Almería: La desconfianza y la escasez de fondos dificultan el acuerdo del soterramiento
- La Junta pretende pagar toda su aportación con dinero de Europa y el Gobierno estima que eso cuartea la obra y rompe la unidad de acción
¿Cómo es posible que un proyecto tan importante para la ciudad de Almería pueda embarrancar de forma tan drástica?¿Qué motivos pueden estar detrás de un choque tan virulento entre dos de los tres socios que componen la mesa redonda del soterramiento? ¿Cuál es el por qué de una reacción tan airada, por parte y parte, que impida firmar lo que estaba ya listo para pasar por el notario?
El choque de trenes es mucho más complejo que lo que se percibe a simple vista. En una relación, el éxito no está en la perfección de las partes, sino en cómo lidian con sus diferencias.
En este caso, se pueden resumir de forma no demasiado simplista en dos claves. Por un lado está la desconfianza mutua existente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Ninguno se fía al 100% del otro, y mucho menos en un proyecto tan voluminoso, de un calibre como el del soterramiento de Almería: 234,77 millones de euros, el proyecto de urbanismo más caro de entre los jamás diseñados para la ciudad.
Los primeros, los representantes del Gobierno autonómico, desde Sevilla, temen la falta de ejecución de obra pública. Que el proyecto no esté listo en 2026 y que la sociedad Almería Alta Velocidad se arriesgue a devolver 75,3 millones de euros preconcedidos por Europa para las obras en fondos ‘anticovid’, los denominados como Mecanismo de Resiliencia y Recuperación (MRR). Los segundos, ADIF, desde Madrid, que la Junta quiera desvincularse de cualquier riesgo que tenga la obra al cuartearla y dejar por trozos la ejecución a las diferentes administraciones. Cualquier iniciativa del contrario es mirada con lupa ante la sospecha de que pueda haber gato encerrado. De hecho, muchas veces lo ha habido en los más de 30 años de vida de este sempiterno proyecto urbanístico.
Pero más allá de los recelos, el principal motivo está en el bolsillo: Es una obra cara, y cada euro que se ahorre es poco en una actuación tan costosa. El plan del Gobierno pasaba por aligerar la factura con 75 millones de ayudas europeas del MRR para infraestructura ferroviaria (para vías, placas y muros). El Ayuntamiento de Almería fue la administración que más luchó para repartir esas ayudas entre los socios y que no se beneficiara tan solo ADIF, que es a la que atañe principalmente la competencia de esa parte obras. Y en la mesa, todos alcanzaron un pacto de caballeros: repartirían los fondos europeos para aligerar la factura de todos ellos. Son 75 millones que recortarían de forma severa la factura a los tres socios.
La aportación de la Junta de Andalucía pasa desde ese momento de 46,6 millones de euros a 28,08 gracias a estos fondos de Europa. Pero aún así la Junta considera que la factura es elevada para unas cuentas de inversión que están apoyadas en la práctica totalidad de sus acciones en las ayudas casi incondicionadas que su ejecutivo recibe también de Bruselas, los fondos Feder. Apenas hay presupuesto de inversión con fondos propios y este se va a proyectos no financiables por la UE, como las carreteras.
Es en ese momento, cuando el Gobierno andaluz dimensiona el volumen de su participación, cuando idea el plan B, en el que la Junta eleva sorpresivamente a la sociedad el pasado 9 de enero. Toda su factura, los 46,6 millones de euros, se financiarían con fondos Feder. Así la Junta podría guardar su chequera sin firmar ninguno de los vales: toda su participación la paga Europa.
La Junta cree que es una propuesta con la que ganan todos. Ellos se hacen cargo de la estación de autobuses y del parking, con un coste similar al trozo del pastel que le tocaba pagar, y que saldan con fondos Feder. Y los otros dos socios se encargan del resto de la obra con fondos MRR, más dinero de Europa a repartir. Los otros dos socios desconfían: el MRR entraña un riesgo que los Feder no. Y o arriesgamos todos o ninguno.
ADIF considera esto una desvinculación total del proyecto, ya que pasarían de participar económicamente de la integración a hacerlo solo y exclusivamente de dos de sus infraestructuras, bus y parking, que además quedarían bajo su explotación económica –el parking es la única infraestructura que, se estima, va a ser rentable–. Y el Ayuntamiento se echa a temblar ante la posibilidad de perder los MRR: un vale por 13 millones al que no puede renunciar.