• Los trabajos para convertir el Hogar Virgen de los Reyes en una sede policial nunca llegaron a iniciarse, y ahora quedan sin fecha a expensas de que el Gobierno vuelva a licitar la actuación

De albergue a comisaría de la Policía Local. Este es el cambio de uso que decidió dar el Gobierno de José Luis Sanz al Hogar Virgen de los Reyes, un inmueble que en febrero parecía comenzar su transformación. Sin embargo, siete meses después de que la empresa recibiera la adjudicación, el Ayuntamiento de Sevilla ha roto el contrato sin que las obras hayan llegado a iniciarse, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía. Un bloqueo que supone la suspensión -con el consiguiente retraso- de un proyecto que el Consistorio ya trabaja en volver a licitar, según fuentes municipales.

El pasado febrero, la Junta de Gobierno local adjudicó la obra para convertir el Hogar Virgen de los Reyes en la nueva comisaría de la Policía Local del distrito Macarena. El contrato de esta intervención ascendió a 357.000 euros (sin IVA), y se fijó un plazo de ejecución de seis meses “desde el día siguiente a la firma del acta de inicio”, tal como consta en un expediente al que ha tenido acceso este periódico.

El acta de comienzo de los trabajos se selló el pasado 15 de abril, según refleja este documento oficial. No obstante, “en la misma fecha, de forma paralela, se suscribe acta de suspensión de la obra”, detalla asimismo este escrito. “En consecuencia, la Directora General de Edificios Municipales acuerda el 4 de mayo suspender temporalmente las obras referidas”. Es decir: la actuación nunca llegó a empezar. La empresa adjudicataria no ha respondido a las preguntas de este medio.

Se da la circunstancia, además, de que el espacio que se quiere utilizar para el Cuerpo era el antiguo albergue para personas sin techo del Hogar Virgen de los Reyes. Tal como publicó este medio, este espacio quedó vacío a principios del pasado verano, aunque hasta entonces había usuarios en su interior. El documento para arrancar con la actuación en este enclave se había firmado varias semanas antes.

Modificaciones en los costes: el motivo de la discordia

“Dada la importancia de la obra para atender las necesidades de la Policía Local que deriva del propio objeto del contrato, consta que se barajaron posibles documentos de modificado, considerándose viable y acorde a los intereses municipales solo el que cifraba en +23,06% la cuantía a incrementar”, recoge el expediente. “Por tanto, superior al límite obligatorio para el contratista según la LCAP”.

El Ayuntamiento solo vio viable aumentar un 23% el contrato, un incremento prohibido por ley

El 22 de junio, la empresa adjudicataria mostró su oposición a este modificado, basándose principalmente “en que los precios de numerosas partidas (climatización, electricidad, ventilación, …) y la mano de obra se han incrementado, siendo inviables absorberlos con los del proyecto”. Y poco después, ya el pasado 3 de septiembre, la compañía volvió a recalcar al Ayuntamiento que con la situación actual, “de constante y descontrolada subida de precios“, le resultaba imposible la ejecución con los costes establecidos.

Ante este panorama, la adjudicataria planteó dos opciones: o se aceptaba una modificación incrementando bastante más el coste o se rompía el acuerdo. En concreto, la empresa solicitó que se actualizaran los precios hasta alcanzar un aumento del 39,50% del valor original del contrato, “estando de acuerdo con la resolución si conlleva las indemnizaciones marcadas según la Ley”. Y se optó por lo segundo.

Un contrato roto siete meses después

“A la vista de la solicitud del contratista, la Dirección Facultativa emitió un informe el 10 de septiembre proponiendo el inicio del procedimiento para resolver, ya que no acepta el modificado propuesto que excede del 20% del precio inicial del contrato (IVA excluido)”, informa el expediente. Asimismo, se consideró que “no concurre ninguna causa de resolución que conlleve indemnización alguna para la empresa constructora, a la vista de los ítems secuenciales expuestos y de los hechos acontecidos”.

Por todo ello, la Junta de Gobierno local del pasado viernes aprobó de urgencia “iniciar el procedimiento de resolución del contrato de obras de adecuación para la comisaría del distrito Macarena”. “Una vez que finalice la instrucción del procedimiento para resolver el contrato, procederá la devolución de la garantía definitiva depositada por importe 17.850 euros“. Con todo ello, este proyecto tiene que volver a completar todo el proceso: licitación, adjudicación, firma de acuerdos e inicio de obras.

La actual comisaría, “en condiciones infrahumanas”

Con el bloqueo del Hogar Virgen de los Reyes, los efectivos policiales de la Macarena siguen trabajando en la comisaría que han tenido durante todo este tiempo, ubicada en la calle Manuel Villalobos. Una sede que, según denuncia Santiago Raposo, delegado del Csif en el Cuerpo, “está en condiciones infrahumanas”: “El propio José Luis Sanz la calificó de ‘indigna’ cuando era candidato a la alcaldía. Y en estos tres años la situación ha empeorado: hay cucarachas, aseos precintados, aires acondicionados estropeados…”, asegura este representante sindical.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, destacan que continúan las gestiones “para hacer realidad la reubicación de la Jefatura de la Policía Local de la Macarena y mejorar las condiciones laborales de los agentes”. “Tras tener que resolver el contrato de obras a petición de la propia empresa adjudicataria, ya estamos trabajando en una nueva licitación que nos permita retomar el proyecto y llevar a cabo la reubicación de la Jefatura en el menor plazo posible“.

• El Ayuntamiento de Sevilla tramita un expediente que eleva el coste total de la infraestructura hasta los 8,6 millones por ajustes en arbolado, jardinerías o espacios peatonales en el entorno del Duque

La ampliación del tranvibús desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque afronta sus dos últimas semanas de obra de cara al anunciado estreno del 28 de septiembre. De momento, el Ayuntamiento de Sevilla asegura que todo va en plazo y trabaja con que primero haya un periodo de pruebas, para cuando todos los trabajos tendrán que estar prácticamente finalizados, antes de su puesta en funcionamiento. Y ese plazo, en principio, no se va a ver alterado por varias modificaciones de última hora en el proyecto planteadas por la Gerencia de Urbanismo y que, según el expediente que se está tramitando al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, dispararán en 1,4 millones de euros el coste total.

Durante la ejecución de las obras por parte de Eiffage Infraestructuras se han detectado ciertas necesidades o actuaciones no previstas inicialmente como son la integración de nuevos árboles entre José Laguillo y la calle Imagen, la ejecución de jardineras, la creación de áreas de estancia con bancos, o la recuperación de espacio público mediante la eliminación del antiguo acceso al Antiquarium, una infraestructura integrada en la actuación del Metropol Parasol que “ha perdido la funcionalidad para la que fue concebida”.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla tomó conocimiento de este expediente que indica que habría que asumir un incremento del presupuesto destinado a la obra, pero que no afecta a los plazos. Concretamente, se aprueba iniciar el procedimiento de modificación del contrato de ejecución del proyecto, autorizando la redacción de la modificación del proyecto sin que esto suponga una paralización de los trabajos. El expediente aún tiene que pasar por informes de Secretaría General e Intervención, así como la aprobación final de la modificación y del gasto. De momento, está avalado por Urbanismo y Movilidad y cuenta con las firmas de las empresas que están ejecutando las obras.

Cambios en el proyecto para convertir la calle Imagen “en un corredor verde”

Según los informes de la Gerencia de Urbanismo, Movilidad o Tussam, la modificación proyectada constituye “una actuación accesoria y complementaria de la urbanización inicialmente prevista”, que se llevará a cabo “al concurrir circunstancias sobrevenidas no razonablemente previsibles y no producirse alteración alguna de la naturaleza global del contrato”. Todos los cambios se consideran “plenamente justificados” por “motivos de interés público vinculados a la mejora de la habitabilidad urbana, la adaptación al cambio climático y la cualificación ambiental del espacio público”. De hecho, se explica que “la no incorporación de las actuaciones descritas supondría desaprovechar la oportunidad de cualificar ambientalmente uno de los principales ejes peatonales del Casco Histórico de Sevilla y reduciendo el interés general perseguido por la actuación municipal”.

Además, en el informe de Urbanismo se considera que no se altera ni la funcionalidad ni los objetivos, sino que “los refuerza y complementa, transformando la calle Imagen y José Laguillo en un corredor verde y climáticamente adaptado, capaz de compatibilizar la eficiencia del transporte público con unas adecuadas condiciones de confort, estancia y calidad urbana para la ciudadanía”.

Las causas de la necesidad de estos cambios es que la ejecución material de las primeras unidades de obra ha permitido evaluar “con un grado de precisión difícil de alcanzar en la fase de redacción del proyecto la extraordinaria intensidad de uso peatonal de la calle Imagen, la insuficiencia de espacios de estancia y sombra y la conveniencia de incorporar medidas adicionales de infraestructura verde y adaptación climática que garanticen unas adecuadas condiciones de habitabilidad y confort ambiental del espacio público resultante”.

Además, se precisa que las “deficiencias de planificación ni suponen una alteración de los objetivos inicialmente perseguidos por la actuación, sino que derivan de la comprobación efectiva, durante la ejecución de las obras, de necesidades funcionales y ambientales cuya concreta dimensión y alcance no podían ser razonablemente anticipados al tiempo de la redacción del proyecto”.

Más árboles, jardineras, bancos y eliminar el antiguo acceso del Antiquarium

Entre las novedades que se incluyen en el modificado está la implantación de nuevos ejemplares arbóreos distribuidos a lo largo de la calle Imagen y José Laguillo, “con el objeto de generar sombra, mejorar el confort climático y reforzar la presencia de infraestructura verde en macetones, al no existir espacio suficiente en el subsuelo”. También se pondrán jardineras corridas multifuncionales que integran el arbolado y vegetación arbustiva perimetral, “actuando simultáneamente como elementos de protección, ordenación espacial y mejora ambiental”. Y se realizarán los sistemas necesarios para que se puedan desarrollar correctamente las especies arbóreas y arbustivas en macetones y jardineras.

Otra de las intervenciones justificadas es crear nuevas áreas de estancia mediante la incorporación de muretes y bancos integrados en las jardineras, de forma que haya espacios de descanso y de permanencia para los usuarios, “transformando la calle Imagen en un bulevar urbano más habitable y socialmente activo”.

Igualmente, durante la ejecución de las obras, se ha constatado que existe una oportunidad de recuperación de espacio público mediante la eliminación del antiguo acceso al Antiquarium, infraestructura integrada en la actuación del Metropol Parasol que, en la actualidad, “ha perdido la funcionalidad para la que fue concebida, no formando parte de los itinerarios de acceso ordinario al equipamiento ni de los recorridos de evacuación o de las instalaciones imprescindibles para su explotación”.

Todos estos cambios no afectan a los plazos, según los informes. De hecho, la Dirección Facultativa de las obras formuló a comienzos de agosto una solicitud de autorización para la redacción del proyecto modificado de forma que se autorizara la continuación provisional de las obras durante su redacción y tramitación, incluida la ejecución de las nuevas unidades previstas en dicho modificado, y que se aprobaran los precios nuevos contradictorios que resultan necesarios para su ejecución. Por ello, ha continuado esta tramitación mientras se seguía trabajando en unas obras que deben terminar en dos semanas. El plazo máximo establecido en el expediente del contrato de obras es el 30 de septiembre, fecha para la que también tiene que estar justificada la inversión ante la Unión Europea para evitar la pérdida de fondos.