Arturo Coloma Pérez, secretario general de CEACOP

La desconfianza y el desconocimiento no pueden ser los fundamentos que dicten las normas de contratación de obra pública.

Las reglas de licitación, adjudicación y ejecución contractual siguen siendo un asunto en tela de juicio de manera recurrente. Una y otra vez volvemos a poner malas soluciones para un viejo tema como es la relación entre la administración y las empresas constructoras.

Un aspecto clave es el papel del funcionario en el control del proceso. Su capacitación y experiencia resultan determinantes. La obra y la ingeniería son procesos complejos que precisan de mecanismos de solución de las vicisitudes que van apareciendo durante la ejecución. También se precisa de una amplia experiencia en la ingeniería y en los aspectos relacionados con las obras.

Debemos seguir recordando que, a pesar de todos los avances tecnológicos en cálculo y diseño tanto de métodos como de herramientas digitales, la realidad es que cada obra es un prototipo nuevo, único, con emplazamientos en el territorio diferentes en cuanto a suelos, orografía, clima, riesgos etc. Todo no puede ser previsto en el contrato, por lo que algunos problemas o necesidades no detectadas previamente surgen durante la ejecución de las obras y se precisan fórmulas para solucionarlos técnica y económicamente.

Precisamente por esta alta complejidad es importante la homologación de la capacitación de las empresas (clasificación), la intervención de los técnicos cualificados adecuados al tipo de obra y el buen conocimiento del proyecto en sí. Es importante poder valorar y analizar que el contratista es conocedor de la complejidad y realidad de la obra concreta. Y esto lo deben evaluar técnicos competentes, lo que viene a llamarse la valoración técnica de las ofertas y que hoy en día se denomina muy desafortunadamente como criterios de valoración subjetiva pareciendo que fuese un tema valorable sin un soporte de razonamiento técnico.

Por otro lado, la administración conoce el precio de las cosas, y el precio por tanto ofertado por un lado no debería diferir en mucho del presupuestado y por otro lado la amplia competencia existente permite sospechar de las empresas que ofrecen un precio muy por debajo de la media de las empresas. El establecimiento pues de un criterio de temeridad es necesario y debería ser un criterio de eliminación de la oferta automático y sin posibilidad de justificación. Este punto es relevante. Si la oferta es temeraria, pues debería serlo sin más. El aceptar la justificación invita a explicaciones imaginativas al respecto y somete al funcionario evaluador a la alta responsabilidad y quizá discrecionalidad de aceptar unas justificaciones y no otras. Y esto genera además inseguridad jurídica ante los posibles recursos sobre las ofertas finalmente admitidas y las no admitidas. Esto se traduce en procesos muy prolongados en las adjudicaciones si se producen recursos.

La eficiencia de la inversión está más en el buen diseño, en la concepción acertada y en el adecuado estudio de la obra. El precio después debe ser el adecuado y no el más ajustado imaginable ya que la experiencia nos demuestra que finalmente ofertas anormalmente bajas no se van a poder cumplir lo que se traduce en un sinfín de problemas que afectan o impiden que se ejecute lo proyectado finalmente.
Por tanto, para la elección de las empresas se requiere un equilibrio entre la valoración técnica del estudio y conocimiento del proyecto. La oferta económica debe ser lógica y estar dentro del estudio realizado por la administración.

La pretensión de evitar la valoración de los técnicos y sustituirla por criterios absolutamente objetivos y automáticos conduce tan solo a que finalmente no se adjudique el contrato a la oferta más adecuada para la administración, sino más bien a su fracaso e inejecución. La moderación de las ofertas económicas y el buen conocimiento del proyecto y de su realización han demostrado sobradamente que son el mejor mecanismo para realizar las inversiones del estado en calidad, precios y plazo. Y podemos asegurar que las muy contrastadas fórmulas de adjudicación que ponderan entorno al 50% la oferta técnica y un 50% la oferta económica está siendo un mecanismo muy acertado para adjudicar y realizar las infraestructuras hoy en día.

Si se quiere avanzar en la seguridad y confianza en el proceso adjudicador, siempre se podrán incrementar las medidas de transparencia, de independencia de los valoradores e incluso mecanismos de dobles valoraciones, pero el sistema debería de descansar en todo caso sobre la base de la confianza en la profesionalidad de los funcionarios y técnicos que intervienen.

Ignacio Sánchez de Mora Andrés. Presidente de ASICA.

Determinados Órganos de Contratación, todavía numerosos, consideran que un servicio de dirección de obra, asistencia técnica y/o coordinación de seguridad y salud se puede abonar a tanto alzado suceda lo que suceda durante su prestación, no reconociendo el abono de trabajos adicionales realizados, una vez finalizado el plazo del contrato. Esta circunstancia cotidiana ocasiona asiduamente pérdidas en las empresas de ingeniería y un enriquecimiento injusto en la Administración, que recibe servicios técnicos sin impender. Identificado como uno de los problemas principales que padece el sector, ASICA se ha ocupado de encargar dos dictámenes jurídicos rubricados por sendos catedráticos de Derecho Administrativo (ante las Leyes de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, 30/2007 y la actual 9/2018), una consulta a la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía (resolución 9/2924), que abre la puerta a la aplicación de la Disposición Adicional 33ª para el abono de los servicios de ingeniería, otra a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (informe 39/2024), que la cierra, y la interposición de un recurso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en adelante TARCJA, que ha sido estimado en relación con la indeterminación del plazo (resolución 471/2025)

En concreto, los pliegos recurridos a la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía se corresponden con la contratación del servicio de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra de abastecimiento en alta desde el Cerrillo a Cerro Muriano (Córdoba), en los que se proponía un plazo de “treinta y cuatro (34) meses, a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato. El pliego añadía: Este plazo quedará extendido a cualquier período de ampliación del plazo de ejecución que se autorice para el contrato principal. El plazo de duración del contrato complementario comprende el plazo de duración para la realización de los trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, de conformidad con el apartado uno de la disposición final primera de la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura” y a este respecto, la resolución del TARCJA referida estima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por ASICA y, en consecuencia, anula el apartado del PCAP relativo al plazo de ejecución, a fin de que se suprima la indeterminación analizada en el plazo de duración del contrato complementario de servicios. Asimismo, determina que las incidencias del contrato de obras no pueden suponer una ampliación sine die del contrato complementario de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud.

Desde la fecha de la publicación de la resolución del TARCJA, en  agosto de 2025, estamos a la espera de la nueva redacción de cláusula relativa al plazo de los contratos, si bien se han licitado hasta la fecha 3 expedientes que contienen 11 contratos, lo que podría ser constitutivo de un incidente de ejecución.

Sea como fuere, resulta decepcionante tener que defender ante instancias superiores, tribunales de recursos contractuales y juntas consultivas, un principio fundamental de la contratación pública como es la honesta equivalencia entre las partes, de tal forma que, si el alcance y/o el plazo del contrato se supera, se abona el exceso solicitado, sin pretender una prestación “ad infinitum” de los contratos a sabiendas de que no se abonarán “sine publico impendio”.

Desde ASICA, proponemos la siguiente redacción respecto al plazo del contrato: “de acuerdo con el artículo 29.7 de la LCSP, tratándose el presente contrato de servicios de ingeniería complementario a la obra principal, el plazo de ejecución podrá ser superior al plazo máximo de 5 años previsto en el artículo 29.4 de la LCSP, sin que, en ningún caso, pueda exceder del plazo del contrato principal de obra.

Conforme a lo anterior, el plazo de ejecución del presente contrato se fija en X meses.

En caso de que se supere el presupuesto máximo previsto conforme a la Disposición Adicional 33ª de la LCSP siendo necesario adicionar prestaciones no previstas inicialmente o continuar con la prestación del servicio una vez finalizado el plazo, como consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en la obra principal que afecten, directa o indirectamente al servicio, deberá tramitarse la correspondiente modificación de acuerdo con el artículo 205 de la LCSP.

Esperamos que los nuevos pliegos tipo de la Junta de Andalucía recojan con prontitud lo dispuesto en la transcendente resolución del TARCJA, ya que su implementación garantizará la prestación de mejores servicios de ingeniería, aportando mayor certeza a los Órganos de Contratación en la calidad de la ejecución de las obras públicas en Andalucía.

Arturo Coloma Pérez. Secretario General

En los últimos años, el recurso por parte de las administraciones públicas españolas al sistema de encargo a medios propios ha crecido de forma exponencial, provocando una distorsión significativa en el mercado de la contratación pública. Esta práctica, concebida originalmente como una excepción para casos de urgencia extrema o situaciones críticas para la seguridad, está alcanzando unos importes cada vez más relevantes y crecientes, hurtando al sector privado oportunidades esenciales de desarrollo y crecimiento.

El modelo de medio propio permite a una administración encargar directamente a una empresa pública determinados trabajos sin pasar por un proceso de licitación, eludiendo así la libre concurrencia de las empresas. Esta situación puede ser legal si se ajusta a los casos y condicionantes previstos por la ley, pero cuestionable desde el punto de vista de la competencia y de la eficiencia económica. Empresas como Ineco y Tragsa, entre otras, se benefician de esta posición privilegiada, actuando como extensiones técnicas y administrativas de los ministerios, sin estar sometidas a las mismas exigencias que el resto del mercado y en muchas ocasiones sin contar con los medios para la realización de los trabajos encomendados.

El crecimiento de la facturación de estos medios propios evidencia la magnitud del fenómeno. En el caso de Ineco, su facturación ha pasado de 182 millones de euros en 2015 a 478 millones en 2024, un crecimiento de más del 160% en apenas una década. Tragsa, por su parte, ha experimentado un aumento aún más acusado: de 891 millones de euros en 2015 a más de 2.000 millones en 2024. Este crecimiento no se debe a una mayor competitividad o innovación empresarial, sino a su condición de receptor directo de encargos públicos crecientes año tras año y sin necesidad de competir con el resto del mercado.

Este abuso del modelo tiene consecuencias directas y perjudiciales. En primer lugar, las empresas privadas pierden el acceso a contratos de gran volumen que podrían aportar experiencia, capacidad de crecimiento y de referencias para su actividad internacional.

En segundo lugar, los medios propios operan con costes superiores a los del sector privado. Al no estar sometidos a las exigencias de eficiencia propias del mercado competitivo, sus estructuras de costes son mayores, lo que se traduce en una gestión más cara de los recursos públicos. Una de las cuestiones previas que no se realiza es la de justificar la mayor eficiencia del medio propio en cada encargo. En este sentido vemos en ocasiones cómo el encargo directo puede llegar hasta duplicar el valor de mercado de la actuación.

También se recurre al encargo directo como alternativa a la resolución de situaciones sobrevenidas durante la ejecución del contrato con la empresa privada. En lugar de tramitar un expediente modificado o proceder a una nueva licitación, se produce la resolución del contrato con la empresa y se acude al encargo directo por importe muy superior a la solución valorada por la empresa privada.

Además, esta situación provoca una peligrosa fuga de talento. Las empresas públicas, con presupuestos garantizados y menores exigencias de productividad, pueden ofrecer condiciones salariales más estables y atractivas que muchas firmas privadas, especialmente para perfiles técnicos cualificados. Este trasvase de profesionales destruye el capital humano de la empresa, mina su competitividad y reduce su capacidad de asumir nuevos retos.

Desde un punto de vista estructural, el uso masivo del sistema de encargos como herramienta habitual de ejecución de inversiones debilita la libre concurrencia y la competitividad. Se reduce el acceso y la información de las actuaciones a las empresas, se limita por tanto el acceso al mercado y se puede consolidar una red de contratistas públicos semipermanente.

No se trata de eliminar los medios propios, que pueden cumplir una función útil en contextos puntuales. Se trata de limitar su uso al ámbito que justifica su existencia, y devolver al mercado privado el protagonismo en la ejecución de los servicios y obras que por otra parte financia con sus impuestos.

Podría parecer que fuera necesaria una reforma legal al respecto, pero lo que realmente se necesita es un estricto cumplimiento del uso previsto en la ley dentro del espíritu con el que fue redactada. Si se considerara oportuno un cambio normativo, éste debería acometerse tras una profunda y amplia reflexión, contando con la participación de las empresas de ingeniería y construcción privadas y con las organizaciones empresariales del sector.

 Es imperativo garantizar que el sector público no actúe como competidor desleal, sino como catalizador de desarrollo para las empresas privadas, que son, en definitiva, quienes generan empleo, innovación y riqueza.

Arturo Coloma Pérez. Gerente CEACOP

Un año más, la Junta de Andalucía se propone aprobar las cuentas para 2025, y un año más constatamos una falta de apuesta decidida por el sector de la obra pública, sector tractor para el crecimiento económico y el empleo en nuestra región. Si bien es cierto que los presupuestos se han incrementado respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 48.836 M€, en lo que se refiere al capítulo de infraestructuras esta subida se convierte en un recorte al congelar las cifras de inversión lo que supone un ajuste real del 3% a la baja.

Las cuentas se centran en tres focos de consumo de recursos públicos: Educación, Sanidad y Políticas Sociales. Tres pilares básicos fundamentales de la sociedad, que requieren sin duda de estas partidas, pero para hacer posible su impulso estás deben desarrollarse dentro de un territorio que cuente con las adecuadas infraestructuras que cubran sus necesidades y que esté bien comunicado, por lo que invertir en infraestructuras en también invertir en Educación, en Sanidad y en Políticas Sociales. Esta es la parte de la que nuestros dirigentes se olvidan cuando tienen que reformular las cuentas.

Tras analizar con detenimiento la más que compleja documentación que definen los presupuestos, llegamos a la conclusión de que se ha producido una congelación de la inversión en términos reales. La inversión en infraestructuras debe incrementarse anualmente no solo para la construcción de nuevas actuaciones necesarias para la sociedad sino también para poder conservar lo ya construido. Y esto no se puede hacer manteniendo las cifras absolutas y menos teniendo en cuenta que los precios actuales son superiores en un 30% a los previos de la crisis del COVID.

Invertir en infraestructuras no es un gasto sino una inversión: gran parte de lo destinado vuelve a la administración vía tasas, impuestos y tributos. Lo construido queda al servicio de la sociedad y se generan empleos directos e indirectos. Sin embargo, debemos señalar que las inversiones en obras civiles y de edificación no son la totalidad de las presupuestadas ya que suponen solo una parte de los importes, entre el 30 y el 50% del total presupuestado variando según consejerías, debido por una parte a otras tipologías de inversión (actuaciones en el ámbito digital, maquinarias e instalaciones, diversas ayudas a la modernización del campo o la actividad ganadera, etc.).

A esto hay que añadir que nos preocupa la creciente e importante asignación directa de obras a TRAGSA, lo cual repercute muy negativamente para nuestro sector ya que esta adjudicación directa nos deja fuera del potencial mercado en libre concurrencia.

Otro de los puntos que me preocupan es la drástica disminución de las partidas autofinanciadas hasta en un 25%. Conseguir más fondos externos no debería incidir en disminuir las inversiones autofinanciadas que son las que se pueden realizar independientemente de los programas europeos disponibles en cada momento, y que no tienen por qué ajustarse a la totalidad de las necesidades de Andalucía. No me sirve la excusa que nos dan desde la administración de que no hay dinero para actuaciones con fondos propios y que solo se pueden hacer aquellas que encajan con determinado programa europeo, porque esta excusa está haciendo que se deje de conservar nuestras carreteras, por ejemplo. Y lo que me preocupan aún más ¿qué pasará cuando no existan financiaciones adicionales?

Un año más, hacer un llamamiento a la lógica, de que sí nuestro tejido empresarial está compuesto en un 90% por pymes, las actuaciones deben estar diversificadas en inversión y tamaño en función a la realidad de nuestro sector productivo. No se pueden concentrar las inversiones en pocas actuaciones de gran importe, porque entonces nuestras empresas no podrán optar a ellas, y recordemos que son las principales valedoras para la creación de empleo y actividad en nuestro territorio. 

Y como conclusión entendemos que las cifras distan todavía de las adecuadas para poder acometer las numerosas e importantes infraestructuras necesarias para una Andalucía modera y competitiva, que permita el desarrollo de todo su potencial.

Arturo Coloma Pérez. Gerente CEACOP

Una de nuestras principales recomendaciones a la Administración Pública siempre ha sido defender la importancia de mantener y conservar lo ya construido, lo cual consideramos fundamental para no perder la inversión realizada en su momento, así como para que las infraestructuras que diseñamos y construimos sigan cumpliendo la finalidad para la que fueron creadas.

La red viaria andaluza, con más de 23.300 kilómetros, es la segunda en extensión de todo el territorio nacional, lo cual obliga a dedicar más recursos a su conservación. Desde CEACOP mantenemos una enérgica reivindicación para que se aumente el esfuerzo inversionista para preservar nuestras carreteras. Si bien se aprecia una recuperación del sector -aunque todavía no se han alcanzado ni de lejos los niveles de inversión previos a la crisis de 2008- el mantenimiento de nuestra red de carreteras actualmente es muy deficitario. Entre otras consideraciones, los fondos de recuperación europeos no han considerado la conservación de carreteras como actividad elegible a pesar de los indudables beneficios en la seguridad y en el ahorro energético que supone mantener la red en condiciones. La gran inversión en infraestructuras ha ido al ferrocarril y apenas han tenido una mínima cabida algunas renovaciones de firmes “disfrazadas” de eficiencia energética y sostenibilidad. La falta de planificación y de presupuesto asignado a nuestras vías durante estos últimos años ha dado como resultado que éstas se encuentren en un estado altamente deficiente, lo que supone un elevado y creciente riesgo para los conductores, además del sobrecoste que representa que no se hayan mantenido en buenas condiciones estas infraestructuras, ya que reparar es más caro que mantener. Es comentario popular el lamentable estado de las carreteras andaluzas por parte de muchos conductores que nos han visitado en los últimos tiempos.

La vida útil de una mezcla asfáltica es de 10 años, por lo que debemos hacer un trabajo de rehabilitación y conservación durante este ciclo. Entendemos que se deberían invertir del orden de 300.000 euros por cada kilómetro de autovía en ese periodo de tiempo. Llegados a este momento, cuantificamos por tanto en 400 millones de euros el presupuesto que se debe consignar anualmente a las carreteras andaluzas por parte de todas las administraciones para su correcta puesta a punto. Sin embargo, solo se está destinando una cuarta parte de la inversión necesaria.

Al inicio del verano, conocíamos la noticia de que el Gobierno central había adjudicado obras de emergencias por importe de 10 millones de euros para el “arreglo” en la A-49 en la provincia de Huelva y en la A-4 a su paso por Jaén y Córdoba. En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado tres millones de euros para ejecutar 217 actuaciones de rehabilitación en la autovía del V Centenario, entre los kilómetros 31,5 y 132,8, es decir, hasta la frontera con Portugal. En lo que respecta a la provincia de Jaén, son 303 actuaciones de rehabilitación del firme en la A-4 (entre los kilómetros 256,25 y 347), con una inversión de 4,6 millones. Mientras tanto, en Córdoba se han ejecutado 89 actuaciones en esta misma autovía (entre los kilómetros 374 y 435) por importe de 2,6 millones de euros.
Sin duda, estas vías presentan un estado lamentable y es necesaria su urgente intervención. Pero su mantenimiento no puede relegarse a contratos de emergencia, sino que deben ser actuaciones planificadas y presupuestadas. Como podemos apreciar, estas cantidades destinadas son muy inferiores a los mínimos que se deben considerar y en la práctica consisten en parchear allí donde hay baches importantes. Es decir, una operación de urgencia parcial y temporal impropia de una red moderna y en condiciones de uso conforme a su diseño, definición y prestaciones. Tampoco podemos olvidar que esta fórmula de contratación directa sin publicidad está impidiendo la libre concurrencia de todas las empresas.

Las inversiones deben destinarse a la mejora de pavimentos, equipamiento, mantenimiento de instalaciones y limpieza de vías a través de los contratos de conservación de carreteras, los cuales deben también contar con la financiación adecuada.
Desde CEACOP hemos trabajado para que la Junta de Andalucía, responsable de los contratos de conservación de carreteras de titularidad autonómica, reconociera la revisión del precio de los expedientes para compensar la subida de los costes, ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación, ampliando los materiales incluidos en el Decreto Ley 4/22. Si bien no conseguimos todo lo solicitado a la Administración, también es cierto que ya se ha incluido en los futuros contratos una revisión que alcanza a los materiales destinados en las conservaciones.

En definitiva, necesitamos una política más decidida y sostenida de inversiones en conservación de carreteras que permita su máxima y adecuada funcionalidad y que evite un deterioro de las mismas, que supondrá a la larga un coste de reparación o reposición muchísimo más elevado, a la par que una continua molestia para los usuarios. Las partidas de conservación deben considerarse un “fijo” dentro de los presupuestos de las administraciones y no un mero “parche “como sucede hasta ahora.

Rosa Hafner. Directora- Editora de Andalucía Inmobiliaria

Pocos sectores en España han generado tanto empleo y riqueza a lo largo de las últimas décadas como el de la Construcción. Sí, en mayúsculas. En mayúsculas por su relevancia económica y por la innumerable cantidad de otros campos que agrupa: inmobiliario, promoción, ingeniería, consultoría, obra pública, mantenimiento, arquitectura, servicers, tasadoras, cementeras, PropTech… Y de manera indirecta se podrían añadir decenas de actividades auxiliares como turismo, energía, carpintería, mobiliario, electricidad, fontanería o la propia banca.

En estos tiempos tan cambiantes, es momento de analizar la situación actual y asentar las bases para que esta industria siga siendo una pieza básica para la economía nacional y, por tanto, para la creación de puestos de trabajo. Es el momento de mirar hacia el futuro y de afrontar retos decisivos, entre los que podríamos mencionar los siguientes: colaboración, innovación, digitalización, industrialización y tamaño.

Así, uno de los ejes fundamentales para impulsar el sector debe ser mejorar la colaboración entre todos los agentes implicados en un proyecto: promotor/arquitecto/constructor/proveedores, integrándolos desde el momento que surge la idea, de forma que permita equiparar alternativas y costes, con suficiente anticipación.

Es necesario superar la desconfianza entre promotores y constructores, históricamente enfrentados por costes y plazos, y esto solo se resuelve con transparencia y anticipación y para eso se requiere innovación y digitalización.

Una herramienta positiva en este ámbito, entre otras disponibles, es el contrato abierto, que busca la total transparencia entre las partes, al recoger condiciones técnicas y precios de los materiales y soluciones constructivas, y aporta la mejor solución posible de costes.

La innovación es igualmente imprescindible para mejorar la productividad. No en vano, este sector se ha visto sometido a un proceso de digitalización tan profundo y veloz que en el último lustro se ha transformado más que en las últimas cinco décadas. Esta vertiginosa reconversión hace necesaria la inversión en herramientas tecnológicas y una buena comunicación entre las partes implicadas en el diseño y construcción de los edificios -proveedores, diseñadores, promotores- para buscar soluciones. Y todo ello con la suficiente antelación, evitando así sobrecostes y retrasos.

También hay que evolucionar hacia una construcción más eficiente y sostenible, dando pasos definitivos hacia la industrialización. Esto permitiría estandarizar procedimientos, reducir los tiempos de diseño y ejecución de los proyectos, aumentar la eficiencia o reducir costes sin rebajar la calidad, pero es que, además, se configura como uno de los principales instrumentos para mitigar uno de los grandes problemas que hay en España como es crear un parque de viviendas asequibles.

Y, por último, resulta fundamental que las empresas del sector incrementen su tamaño sobre la base de una equilibrada estructura de sus balances. Con ello, conseguirán multiplicar la capacidad para invertir en innovación y formación de sus equipos, así como más facilidad para acceder a fuentes de financiación distintas de las tradicionales y desarrollar proyectos de mayor envergadura donde es posible alcanzar productividades y márgenes más elevados.

Todo lo anterior permitirá que el sector de la Construcción siga siendo un actor de primer orden, un actor que ha auspiciado un cambio radical de nuestro país, mejorando la economía y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

JUAN MANUEL MEDINA TORRES. DECANO DE LA DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos está presente en cada momento en la vida de las personas. Con esa magnitud casi inabarcable, pero cierta. Los Ingenieros de Caminos, desde su dimensión profesional y a través de sus empresas constructoras y consultoras, son artífices y protagonistas de las obras e infraestructuras que hacen posible una Andalucía en crecimiento y desarrollo, al servicio de los ciudadanos, y que engrasan los motores económicos de nuestro territorio. El sector de la obra pública es el generador de la dinámica transformadora y revitalizadora de nuestra sociedad.

Por ello, esta ventana virtual que me ofrece precisamente el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y la Obra Pública (CEACOP), cuando voy a cumplir mi primer año y medio como Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; se presenta como una oportunidad única para hablar de tú a tú a todos esos líderes anónimos del impulso constante de nuestra Comunidad. Para poner de manifiesto qué y cuánto aportamos. Para ofrecer nuestra unión como una fortaleza difícil de ignorar y que debe ser oída por quienes planifican, proyectan y construyen.

Como corporación, siempre – y reitero, SIEMPRE- hemos defendido la inversión en obra pública; y hemos ofrecido nuestro apoyo y colaboración a las administraciones, empresas e instituciones del sector para que Andalucía siga creciendo, con una inversión suficiente, equilibrada, ordenada y con cabeza; y con un compromiso real de ejecución de lo planificado.

Toda decisión de inversión debe estar justificada por sus efectos directos e indirectos a medio y largo plazo sobre la mejora de la economía del país, y no deben emprenderse inversiones aisladas que no se justifiquen por efecto sobre el conjunto del territorio y su rendimiento social y económico. E insistimos en la conveniencia de profundizar en la mejor utilización de aquellos sistemas, como la colaboración público-privada, que permiten adelantar las dotaciones de fondos necesarias distribuyendo el impacto de las mismas en el presupuesto a lo largo de su periodo de utilización, y al mismo tiempo mejorando, a través de una juiciosa selección de las condiciones de contrato, el coste conjunto para la sociedad de su construcción y operación. Porque las empresas son un pilar fundamental en las infraestructuras, y es necesario que tanto administraciones como sociedad vean su importancia en el sistema.

Seguimos poniendo nuestra competencia técnica al servicio público, para la redacción de planes de infraestructuras coherentes con las necesidades reales de nuestra tierra, que dibujen una Andalucía mejor conectada, sostenible y que favorezca la generación de riqueza y empleo.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos somos profesionales formados y competentes para asesorar, diseñar, calcular, proyectar, planificar, dirigir, gestionar, construir, conservar y mantener todas las infraestructuras sobre las que desarrollamos nuestra vida: las obras públicas de los recursos hidráulicos y energéticos, de los puertos y las costas, de las vías de comunicación y transportes, de las áreas de urbanismo, edificación, estructuras, ordenación del territorio, así como del acondicionamiento medioambiental. Sin olvidar, la gestión de la seguridad y salud, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos sistemas de trabajo –como el BIM- o del arbitraje, mediación y peritaje judicial. Polifacéticos y transversales, excelentes gestores, con una capacidad técnica y competencial de amplio espectro que suponen un valor añadido.

En nuestra toma de decisiones prima el encontrar la mejor solución para dar respuesta a una necesidad concreta detectada, teniendo en cuenta tanto factores constructivos, mejores materiales a emplear, impacto en el medio ambiente y sí, también el coste económico, no sólo de la fase de construcción sino también de la explotación de lo construido, incluyendo en esta fase la conservación. Somos versátiles. Formamos parte de las Ingenierías de todos los tamaños, grandes y pequeñas, asumiendo roles tanto de técnicos puros como labores directivas. Desde ellas, de estas empresas consultoras y constructoras, se logra un papel trascendental en el sistema.

Desde este prisma competencial, quiero que pongamos la mirada en la generación de ciudades más amables con el ciudadano y el medio, que avancen en la integración de vías y transportes intermodales, que creen flujos equilibrados y apuesten por una movilidad más plural, verde y eficiente. Asimismo, insto a promocionar la presencia de los profesionales del sector en nuevas actividades que demandan perfiles con nuestras capacidades y competencias, como la logística, las energías renovables, la innovación sostenible, la gestión empresarial y de equipos, o la de grandes fondos, como los tan nombrados Next Generation.

Autor. Manuel Enrique Figueroa Clemente. Catedrático de Ecología y Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla

Una referencia obligada hoy ante la situación que vive el planeta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde figura de forma explícita el problema del Cambio Climático (Objetivo 13 Acción por el Clima). La sostenibilidad nos invita, quizás nos obliga por una razón de justicia ambiental que engloba la justicia social, a que nuestras acciones de hoy no tengan efectos sobre el presente y el futuro impidiendo que las generaciones futuras disfruten de los mismos servicios que nosotros. En la idea de sostenibilidad, en su definición más admitida, hay una proyección de futuro, ya que se habla de las generaciones venideras. La idea es esencial, pero no podemos perder de vista el presente, la generación que vive hoy y las generaciones pasadas con las que convivimos, en esencia, nuestros mayores,  a veces olvidados. La definición clásica de sostenibilidad parece que pone el énfasis solo en el futuro, de hecho los fondos que esperamos de la Unión Europea se acogen al concepto de Next Generation. Por supuesto que debemos garantizar el futuro de las nuevas generaciones pero debemos actuar pensando en el presente de nuestra sociedad. Nuestras acciones no pueden modificar negativamente, tener una incidencia no deseable, en nuestra vida actual. Esta cuestión me resulta esencial, ya que parece, en determinados discursos, que ponemos la vista en el futuro (a escalas diferentes 2030, 2040, 2050) perdiendo el sentido y la oportunidad del presente, en lo que podría ser una huida hacia delante injusta para la generación actual. Creo que las acciones debemos ejercerlas ahora de forma decidida y contundente, y de esta forma nuestro modo de hacer tendrá consecuencias hoy y, por supuesto, en el futuro.

La sostenibilidad tiene una proyección ambiental, pero también social y económica. Y no podemos olvidarlo. La construcción y la generación de infraestructuras son un activo estratégico con una gran proyección social y económica sin duda y, por ello, nuestro modelo de desarrollo, en relación con ambos conceptos, debe ser sostenible, con acciones positivas en el tiempo presente y con proyección para las generaciones venideras. La sostenibilidad ambiental del modelo constructivo debe ser muy clara y estar bien definida con indicadores robustos, en paralelo con su imprescindible proyección social, impregnada de justicia social, y motor económico en un marco de economía distribuida, constituyendo un motor para el bien común, concepto imprescindible para una sostenibilidad real más allá de discursos genéricos y sabidos, muchas veces cargados de vacio conceptual. En nuestro modelo de sostenibilidad también incluimos, como incorporación conceptual innovadora, la sostenibilidad afectiva. La obra civil debe favorecer el contacto entre las personas en el marco de las ciudades mediante la adaptación de los proyectos urbanos hacia este fin.

La descarbonización de nuestra sociedad es necesaria por un motivo de justicia global, si el camino de la descarbonización lo toman todos los países o grupos de países, como la Unión Europea, será posible reducir el riesgo de alcanzar ese límite de temperatura que no es deseable y que generaría efectos muy indeseados especialmente para los más vulnerables. Pero la descarbonización tiene también una incidencia local, si seguimos por el camino que vamos de emisión incontrolada de gases de efecto invernadero, el efecto global (ambiental, social y económico) en nuestra comunidad, en Andalucía, será fatal. Tenemos que reducir emisiones por nosotros mismos, en caso contrario se podrían cumplir las agoreras predicciones de los modelos climáticos previstos oficialmente para Andalucía. Debemos insistir en que los efectos ambientales, sociales y económicos podrían ser muy negativos. Andalucía, con su sector productivo al frente, debe ser un ejemplo para España, Europa y el mundo.

Pero el reto no solo compete al sector productivo, también lo es para el sector público. El sector público es responsable de un importante volumen de obra tanto en ciudades como en el territorio y, por ello, debe ser consciente de su responsabilidad, generando licitaciones donde la lucha contra el cambio climático sea una realidad. En determinadas licitaciones ya aparece el concepto de Huella de Carbono, pero solo como un valor a tener en cuenta. El camino debe ser otro, la Huella de Carbono debe ser un imperativo para poder presentarse a una licitación pública. En el momento presente esta cuestión tiene que ser relevante para el sector empresarial. Considero que el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) debe tomar la iniciativa de la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización de la sociedad, impulsando el cálculo de la Huella de Carbono y un plan de reducción de la misma en el conjunto de sus empresas asociadas.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Públicatiene un claro compromiso en la situación ambiental, social y económica planteada a escala global y, especialmente, a escala local en el marco de Andalucía. Desde el Círculo de Empresas se deben poner los medios necesarios para una sociedad baja en carbono, una sociedad descarbonizada impregnada de justicia ambiental y justicia social y, por consiguiente, se deben incentivar algunas herramientas esenciales: el cálculo de la Huella de Carbono, el secuestro de CO₂ a través de los sumideros naturales que representa la infraestructura verde y los Planes Estratégicos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. El Círculo de Empresas puede favorecer en el marco del conjunto de empresas que lo integran el cálculo de la Huella de Carbono, la elaboración de planes de reducción de la Huella de Carbono y la eliminación natural, pasiva y sostenible de CO₂ de la atmosfera a través de la infraestructura verde de las ciudades y del territorio en el marco de sus proyectos constructivos, esencia de su actividad, desde el conocimiento real de la capacidad que tienen las diferentes especies en relación con la captación de CO₂ a través de la fotosíntesis en el escenario de Andalucía, con datos reales sobre nuestras especies vegetales, dejando a un lado modelos generados en otros territorios que no reflejan nuestra realidad ambiental. 

Las infraestructuras andaluzas tienen un compromiso con esta tarea que CEACOP debe potenciar, en la construcción de infraestructuras y edificaciones donde la descarbonización sea cuantificable con indicadores robustos. La divulgación de la importancia de los Planes Estratégicos a nivel de empresa es importante, por ello, facilitar el conocimiento de esta herramienta en el área de influencia del Círculo de Empresas deviene esencial ante los retos planteados. CEACOP, podemos verlo en sus documentos (Memoria Anual 2022) tiene un compromiso muy claro con nuestra sociedad y con el planeta. No es tiempo ya de titulares sino de la acción concreta. Si queremos transformar una sociedad, un modelo social, o una tendencia que no nos gusta y que nos consta que no es buena para el bien común, tenemos que actuar desde el conocimiento material de la realidad. No es ya tiempo de más análisis, sino de la acción sobre lo concreto que permita la transformación hacia una sociedad más sostenible, más justa.

La actuación transformadora necesaria, como hemos indicado, solo puede ser desde el conocimiento de la realidad concreta, de la realidad material, por lo tanto, debemos dotarnos de herramientas de conocimiento proyectables en el modelo de acción a seguir. Para ello, CEACOP se constituye, ya desde su nacimiento en 1996, como una herramienta de acción, y en el tiempo actual, adquiriendo los conocimientos y herramientas necesarias para la labor que se han encomendado como asociación. A tal efecto, el conocimiento suministrado por expertos de saber robusto y experiencia contrastada, con compromiso e ilusión,  representa un valor que CEACOP sabrá poner en valor en relación con los fines que planea que en definitiva se resumen en la búsqueda del bien común como valor colectivo para una sociedad en marcha donde la justicia ambiental y social sean el faro que ilumina la acción.

Los ODS muestran otros caminos relevantes que también se pueden relacionar con la actividad de CEACOP y, con ello, ser motores de transformación para una sociedad mejor, un mundo mejor. Dentro de los ODS, el Objetivo 3 se refiere a “Salud y Bienestar”. Desde la labor profesional de la Asociación se puede avanzar en construcciones, edificatorias o urbanísticas, más saludables. Con este fin, tenemos que conocer la situación ambiental de partida de un determinado proyecto y, mediante la cuantificación de determinados indicadores, determinar el proyecto transformador necesario. Esta iniciativa se puede plantear de forma directa si el proyecto es encargado a alguna empresa de la Asociación o bien, ante una determinada licitación, plantearlo desde la empresa en cuestión del Círculo de Empresas como una mejora valorable en una determinada licitación. Igual se puede plantear ante cualquier edificación consiguiendo espacios saludables y confortables. El Objetivo 6 se refiere a “Agua Limpia y Saneamiento”, el agua será un elemento de conflicto futuro, de hecho ya lo está siendo, tenemos ejemplos cercanos. Por ello, el conocimiento del papel que juegan las especies vegetales en el ciclo urbano integral del agua y también en el ámbito territorial resulta esencial. El Objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” nos plantea el reto de hacer de nuestros espacios urbanos un lugar donde la convivencia sea posible en el marco de espacios públicos saludables y confortables, el proyecto de cada obra debe plantear esta cuestión en el marco urbano, desde el conocimiento real de matriz ambiental y social del enclave objeto del proyecto, con datos actualizados obtenidos sobre el terreno. El Objetivo 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres” se refiere en gran medida a la biodiversidad. Tenemos también como referencia la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, así pues, la biodiversidad debe estar presente en los proyectos que lleve a cabo CEACOP.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública ante la situación actual tiene un compromiso de transformación de realidades, materializado en desarrollar un plan de conocimiento y divulgación sobre sus miembros integrantes incorporando a profesionales de reconocido prestigio y relacionando especialistas de contrastada experiencia en la lucha contra el cambio climático y los modelos de descarbonización. También, contando con los profesionales adecuados, en relación con hacer ciudades mejores, más sociales, contribuyendo además a la protección de la biodiversidad a través del cálculo de la Huella de Carbono y los sumideros naturales de CO₂, colaborando a elaborar los Planes Estratégicos de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Se deben plantear proyectos urbanísticos donde la infraestructura verde rinda los adecuados servicios ecosistémicos, mediante soluciones basadas en la Naturaleza, a las personas y comunidades, a través de las distintas empresas del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública favoreciendo el encuentro de profesionales de probada experiencia y compromiso con las distintas empresas del Círculo, haciendo realidad la necesaria transferencia de conocimiento desde donde se genera hacia las empresas que tienen el deber de conseguir un desarrollo que sea realmente sostenible.

Artículo de Opinión de Ana Estella, Gerente de CEACOP.

Nos encontramos inmersos en una de las etapas más delirantes de la política, la carrera hacia los bastones de mando de nuestros municipios. Nos encontramos en plena campaña electoral. 

En poco más de un mes asistimos a toda clase de promesas, propuestas, críticas, acusaciones, de unos partidos y de otros. Sin duda, no discuto que muchas de las propuestas que lanzan son necesarias y acertadas, al igual que las críticas siempre y cuando sean constructivas, lo que está en debate es en el momento en el que llegan… un poco tarde a veces. El trabajo por nuestra tierra debe ser constante, no se puede hacer con prisas, porque ya sabemos que las prisas no son buenas, y además van en contra de una planificación coherente y ordenada. 

Desde mi butaca de espectadora a este teatro, y desde mi papel como agente social implicado, como parte de CEACOP, plataforma que aglutina y defiende los intereses de más de 250 empresas vinculadas, solo pido coherencia, sentido común y más gestión. La base de acción a seguir deben ser los valores, el trabajo en equipo, la permeabilidad y la transparencia. Conceptos que hoy brillan por su ausencia, desde mi punto de vista, con tanto electoralismo inerte y discurso vacío de contenido.

Siempre he pensado que gestionar un país, un territorio, un pueblo debe ser algo parecido a la de cualquier economía, ya sea familiar y/o empresarial. Es decir, ser capaz de gestionar los recursos al alcance para sacar el mayor rendimiento posible. Me consta que la tarea no es fácil, pero hay que poner empeño en ello. Animo a los gobiernos que resulten elegidos en mayo en esta ardua e importante labor. 

El sector de la construcción, como tantos otros, necesita un apoyo constante, ya que somos impulsores de la actividad y la creación de empleo en los territorios en los que operamos, y desarrollamos las infraestructuras necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad en la que vivimos. 

A los nuevos equipos de gobierno les pedimos que hagan un ejercicio de responsabilidad, que planifiquen las prioridades para llegar a los objetivos marcados para el bien de nuestra sociedad, valoren este sector y se apoyen en él para generar riqueza y empleo. Deben mantener e incluso incrementar las cifras de inversión en obra pública, una vez pasado el periodo electoral. De hecho, han sido ellos, los entes municipales, los que han tirado de la obra pública en Andalucía durante el último ejercicio, siendo los responsables de la adjudicación de 1.198 millones de euros. Sin embargo, también es cierto que fueron los que más contratos dejaron sin resolver debido al rechazo de las empresas a presentar ofertas a proyectos cuyos precios estaban por debajo de mercado. He aquí nuestro caballo de batalla con los ayuntamientos.

Durante el último año, nos hemos topado con la negativa de algunos entes a acogerse al decreto de revisión de precios que aprobó el Gobierno central, desarrollado después en el autonómico andaluz. Les instamos a que reconduzcan esta situación y se adhieran al decreto necesario para el reequilibrio presupuestario de las empresas andaluzas y, fundamentalmente, para que las infraestructuras necesarias para el bien común salgan adelante. 

Del mismo modo, hacemos hincapié en lo que consideramos un abuso de adjudicaciones directas a las empresas públicas Ineco y Tragsa. Es competencia desleal, y el uso de esta medida debe ser algo excepcional y no convertirse en la tónica habitual. Porque al final perdemos todos. 

Tenemos actualmente una oportunidad única con la llegada de los fondos Next Generation UE; seamos ágiles en la gestión y pongámonos todos juntos a trabajar para que no se pierda ni un solo euro, ni un solo puesto de trabajo. Revisen los precios de los contratos, incluyan fórmulas de reequilibrio presupuestario, articulen cláusulas para revisar las obras licitadas y que no se trabaje a pérdidas. Sin duda es un reto, pero estoy convencida de que con voluntad y esfuerzo podremos cumplir con estos hitos. Apostar por las infraestructuras es aportar valor, riqueza, empleo y mejora social. 

José Manuel Jiménez Sánchez. Gerente de INGEDECA CONSTRUCTORA S.L.

¿Hay falta de personal en la construcción? Para ponernos en contexto debemos mirar los datos veinte años atrás, cuando experimentamos un crecimiento exponencial similar al actual.
Entre 2002 a 2008 no se crea la figura del albañil sino del especialista que tiende a trabajar a destajo, con unos sueldos muy altos acorde a sus altos rendimientos. Cuando llegó la crisis de 2008 la construcción ocupaba a 2,67 millones de trabajadores. Este número fue menguando, principalmente en nuestro sector, en el que el paro aumentó en un 168%.
Este escenario creó inseguridad y los trabajadores buscaron refugio en otros sectores. No sería hasta 2015 cuando la construcción empieza a recuperar músculo y la cifra de ocupados crece hasta llegar a 1,31 millones de trabajadores en activo, según el INE.
En poco más de una década se han perdido en la construcción 1,5 millones de puestos de trabajo. ¿Dónde están los que faltan? Algunos están jubilados, otros emprendieron su trayectoria profesional en otros campos que resistieron mejor aquella crisis y, por otro lado hay una gran mayoría de jóvenes en paro que no ven atractivo este sector. No podemos demonizar la situación y pensar que en la construcción no hay personal o el que hay no está disponible porque no quiere trabajar. La realidad es bien distinta.
La sociedad actual busca una tipología de trabajo muy diferente a tiempo atrás. Buscamos estabilidad, recursos suficientes para vivir y capacidad de medir nuestros logros dentro de la empresa. Y no es que el sector no promueva estos hitos, sino que la sociedad no lo percibe así.
También nos encontramos que desde las administraciones no se promueve con agilidad la formación profesional.
La figura del aprendiz -el oficio iba pasando de padres a hijos- ya no existe. Una empresa no puede formar a un trabajador sin conocimiento previo con los sueldos que marcan los convenios, y además con la incertidumbre de que tras su formación se vaya a otra empresa que le ofrezca otras condiciones más ventajosas, aparentemente porque no han tenido que invertir en su formación. Por eso deben existir más políticas que fomenten la formación dual.
Las personas que vivieron la crisis de 2008 no quieren volver a tener que pensar en cómo pagar sus hipotecas. El aumento de desahucios desde 2008 hasta 2013 escaló hasta cifras históricas. Aquellos que lo padecieron aún tienen en su memoria esa realidad que les generó sentirse despedidos de una actividad donde se habían esforzado tantísimos años.
Si cuando se acaba una obra no hay nada detrás, ¿qué? Esa intranquilidad crea falta de pertenencia a la empresa por parte de los trabajadores y una desvinculación total de la actividad. A esto hay que unir la visión general que se tiene sobre la construcción, como un trabajo duro y realizado en condiciones extremas.
Tiene que existir una política de inversión pública y privada estable para mantener los puestos de trabajo. No digo que haya dinero público, pero sí un interés público para tener un crecimiento sostenible. Ejemplo de ello lo tenemos muy presente, con la llegada de los fondos Next Generation que prevé la incorporación de 700.000 trabajadores en la construcción, ¿y después qué? La política del pelotazo ya no vale y los trabajadores no se fían. Lógico.
¿Qué propongo?

• Inclusión de la mujer en el sector de la construcción. La plantilla de INGEDECA tiene un 25% de mujeres. Formar y contratar a la figura de la mujer albañil.
• Dar estabilidad en las empresas para retener el talento. Los trabajadores no pueden pensar en qué va a pasar con ellos cuando acaben la obra que están ejecutando. Tiene que haber una trayectoria empresarial dentro de la propia compañía. Garantía de pertenencia a un equipo.
• Crear una asociación entre los diferentes entes de la construcción y fomentar los ciclos duales con prácticas para que el aprendizaje vuelva a ser una realidad. Que los jóvenes amen la construcción.
• Fomentar bolsas de trabajadores cualificados para garantizar sus puestos. Cuando un operario termine su relación contractual con una empresa debe existir la recolocación de forma rápida con otra del sector. De tal forma que, si una empresa no puede garantizar el puesto concreto de un empleado, éste tenga la tranquilidad que con su profesionalidad seguirá trabajando.
  El convenio de la construcción está dentro de los mejores convenios. Hay que hacerlo saber y exaltar lo positivo de nuestro gremio. Porque promovemos trabajo estable, con posibilidad de aprender muchas cosas de diferentes ámbitos, de crecimiento profesional (empezando por puestos de aprendiz hasta encargado general de empresa). Ofrecemos un horario compatible con la conciliación familiar, fines de semana libres, jornada intensiva en verano. Gracias al avance de la tecnología y la maquinaria, no se requiere tanto esfuerzo físico como años atrás. Además, existe proyección, los puestos de responsabilidad van asociados a mejoras tanto de las condiciones laborales, salariales, etc.

El convenio de la construcción está dentro de los mejores convenios. Hay que hacerlo saber y exaltar lo positivo de nuestro gremio. Porque promovemos trabajo estable, con posibilidad de aprender muchas cosas de diferentes ámbitos, de crecimiento profesional (empezando por puestos de aprendiz hasta encargado general de empresa). Ofrecemos un horario compatible con la conciliación familiar, fines de semana libres, jornada intensiva en verano. Gracias al avance de la tecnología y la maquinaria, no se requiere tanto esfuerzo físico como años atrás. Además, existe proyección, los puestos de responsabilidad van asociados a mejoras tanto de las condiciones laborales, salariales, etc.
En definitiva, somos un sector con mucho potencial, con capacidad de crear empleo rápido y de calidad, solo necesitamos que estos valores se conozcan y desde la Administración pública se apoye nuestra acción.