La inversión en obra pública en Córdoba durante 2024 por parte del conjunto de las administraciones se situó en 239,7 millones de euros, lo que supone una caída del 25% con respecto al ejercicio anterior, según el informe de adjudicaciones que elabora anualmente el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), publicado este martes. En el conjunto de Andalucía, solo tres provincias mejoran sus números interanuales (Sevilla, Jaén y Almería), mientras que Córdoba presenta la tercera mayor caída, tras las registradas en Huelva y Cádiz, ambas con un 57%.
De acuerdo a los datos de Ceacop, en el caso concreto de Córdoba se ha pasado de 321,4 millones en 2023 a 239,7 millones, una cifra que apenas supone el 6,5% del total en Andalucía y le hace retroceder un puesto en el ránking regional, situándose ahora en el penúltimo lugar por volumen de inversión, pues solo supera a Huelva (127,8 millones).
Este descenso se produce pese a que el Gobierno central y la Diputación han incrementado de manera significativa su esfuerzo económico. En el primer caso, de 63,8 a 96,3 millones de euros, es decir, un 51% más; en el segundo, el repunte relativo es más elevado aun (58%) tras rozar los 50 millones. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para amortiguar los recortes de los ayuntamientos (un 54% menos hasta 42,9 millones) y la Junta de Andalucía, que retrocede un 35% al pasar de 75 a 48,6 millones. También muestran bajadas abultadas las universidades y el resto de los entes públicos, si bien su relevancia es intrascendente pues apenas suman en conjunto 2,6 millones.
Ránking por provincias
En 2024, la clasificación provincial la lidera Sevilla con gran diferencia sobre el resto al atesorar un 36,4% de lo invertido en toda Andalucía, con 1.333,7 millones. El podio lo completan Almería y Granada con 433,4 y 429,5 millones, respectivamente, mientras que Málaga cae desde el segundo puesto en 2023 hasta el cuarto, con 402,4 millones. A continuación, se sitúan Cádiz (332,2 millones); Jaén (279,8); Córdoba (239,7); y por último Huelva, que solo logró captar inversiones de obra pública por valor de 127,8 millones, menos de la mitad del ejercicio anterior.
En términos interanuales, solo las tres provincias mencionadas mejoran sus cifras con respecto a 2023, colocándose también Sevilla en cabeza (171%), por delante de Jaén (59%) y Almería, con dicho 3%. Las mayores caídas se dan en Cádiz y Huelva (ambas con un -57%) y Córdoba (-25%); por su lado, Málaga retrocede un 21% y Granada lo hace un 10%. El espectacular incremento en la provincia sevillana se debe, sobre todo, a las obras del metro y a la fuerte inversión municipal, especialmente de su capital.
La patronal ha valorado de manera positiva el mantenimiento del esfuerzo inversor en Andalucía, con 3.663 millones, pero advierte de que “todavía estamos muy lejos de los 4.300 millones de euros de media anual entre 2006 y 2009, en especial, si consideramos el factor inflación, que supone un 46% desde 2006. Teniendo esto en cuenta, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 55% del periodo mencionado”. En resumen, las cifras de hoy en día a euros constantes son la mitad de las que se invirtieron de media entre 2006 y 2009.
Retroceso del Ejecutivo regional
Igualmente, es “preocupante” la caída de las adjudicaciones a empresas andaluzas, que apenas representó en 2024 un 50% del total, el porcentaje más bajo desde 2014. Este cambio de tendencia con respecto a lo que venía sucediendo en la última década se debe casi de manera exclusiva a la Junta de Andalucía y, más en concreto, a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la cartera más inversora con gran diferencia sobre el resto al acaparar el 70% del importe para obra pública del Ejecutivo regional con 800 millones de euros. De esta cifra, casi dos tercios fueron a parar a compañías de fuera de la región, lo que ha provocado que la Junta solo destinase un 47,3% a empresas andaluzas, casi veinte puntos porcentuales menos que en 2023 y el guarismo más bajo en la serie histórica, que se remonta a 2002.
Por el contrario, el Gobierno central ha elevado sus adjudicaciones a empresas andaluzas (pasa al 35% frente al 24% de 2023), mientras que ayuntamientos y diputaciones siguen confiando en las firmas regionales con un 67,2% y 88,2%, respectivamente, de las inversiones totales que acometen.
Ceacop ha defendido, no obstante, que los porcentajes del Gobierno y la Junta “deben mejorar de manera significativa, más aún teniendo en cuenta, por un lado, las magníficas compañías andaluzas con las que contamos y, por otro, que la mayoría de las comunidades autónomas apoyan de manera decidida a su tejido empresarial, porque lo consideran prioritario para generar riqueza y empleo. El desplome en las adjudicaciones de la Junta supone un retroceso sin precedentes sobre el que requerimos una actuación decidida, pues refleja una clara tendencia hacia los grandes grupos en detrimento de nuestras empresas”.
Bajas temerarias y empresas públicas
La patronal, por último, ha expresado su “rechazo frontal” a que se admitan ofertas temerarias, ya que supone “poner en riesgo la inversión a realizar, fuerzan la competencia con bajas excesivas dificultando las condiciones del sector y pueden, además, suponer la introducción de un criterio de subjetividad en las adjudicaciones al poderse admitir o no las justificaciones de temeridad que se presentan”.
Asimismo, advierte de la “alarmante y creciente utilización por parte de las administraciones de medios propios para la realización de las obras y proyectos”. En relación con este sector, en Andalucía recurren principalmente a Tragsa, Tragsatec, la agencia Amaya e Ineco, superando en conjunto los 400 millones de euros. “Estos encargos directos merman la competencia de las empresas privadas, extrayendo importantes inversiones de la licitación y, por tanto, libre concurrencia”, ha concluido Ceacop.