Así construye la Junta de Andalucía las ciudades de la justicia que pondrán fin a los alquileres millonarios y a la dispersión de los juzgados
- La sede de Jaén, cuyas obras empiezan en 2026, será el primer edificio de España construido por “concesión de obra pública”, una modalidad público-privada en la que la Junta no paga nada hasta que recibe el inmueble
El Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, está desplegando su Plan de Infraestructuras Judiciales, en marcha desde 2023 y con el horizonte de 2030, para construir nuevas sedes judiciales y reformar otras ya existentes. Se edificarán ciudades de la justicia en las capitales andaluzas que no cuenten con ellas y en grandes municipios. El objetivo es recortar los alquileres millonarios de inmuebles para juzgados y poner fin a la dispersión de órganos judiciales.
La Consejería andaluza de Justicia, Administración Local y Función Pública, que dirige José Antonio Nieto, paga anualmente 30 millones de euros para hacer frente a los cientos de alquileres de inmuebles que tiene repartidos por las ocho provincias andaluzas. Es la consejería andaluza que más gasta, con mucha diferencia, en arrendamientos. Esa partida millonaria incluye el edificio Noga de Sevilla, que cuesta al año 2.106.463,15 euros y es el alquiler más caro de Andalucía entre las sedes judiciales. En el otro extremo está el más barato, que es uno de los juzgados de Órgiva (Granada) por el que se abonan 17.698,28 euros anuales, según han informado a EL MUNDO fuentes de la Consejería de Justicia.
Para recortar esa factura millonaria en alquileres, el Plan de Infraestructuras Judiciales, que prevé movilizar 1.500 millones de euros, tiene en marcha varios proyectos. Los más novedosos son los de colaboración público-privada, que se desplegarán en las futuras ciudades de la justicia de Jaén, Huelva o el nuevo edificio de Cádiz. La fórmula elegida por la Consejería -una concesión de obra pública– entraña cierta dificultad administrativa y no se ha utilizado mucho por las administraciones del país, pero tiene la ventaja de que la Junta no paga nada hasta que recibe el inmueble.
Ciudad de la Justicia de Jaén
El proyecto más avanzado es el de Jaén. Precisamente en esta capital se concentran los mayores problemas de dispersión de sedes, con trece inmuebles distintos para albergar juzgados. De los trece, doce son alquilados y solo uno es propiedad de la Junta de Andalucía. Está previsto que las obras de la Ciudad de la Justicia de Jaén comiencen en 2026.
Según la Consejería andaluza de Justicia, este inmueble de Jaén será el primer edificio de España construido por “concesión de obra pública”, la fórmula elegida por la Junta, prevista en la Ley de Contratos Públicos, pero hasta ahora poco explotada en España.
“No ha sido fácil”, pues al ser una fórmula poco explorada genera cierto recelo y requiere además de una tramitación administrativa compleja, “con un estudio de viabilidad previo, que en nuestro caso además se realiza a iniciativa privada, o la posterior elaboración del pliego de prescripciones técnicas que incluye la redacción de los proyectos, su ejecución y su posterior gestión”, ha explicado la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera.
La viceconsejera ha explicado el modelo andaluz de colaboración público-privada para construir sedes judiciales en el mayor foro nacional de inversión en infraestructuras, Investructuras, que esta semana ha reunido en Madrid a 200 profesionales de entidades financieras, constructoras, aseguradoras, asesorías y administraciones públicas.
Entre las ventajas del modelo elegido por la Junta está que la empresa redacta los proyectos necesarios, ejecuta la obra y pone a disposición el edificio, de tal forma que la Administración “no empieza a pagar a hasta que recibe el inmueble”, ha detallado la viceconsejera.
Además, la Junta paga la ciudad de la justicia con “un canon fijo, cuyo coste se puede prever en los presupuestos de manera segura” y, posteriormente ya con la actividad en marcha, “se hacen cargo de todo el mantenimiento, con lo que tenemos un solo concesionario y no es necesario sacar diferentes contratos de mantenimiento, seguridad o limpieza por separado, ni para varias sedes judiciales”, ha añadido.
De esta forma, la Junta puede poner en marcha varios proyectos de envergadura al mismo tiempo, sin necesidad de reservar en los presupuestos partidas millonarias para que comiencen las obras. “Se trata de una forma de financiación complementaria cuando la administración no cuenta con recursos propios para poder abordar infraestructuras necesarias”, ha indicado Corredera.
El Plan de Infraestructuras Judiciales contempla varias vías de financiación: la inversión propia de la Junta, que ha crecido casi un 80% desde 2018; la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones que adelantan la ejecución previo compromiso del Gobierno andaluz de abonar un canon anual durante 30 años con el que recuperarán más de lo invertido; y el uso por primera vez para Justicia de fondos europeos. La otra vía es la colaboración público-privada con la que se van a construir las ciudades de la justicia de Jaén, Huelva y Cádiz.