• Las presas de Alcolea, Gibralmedina y San Calixto requieren actuaciones urgentes junto a desaladoras y depuradoras para reforzar el abastecimiento y la reutilización del agua

El pasado octubre lanzó su primer aviso. Temporales, tormentas, borrascas, danas, gota fría… los especialistas recurren a una diversa terminología para referirse a esa descarga abrupta de agua y viento que provoca un fuerte impacto en la península, especialmente en la cuenca mediterránea. Adám, que así se llamó el ‘fenómeno’ y su letra capitular demuestra que es solo el inicio, encendió la alarma en toda Andalucía y coloreó de naranja y rojo varias provincias como Málaga y Almería. Dejó más de 600 incidencias en un fin de semana. Y ahora regresan las lluvias.

• La Junta destaca la licitación del nuevo Plan de Ordenación Urbana y anuncia cinco millones de euros en ayudas para municipios que tramiten estos instrumentos

Avances en urbanismo en Bailén y visita institucional. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, se ha reunido este lunes con el alcalde del municipio, Luis Mariano Camacho, para conocer las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en materia de vivienda y urbanismo en la ciudad, entre las que destaca la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y del Plan de Ordenación Urbana (POU).

Durante la reunión, ha valorado positivamente que el Ayuntamiento de Bailén ya ha sacado a licitación la redacción del Plan de Ordenación Urbana (POU) y del Catálogo Urbanístico de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal, un paso más en el proceso de actualización del planeamiento urbanístico de la ciudad.

En la reunión, en la que ha participado el equipo que está trabajando en el PGOM, ha destacado la importancia de que los ayuntamientos cuenten con instrumentos de planificación adaptados a su realidad. Y ha señalado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ofrece un marco normativo más ágil y sencillo para la elaboración de los nuevos planes urbanísticos.

La consejera ha refrendado que, como en el caso de Bailén, «la Consejería va de la mano con los ayuntamientos para que adapten sus planteamientos a la LISTA. Se trata de una ley que ha venido a facilitar y ayudar a los ayuntamientos y a poner suelo a disposición para poder construir vivienda principalmente».

Díaz se ha referido a que el próximo Presupuesto de Andalucía para el 2027, ahora en tramitación parlamentaria, contará por primera vez con una partida de 5 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos que lo soliciten a poder tramitar su planteamiento urbanístico. Se trata de poner «todas las herramientas que están en nuestras manos para poder ayudar, para poner suelo disponible«.

Por otro lado, Rocío Díaz ha incidido en la importancia de construir nueva vivienda porque «quien se va a asentar en un municipio necesita tener un hogar, un lugar donde vivir, desarrollar su vida y desarrollar su proyecto personal y familiar«. Además, se ha referido a las ayudas destinadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén para rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, y al impulso de la vivienda protegida «que es muy necesaria en nuestros municipios».

La visita institucional a Bailén se ha completado con un recorrido por las obras de rehabilitación del edificio residencial situado en el número 35 de la calle Juan Salcedo Guillén, que cuenta con 14 viviendas y dos locales comerciales. La actuación tiene un presupuesto de 372.703,50 euros, parte de los mismos financiada mediante una subvención del programa Eco Vivienda, NextGenerationEu, gestionado por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Gobierno de Andalucía.

Los trabajos incluyen la mejora del aislamiento térmico de las fachadas, patios, medianerías y cubierta del edificio, así como la instalación de 44 paneles fotovoltaicos destinados al autoconsumo de la comunidad. La intervención contempla también importantes mejoras de accesibilidad, con la instalación de un ascensor y la construcción de rampas de acceso al portal, además de otras actuaciones de conservación y seguridad. El objetivo es mejorar la eficiencia energética del inmueble y facilitar la accesibilidad de sus residentes.

• La Agencia de la Competencia reforzará en 2027 la detección de prácticas colusorias porque pueden suponer hasta un 60% de sobrecoste para las arcas públicas

La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía se ha fijado para 2027, entre otros objetivos, reforzar la detección de prácticas colusorias en las licitaciones públicas. Según recoge la memoria presupuestaria de este organismo para el próximo año, se pretende «avanzar hacia un enfoque más preventivo, analítico y coordinado, que permita identificar con mayor antelación indicios de colusión y mejorar la eficacia de la respuesta institucional».

No se trata de una práctica sencilla pese estar muy extendida en los procesos de licitación pública de todas las administraciones. La propia Agencia reconoce que «afectan muy significativamente» a los contratos que ofrecen las administraciones y que acaban generando un incremento de precios y reducción de calidad.

Uno de los casos recientes más conocidos fue el conocido como «cártel del fuego», una supuesta trama de concertación de precios y reparto de licitaciones públicas entre empresas de extinción de incendios forestales activa entre 1999 y 2018 y que tuvo presencia, entre otros lugares de España, en Andalucía.

En el próximo ejercicio presupuestario, la Agencia de la Competencia se centrará en la prevención de cárteles de licitación y de acuerdos restrictivos entre operadores para «asegurar que los fondos públicos se asignen en condiciones de competencia efectiva, transparencia y máxima eficiencia».

En este sentido, se plantea la mejora de los mecanismos de coordinación con los órganos de contratación, mesas de contratación y órganos consultivos competentes, con el objetivo de facilitar la detección temprana de indicios de conductas anticompetitivas, homogeneizar criterios de actuación y reducir los tiempos de respuesta cuando se aprecien riesgos para la competencia en procedimientos de contratación.

El muestreo es una de las prácticas más habituales por lo que se recurrirá «al uso de herramientas de análisis económico, tratamiento de información y cribado de licitaciones públicas, orientadas a detectar patrones de comportamiento potencialmente colusorios».

Según datos de la propia Agencia, los acuerdos entre competidores –la denominada colusión en las licitaciones públicas– tienen un altísimo coste para la eficiencia del gasto público. En concreto, se estima que los procedimientos viciados por conductas anticompetitivas soportan un sobrecoste de hasta un 60 % respecto de aquellos desarrollados en condiciones de competencia efectiva.

El segundo dato que refuerza la trascendencia de este tipo de prácticas es que última memoria anual de la institución apunta que prácticamente la mitad de los asuntos recibidos se refieren a presuntas prácticas colusorias en la contratación pública.

El mencionado documento también aporta datos relevantes que ayudan a contextualizar la magnitud del problema. «Con relación a 2024, el número de informes solicitados por los distintos órganos de contratación del sector público andaluz fue de 11, habiéndose confirmado, por parte del Departamento de Investigación de esta ACREA, el carácter fundado de los indicios en 5 de las licitaciones afectadas».

Abundando en este asunto, señala que «el número de empresas a que se refieren los indicios de manipulación de las licitaciones ascendió a 12 y el valor estimado de los contratos afectados (IVA incluido) se ha elevado a 108.763.139,33 euros».

Pese a ello, solo se abrieron cuatro expedientes sancionadores . en el año 2024, último del que hay datos públicos: dos de ellos a presuntas prácticas anticompetitivas realizadas por operadores del transporte de personas (taxis), uno a presuntos acuerdos entre competidores con el objeto de falsear licitaciones públicas y, por último, uno motivado por la negativa de un operador a someterse a una inspección ordenada por el director del Departamento de Investigación y que ha derivado en la incoación de un expediente por obstrucción.

Junto a la lucha contra las prácticas colusorias, hay otro reto pendiente en el que la Agencia pondrá «especial atención», como son las restricciones al acceso y ejercicio de actividades económicas, las trabas administrativas desproporcionadas, los requisitos no justificados, las barreras derivadas de intervenciones locales, los efectos de determinadas ayudas públicas o subvenciones sobre la neutralidad competitiva y las regulaciones sectoriales con incidencia relevante sobre el funcionamiento de los mercados.

En este sentido, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ya anunció un plan de desregulación en el que se analizarán 461 normas y casi 1.000 procedimientos para disminuir la burocracia.

• La Diputación finaliza los trabajos de ensanche y renovación del firme en un tramo de 1,2 kilómetros de la vía que conecta Albox con Oria

La carretera provincial AL-8101, que conecta la barriada de San Roque, en Albox, con la A-399 en Oria, encara la finalización de sus obras de mejora tras una inversión de 200.000 euros de la Diputación de Almería. La actuación, incluida en el Plan de la Red Viaria Provincial 2024-2025, ha permitido ensanchar la plataforma, renovar el firme y mejorar las condiciones de seguridad de esta vía, que hasta ahora contaba con una anchura de cinco metros.

El diputado provincial de Fomento, Antonio J. Rodríguez, y la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, visitaron los trabajos, que se encontraban en su última fase con las tareas de pintado de la señalización horizontal. La intervención busca mejorar las comunicaciones entre la barriada albojense y el municipio de Oria, además de facilitar los desplazamientos de los vecinos de esta zona de la comarca.

Rodríguez explicó que el proyecto permitirá incrementar la seguridad de la carretera, especialmente mediante la ampliación de su anchura. “Estamos ante una obra que va a suponer una mejora de la seguridad y sobre todo el ensanchamiento de una vía que, hasta ahora, contaba con cinco metros de anchura”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa manifestó su satisfacción por el desarrollo de las obras, al considerar que contribuirán a mejorar la accesibilidad y la seguridad de los residentes en distintos núcleos de población. “Estoy muy satisfecha con los trabajos que se están llevando a cabo en esta carretera porque se mejora la accesibilidad y la seguridad de muchos vecinos que viven en pedanías como el Llano del Espino o la Rambla de Oria. Estoy segura de que vamos a seguir trabajando con la Diputación para que esa mejora continúe”, afirmó.

La intervención responde al deterioro que presentaba la capa de rodadura y a las limitaciones de un trazado estrecho y sinuoso. El objetivo es corregir estas deficiencias y favorecer tanto la seguridad vial como la fluidez del tráfico que soporta esta conexión entre los municipios de Albox y Oria.

El grueso de los trabajos se ha concentrado en un tramo de 1.200 metros, comprendido entre los puntos kilométricos 10+800 y 12+000. En este sector, la calzada ha pasado de los cinco metros de anchura anteriores a una plataforma de siete metros, distribuida en dos carriles de circulación de tres metros cada uno y arcenes de medio metro a ambos lados.

Para ejecutar la ampliación ha sido necesario realizar una veintena de intervenciones puntuales sobre el terreno. Estas actuaciones han incluido desmontes de taludes, cajeos y rellenos en terraplén, además de la ejecución de obras de fábrica, caederos y bordillos destinados a canalizar las aguas pluviales y de escorrentía.

La renovación del firme ha contemplado el escarificado de la calzada existente y la posterior extensión y compactación de una base de zahorra artificial sobre una anchura de ocho metros. Sobre esta superficie, tratada con una emulsión asfáltica de imprimación, se ha colocado una capa de rodadura de cinco centímetros de mezcla bituminosa en caliente, extendida sobre siete metros de ancho.

La actuación se completa con el repintado de la señalización horizontal en un recorrido de 4,9 kilómetros, entre los puntos kilométricos 10+800 y 15+700. Con estos trabajos, la Diputación concluye la intervención prevista para mejorar el estado del firme y las condiciones de circulación en esta carretera provincial.

• Los trabajos continúan a buen ritmo y permitirán modernizar el pavimento y adaptar las distintas zonas para la práctica de las disciplinas atléticas

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, y el concejal de Deportes, Ángel Novillo, han visitado las instalaciones de la Ciudad Deportiva para comprobar la evolución de las obras de renovación integral de la pista de atletismo, unos trabajos que avanzan a buen ritmo y que permitirán mejorar unas instalaciones cuyo estado de conservación hacía necesaria una actuación en profundidad.

La intervención, que cuenta con una inversión de 290.392 euros, tiene como objetivo ofrecer mejores condiciones a los numerosos deportistas que utilizan esta infraestructura a diario, según ha recordado Ángel Novillo, que ha explicado que “los trabajos se encuentran bastante avanzados pese a que todavía no se han cumplido dos semanas desde su inicio” por parte de la empresa adjudicataria Limonta Sport Ibérica SL, que “se comprometió a reducir el plazo inicialmente previsto de dos meses, estableciendo una duración de 30 días, aunque las previsiones de lluvia podrían afectar al ritmo de ejecución durante las próximas jornadas”.

Acabado en color azul

La actuación permitirá renovar por completo el pavimento, que pasará a contar con un acabado de color azul, además de mejorar y adecuar las diferentes zonas destinadas a la práctica de las disciplinas atléticas, entre ellas los dos fosos de salto de longitud, la zona de salto de altura, la zona de salto con pértiga y la ría, incorporándose además una nueva zona de lanzamiento de peso.

Por su parte, Aurelio Fernández ha valorado el ritmo de los trabajos y ha agradecido el esfuerzo de la empresa adjudicataria para acortar los plazos, teniendo en cuenta que la Ciudad Deportiva mantiene su actividad con entrenamientos y competiciones que hacen importante reducir al mínimo las molestias durante la ejecución, subrayando también “el incremento de la práctica deportiva en Lucena y la necesidad de seguir adaptando las instalaciones a esa demanda”.

Nueva cafetería de la Ciudad Deportiva

La visita ha permitido comprobar también el avance de las obras de la nueva cafetería de la Ciudad Deportiva, iniciadas a finales del pasado mes de agosto por el Grupo Agroparefema S.L. y que cuentan con una inversión cercana a los 90.000 euros. La previsión es que los trabajos puedan estar finalizados durante el primer semestre del próximo año, dando respuesta a una demanda de deportistas, familias y acompañantes que acuden a diario a estas instalaciones y que hasta ahora no disponían de un servicio de este tipo para tomar un café, refresco o comida.

Desde el Ayuntamiento de Lucena ya se trabaja en la preparación de la futura licitación para la concesión del servicio, con la intención de que la cafetería pueda entrar en funcionamiento lo antes posible una vez concluyan las obras. “Ambas actuaciones se enmarcan en el proceso de mejora y ampliación de los equipamientos deportivos municipales, con el propósito de adecuar la Ciudad Deportiva tanto a las necesidades de sus usuarios como a la actividad que registra durante todos los días de la semana”, ha concluido el alcalde.

• La GMU requerirá a las comunidades que acrediten la revisión y, si no la realizan, podrá ejecutarla de forma subsidiaria y pasarles la factura

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba comenzará a partir de 2027 a requerir la inspección técnica de aquellos edificios sobre los que existan indicios o sospechas de problemas estructurales. Así lo han trasladado fuentes municipales a Diario CÓRDOBA, que explican que el Ayuntamiento podrá realizar las inspecciones de forma subsidiaria y repercutir su coste a las comunidades de propietarios que no atiendan los requerimientos.

Esta es la previsión municipal ante la proximidad del 31 de diciembre de 2026, fecha en la que finaliza el plazo establecido por la normativa andaluza para que los edificios afectados dispongan de su primera Inspección Técnica de Construcciones y Edificaciones (ITCE), una revisión destinada a comprobar su estado de conservación.

Según explican las fuentes consultadas, actualmente se está desarrollando el periodo de cumplimiento voluntario, que concluirá al finalizar el año. A partir de entonces, los técnicos de Urbanismo podrán intervenir en aquellos inmuebles en los que tengan constancia o sospechas de deficiencias estructurales.

En estos casos, la GMU requerirá a las comunidades de propietarios que acrediten haber realizado la inspección. Si no disponen de ella, les exigirá que la lleven a cabo y, en caso de incumplimiento, podrá asumir su ejecución de forma subsidiaria, trasladando posteriormente el coste a los propietarios.

Las fuentes municipales precisan que estas actuaciones se desarrollarán a partir de 2027 y se dirigirán a edificios en los que existan indicios de problemas estructurales.

Unas 50.000 viviendas afectadas en Córdoba

La posición municipal llega después de que el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara hayan alertado reiteradamente sobre la proximidad del vencimiento del plazo y la falta de información dirigida a las comunidades de propietarios.

Según las estimaciones realizadas a partir de los datos del Catastro, unas 50.000 viviendas de Córdoba estarían afectadas por la obligación de pasar esta revisión, especialmente en barrios con un parque inmobiliario envejecido, como Ciudad Jardín, Santa Rosa, Valdeolleros, Sector Sur, Miralbaida, la Fuensanta o Parque Figueroa.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, ha criticado que la labor informativa está “muy parada” y ha señalado tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía. En términos similares se ha pronunciado el presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Córdoba, Pablo Muñoz Bretón, quien considera que Urbanismo “se ha puesto un poco de lado”.

Muñoz Bretón estima que el coste de estas inspecciones oscila entre 1.500 y 2.000 euros por comunidad, dependiendo de las características del inmueble, a lo que habría que sumar las posibles reparaciones que se deriven de la revisión.

• El proyecto, que forma parte de la nueva carretera de acceso a la Alpujarra, se ha impuesto a la presa de Escaba, en Argentina, y al puente de acero de Utrecht

El futuro viaducto de Lanjarón, que forma parte de la nueva carretera de acceso a la Alpujarra y que se encuentra de momento en obras, ha sido reconocido con el primer premio de los Dual Community Awards 2026, unos premios que reconocen la excelencia y la innovación en el campo de la ingeniería estructural.

El proyecto, cuyo enconfrado ha sido realizado por Grupo Alsina, tiene 166 metros de longitud, y se ha impuesto a los otros dos finalistas: la presa de Escaba, en la provincia de Tucumán (Argentina), y el nuevo puente de acero de Meersburg, en Utrecht (Países Bajos). La nueva carretera, que permitirá sustituir un trazado complejo y de tráfico elevado, tiene en el viaducto uno de sus puntos más destacados.

“Este premio refleja la capacidad de nuestro equipo para afrontar desafíos constructivos de gran complejidad y convertir el conocimiento, el cálculo y la creatividad en soluciones que hacen avanzar la construcción”, asegura Manuel González, director del departamento de Ingeniería y Estudios de Alsina. La compañía, como proveedora de la UTE que está ejecutado la obra, ha diseñado y suministrado el encofrado (es decir, las estructuras temporales que soportan el hormigón) tanto del viaducto como del túnel contiguo.

Esta era una obra compleja, condicionada por la orografía de Lanjarón. El principal reto del proyecto era la fuerte pendiente del trazado, con desniveles superiores a 40 metros. Además, la altura del viaducto y las características del terreno dificultan la creación de apoyos convencionales sobre el terreno.

A pesar de que la nueva carretera se terminará de completar próximamente, Dlubal destaca que el sistema de estructuras “ya se ha instalado y operado con éxito”.

Dlubal razona que el proyecto ha resuelto un reto de ingeniería complejo mediante un modelo digital avanzado. El reto era sostener una gran losa durante la construcción del viaducto, con estructuras temporales capaces de soportar cargas muy elevadas y grandes distancias entre los puntos de apoyo. La solución escogida permitió integrar el diseño de las diferentes fases de hormigonado, garantizando la estabilidad y evitando la aparición de deformaciones.

Más de 140 patentes a lo largo de su historia

Grupo Alsina facturó 152 millones de euros en 2025, un 22% más que el año anterior. La compañía, especializada en encofrados y servicios de alto valor añadido, ha registrado más de 140 patentes a lo largo de su historia y tiene más de 1.200 trabajadores actualmente. Dentro de España, Andalucía es uno de los principales mercados de Alsina. En la región, Alsina da empleo a cerca de 70 trabajadores.

“Aportamos conocimiento y técnica al sector de la construcción de los 17 países en los que operamos”, afirma Jaume Alsina, vicepresidente ejecutivo de Grupo Alsina. Con 3.000 obras en marcha, “el objetivo del grupo es facturar 250 millones de euros en 2032”, asegura Alsina. Gracias a la capacidad de cálculo de sus ingenieros y a sus avances tecnológicos, Grupo Alsina puede acortar los plazos de construcción y ganar productividad, siempre con los máximos estándares de seguridad como bandera.

• Desde Osmond esperan poder comenzar el próximo año los trámites administrativos para llegar a una explotación

La minera australiana Osmond quiere instalar una mina de titanio, circonio y tierras raras en el norte de la provincia de Jaén, en el término municipal de Montizón, y, aunque los plazos al hablar de este sector nunca bajan de varios años, parece que ya empieza a vislumbrarse una meta temporal aproximada. Según ha podido saber Jaén Hoy, la compañía solicitará en 2027 el pase a concesión. Este es el trámite por el que un permiso de investigación minera pasa a convertirse en una concesión de explotación. Es decir, el proyecto Orión dejaría de estar únicamente en una fase de búsqueda y estudio del yacimiento y obtendría el derecho administrativo a extraer y aprovechar los recursos minerales, siempre que cumpla los requisitos legales y ambientales. 

Los trámites administrativos a los que tiene que hacer frente esta iniciativa empresarial no son menores, pero desde la promotora confían en que este sea declarado estratégico por parte de administraciones, lo que según la normativa europea alargaría como mucho el proceso burocrático hasta los 27 meses. Creen que esa denominación no tardará en llegar por el valor y la concentración de titanio, circonio, rutilo y tierras raras que hay en el subsuelo del norte de la provincia de Jaén.

Proyecto estratégico

“La Ley Europea de las Materias Primas establece que un proyecto minero debería estar aprobado o tramitado en 27 meses. Eso nos da un calendario de máximos para cuánto se podría tardar en tener esa autorización. También esa ley establece la figura del proyecto de interés estratégico, que implicaría reducir los trámites administrativos a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? No que se vayan a hacer las cosas más rápido, sino que le darían prioridad sobre otros proyectos no estratégicos, lo que conllevaría una reducción importante de tiempos. Creemos que no tendremos ningún problema para obtener esa declaración dado que tenemos tres minerales estratégicos y cinco críticos. Además en materias tan importantes como las tierras raras, el titanio y el circonio”, argumenta para Jaén Hoy el responsable del proyecto Orión, Gonzalo Mayoral.

A esos 27 meses habría que sumar que desde Osmond calculan que tardarán aproximadamente dos años en construir la mina, por lo que para verla operativa aún habrá que esperar al menos cinco años. Cabe recordar que hablamos de una mina cuya construcción supondrá una inversión cercana a los 270 millones de euros y que empleará de forma directa a más de 400 personas y de indirecta a más de 2.000. Está prevista además la instalación de una planta de concentrado del mineral capaz de procesar dos millones de toneladas al año de mineral extraído del yacimiento ubicado en la zona del Avellanar, en plena Sierra Morena, y que estiman que puede albergar más de 60 millones de toneladas.

• Urbanismo rechaza una propuesta para transformar dos parcelas industriales de Palmas Altas en suelo residencial al considerar que podrían ser necesarias para el futuro crecimiento del complejo judicial

El Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado una propuesta para construir edificios residenciales de hasta once plantas en Palmas Altas, junto a la Ciudad de la Justicia. La Junta de Gobierno Local acordó el pasado viernes 6 de noviembre no admitir a trámite el avance del Estudio de Ordenación presentado por Inmobiliaria Viapol, que pretendía transformar dos parcelas actualmente destinadas a usos industriales y comerciales en suelo residencial. El principal argumento de la Gerencia de Urbanismo es que estos terrenos podrían resultar necesarios para el futuro crecimiento del complejo judicial.

La iniciativa afectaba a dos parcelas (M2 y M3) situadas en los números 11 y 13 de la avenida de Palmas Altas. Actualmente, el planeamiento permite construir edificios de hasta tres plantas, destinados a almacenes, talleres y locales comerciales, con oficinas como uso compatible.

La promotora pretendía modificar estas condiciones para levantar bloques residenciales de hasta once plantas y aumentar la edificabilidad de 13.100 a 51.400 metros cuadrados, prácticamente cuatro veces más. La propuesta también contemplaba reducir la superficie de suelo destinada al aprovechamiento privado de 13.100 a 8.065 metros cuadrados, reservando otros 5.035 para espacio libre público.

La futura ampliación de la Ciudad de la Justicia impide transformar dos parcelas de Palmas Altas en vivienda

El rechazo municipal está directamente relacionado con la ubicación de estas parcelas, situadas en el entorno donde la Junta de Andalucía está desarrollando la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla. Según recoge el informe de Urbanismo, que remite a la información publicada sobre el proyecto, el complejo contempla disponer de más de 130.000 metros cuadrados de superficie judicial para 2028. La Administración autonómica ya ha adquirido, además, otras parcelas vacantes del sector.

“Es un proyecto ambicioso para la ciudad que busca concentrar en un único espacio todo el entramado judicial, hasta ahora disperso en varios edificios, y ha sido presentado como un gran centro moderno, funcional y sostenible”, recoge el Ayuntamiento. “A la vista del ambicioso proyecto presentado, que deberá acoger el crecimiento judicial de los próximos años y su transformación organizativa, es más que previsible que necesite espacio adicional para su crecimiento futuro y, por tanto, no parece lógico cambiar el uso de los suelos incluidos en el ámbito a residencial ni agotar la capacidad edificatoria limitada por la poca accesibilidad del área”, continúa justificando.

Así, los técnicos municipales consideran previsible que la Ciudad de la Justicia necesite nuevos espacios para atender su crecimiento futuro. Por eso, advierten de que “no parece lógico cambiar el uso de los suelos incluidos en el ámbito a residencial ni agotar la capacidad edificatoria limitada por la poca accesibilidad del área”. Además, el Servicio de Planeamiento considera que la propuesta no justifica suficientemente el beneficio que supondría para Sevilla el cambio de uso y el aumento de edificabilidad. La normativa exige que estas operaciones respondan a una mejora de la ciudad y no únicamente a los intereses particulares de los promotores.

Por estos motivos, el Ayuntamiento ha decidido no admitir a trámite el avance del Estudio de Ordenación, por lo que la propuesta no podrá continuar como se ha planteado. Esto no significa que los terrenos queden reservados automáticamente para la Ciudad de la Justicia, sino que Urbanismo considera que su transformación residencial no está justificada, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, las posibles necesidades futuras de crecimiento del complejo judicial.

• El Ayuntamiento contempla 1,5 millones para el pabellón Pepe Flores y 2,2 millones para cubrir instalaciones deportivas dentro de un plan que incluye nuevos espacios, ampliación de horarios y mejoras en los barrios

El crecimiento de Entrenúcleos y la necesidad de adaptar las instalaciones deportivas a una ciudad cada vez más poblada están detrás de una nueva batería de proyectos en Dos Hermanas. El Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa un plan que reúne 30 actuaciones repartidas por distintos puntos del municipio, desde la construcción de un pabellón cubierto hasta la instalación de techos en pistas al aire libre, la renovación de campos de fútbol o la apertura de espacios deportivos fuera de sus horarios habituales.