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Almería: Tres obras de emergencia en la carretera que une Almería y Aguadulce por la costa y 3,5 millones desde 2019

  • Este tramo de la N-340 se encuentra en un acantilado rocoso con alturas superiores a 100 metros a lo largo de unos siete kilómetros

El Ministerio de Transportes -Mitma- ha tenido que intervenir, en menos de tres años, con obras de emergencia por desprendimientos en la carretera de El Cañarete entre Almería y Aguadulce.

El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, recordó ayer que las primeras tuvieron lugar tras las caídas de rocas que tuvieron lugar el 31 de diciembre de ese año, valoradas en 640.000 euros; las segundas, aprobadas tras producirse nuevos desprendimientos el 7 de septiembre de 2020, con un presupuesto de 2,57 millones de euros; y, las terceras, tras las lluvias torrenciales registradas el 22 de octubre de 2021, valoradas en algo más de 300.000 euros. Trabajos estos que comenzaron el 14 de febrero pasado y que están aún en ejecución; y actuaciones todas ellas en las que el Mitma ha invertido desde 2019 más de 3,5 millones de euros.

Desde Subdelegación han recordado que el tramo de la N-340 entre Almería y Aguadulce se encuentra en un acantilado rocoso con alturas superiores a 100 metros a lo largo de unos siete kilómetros. Un macizo en el que la roca no se encuentra en estado sano sino que existen múltiples fracturas: zonas más blandas que dan lugar a pequeñas y grandes vaguadas que sufren la acción del hielo, el agua y el viento que, unido a que se encuentra en una zona sísmica y de ambiente marino, da lugar a la presencia de inestabilidades en una superficie muy extensa.

Es por ello, remarcó el subdelegado que, a pesar de las actuaciones que se lleven a cabo ahora y en el futuro, «no es posible considerar el escenario de riesgo cero». Subrayó, no obstante, Manuel de la Fuente, que los trabajos para su estabilización se han acometido siempre «con celeridad y rigor y se está planteando poner los medios para minimizarlo dentro de lo posible con los recursos y plazos que la Administración puede prestar para tratar de intentar reducir el riesgo en lo posible».