• El Gobierno andaluz podrá aprovechar estos recursos para proyectos vinculados con la eficiencia energética o la lucha contra el cambio climático al cumplir con los requisitos fijados por el Ministerio de Hacienda

El pasado 2 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una medida pactada principalmente con el nacionalismo catalán para que todos los ayuntamientos y las comunidades autónomas que cumplieran una serie de requisitos pudieran reutilizar el superávit de 2024 (la diferencia entre el dinero que ingresó y el que gastó) en inversiones durante los próximos tres años. En el caso de Andalucía, los municipios podrán disponer a través de esta vía extraordinaria de más de 760 millones de euros. Sin embargo, la principal beneficiaria de esta medida acordada por el Ministerio de Hacienda será la Junta de Andalucía.

El ejercicio 2024 la Junta de Andalucía cerró con un supe superávit que permanecía bloqueado, de modo que únicamente se podían destinar a la cancelación de deudas sea a través de una amortización anticipada, como ha ocurrido en ayuntamientos como el de Sevilla, o a través de una reducción de los créditos que estaba previsto solicitar en el ejercicio para ejecutar inversiones.

Ahora, de acuerdo con el plan aprobado por el Ministerio de Hacienda, en torno a 1.100 millones de euros de este superávit, se podrán recuperar para la ejecución de inversiones durante los próximos tres años, de forma que se convierte en un complemento al mayor presupuesto que ha tenido Andalucía y que se aprobará de forma definitiva en los próximos días en el Parlamento andaluz con 51.597 millones de euros.

Las cuentas alcanzan los 6.413 millones de euros, un 10% más que las de 2025

El secretario general de CEACOP, Arturo Coloma Pérez, compareció ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para analizar el Proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2026.
Coloma valoró el incremento global de la inversión pública, que alcanza los 6.413 millones de euros, un 10% más que en las cuentas de 2025. Destacó especialmente los 550 millones para vivienda, los 240 millones para conservación de carreteras —una partida largamente reivindicada—, los 632 millones para infraestructuras de transporte y los 665 millones destinados a actuaciones hídricas.
El reverso de la moneda lo aporta el desplome en inversión educativa: 245 millones, frente a los 400 del ejercicio anterior.

Inversión
El secretario general de CEACOP insistió en la necesidad de reforzar la inversión en infraestructuras, no solo para nuevas construcciones sino también para el mantenimiento del patrimonio ya construido. “El mantenimiento requiere un esfuerzo inversor sostenido que se actualice al menos con la inflación”, advirtió.
CEACOP volvió a subrayar un mantra: la inversión en infraestructuras no es un gasto, sino un motor económico capaz de generar ingresos, ya que gran parte de lo invertido retorna a la administración vía tasas e impuestos, y de crear empleos directos e indirectos. Y recordó que las infraestructuras resultantes quedan al servicio de la ciudadanía y de la actividad económica que depende de ellas.
Coloma también reclamó ejecución presupuestaria al 100% y transparencia total sobre el grado de cumplimiento: “El presupuesto no se puede quedar solo en buenas intenciones”.
La patronal pidió de nuevo incrementar la inversión con fondos propios. La dependencia de financiación europea advirtió, obliga a encajar proyectos en programas que no siempre responden a las necesidades reales del territorio. Este año, el presupuesto autonómico recoge más de 600 millones de fondos propios.

Infraestructuras
En cuanto al reparto presupuestario. Estas cuentas recogen un refuerzo en la inversión viaria, destinando para asfaltado 240 millones de euros, 140 millones más que el año pasado, acercándose a la partida que CEACOP considera imprescindible para mantener la red autonómica en condiciones óptimas.
En materia de vivienda, la inversión asciende a 550 millones, 187 más que en 2025, destinándose la mitad a rehabilitación energética y de seguridad. CEACOP reclama que la Junta incluya una línea para la construcción directa de vivienda pública, lo que permitiría generar un flujo estable en proyectos. “Las empresas ante un plan definido de actuación pública podríamos facilitar la construcción de un número muy considerable de viviendas”, subrayó Coloma.

El secretario general abordó además la urgencia de reestablecer sistemas de revisión de precios que permitan reequilibrar automáticamente los contratos ante las tensiones inflacionarias. Como ejemplo, señaló la situación del Acuerdo Marco para obras en centros educativos, donde la Consejería de Desarrollo Educativo adeuda 20 millones a las empresas ejecutoras por revisiones pendientes.

CEACOP volvió a exigir a la creación de un organismo de clasificación de empresas dependiente de la Junta de Andalucía, similar al existente en otras comunidades. “Llevamos desde 2023 reclamando este órgano y no vemos avances. Hace falta voluntad política y dotación presupuestaria para su puesta en marcha”, remarcó.

Para cerrar su intervención, Coloma expresó la inquietud del sector por el creciente uso de medios propios como Tragsa, Tragsatec e Ineco, cuya adjudicación —según el último informe anual elaborado por CEACOP— se ha disparado. La patronal alerta de que esta tendencia reduce la licitación pública, distorsiona el mercado y erosiona la libre competencia. Reclaman que estos encargos se limiten a casos excepcionales y plenamente justificados.

• La sede de Jaén, cuyas obras empiezan en 2026, será el primer edificio de España construido por “concesión de obra pública”, una modalidad público-privada en la que la Junta no paga nada hasta que recibe el inmueble

El Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, está desplegando su Plan de Infraestructuras Judiciales, en marcha desde 2023 y con el horizonte de 2030, para construir nuevas sedes judiciales y reformar otras ya existentes. Se edificarán ciudades de la justicia en las capitales andaluzas que no cuenten con ellas y en grandes municipios. El objetivo es recortar los alquileres millonarios de inmuebles para juzgados y poner fin a la dispersión de órganos judiciales.

La Consejería andaluza de Justicia, Administración Local y Función Pública, que dirige José Antonio Nieto, paga anualmente 30 millones de euros para hacer frente a los cientos de alquileres de inmuebles que tiene repartidos por las ocho provincias andaluzas. Es la consejería andaluza que más gasta, con mucha diferencia, en arrendamientos. Esa partida millonaria incluye el edificio Noga de Sevilla, que cuesta al año 2.106.463,15 euros y es el alquiler más caro de Andalucía entre las sedes judiciales. En el otro extremo está el más barato, que es uno de los juzgados de Órgiva (Granada) por el que se abonan 17.698,28 euros anuales, según han informado a EL MUNDO fuentes de la Consejería de Justicia.

Para recortar esa factura millonaria en alquileres, el Plan de Infraestructuras Judiciales, que prevé movilizar 1.500 millones de euros, tiene en marcha varios proyectos. Los más novedosos son los de colaboración público-privada, que se desplegarán en las futuras ciudades de la justicia de Jaén, Huelva o el nuevo edificio de Cádiz. La fórmula elegida por la Consejería -una concesión de obra pública– entraña cierta dificultad administrativa y no se ha utilizado mucho por las administraciones del país, pero tiene la ventaja de que la Junta no paga nada hasta que recibe el inmueble.

Ciudad de la Justicia de Jaén

El proyecto más avanzado es el de Jaén. Precisamente en esta capital se concentran los mayores problemas de dispersión de sedes, con trece inmuebles distintos para albergar juzgados. De los trece, doce son alquilados y solo uno es propiedad de la Junta de Andalucía. Está previsto que las obras de la Ciudad de la Justicia de Jaén comiencen en 2026.

Según la Consejería andaluza de Justicia, este inmueble de Jaén será el primer edificio de España construido por “concesión de obra pública”, la fórmula elegida por la Junta, prevista en la Ley de Contratos Públicos, pero hasta ahora poco explotada en España.

“No ha sido fácil”, pues al ser una fórmula poco explorada genera cierto recelo y requiere además de una tramitación administrativa compleja, “con un estudio de viabilidad previo, que en nuestro caso además se realiza a iniciativa privada, o la posterior elaboración del pliego de prescripciones técnicas que incluye la redacción de los proyectos, su ejecución y su posterior gestión”, ha explicado la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera.

La viceconsejera ha explicado el modelo andaluz de colaboración público-privada para construir sedes judiciales en el mayor foro nacional de inversión en infraestructuras, Investructuras, que esta semana ha reunido en Madrid a 200 profesionales de entidades financieras, constructoras, aseguradoras, asesorías y administraciones públicas.

Entre las ventajas del modelo elegido por la Junta está que la empresa redacta los proyectos necesarios, ejecuta la obra y pone a disposición el edificio, de tal forma que la Administración “no empieza a pagar a hasta que recibe el inmueble”, ha detallado la viceconsejera.

Además, la Junta paga la ciudad de la justicia con “un canon fijo, cuyo coste se puede prever en los presupuestos de manera segura” y, posteriormente ya con la actividad en marcha, “se hacen cargo de todo el mantenimiento, con lo que tenemos un solo concesionario y no es necesario sacar diferentes contratos de mantenimiento, seguridad o limpieza por separado, ni para varias sedes judiciales”, ha añadido.

De esta forma, la Junta puede poner en marcha varios proyectos de envergadura al mismo tiempo, sin necesidad de reservar en los presupuestos partidas millonarias para que comiencen las obras. “Se trata de una forma de financiación complementaria cuando la administración no cuenta con recursos propios para poder abordar infraestructuras necesarias”, ha indicado Corredera.

El Plan de Infraestructuras Judiciales contempla varias vías de financiación: la inversión propia de la Junta, que ha crecido casi un 80% desde 2018; la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones que adelantan la ejecución previo compromiso del Gobierno andaluz de abonar un canon anual durante 30 años con el que recuperarán más de lo invertido; y el uso por primera vez para Justicia de fondos europeos. La otra vía es la colaboración público-privada con la que se van a construir las ciudades de la justicia de Jaén, Huelva y Cádiz.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado en comisión parlamentaria las cuentas de su departamento para 2026, que alcanzan los 933.421.472 euros, un 1,6% más que el ejercicio anterior. Nieto ha subrayado el impulso que estos presupuestos van a suponer para la Justicia andaluza, ya que suponen un 40,33% más de fondos con respecto a 2018. Un incremento que se traduce en un 80% más de inversión con fondos propios en infraestructuras judiciales que en 2025; y una apuesta por la humanización de la Justicia con el impulso a servicios como el de mediación que dobla la cuantía de 2025 y que supone un 1.450% más de lo que se invertía en este capítulo hace siete años. Todo ello, sin olvidar la apuesta por el municipalismo y la modernización de la Administración Pública.

Nieto ha subrayado que se trata de unos “presupuestos realistas, responsables y profundamente comprometidos con el progreso de Andalucía”, que culminan la legislatura consolidando un modelo de gestión basado en la “modernización, la eficiencia y la cercanía a la ciudadanía”. “Son unos presupuestos al servicio de las personas, equilibrados, coherentes y orientados a mejorar la eficiencia, la calidad del servicio público y la dignificación del empleo”, en línea con las cuentas generales de la Junta, “que este año superan la cifra histórica de los 51.500 millones de euros”.

Uno de los ejes principales de las cuentas de la Consejería para 2026 es el impulso al Plan de Infraestructuras Judiciales, con actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces, para lo que se aumenta la partida de inversiones hasta los 53 millones, de ellos más de 38 millones son fondos propios, lo que implica un 80% más que el ejercicio anterior. Todo ello, gracias al plan de refuerzo de inversiones puesto en marcha por el Gobierno andaluz, por el que la Consejería recibe 15 millones de euros que destinará a tres proyectos: la mejora de las zonas comunes de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, la nueva sede de Vélez Rubio (Almería) y el proyecto de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Además, la Consejería tiene previsto iniciar en 2026 las obras de la nueva sede judicial de Huércal-Overa (Almería), la Ciudad de la Justicia de Algeciras, la rehabilitación del complejo de Tabacalera como parte de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, terminar la nueva sede judicial de Órgiva (Granada), comenzar los trabajos de rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo (Jaén); o continuar con la adaptación del complejo de Palmas Altas como Ciudad de la Justicia de Sevilla, como proyectos más destacados.

Asimismo, gracias a la aplicación de fondos europeos PIREP, se terminarán las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Huelva, en las sedes de Montilla (Córdoba) y Fuengirola (Málaga) o el edificio judicial La Caleta, en Granada. Estos trabajos están permitiendo cambiar la climatización de estos edificios, ventanas o cubiertas exteriores. Obras a las que se sumarán actuaciones para lograr inmuebles más eficientes energéticamente en diferentes partidos judiciales, entre las que destacan la instalación de placas fotovoltaicas, por valor de más de nueve millones de euros.

“Se trata de mejorar las infraestructuras judiciales, implantar un sistema sólido de gestión digital y crear el mejor ambiente de trabajo para los funcionarios”, ha subrayado.

Junto a los fondos propios y los europeos, el Plan de Infraestructuras Judiciales se basa en dos fórmulas más de financiación: la colaboración público-pública y público-privada. Ninguna de ellas cuenta con una partida concreta, pues la Consejería abonará en los dos casos los cánones correspondientes a cada una de las nuevas sedes construidas con estas fórmulas, pero cuando estas ya funcionen como tal.

Así, ha recordado que mediante la financiación por colaboración público-privada se van a ejecutar las ciudades de la Justicia de Cádiz (el nuevo edificio), Jaén y Huelva. Mientras que, por la vía de la colaboración público-pública, la Consejería ya ha impulsado casi una veintena de protocolos con ayuntamientos y diputaciones. Nieto ha destacado los convenios firmados con Roquetas de Mar (Almería) para el nuevo Complejo Judicial, “del que pronto pondremos la primera piedra”, y con Torrox (Málaga), cuyas obras arrancarán en 2026.

Por una Justicia más humana

“Pero no todo es ladrillo”, sino que una parte muy importante de la Estrategia Justicia Andalucía, que en breve será aprobada, es el Plan de Humanización de la Justicia, que tiene un reflejo claro en las cuentas de la Consejería para lograr “una Justicia más empática y orientada a las personas”.

Así, y siguiendo la línea marcada por los presupuestos “más sociales”, este año se eleva la cuantía destinada al Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), un recurso gratuito al que las víctimas de cualquier delito pueden acudir para recibir acompañamiento durante todo el proceso judicial, con 2,9 millones de euros; lo mismo ocurre con los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), donde se ejecutan las visitas y entregas de menores entre progenitores en casos de conflictos familiares graves, con tres millones; a los que se suman los 240.000 euros para el proyecto de los facilitadores, una figura pensada para acompañar en el proceso judicial a las personas con discapacidad. En total, más de 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 178% con respecto a lo que se destinaba en este capítulo en 2018.

Asimismo, la mediación, como vía alternativa de resolución de conflictos, es otra de las grandes apuestas de las cuentas de la Consejería con más de 3,1 millones de euros, el doble que el año pasado y un 1.450% más de lo que se destinaba en 2018. De esta forma, no solo se consolida el Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), sino que se consignan los fondos para el nuevo Servicio de Mediación Civil y Mercantil (SEMCA).

En este contexto, la Consejería refuerza la Justicia Juvenil, con un presupuesto de 82,7 millones de euros, y las cuantías destinadas a Justicia Gratuita, que desde el año pasado incluye como medida pionera la mediación, y cuyo crecimiento es ya de más de un 23% desde 2018, con casi 54 millones de euros. “Queremos que Andalucía sea una referencia en materia de Justicia en España y ya lo estamos consiguiendo en Justicia Juvenil y en mediación”, ha defendido.

Por último, Nieto también ha hecho alusión al incremento del presupuesto para personal, que ya supera los 420 millones de euros, lo que supone 16 millones más que el año pasado. Este aumento responde, en gran medida, a la dotación de casi un centenar de nuevas plazas de funcionarios creadas para adaptar las plantillas al nuevo modelo de tribunal de instancia de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por el Gobierno en enero de 2025 sin memoria económica, por lo que “tenemos que destinar una parte importante de recursos a financiarla”.

“Esta ley se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para todas las comunidades que tenemos competencias en Justicia al tener que asumir plazos imposibles y dar la cara delante de los operadores jurídicos que nos piden responsabilidades a nosotros cuando somos una víctima más de una ley precipitada, no dialogada y en absoluto financiada”, ha lamentado.

Por otro lado, el área de Administración Local contará con un presupuesto de 77,7 millones “prácticamente en su totalidad de fondos propios, reafirmando el compromiso del Gobierno andaluz con los ayuntamientos y diputaciones”. El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) mantiene una dotación de 65,7 millones, la misma cuantía que el año pasado, ya que “un año más no se pueda incrementar porque el Gobierno de España no ha aumentado su aportación y la del resto de administraciones está condicionada a ésta”, ha lamentado.

El presupuesto mantiene una línea clara de apoyo a los municipios pequeños, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. Para ello dedica 5,2 millones de euros a subvenciones para pequeños municipios y suma dos millones del Fondo de Cohesión Territorial, así como 170.000 euros para mantener el portal web VivemásAndalucía.es, puesto en marcha con la Estrategia frente al Desafío Demográfico.

Una administración innovadora

Por último, en materia de Función Pública, el objetivo es “mantener la calidad del servicio al ciudadano con una Administración innovadora al mismo tiempo que mejoramos las condiciones de trabajo de los empleados públicos”, terminando los procesos de estabilización y ofertas de empleo que “nos encontramos bloqueados”. Así, el presupuesto incluye medidas para consolidar la estabilidad y el reconocimiento del personal público, que permitirán aplicar el incremento retributivo máximo autorizado por el Estado, consolidando también las subidas anteriores; y llevar la tasa de reposición a su nivel más alto permitido por la normativa básica.

También se mantienen los cuatro millones de euros para sustituciones de personal con dispensa sindical o los 700.000 euros en ayudas sociales para personal con discapacidad o víctimas de violencia de género. Y en 2026 se aprobará el Decreto para regular el teletrabajo, que permitirá ampliar este del 20 al 40% de la jornada, y se impulsará el desarrollo de la carrera profesional con el Decreto de evaluación del desempeño “que premiará a los buenos funcionarios”.

En cuanto al presupuesto del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), este se ha incrementado en casi un millón de euros con respecto al año pasado, superando así los 16,7 millones de euros. Esto supone una apuesta por la formación de los empleados públicos y la implantación de nuevos modelos de procesos selectivos con la búsqueda de nuevos perfiles o la inclusión de una fase de prácticas para acceder a una plaza de funcionario.

Las cuentas de la Junta para el próximo año se van a desmenuzar durante el próximo mes en el Parlamento autonómico a donde llegaron ayer de la mano de la consejera de Hacienda, Carolina España. El objetivo es aprobarlas en diciembre y que entren en vigor el 1 de enero. Son las últimas de la legislatura y están elaboradas con más intencionalidad política que las tres precedentes de la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Las elecciones están previstas en junio de 2026.

Y por eso cada dato es relevante. Dejando a un lado las políticas sociales, Sanidad, Educación y Dependencia, que copan tres de cada cuatro euros del presupuesto, las inversiones en obras concretas crecen un 10% con respecto al año anterior hasta llegar a los 6.413 millones de euros ( hay que tener en cuenta que el Presupuesto crece un 5,6% de manera global). Y con una particularidad. La Junta ha proyectado obras a corto, medio y largo plazo y, según explicó el director general de presupuestos, Eduardo León, se vuelcan precisamente en las obras a corto plazo, en actuaciones inmediatas para la visualización de la ciudadanía. Un ejemplo claro de estas obras son las incluidas en el plan de asfaltado de carreteras, para el que hay 144 millones de euros.

Gasto por adelantado

La cuantía más jugosa es la que va a ejecutar la Consejería de Agricultura que dirige Ramón Fernández-Pacheco porque las políticas de agua son las prioritarias para la Junta y suben un 28,6%, hasta los 744 millones de euros, un aumento de 420 millones con respecto al año anterior. Hay también cambios relevantes porque el Gobierno andaluz no sólo ha gastado todos los remanentes disponibles del canon del agua sino que también se va a incentivar la contratación del canon que se va a recaudar en los próximos tres, cuatro o cinco años. Hay que recordar que el canon del agua es la parte que pagan los contribuyentes en sus correspondientes facturas por el suministro que va destinado a obras y que no puede gastarse en otros fines. Eso y que las obras de infraestructuras hídricas duran varias anualidades debido a su complejidad.

La vivienda

Las políticas de vivienda acaparan 1.223 millones a los que los responsables de la Hacienda pública andaluza suman los incentivos fiscales de 460 millones de euros. Según entienden en el Gobierno andaluz, resulta más práctico para el ciudadano reducirle los impuestos por la compra o alquiler de la primera vivienda que entregarle subvenciones que son más lentas, necesitan mucha documentación y tienen un coste superior para las arcas públicas. Según los cálculos de la Junta, los incentivos fiscales supondrán un ahorro de más de 460 millones del euros para el próximo año.

Las partidas de vivienda se sufragan con diferentes vías: 213 millones de euros corresponden a la Unión Europea, a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, otros 241 millones de fondos propios de la Junta y del Estado se incluyen otros 111 millones de euros. No se contempla el plan estatal de vivienda porque todavía no se ha firmado el próximo.

Todas las consejerías registrarán en 2026 aumentos de la inversión, salvo la de Sostenibilidad y Medio Ambiente por acabar el marco comunitario de los fondos Feader, y que pierde 156 millones de euros. Del total del capítulo, el 55% son inversiones reales y el 45% son transferencias de capital, y se destacan dos proyectos de más de cien millones de euros. El proyecto del IMEC en Málaga y la Base logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2026 incluye una inversión de 140 millones de euros que irán destinados a mejorar el estado de la red autonómica de carreteras, a través de una planificación de actuaciones que afectará a un total de 1.000 kilómetros de vías de las ocho provincias de Andalucía.

Moreno ha adelantado los detalles de esta nueva partida presupuestaria durante su intervención en el acto celebrado en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) con motivo del IV Día de la Empresa andaluza. Una medida que pretende facilitar, según ha justificado, tanto la movilidad de los andaluces en sus desplazamientos particulares como el transporte de mercancías y la logística en general de empresas y autónomos.

“Hablamos de unas cuentas pensadas para mejorar también la actividad de las empresas, y eso está directamente relacionado con las infraestructuras. Las carreteras son vitales para la actividad económica de Andalucía, y por ello vamos a destinar esa inversión al arreglo de 1.000 kilómetros de nuestra red de carreteras”, ha explicado el presidente.

Esta nueva partida va incorporada al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que asciende a 51.597,9 millones de euros, la cifra más alta de la historia de la autonomía, que crece en un 5,6% respecto al ejercicio anterior (2.726 millones más), y que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno.

Unas cuentas autonómicas que, en clave netamente económica, incluyen otra partida relevante. En concreto, la del aumento de la dotación que se destina al apoyo del tejido productivo andaluz que conforman autónomos, empresas e industria de Andalucía. “Aumentamos el apoyo que le brindamos al tejido productivo hasta los 7.400 millones de euros. Implica un incremento de 158 millones más respecto a lo que contemplaban las cuentas de este 2025″, ha avanzado el presidente.

Moreno ha desglosado la senda de crecimiento y desarrollo que viene registrando Andalucía, a tenor de múltiples indicadores económicos. Entre ellos, ha destacado la evolución del PIB andaluz, que crece por encima de España y de la UE (9,4% en los últimos 6 años); el récord de exportaciones (4 de los mejores registros de la historia se han dado en los últimos 5 años); o el hecho de que Andalucía sea la primera comunidad autónoma en número de empresas inscritas en la Seguridad Social (récord de 250.763 en septiembre, 2.847 empresas más que hace un año).

En el propósito de seguir intentando generar las mejores condiciones para atraer inversiones y generar empleo en Andalucía, Moreno ha puesto el foco en la séptima bajada de impuestos que ya está en marcha, y que también será efectiva con la aprobación del Presupuesto para 2026.

Por otro lado, uno de los premios que la CEA entrega cada año con motivo de este Día de la Empresa en Andalucía ha sido otorgado en esta ocasión a Andalucía Trade, la mayor agencia de desarrollo regional de España, que está encargada de la promoción internacional de la Comunidad. Al respecto, el presidente ha destacado que, en sus dos años de vida, Andalucía Trade ha puesto a disposición de las empresas 255 millones en financiación, ha aprobado 452 proyectos y va a destinar 63 millones a internacionalización hasta 2027, con el objetivo de impulsar las exportaciones y la atracción de inversión extranjera

• La Junta estrena su renuncia a los mecanismos públicos de financiación estatal y formaliza su rechazo a la quita de deuda en sus presupuestos de 2026

Andalucía estrena en 2026 un nuevo modelo de financiación. Por primera vez dejará de pedir créditos a los mecanismos previstos por el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas y sólo acudirá a bancos y fondos privados. En total, solicitará a través de esta vía 3.820 millones de euros una cuantía muy similar a la del año 2025, pero con la diferencia de que el pasado ejercicio una parte se solicitó al Gobierno central, una vía que la Junta ha decidido dejar en suspenso en pleno pulso por la propuesta de quita de deuda del Gobierno central.

El presupuesto de 2026 de la Junta de Andalucía, el mayor que ha tenido la Administración autonómica con 51.597 millones de euros, se ha diseñado con déficit cero, es decir, sin incorporar un incremento del endeudamiento ante la ausencia de una directriz clara de la Administración estatal a las comunidades. No obstante, esto no quiere decir que no vayan a solicitarse créditos. Simplemente que estos no se dedicarán a ejecutar nuevos proyectos o compromisos de gastos sino a amortizar préstamos anteriores.

• Según un estudio de Randstad, la comunidad concentra el 16,8% del mercado de trabajo nacional y Málaga encabeza la ocupación regional

Andalucía es la Comunidad Autónoma con el mayor volumen de trabajo en el sector de la construcción, con 250.180 ocupados de los más de 1,52 millones registrados en el segundo trimestre de 2025.

Así, los trabajadores de la construcción andaluza representan el 16,8% del empleo total del sector, según el promedio de los últimos cuatro meses publicado en el último informe de Randstad Research Mercado de trabajo en la ocupación Construcción.

El sector de la construcción se divide en tres segmentos de actividad: construcción de edificios, ingeniería civil y actividades de construcción especializada. Andalucía lidera en las dos primeras áreas de actividad, mientras Cataluña encabeza la tercera, relegando a la autonomía más poblada de España a la tercera posición.

En este sentido, la construcción de edificios supone el 20,5% del peso nacional, con 119.906 ocupados; seguido de Madrid (17,4%), con 101.811; y Cataluña (14,4%), con 84.402.

Otro de los segmentos que la comunidad del sur capitanea es ingeniería civil, constituyendo un 15,8% del total con 20.123 trabajadores. Por detrás le siguen muy de cerca Madrid (15,3%) y Cataluña (12,3%), con 19.405 y 15.652 puestos, respectivamente.

Finalmente, en el segmento de actividades de construcción especializada Andalucía ocupa la tercera posición con un 14,2% de los ocupados del subsector, con 110.151 personas. Por delante se encuentran Cataluña (18%), que lidera con 139.781; y la Comunidad Valenciana (14,6%), con 113.432.

Málaga encabeza la ocupación en la construcción andaluza

Pese a las carencias y falta de trabajadores que atraviesa el sector de la construcción, Málaga es la provincia que más ocupados presenta de Andalucía, con 59.100, según datos de la Junta de Andalucía para el segundo trimestre.

Así, la representatividad de la construcción en la provincia con relación a la actividad económica sobre el número de ocupados equivale al 7,5%. Mientras, en lo que al porcentaje de parados se refiere este supone el 7%.

La construcción representa un 6,8% del empleo nacional

Con 1.524.502 personas ocupadas durante el segundo trimestre de 2025, el sector de la construcción en España ha crecido interanualmente un 3,1%, representando un 6,8% del empleo nacional.

De los segmentos principales en que se divide, actividades de construcción especializada representó el 53% del total, con 803.516 trabajadores. Por detrás, construcción de edificios alcanzó el 38%, con 594.498 ocupados; e ingeniería civil, el 8% con 126.488 personas. Mientras la principal actividad de este sector creció un 9,4% respecto al segundo trimestre de 2024, los dos segmentos restantes decrecieron un 2,9% y 4,1%, respectivamente.

• Óscar Puente, ministro de Transportes, ha visitado este viernes las obras del baipás de Almodóvar del Río, que debe acortar el trayecto 20 minutos

Nueva fecha, y se espera que última, para que entre en funcionamiento el baipás de Almodóvar del Río, una infraestructura que permitirá que el trayecto en AVE entre Málaga y Sevilla baje 20 minutos para poder cubrirse en hora y media. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha visitado este viernes las obras y ha señalado que podrá empezar a usarse en 2026 tras una inversión de 39 millones de euros. Esto es cinco años después de 2021, la primera fecha marcada en el calendario para su apertura, y más del triple de los 11,9 millones de euros por los que se licitó en su día.

El titular de Transportes ha señalado en una nota que este baipás, actualmente en construcción con una inversión global de 39 millones de euros, “evitará el recorrido adicional hasta Córdoba y la inversión de marcha en esta estación, con lo que permitirá tener mejores relaciones directas entre Sevilla con Málaga y Granada”.

• Contará con una vía doble en ancho estándar de 7,9 kilómetros y reducirá los tiempos de viaje

El desarrollo del AVE desde Antequera hacia Granada da un nuevo paso con la adjudicación, por 283,3 millones de euros (IVA incluido), de las obras de construcción del tramo Variante de Loja–Valle del Genil de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera–Granada. La actuación, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de Adif Alta Velocidad, consolida el papel de Antequera como nodo ferroviario estratégico en la red de alta velocidad andaluza.

Con esta inversión, todos los tramos de la Variante de Loja, de 19 kilómetros en total, se encuentran ya adjudicados, en ejecución o finalizados. El nuevo tramo, de 7,9 kilómetros, contará con vía doble en ancho estándar y reducirá los tiempos de viaje entre Málaga y Granada, al mejorar la continuidad del trazado que parte desde la estación de Antequera AV, donde ya está en servicio la doble vía en los 9,5 kilómetros hasta el viaducto de Archidona.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado que “Antequera se consolida como el epicentro ferroviario de Andalucía”, destacando que esta nueva adjudicación “mejorará la conexión por alta velocidad con Granada y reforzará la posición de la provincia en la red del Corredor Mediterráneo”. Salas ha recordado que “este Gobierno sigue avanzando también en el baipás de Almodóvar del Río, que reducirá en veinte minutos el viaje entre Málaga y Sevilla”.

Antequera, punto de partida de la alta velocidad andaluza

Desde la puesta en marcha del AVE a Granada en 2019, Antequera se ha convertido en un enclave clave para el tránsito ferroviario entre Málaga, Granada, Córdoba y Madrid. La estación de Antequera AV, inaugurada en 2023, articula la conexión de los corredores Mediterráneo y Central, y será el punto desde el que se prolongue la nueva doble vía hasta completar la totalidad de la línea.

En paralelo a la adjudicación del tramo Valle del Genil, Adif AV ha licitado contratos complementarios que afectan directamente al trazado antequerano. Entre ellos, la adquisición de 220.000 toneladas de balasto por 8,5 millones de euros y la adjudicación de otro contrato de 9,6 millones para 80.000 traviesas, destinados a la duplicación de vía en el tramo Bifurcación Archidona–Bifurcación Riofrío. Estos trabajos permitirán aumentar la capacidad y fiabilidad de la línea que parte desde Antequera.

El nuevo tramo adjudicado, que discurrirá por los municipios de Loja, Salar y Huétor-Tájar, incluye infraestructuras destacadas como el túnel del Cerro de los Limones (1.295 metros) y los viaductos del Genil (794 metros) y de Salar (693 metros). El proyecto ha sido coordinado con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para proteger el Bien de Interés Cultural Villa Romana de Salar, e incorpora medidas específicas para minimizar el impacto ambiental y arqueológico.

Un impulso a la movilidad desde la comarca antequerana

Cuando las actuaciones en marcha finalicen, la LAV Antequera–Granada contará con 82 kilómetros de doble vía, lo que supone dos tercios de su longitud total. La línea reforzará el eje ferroviario andaluz y consolidará a Antequera como punto neurálgico de las comunicaciones por alta velocidad del sur peninsular, tanto hacia Granada como hacia Sevilla y Madrid.

El Gobierno destaca que estas obras contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la sostenibilidad, la innovación en infraestructuras y la generación de empleo, en una provincia —la de Málaga— donde Antequera sigue siendo la puerta de entrada a la alta velocidad en Andalucía interior.