importancia dentro del contrato ya que supone su modificación completa, incluida la construcción de nuevos elementos, el empleo de instalaciones auxiliares destacadas y el escudado de los conductos”.

Se establece como “prioridad 1” junto a las “encaminadas a la mejora y adecuación” del aliviadero de la presa, un elemento “esencial” de sseguridad de la presa si, como en el caso de Quéntar, es de compuertas. El 3 de diciembre se hicieron las evaluaciones y al día siguiente se valoraron “otros criterios”, por lo que el proceso está cerca de adjudicarse. El plazo de ejecución de las obras es de 16 meses. La empresa con mejor puntuación, tanto ponderada como total, es Inhisa Hidráulica SA.