Málaga: Los deberes de Málaga para el Gobierno que salga del 29N: esta es la lista de proyectos pendientes
- El adelanto electoral al 29 de noviembre deja en el aire proyectos clave para Málaga como el tren litoral, la desaladora de la Axarquía y la financiación del futuro Auditorio
Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales para el domingo 29 de noviembre y, al hacerlo, ha dejado en herencia al Gobierno que salga de las urnas una lista de asuntos pendientes con Málaga que viene de lejos. El presidente anunció el lunes la disolución de las Cortes, unos nueve meses antes de que se agotara la legislatura que arrancó tras las generales de julio de 2023, después de que el Congreso rechazara el viernes anterior los dos decretos de vivienda con los que pretendía responder a las protestas desatadas por el desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años. La campaña empezará el 13 de noviembre.
La lista es larga y casi toda pasa por los mismos despachos: el Ministerio de Transportes y sus empresas, Aena y Adif; el de Transición Ecológica, del que dependen la planificación de la red eléctrica y las obras hidráulicas de interés general; el de Vivienda, y el de Cultura. Hay proyectos con dinero asignado y calendario, como la ampliación del aeropuerto, y otros que siguen en fase de estudio más de veinte años después de plantearse por primera vez, como el tren de la Costa del Sol. Y hay un condicionante común a casi todos: el Estado funciona con los Presupuestos de 2023 prorrogados, de modo que las primeras cuentas que apruebe el próximo Ejecutivo dirán más sobre Málaga que cualquier programa electoral.
Un aeropuerto que se acerca a su límite
El expediente más avanzado es el del aeropuerto. Aena aprobó en julio de 2025 la licitación, por 36,5 millones, de la asistencia técnica que debe redactar el proyecto de ampliación, una obra que la propia compañía cifra en unos 1.500 millones y que define como la mayor transformación de la instalación desde que se inauguró la T3 en 2010. Cinco días antes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había fijado en Málaga el objetivo: elevar la capacidad hasta los 36 millones de pasajeros al año en un aeropuerto que cerró 2024 con cerca de 25 millones.
El plan prevé adaptar el control de seguridad a las máquinas que evitan sacar líquidos y aparatos electrónicos, un control de pasaportes más amplio y un nuevo dique para los vuelos de fuera del espacio Schengen, paralelo a la pista nueva, además de reconfigurar el actual. El área terminal casi se duplicará, de 80.000 a 140.000 metros cuadrados, y desaparecerán la antigua T1 y los diques B y C. La actuación figura en el plan de inversiones de Aena para 2027-2031, el llamado DORA III, que el Consejo de Ministros aprobó el 15 de septiembre con casi 13.000 millones para toda la red y que prevé que Málaga roce los 31 millones de viajeros en 2031.
La letra pequeña de ese documento explica qué parte le toca al próximo Gobierno. El aeropuerto recibirá 830 millones en el quinquenio, frente a los 121,9 del anterior, pero solo 363 corresponden a la ampliación; el resto de los 1.500 millones se gastará en periodos posteriores. Con la redacción del proyecto ya adjudicada a la unión de empresas formada por Cemosa, Fairbanks Arquitectos y Sener, lo que queda es licitar las obras y ejecutarlas con el aeropuerto abierto, sin recurrir a los Presupuestos, porque Aena se financia con sus propios ingresos. Fuera de ese paquete sigue el acceso norte desde la A-7, una carretera cuya obra llegó a adjudicarse en 2018 y que sigue sin construirse.
El tren litoral, a la espera de un estudio
Si el aeropuerto tiene cifra y calendario, el tren de la Costa del Sol no tiene ninguna de las dos cosas. El Ministerio de Transportes sacó a concurso por 1,2 millones y adjudicó en mayo de 2025 un estudio de viabilidad del corredor ferroviario entre Nerja y Algeciras, dividido en cinco ámbitos: Málaga-Fuengirola, Fuengirola-Marbella, Marbella-Estepona, Estepona-Algeciras y Málaga-Nerja. El trabajo tiene 18 meses de plazo, de modo que su entrega está prevista para finales de noviembre, justo cuando se vota. Quien tendrá que leerlo y decidir será, por tanto, el Ejecutivo que salga del 29N.
El documento no es un proyecto, sino el paso previo: debe calcular cuántos viajeros tendría la línea y si la inversión compensa en términos económicos y sociales. El propio Ministerio ha explicado al Congreso que esas cifras servirán para decidir sobre «la conveniencia de la actuación (o de parte de ella)», una fórmula que deja abierta la posibilidad de que solo se aborden algunos tramos. No hay financiación reservada ni calendario de obras, y eso es lo que reclamaron en mayo los cuatro grupos del Ayuntamiento de Málaga, PP, PSOE, Vox y Con Málaga, en una moción conjunta. Marbella, el único municipio español de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria, aprobó en septiembre un nuevo plan general que tendrá que hacerle sitio al trazado en un litoral ya ocupado por urbanizaciones, campos de golf y centros comerciales.
Mientras llega ese estudio, la presión recae sobre lo que ya existe. La línea C-1 de Cercanías entre Málaga y Fuengirola, que usan más de 17 millones de viajeros al año, tiene tramos de vía única que limitan las frecuencias, y lo que Renfe ha puesto en marcha este verano son arreglos en cinco estaciones por 1,1 millones, obras de accesibilidad, iluminación y seguridad que no añaden trenes. La alta velocidad, por su parte, ha enseñado este año su fragilidad: Málaga estuvo sin conexión directa con Madrid desde el 18 de enero, tras el accidente de Adamuz, hasta el 30 de abril, después de que un desprendimiento en Álora cortara la vía en febrero.
Un peaje con contrato hasta 2046
La autopista AP-7 entre Málaga y Guadiaro la explota la concesionaria Ausol con dos contratos que vencen en 2046, el del tramo Málaga-Estepona, y en 2054, el de Estepona-Guadiaro. Las tarifas distinguen entre temporada baja y alta, y este verano, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, el recargo ha sido del 62,91%: el trayecto completo ha pasado de 12 a 19,55 euros por viaje.
La petición de liberar el peaje, o al menos de bonificarlo como ocurre en la AP-9 gallega, es una constante del PP y de la Junta de Andalucía. El Ministerio de Transportes no ha atendido hasta ahora esa petición y sí ha liberado la circunvalación de Alicante, que el Consejo de Ministros dejó gratis en diciembre de 2025; la diferencia es que aquella autopista la gestiona una sociedad estatal y la de la Costa del Sol es una concesión privada con derecho a cobrar. Suprimir el peaje exigiría rescatar el contrato o compensar a la empresa, y bonificarlo, reservar una partida en los Presupuestos. Es una decisión política con coste, y está sin tomar. Lo que sí ha hecho el Ministerio este año en la autopista ha sido instalar pantallas contra el ruido en la variante de Marbella, una obra de 13,1 millones pagada con fondos europeos.
Una red eléctrica sin enchufes libres
El problema que más ha crecido en menos tiempo es el de la electricidad. Un estudio del Foro Industria y Energía con datos de diciembre de 2025 situaba a Málaga entre las ocho provincias españolas sin capacidad disponible en ninguna de sus subestaciones, lo que en la práctica impide conectar nuevas promociones de viviendas o industrias hasta que se refuerce la red.
La respuesta depende de la planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, presentó la semana pasada la versión corregida tras las alegaciones, con más de 17.000 millones de inversión en toda España y, para Andalucía, 19 nuevos parques de subestaciones y 1.283 kilómetros de líneas. En Málaga ha anunciado tres incorporaciones: una subestación nueva en la capital, Málaga Centro, pensada para los desarrollos residenciales y la electrificación del Puerto; la ampliación de la de Cártama para reforzar el parque tecnológico, y otra instalación en Antequera. A ellas se suman tres que arrastran retraso desde la planificación anterior y que el Gobierno considera necesarias para liberar capacidad en la Costa del Sol: Benahavís, Mijas-Ventilla y Saleres.
El propio Groizard ha advertido de que figurar en la planificación no equivale a poder conectarse de inmediato. El documento tiene que pasar todavía por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y por el Consejo de Ministros, y las Cortes están disueltas desde esta semana; después, Red Eléctrica deberá tramitar y construir cada instalación. Si la aprobación definitiva no llega antes de las elecciones, será cosa del próximo Gobierno, igual que el ritmo de las obras.
La desaladora de la Axarquía, con anteproyecto y sin obra
En la Axarquía, la comarca que vio cómo el embalse de La Viñuela se quedaba bajo mínimos en la última sequía, la infraestructura pendiente es una desaladora. El Gobierno la declaró obra de interés general del Estado en mayo de 2023, en el decreto de medidas contra la sequía, y encargó su desarrollo a la sociedad estatal Acuamed. En marzo de este año, la Mancomunidad y las comunidades de regantes entregaron en Torre del Mar el anteproyecto que habían asumido redactar, en un acto con la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en el que la planta se presupuestó en más de 201 millones y se anunció un plazo de ejecución de 30 meses.
Desde entonces han pasado más de seis meses sin avances, según la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía. La hoja de ruta de Acuamed situaba el inicio de las obras a finales de 2027 y su final en 2030, pero dependía de una tramitación ambiental y administrativa que no se ha movido, y el adelanto electoral que temían regantes y alcaldes ya es un hecho. El presidente de la Mancomunidad, Jorge Martín, pide aprovechar que los embalses están de media al 80% al inicio del año hidrológico: «Sabemos que la sequía volverá y el agua embalsada no será suficiente».
A la falta de plazos se suma la discusión sobre quién paga. Montero sostuvo en marzo que el Estado asume una obra que correspondería a la Junta; el Gobierno andaluz replicó que es una infraestructura de interés general del Estado y que el dinero no es a fondo perdido, porque los usuarios tendrán que devolverlo a Acuamed. La Diputación ha exigido por unanimidad que se ejecute cuanto antes. Será el próximo Gobierno el que tenga que redactar el proyecto, tramitarlo, resolver el suelo y licitar la obra.
Vivienda: 1.362 pisos en Buenavista y un plan en disputa
La vivienda, que es el motivo principal por el que se adelantan las elecciones, es también el capítulo en el que el Estado tiene en Málaga su proyecto más tangible. Casa 47, la entidad pública que ha sucedido a Sepes, promueve en Buenavista, al oeste de la ciudad, un barrio de 1.362 viviendas protegidas repartidas en 14 parcelas sobre unas 27 hectáreas. El origen del sector es un convenio con el Ayuntamiento firmado en 1999; el proyecto de urbanización no ha recibido la aprobación definitiva hasta mayo de este año y las obras para dotar al suelo de calles y redes han salido a concurso por 33,6 millones.
Queda todo lo demás: adjudicar esa urbanización, ejecutarla y, después, levantar los edificios, que todavía no tienen fecha. Y cualquier promoción nueva necesita potencia eléctrica, de modo que este capítulo se cruza con el anterior.
El otro frente son los fondos, es decir, el dinero. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado en abril, asigna a Andalucía 1.197 millones, 877 más que el anterior, dentro de un esquema de cofinanciación en el que el Estado aporta el 60% y las comunidades el 40%. La Junta ha dado el primer paso para plantear un conflicto de competencias al entender que el plan invade las suyas y le obliga a poner 400 millones más, de modo que el próximo Gobierno tendrá que decidir si lo defiende, lo renegocia o lo cambia. Tendrá también sobre la mesa las medidas sobre desahucios y alquileres que decayeron el 2 de octubre en el Congreso, en plena oleada de acampadas que ha llegado a la plaza de la Constitución.
El Auditorio espera 45 millones
El Auditorio de la Música no es una obra del Estado, pero parte de su financiación sí está pendiente de él. El Ayuntamiento, a través de Promálaga, sacó a concurso la construcción el 21 de agosto por 202,6 millones y 48 meses de plazo, y las empresas tienen hasta el 15 de octubre para presentar ofertas. El coste total, con la dirección de obra, asciende a 209,1 millones, y el esquema que el Consistorio trasladó a las demás administraciones reparte la factura así: 20 millones municipales, 25 de la Junta, ya firmados en un convenio, 10 que se pidieron a la Diputación, 45 de la Administración General del Estado y 109,1 de entidades privadas.
La aportación estatal figuraba en ese esquema como “pendiente de confirmación” y el Gobierno no la ha comprometido hasta ahora, pese a que formó parte del consorcio que se creó para impulsar el proyecto, disuelto después por la crisis, y del concurso de ideas que en 2008 eligió el diseño de Federico Soriano y Agustín Benedicto. La parcela, en la explanada de San Andrés, se la compró el Ayuntamiento al Puerto por algo más de nueve millones. El Consistorio no ha esperado a esa respuesta: ha sacado la obra a concurso casi veinte años después de aquel concurso de ideas y quiere poner la primera piedra antes de fin de año. Lo que decidirá el próximo Ejecutivo es si el Estado figura entre quienes la pagan.
También depende del Estado, en este caso del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Pública del Estado, que lleva más de treinta años en una sede provisional y cuya futura casa, el antiguo convento de San Agustín, está en obras desde 2022. El presupuesto ha subido hasta unos 21 millones y Hacienda autorizó en marzo ampliar el gasto para un modificado de la obra, pero el ministerio no ha dado una fecha de apertura.
Baños del Carmen, la obra que ya está en marcha
No todos los proyectos está en fase de estudio. ya que la regeneración de la playa de los Baños del Carmen está en obras con una inversión de 4,97 millones y un plazo de nueve meses, y la maquinaria trabaja ya sobre la escollera del espigón. La actuación, adaptada a la declaración de impacto ambiental que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en 2023, ampliará la playa de 2.700 a 12.700 metros cuadrados e incluye la restauración de las escolleras deterioradas, la mejora de los accesos peatonales y la adaptación para personas con movilidad reducida. La previsión es que esté terminada en la primavera de 2027, de modo que será el próximo Gobierno el que la entregue.
Eso sí, la obra avanza con contestación vecinal. Más de un centenar de personas se concentraron a comienzos de septiembre contra el espigón y la arena de aportación, y la Asamblea por la Supervivencia de los Baños del Carmen sostiene que los trabajos ponen en riesgo el roquedal y, en particular, a la lapa ferruginosa, un molusco en peligro crítico de extinción. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha reconocido que parte de la población se trasladó unos metros dentro del mismo roquedal y defiende que el núcleo principal no se verá afectado. Queda además sin resolver la otra mitad del enclave, la del balneario y los jardines, que depende de un convenio entre el Gobierno central y el Ayuntamiento todavía pendiente.
Sin Presupuestos desde 2023
A todos estos expedientes les afecta el mismo calendario: la falta de Presupuestos Generales del Estado. Tras el 29N, el Gobierno quedará en funciones hasta que haya una nueva investidura, y en esa situación la ley le impide aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Los últimos que salieron adelante fueron los de 2023, prorrogados desde entonces, y con unas cuentas heredadas es difícil abrir partidas para un tren, una bonificación de peajes o una aportación a un auditorio.
La ampliación del aeropuerto, que Aena paga con sus tarifas, y la red eléctrica, que se costea a través del recibo de la luz, no dependen de esas cuentas. El tren, el peaje, la vivienda o el Auditorio, sí. Será en el primer proyecto de Presupuestos del próximo Ejecutivo, del signo que sea, y no en los mítines de noviembre, donde Málaga podrá comprobar cuáles de estos proyectos pasan del estudio a la obra.