Ana Estella Pérez.  Gerente de CEACOP

A pesar del largo camino recorrido y del incuestionable papel de la mujer en la ingeniería actualmente, todavía asistimos a una realidad: la baja representación de las mujeres en el sector de la construcción, más significativamente a pie de obra.

Los estereotipos como que este es un oficio para hombres, que es trabajo muy pesado y físico, que es complicado porque requiere mucha dedicación (horas y horas fuera de casa), son solo algunos de los motivos para retrasar la equidad que ya se ha logrado en otros campos profesionales. Obstáculos que solo se pueden vencer desmontándolos. Y es que ser ingeniero no es cuestión de género, sino de tener las capacidades y cualidades necesarias para desarrollar esta profesión. Se pueden adquirir durante la trayectoria laboral, pero en la mayoría de los casos van intrínsecas a la persona. Para mí, una de esas cualidades es el ingenio para afrontar los retos, tanto en el diseño como en la construcción de proyectos, y sin duda la capacidad de adaptación a entornos, a veces hostiles.

Después de años de andadura profesional, puedo afirmar que no es fácil progresar en un sector tan masculinizado, pero también que cuando nos enfrentamos a un proyecto constructivo (redacción y construcción) lo importante no es quién lo firma, sino el resultado final. Y así queda demostrado en el trabajo realizado por nuestras antecesoras, en este sentido destacar que en 2023 se cumplen 50 años que se tituló la primera mujer como Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Carmen de Andrés Conde; y así lo seguimos manifestando las mujeres que hoy día desarrollamos nuestra carrera profesional en este mundo.

Desde mi experiencia (que abarca desde jefe de obra hasta la gerencia de una asociación empresarial) cualquiera, independientemente de su género, con un perfil profesional y personal adecuado puede dedicarse a este sector. Cierto es que conlleva un nivel de exigencia y responsabilidad muy elevado en cualquiera de los niveles en los que se interviene en un proceso constructivo, pero que reporta grandes dosis de satisfacción con cada reto superado.

Por lo tanto, dedicarse o no al mundo de la construcción, desde mi punto de vista, es una cuestión de elección.

El texto también lo puede encontrar publicado en el último número de Andalucía Inmobiliaria:

https://andaluciainmobiliaria.es/ai-numero-162/

Arturo Coloma Pérez. Socio Confiace Ingenieros y Asesores S.L.

Uno de los grandes retos pendientes en el sector de las infraestructuras es mejorar y ampliar los sistemas y mecanismos de relación entre clientes, diseñadores y constructores.

El proceso de generación de una nueva infraestructura es complejo, dilatado y con variaciones en el tiempo. Está sometido a cambios de circunstancias y necesidades del cliente, de la realidad física, del marco legal, de las técnicas disponibles y a otros muchos factores. Una infraestructura desde luego no es un plato precocinado que se introduce en el microondas 3 minutos y ya está listo para su consumo.

Los sistemas de relación actuales tienen como principales características una clara separación entre las fases de diseño y la de construcción, así como una tendencia a la búsqueda durante la fase de construcción de una transferencia máxima del riesgo y buscando un precio cerrado y teóricamente el mínimo posible.

En el sector público, el marco contractual  ha permitido funcionar de manera razonable durante bastantes años gracias entre otras consideraciones al entendimiento de que la Dirección de Obra, ante la complejidad de la creación de las infraestructuras, debería tener un cierto grado de maniobra  y las atribuciones y autoridad suficientes para decidir sobre los imprevistos, errores, mejoras o cualquier casuística que pudiese surgir a lo largo del desarrollo de la obra, todo ello claro, dentro de unos límites.

En la medida que estos límites y márgenes de actuación se han ido reduciendo y que la supervisión y control sobre las Direcciones de Obra y los contratos se ha incrementado por no solo intervinientes técnicos, sino también legales y económicos, se ha visto reducida muy significativamente la capacidad de resolver problemas y por tanto de que el sistema de relación funcione adecuadamente. Esto se ha traducido en disfuncionalidades como aumentos importantes de los plazos, paralizaciones de obras, tramitaciones farragosas de expedientes, bloqueos y situaciones varias que impiden finalmente la realización de la infraestructura en plazos y costes razonables o similares a los inicialmente previstos. Se habla mucho del supuesto sobrecoste de las infraestructuras, pero poco del coste de no disponer de ellas a tiempo y del coste invertido en infraestructuras no concluidas o con funcionalidad limitada.

Estos modelos mayoritariamente en nuestro país en el sector publico se rigen por un marco legal que sigue avanzando en la tendencia hacia el precio cerrado y a una mayor rigidez en la gestión, y en el mercado privado hacia contratos mercantiles de precio absolutamente cerrado con transferencia prácticamente total del riesgo, en búsqueda de un ideal de mínimo coste y cero desviaciones presupuestarias por encima de cualquier otra consideración.

Tampoco ayuda que el sector constructor generalmente acceda al mercado ofertando a pérdida o sin margen sin comprender que las circunstancias y por tanto las posibilidades de mejorar los contratos durante las obras en el sector privado y en el público han cambiado y o bien son muy limitadas o incluso tienden a empeorar en lugar de mejorar por lo que se precisan márgenes de seguridad en las ofertas.

Pues bien, y aquí expongo la idea principal de lo que entiendo debe ser el nuevo camino por emprender. Sería muy conveniente y provechoso para todos los intervinientes y especialmente para el cliente inversor (público o privado), que se produzcan desde las fases iniciales de la concepción de una infraestructura modelos que sumen y alineen las capacidades y los intereses de todos los intervinientes en la creación de una infraestructura.

Aquí vamos muchas veces todos por libre. Es cierto que los diseñadores (ingenieros y arquitectos), realizan el roll de conexión entre el estado del arte de la construcción y las necesidades de los clientes, pero creo que se debe dar un paso más e integrar desde las etapas mas tempranas posibles el punto de vista y la experiencia de los constructores en los procesos.

Por todo ello necesitamos desarrollar nuevos modelos de colaboración, entre clientes, inversores, tanto públicos como privados y las ingenierías y constructoras.

Creo que se debe trabajar, desde el principio del diseño de una inversión, de un modo mucho más colaborativo y participativo entre las constructoras, diseñadores e ingenierías y clientes promotores e inversores. Esto permitiría mejorar las eficiencias en el diseño de las operaciones, y finalmente alcanzar relaciones contractuales más viables y seguras. Creo en la alineación de objetivos como principal argumento, en la relación entre los diversos agentes, y existen diversas fórmulas para que así sea, más desarrolladas en el mercado anglosajón especialmente y en el sector privado, pero extrapolables también al sector público.

Si existe una idea, solución o mejora durante la fase de diseño o de realización de la obra, debe ser mejora para todos y repartir los beneficios que reporte entre los diferentes agentes. Debemos encontrar y permitir entornos win-win. Incorporar la experiencia del constructor en las primeras fases puede aportar enfoques con gran calado en las decisiones del proyecto. Es poner más el foco en relación a los agentes más adecuados para un proyecto desde el principio y aprovechar todo su potencial colaborativo.

Este es el reto; encontrar nuevos modos de colaboración que permitan una relación estable, viable, competitiva y eficiente en el sector. Hoy no la tenemos. Deberíamos colaborar más. La labor de la ingeniería, la arquitectura y la construcción no están adecuadamente valoradas, ni reconocidas ni por tanto remuneradas suficientemente. Esta situación no es sostenible en el tiempo incidiendo negativamente en la viabilidad y eficiencia de las inversiones, en la calidad de nuestras infraestructuras y en la vida de las empresas y profesionales del sector.

José Miguel Vázquez. Director General SEPISUR XXI S.L

La situación del mercado en el último semestre del año 2020 previo a la escalada de precios era de una elevada competencia, donde la mayoría de las administraciones licitaban con unos pliegos en los que primaban los criterios objetivos sobre los subjetivos. Dentro de los primeros, se valoraban las ampliaciones de los plazos de garantía, ampliación del gasto en calidad, etc., convirtiéndose los concursos en subastas encubiertas donde todas las empresas licitábamos a los topes de los criterios objetivos y realizando unas ofertas económicas muy ajustadas debido a la elevada competencia y apoyado en criterios de temeridad basados en el art. 85 de la LCSP. Debido a la elevada competencia del sector y a lo mencionado anteriormente, para poder conseguir un concurso teníamos que realizar bajas asumiendo riesgos de descuentos sobre determinados suministros e instaladores, práctica común en las licitaciones del sector.

Por esas fechas, cuando se presentaban las licitaciones, la subida de precios estaba relativamente controlada y el impacto que podría tener en las ofertas que se adjudicaban era relativamente escaso en contratos de corta duración como en la mayoría de las licitaciones en las que participamos las pymes. Pero la escalada de precios que venimos experimentando desde 2020 en todos los materiales básicos de las obras es desmesurada.

Esta subida ha provocado en muchos casos la paralización de contratos por dos causas que van de la mano: una el desabastecimiento y otra el incremento de los precios. A modo de ejemplo, la escalada de la energía ha provocado la paralización de la industria siderúrgica, ahogada por los elevados costes energéticos. Esta situación ha tenido como consecuencia una rotura en la cadena de fabricación siendo el único material para la venta el stock almacenado, lo cual ha provocado en muchos casos verdaderas subastas en las compras de materiales siderúrgicos para poder atender a nuestros clientes con la consecuente subida de precios finales de compra (ley de oferta y demanda). A modo de ejemplo, el acero corrugado ha sufrido una subida del 40% desde diciembre de 2021 a marzo de 2022 tal y como refleja el índice ANIFER. Dependiendo del tipo de obra y del momento en que se licitó, podríamos aventurarnos a decir que las subidas de costes en las mismas se han situado en una horquilla de entre un 15% y un 20% de media. A consecuencia de esta situación del mercado se han producido retrasos en las entregas por el desabastecimiento, subida de precios y huelga del transporte. Una gran parte de los concursos públicos han quedado desiertos debido a que la administración ha sacado a licitación proyectos sin la actualización de los precios a la realidad del mercado. Todas las empresas contratistas estamos deseando conseguir concursos para poder mantener la estructura tanto de equipamientos, maquinaria como de personal necesaria para nuestro sector. No me cabe la menor duda de que el hecho de que se queden concursos desiertos se debe a que es inviable ejecutarlos a esos precios.

Los empresarios lo que pretendemos es seguir manteniendo nuestra empresa, los puestos de trabajo de las personas que la forman, seguir invirtiendo en nuevos proyectos e ir creciendo de manera ordenada y controlada. A mi parecer el sector necesita que se incorporen fórmulas de revisión de precios en los contratos de todo tipo y de cualquier duración que puedan hacer frente a estas subidas excepcionales de precios. No queremos ni enriquecernos ni empobrecernos ante subidas o bajadas de precios donde la Administración se ha amparado en el “riesgo y ventura del contratista”. Los contratistas lo que queremos es seguir trabajando a unos precios razonables para poder seguir generando riqueza. Para poder paliar en cierta medida estos efectos de la subida de precios, la Junta de Andalucía ha publicado el DL 4/2022 de 13 de abril de medidas excepcionales de precios. Este decreto mejora considerablemente el publicado por el Gobierno de la Nación RDL 6/2022 de 29 de marzo, ya que permite revisar precios de todos los materiales básicos (a excepción de la energía), obras en ejecución en 2021 y de menos de un año e incluyen los contratos de conservación de carreteras y edificios públicos. Aunque haya una mejora con este decreto, el sector sigue sin entender por qué no se revisa la energía ya que ha sido una fuente de subida de precios que los contratistas hemos sufrido y que repercute de manera muy directa en el coste de nuestras obras. Las pymes del sector trabajamos fundamentalmente para Junta, Diputaciones y Ayuntamientos por lo que es necesario que tanto Diputaciones como Ayuntamientos se adscriban al decreto autonómico.

Jerónimo Parra Castaño. Presidente de Transformaciones y Embalses Parra S.L.

Se le pide por parte de ADIF responsabilidad a las ingenierías para hacer proyectos bien estudiados y trabajados que permitan evitar los posibles modificados futuros por importes desproporcionados, dejando la puerta abierta solamente a modificados muy reducidos y bien justificados. A las constructoras se les pide que estudien las obras y no hagan bajas excesivas sin saber previamente si el proyecto lo admitirá o no y basándose en el “ya se solucionará durante la ejecución de la obra”. Creo que estamos ante un problema de responsabilidad compartida entre empresas y administraciones.

Hace algún tiempo realicé un comentario en una asamblea en referencia a lo anterior y no fue bien recibido por la mayoría de los asistentes. Personalmente estoy convencido de que gran parte de la solución la tenemos nosotros, pero por supuesto, con la ayuda e implicación de las distintas administraciones que deberán asumir su responsabilidad y culpa en este asunto.

No puede ser que un proyecto adjudicado a la empresa más barata, base su ejecución y viabilidad en grandes modificados y no haya responsabilidades. Las empresas redactoras del proyecto deben asumir parte de esa responsabilidad ya que como se ha mencionado anteriormente, un buen proyecto ayuda a una buena ejecución y evita sobrecostes. Pero también es cierto que las administraciones deben usar todas las herramientas a su alcance para evitar que el criterio que siga primando en la mayoría de las adjudicaciones sea el precio.
Las empresas deberíamos estudiar mejor las obras y saber la baja que admiten realmente, no jugando con la suerte de un proyecto mal redactado o con encontrar subcontratistas con dificultades que accedan a trabajar a cualquier precio.
Por otro lado, la lógica nos dice que las pequeñas y medianas empresas de Andalucía tendríamos que tener muchas más posibilidades de ser adjudicatarios en nuestra Comunidad, ya que conocemos mejor nuestra tierra y tenemos menores costes tanto para estudio como ejecución de la obra, consiguiendo ventajas competitivas por conocer mejor el terreno, pero esto no siempre es así cuando priman los criterios económicos principalmente.

Las puntuaciones deberían de ser todas por criterios objetivos, y valorar que la ejecución total o parcial por parte de la adjudicataria, sea con poca parte de subcontratación, de manera que se valore el que la empresa disponga de personal y parque de maquinaria propio. De esta forma las ofertas de los contratistas no se basarían en posibles supuestos de contratación, si no en costes reales de sus medios productivos.

Es necesario que las empresas andaluzas continúen creciendo en tamaño ya que eso nos dará la posibilidad de tener opciones a obras de mayor volumen, dando un mejor servicio con menor coste.

Se podría hacer referencia a las antiguas constructora, que eran especialistas y aportaban y contrataban directamente todos los medios, y no generalistas, y con el tiempo se han convertido en gestoras de obras con medios ajenos.

Ana Chocano Román. Presidente CEACOP

La Construcción Es Parte de la Solución. Este mantra que estamos promoviendo desde los primeros días de la crisis sanitaria no es solo un lema. Es una realidad.

La pandemia provocada por el COVID-19, que colapsó el sistema sanitario en el mes de marzo, condujo a las autoridades a confinarnos en casa para frenar el avance de los contagios. Sanitariamente ha sido un éxito, pero las consecuencias económicas que derivan del encierro vamos a tardar tiempo en superarlas.

Ya hemos pasado por varias situaciones similares de paralización en el sector de la construcción. De la más reciente, no habíamos logrado reponernos aún. Quizás por nuestro empeño y las experiencias vividas, sabemos que vamos a sobreponernos. Y además en esta ocasión nuestro papel va a ser protagonista.

La Construcción genera mucho empleo y además de forma casi inmediata. Destinar recursos públicos a infraestructuras no es un gasto, es una inversión, y ahora más que nunca.
No solo tiene un retorno del 62% de lo invertido vía tasas, impuestos, etc., sino que además el resultado de la inversión, lo diseñado y construido, queda al servicio de la sociedad. Carreteras, colegios, depuradoras, hospitales, conducciones de agua, sistemas de transporte, líneas férreas, todos son fundamentales para retomar la actividad de la sociedad. Por otra parte, genera muchos puestos de trabajo, rebajando las cifras de desempleo y ahorrando en subsidios. Para cualquier persona es mucho más gratificante poder ganarse el sustento con su trabajo en lugar de recibir ayudas.
Por estas razones, desde CEACOP hemos trasladado a las Administraciones nuestra disposición como sector, como aliado fundamental para combatir la crisis económica a la que nos enfrentamos ahora. Era imprescindible, en primer lugar, retomar la licitación y continuar con los procesos de contratación interrumpidos durante dos meses. Eran nuestras propuestas de carácter inmediato, que ya se están desarrollando.

Deben ir seguidas de inversiones a corto plazo. Hay que asegurar un volumen de inversión en Andalucía de 4.000 millones de euros, que permitirá no solo mantener la actividad de nuestros trabajadores, sino incorporar personal a nuestras empresas, procedentes de otros sectores de actividad, como el turismo, la restauración o el sector hotelero, que van a tardar un poco más en retomar la actividad. Podemos ser una tabla de salvación para muchos trabajadores.
En paralelo se deben ir desarrollando planes a medio plazo que permitan el mantenimiento del empleo y asegurar nuestras infraestructuras.

En definitiva #LaConstrucciónEsParteDeLaSolución, y estamos en disposición de colaborar todos unidos, Administraciones, trabajadores y empresas, para hacer de esta idea una realidad.

José Luis Martín de Santos. Director General ODISA S.A.

Desde hace más de 12 años, el sector de la construcción en España, y de forma especial la obra pública, se encuentra en el más absoluto desamparo por parte de las administraciones públicas y de la sociedad en general. Acusado de ser el gran causante de la crisis iniciada en el 2007, asociada a la promoción inmobiliaria y a los grandes casos de corrupción del país, el desprestigio sectorial ha sido exponencial desde entonces.

Los ajustes presupuestarios que las administraciones han hecho en todos estos años siempre han tenido como primera consecuencia la bajada de las partidas de inversión en construcción y conservación de infraestructuras. Esto de forma acumulativa nos ha situado en unos niveles mínimos. Es tal la importancia que la clase política, y por tanto dirigente, otorga a nuestro sector que, en las varias campañas electorales de este pasado año, no hemos visto en ningún debate hablar de inversiones en infraestructuras por parte de algún partido de ámbito nacional.

La incorrecta e inadecuada planificación y priorización de las inversiones posibles han agudizado los problemas del sector, ya que no han sido llevadas a cabo por el interés global del Estado, sino por otros criterios electoralistas o en base al poder obtenido por las fuerzas políticas minoritarias que condicionan políticas de gobierno.

Es cierto que tenemos grandes empresas constructoras a nivel mundial, las seis u ocho grandes multinacionales de nuestro sector, para las que las cifras de su actividad en España son ya ínfimas desde hace mucho tiempo, pero… ¿qué sucede con las numerosas pymes que forman el tejido empresarial del sector? Pues que se están muriendo día a día. Ninguna Administración ha contemplado nunca la necesidad de reconversión de este sector. Para aliviar esta situación es preciso que los recursos presupuestarios a destinar a la construcción y conservación estén muy bien planificados y abarquen muchos proyectos necesarios, de poca cuantía, pero útiles a la sociedad, en lugar de algunos megaproyectos que tardarán en ser realidad, si es que llegan a serlo algún día.
Además, todo proyecto debe contemplar un riguroso estudio de su relación coste-beneficio para la sociedad, que abarque todo el tiempo de su vida de servicio, y no solo responder a impulsos políticos cortoplacistas.

Paliando problemas de seguridad vial, ampliando la capacidad de enlaces e intersecciones, rehabilitando estructuras en ferrocarriles y carreteras, modernizando obras hidráulicas, mejorando la accesibilidad a los centros productivos, a los puertos, aeropuertos, incorporando nuevas tecnologías a las infraestructuras, conservándolas y evitando su deterioro, se genera riqueza, se fomenta el empleo y gran parte de lo invertido revierte a las arcas públicas vía impuestos. Esto no es nuevo, es sabido desde hace mucho tiempo, pero hace falta gestores con experiencia y determinación que lo impulsen.
Necesitamos pues con urgencia que se dignifique nuestro sector. Parece que cualquiera es constructor, que todo está impregnado de corrupción, que los ingenieros y demás técnicos intervinientes ya han perdido el prestigio que tenían, que está mal visto trabajar en la construcción, etc.

Las obras deben ser adjudicadas a precios que no incurran en temeridad, que cubran costes para garantizar el empleo digno, la calidad de lo ejecutado y la sostenibilidad de las empresas. Está mal visto que las empresas constructoras ganen dinero en una obra -dificilísimo actualmente-, e incluso que lo intenten, cuando en otros sectores se proclama a los cuatro vientos la bondad de obtener grandes beneficios.

Las administraciones y sus empresas públicas no pueden llegar a favorecer los contratos por el precio a toda costa, llegando alguna de ellas incluso a adjudicar obras y asistencias técnicas por subastas electrónicas sin límite de baja, justificando este método en que el contrato en cuestión no conlleva un trabajo intelectual a diferencia de la realización de un proyecto. ¿No es sumamente indigno esto?
Los trabajos de toda la cadena del sector deben tener un reconocimiento de la cualificación de las personas y empresas implicadas, y en aquellos casos en que la actuación de estas se desvíe del marco legal la justicia debe actuar con diligencia, pero no se debe demonizar a todo un sector.

Para tener más probabilidades de éxito en la gestión y para dar importancia al sector de la construcción, las administraciones deben poner preferentemente al frente de los departamentos de infraestructuras a personas cualificadas con experiencia en la gestión del propio sector, favorecer la formación profesional de todas las categorías profesionales que se requieren, para recuperar el interés en ser trabajadores de la construcción, hay una gran necesidad de personal cualificado a pesar de la poca actividad en marcha.
También las administraciones deben adoptar medidas que favorezcan la concentración de empresas, el empleo y desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación con aplicación directa en el sector para lograr una mayor industrialización y poder así ganar competitividad, a la par que simplifiquen los ya excesivos trámites administrativos para pymes y autónomos.

La labor de asociaciones sectoriales como Ceacop es muy importante para lograr la necesaria dignificación y defensa del sector. La coordinación con asociaciones afines y la elaboración de un plan de actuación en este sentido es importante, pero todos los asociados debemos aportar nuestro compromiso, colaboración, iniciativas y recursos para lograrlo, y conseguir que las políticas y presupuestos públicos respondan a la dignidad que merece el sector.