• El Consejo de Gobierno de la Junta autoriza una modificación presupuestaria de 22,99 millones de euros

La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso administrativo para avanzar en la tramitación del futuro hospital de Cádiz. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 22 de julio una modificación de los límites de crédito de varias anualidades del presupuesto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con el objetivo de disponer de cobertura presupuestaria para la futura licitación de la redacción del proyecto y la dirección de las obras del nuevo centro sanitario.

El expediente contempla una redistribución de créditos para los ejercicios 2030, 2031 y 2032 y un incremento de los límites de gasto para las anualidades comprendidas entre 2033 y 2036. El importe global de la operación asciende a 22.991.035,59 euros en el capítulo de gastos destinado a inversiones reales del presupuesto del SAS.

La memoria justificativa es clara al explicar el motivo de esta modificación presupuestaria: «dar cobertura presupuestaria a la licitación de la redacción del proyecto y dirección de obras del nuevo hospital de Cádiz». Se trata, por tanto, de una actuación vinculada a la preparación de la contratación de estos trabajos, y no de una consignación que permita identificar por sí misma el coste total de construcción del futuro hospital.

El expediente incorpora además una referencia a los fondos europeos que resulta relevante para el futuro desarrollo financiero del proyecto. La documentación señala que la licitación se tramitará con las garantías jurídicas y procedimentales que, en su caso, permitirían que el gasto pueda ser certificado con cargo a fondos europeos de este o de próximos marcos de financiación.

La propia redacción del expediente establece así una posibilidad futura, pero no acredita que exista en este momento una financiación europea concedida para el hospital. La Junta pretende tramitar el expediente de forma que, si posteriormente se cumplen las condiciones exigidas por algún programa europeo, el gasto pueda ser asociado a esos fondos.

La memoria explica que, llegado ese supuesto, habría que adecuar el expediente a las condiciones específicas que se establezcan para que pueda ser considerado subvencionable. Para ello existe en la Administración autonómica un procedimiento previamente establecido mediante el formulario FE11, destinado a solicitar la asociación de gastos a fondos europeos.

Por tanto, el documento conocido ahora no supone la concesión de una ayuda europea ni confirma que el nuevo hospital de Cádiz vaya a ser financiado con fondos comunitarios. Lo que recoge es la previsión de tramitar la contratación de manera que exista la posibilidad de asociar posteriormente ese gasto a fondos europeos si se cumplen los requisitos correspondientes.

La modificación aprobada por el Consejo de Gobierno afecta a varias anualidades. En los ejercicios 2030, 2031 y 2032 la Junta plantea una redistribución de créditos entre el artículo 60, correspondiente a «Inversiones nuevas», y el artículo 66, relativo a «Inversiones de reposición», dentro del programa 41C de Atención Sanitaria.

Para 2030, la redistribución asciende a 3.629.962,88 euros. En 2031 alcanza los 3.988.468,17 euros y en 2032 se sitúa nuevamente en 3.988.468,17 euros. Según la memoria, en estos ejercicios existe una necesidad de reforzar el crédito disponible en el apartado de inversiones nuevas.

La situación cambia en las anualidades posteriores. Para 2033 se autoriza un incremento del límite de 4.090.736,59 euros y para 2034 se contempla otro aumento de la misma cantidad. En 2035 el incremento será de 2.112.673,67 euros, mientras que en 2036 alcanzará 1.089.989,52 euros. La suma de las modificaciones planteadas en todas las anualidades alcanza los 22.991.035,59 euros. La autorización corresponde al Consejo de Gobierno al superar el expediente los tres millones de euros por cada nivel de vinculación de crédito afectado, según explica la documentación.

La memoria también señala que para las anualidades 2027, 2028 y 2029 existe crédito adecuado y suficiente en el artículo de inversiones nuevas. Es en los ejercicios posteriores donde resulta necesario realizar las modificaciones presupuestarias recogidas en el acuerdo.

El expediente se enmarca en la hoja de ruta que la Junta ha planteado para el nuevo hospital de Cádiz. En concreto, la modificación presupuestaria está vinculada a la futura licitación de la redacción del proyecto y la dirección de las obras.

A finales de julio, en declaraciones realizadas durante una visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, avanzó que la previsión de la Junta era licitar estos trabajos durante el mes de septiembre.

Sanz recordó entonces que el nuevo hospital cuenta con una asignación de 10 millones de euros en el presupuesto de 2026 y que el proyecto ha sido incluido en la Unidad Aceleradora de Proyectos. Según explicó en aquella ocasión, esta inclusión permite reducir los plazos administrativos asociados a su tramitación.

El responsable autonómico defendió que el futuro centro sanitario supondrá una importante transformación de la asistencia sanitaria en Cádiz y señaló que estará preparado para afrontar las necesidades derivadas, entre otros factores, del envejecimiento de la población y el incremento de la demanda asistencial. Estas declaraciones se produjeron días antes de que trascendiera el contenido del expediente presupuestario aprobado el 22 de julio. El acuerdo del Consejo de Gobierno permite ahora encajar presupuestariamente las obligaciones asociadas a la contratación de los trabajos.

• La Diputación de Cádiz colabora con el Ayuntamiento arcense en la asistencia técnica del desmontaje del viario de San Miguel y en la alternativa que se construirá

Este martes continuaban los trabajos de desmontaje del puente de San Miguel en Arcos. Sus 106 años de historia se acabaron el lunes con el derribo controlado de esta infraestructura que enlazaba el Barrio Bajo con la zona rural sorteando el río Guadalete, aunque sus deficiencias estructurales obligaron a su precintado hace ya casi tres años. En este segundo día sin San Miguel las novedades miran ya hacia el futuro, con el nuevo puente en un horizonte cercano. Este otoño se presentará su diseño, que actualmente se encuentra en proceso de redacción por parte del Ayuntamiento arcense, mientras que el proceso constructivo se lo encargará la Diputación a la empresa pública Tragsa.

La presidenta de la Institución provincial, Almudena Martínez, visitaba las obras in situ junto al alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez, este martes. Los representantes se ponían el chaleco reflectante y el casco para pisar la tierra en la que se está desmontando el antiguo viario de hierro caído este lunes. De esta manera Martínez dejaba constancia de la colaboración de Diputación en el proceso por el que el consistorio serrano ha intentado rehabilitar la infraestructura cerrada a finales de 2024, aunque finalmente la crecida del río por los temporales de 2026 convirtió el proyecto en inviable, optando entonces por la sustitución integral del puente.

Esta conexión histórica y muy vinculada a la memoria sentimental de los arcenses, tal y como han subrayado los representantes políticos esta mañana, ha perecido por los importantes fallos estructurales, primero por la corrosión y luego por la crecida del Guadalete. Su sustituto se encuentra ya en proceso, aunque de momento solo en papel. En estos momentos el Ayuntamiento de Arcos se encarga de la redacción del proyecto, cuyo diseño se conocerá con detalle este otoño.

De momento se conoce que contará con circulación de doble sentido, con acceso peatonal adaptado y que en su diseño contará con un arco para mantener la visión icónica del puente con la peña de Arcos al fondo. El alcalde también ha asegurado que tiene garantizada la financiación, para la que integrará en un futuro convenio a la propia Diputación y a la Junta de Andalucía. “Nos toca afrontar una nueva era, una nueva forma de comunicar la zona baja del pueblo con la zona rural del mismo y ya estamos trabajando en la redacción de un nuevo proyecto, en el nuevo puente de San Miguel que dé soluciones de movilidad a Arcos”, señaló Miguel Rodríguez en su comparecencia con la presidenta.

Almudena Martínez ha anunciado que próximamente se formalizará un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Arcos y la Diputación de Cádiz para prestar asistencia técnica y encomendar a Tragsa tanto la redacción del proyecto de construcción del nuevo puente como la posterior ejecución de las obras. Será por tanto la empresa pública la que se haga cargo de levantar esta infraestructura en lugar de adjudicarse mediante licitación.

Estudio previo de la situación del puente

En la visita también se ha recordado que la Diputación gaditana ha mantenido un papel activo durante la búsqueda de soluciones para el arreglo del puente de San Miguel en todo su proceso de decadencia. De este modo financió el estudio técnico de viabilidad encargado por el Ayuntamiento arcense en 2025 destinado a analizar las posibles alternativas al puente de San Miguel.

Entonces se decidió apuntalar la infraestructura para que no se desplazara más tras la rotura de una de sus vigas, que colapsó por la corrosión de los materiales, y analizar las posibilidades de rehabilitación. Sin embargo, los problemas en su estructura se agravaron con los daños sufridos por la crecida del Guadalete este invierno como consecuencia del tren de borrascas.

El análisis posterior concluyó que el deterioro estructural hacía necesario proceder a su demolición para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Un derribo del simbólico puente de hierro que este martes lamentaba Almudena Martínez por la pérdida de un icono del pueblo. “Es una pena por todo lo que representa sentimentalmente para los vecinos y por ser una parte de la historia de Arcos, pero la seguridad es lo primero. Desde la Diputación hemos estado al lado del Ayuntamiento, financiando ese estudio que permitió conocer las alternativas y determinar la necesidad de actuar, y ahora volvemos a tender nuestra mano para asistir al Ayuntamiento en todo lo que necesite y esté en nuestra mano para que Arcos vuelva a contar cuanto antes con una infraestructura fundamental para la movilidad de la ciudadanía de Arcos”, señaló.

La presidenta se ha comprometido a seguir trabajando para facilitar la recuperación de esta conexión y contribuir a que el Barrio Bajo vuelva a disponer de un equipamiento clave para la movilidad de los vecinos de la localidad en la sustitución de este puente centenario que, pese a su valor sentimental e histórico, ya no podía continuar prestando servicio con las necesarias garantías de seguridad.

• Las empresas interesadas en ejecutar las reformas en las instalaciones de Veiasa tienen de plazo hasta el 23 de septiembre para presentar sus ofertas

La empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), dependiente de la Junta de Andalucía, ha licitado una intervención de mantenimiento y mejora de la estación de Inspección Técnica de Vehículos de Lucena, ubicada en el bulevar de Los Santos. La licitación del contrato ha sido publicada por un importe de 79.013 euros, IVA incluido, y las empresas interesadas han de formalizar sus propuestas técnicas y económicas antes del 23 de septiembre.

Veiasa considera estas actuaciones “menores”, dirigiéndose a objetivos “muy concretos”, con el propósito de afianzar la funcionalidad de las instalaciones para continuar prestando de una forma efectiva el servicio de ITV al municipio y a la comarca.

El frenómetro y velocímetro de motos se trasladará

Entre otras intervenciones, esta obra culminará con el traslado del frenómetro y el velocímetro de motos desde su localización actual, entre las líneas 2 y 3, hasta la nave donde actualmente se desarrollan las pruebas de ruido.

Asimismo, la adjudicataria asume la encomienda de la señalización para vehículos ligeros y pesados en las cuatro líneas disponibles. Por ejemplo, se delimitará mediante bolardos la salida de la línea universal de vehículos pesados y los indicadores horizontales.

Renovación de la pintura de las oficinas

Las labores proseguirán con la ampliación del vestuario y la reducción de la sala de juntas, desmontando la primera zona de taquillas y aumentando el espacio del segundo módulo. Igualmente, serán sustituidas las puertas de aluminio del vestíbulo.

Finalmente, la distribución nueva comprenderá una sala técnica y un despacho de jefa de ITV; además, el contrato contempla la pintura completa de las oficinas y el traslado del aire comprimido y alumbrado a la zona de extracción en fosos al objeto de elevar la superficie operativa por el movimiento del inspector y reforzando la funcionalidad de esta área.

• Habrá partidas para viviendas particulares, edificios municipales, colegios, centros sanitarios y la Alhambra, además de acelerar la cuarta fase de rehabilitación de Santa Adela

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este miércoles Granada justo cuando se cumplen 26 días del primer terremoto de la serie sísmica que sufre Granada y el Cinturón desde la tarde del 14 de agosto. Una visita que se demandaba y se exigía y que ha llegado este miércoles programada para que Moreno anuncie un plan de ayudas de 46,2 millones para los municipios afectados por los terremotos, para recuperar la normalidad tras casi un mes ya con movimientos de tierra y más de 1.700 terremotos detectados.

Moreno ha mantenido un encuentro en la sede de la Junta en Granada, el edificio de La Normal, con los 28 alcaldes de los municipos que han sido afectados por los terremotos, una cifra que ha subido de los 16 iniciales para los que la Junta pedía la declaración de zona de emergencia al Gobierno. También con los comerciantes y vecinos del Zaidín, el barrio de la ciudad más afectado por los terremotos. El encuentro no ha sido en el barrio, en sus calles con grietas, sino en la sede de la Junta en un breve saludo para después sumarse a la reunión en la que han conocido junto a los alcaldes las medidas del plan de ayudas y que se ha prolongado durante hora y media.

El plan es de 46,2 millones de euros para ayudas a la recuperación de viviendas, para los ayuntamientos, sedes judiciales, edificios sanitarios, educativos y la propia Alhambra.

Santa Adela adelanta la cuarta fase

En el desglosado, Moreno ha anunciado que destinarán “ocho millones para garantizar la seguridad de edificios de comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares y reparaciones que no cubran el Consorcio ni el Gobierno”. Además, a petición del Ayuntamiento de Granada, se adelante la cuarta fase de Santa Adela, en el Zaidín, que se tramitará con carácter excepcional y para la que la Junta invertirá 15 millones de euros a través del nuevo Plan de Vivienda andaluz. “Actuaremos en 12 edificios, que suman 150 viviendas, que serán sustituidos en muchos casos por edificios nuevos”, ha detallado Moreno. Esta medida supone la puesta en marcha de la cuarta fase del programa de rehabilitación de Santa Adela, que ya estaba planificada, además de una futura quinta fase, y que engloba a una serie de edificios que han sido dañados por los terremotos pero no la zona de La Cruzada. Para la remodelación de esta zona se elaborará otro plan diferente que tiene que articular el Ayuntamiento y la Junta y para el que quieren contar con la iniciativa privada. Mientras, se repararán las viviendas con los seguros y las ayudas anunciadas.

Esos 15 millones que se ponen sobre la mesa para Santa Adela eran los previstos para esta cuarta fase que ahora se adelanta tras terminar la tercera hace unos meses con el último edificio construido al haber resultado dañadas las viviendas por los terremotos. También tiene que poner el Ayuntamiento y el Gobierno. Ya se está definiendo para que el proyecto de obra salga cuanto antes y se pueda proceder, como en fases anteriores, al realojo de vecinos, derribo y construcción de nuevos edificios. Y también se empezará a impulsar la quinta fase. Aunque tardará su tiempo.

Los ayuntamientos afectados tienen una partida de siete millones para el arreglo de edificios municipales.

La Alhambra recibirá más de 4 millones para asegurar elementos afectados como Comares, la muralla oriental de la Alcazaba, la Torre del Homenaje, Torre Quebrada. Además se priorizarán obras ya planificadas como la conservación de las cubiertas de la Sala de Dos Hermanas para adecuar los proyectos a la situación generada por los seísmos.

Más de 330.000 euros se destinarán a centros de servicios sociales y nueve centros de participación activa y la adaptación de la residencia de Armilla.

Por otra parte, se invertirán más de 160.000 euros en infraestructuras judiciales, 10,2 millones para centros de salud e infraestructuras sanitarias y 1 millón para centros educativos.

Ahora empiezan a correr los plazos y cada ayuda tendrá el suyo. Los ayuntamientos desde hoy pueden pedir las ayudas y tienen diez días. Sobre la rehabilitación en el Zaidín, se hará con los plazos que requiera “rehacer prácticamente esos edificios según la situación de cada uno”.

“Esto no viene solo. Hemos pedido al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada, que se active ya para que empiece a poner en marcha ayudas. Nosotros seguiremos utilizando las nuestras”, ha dicho Moreno, que ha prometido que se pondrán todos los recursos para ayudar también a los granadinos a superar emocionalmente esta situación y la angustia que ha generado.

Agradecimiento a los alcaldes y a los vecinos

“Han atravesado horas difíciles donde la angustia y el pánico han emergido, por lo que gracias a todos los alcaldes afectados”, ha dicho Moreno, que ha defendido que el objetivo era venir a Granada con recursos, para lo que han trabajado desde el propio día 15. “Hemos venido a escuchar a los alcaldes y trayendo aprobadas algunas de las ayudas que vienen a intentar recuperar la normalidad”.

Junto a Moreno estaban también los consejeros de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Economía y portavoz, Carolina España y la consejera de Vivienda, Rocío Díaz.

El plan de emergencia ante riesgo sísmico sigue operativo a día de hoy, según ha asegurado Moreno, que ha agradecido también la labor de los técnicos que han supervisado las viviendas y lo siguen haciendo para tranquilizar a los vecinos. También ha agradecido a los granadinos un comportamiento “ejemplar” a pesar del “pánico” en esas situaciones. Y también su “solidaridad” como ejemplo. “No podemos predecir pero sí podemos prepararnos de la mejor forma posible por si hay nuevos episodios sísmicos”, ha dicho.

Tras la reunión ha hablado también la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha agradecido a Moreno su presencia en Granada y la reunión con los alcaldes y vecinos del Zaidín. “Las primeras horas fueron muy complicadas”, ha reconocido Carazo, que ha agradecido también la coordinación con los consejeros Antonio Sanz y Rocío Díaz y el preparativo de este plan tras conocer los daños en cada municipio. “En nombre de todos los alcaldes agradecemos las ayudas y agradezco la agilidad”, ha dicho Carazo, que ha destacado también el trabajo de los alcaldes desde el primer día en sus municipios.

“Hay que cerrar las heridas, que son físicas, y las que nos preocupan que son las de los vecinos, por lo que la ayuda del Consorcio tiene que ser agil”, ha dicho. “Y hay que cerrar otras heridas, las de los vecinos que hoy viven todavía con angustia y preocupación y que necesitaremos más tiempo cerrar, por lo que pido ayuda para poder tranquilizar y acompañar a los vecinos”, ha reclamado Carazo. “Hemos trabajado muy duro y queremos prepararnos juntos para afrontar el futuro, sabiendo dónde vivimos, colaborando siendo más resilientes aún sabiendo que nuestros edificios han resistido pero tenemos también edificios dañados y personas desalojadas, que son nuestra prioridad para que vuelvan a sus casas”, ha incidido también la alcaldesa.

Carazo ha insistido en la necesidad de colaboración y unidad. “En lo local salimos más fuertes los ayuntamientos, que hemos trabajado juntos tomando decisiones”, tras lo que ha pedido que ahora lleguen las ayudas.

La Junta está trabajando una campaña de información para informar a los granadinos y se va a seguir trabajando en planes de comunicación y la actualización del plan de emergencia sísmica. Todo dentro de un plan de fomento de la cultura de la prevención ante los terremotos. “No se puede predecir un terremoto pero sí podemos prepararnos”, ha dicho.

• El Ayuntamiento celebrará un Pleno extraordinario el próximo 18 de septiembre para aprobar de manera definitiva el PGOM

El Ayuntamiento de Marbella celebrará el próximo 18 de septiembre un Pleno extraordinario para aprobar de manera definitiva el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), un documento que permitirá dotar al urbanismo de la ciudad de mayor seguridad jurídica, así como de nuevos desarrollos e infraestructuras.

Con ello, Marbella se convierte en la primera ciudad de Andalucía en sacar su planeamiento adelante conforme a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que divide aquel en dos documentos como son el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para regular el urbanismo a nivel general y el Plan de Ordenación Urbana (POU) para hacer lo propio con el suelo urbano.

El Consistorio comenzó a elaborar el nuevo Plan General en 2020 bajo el paraguas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), abriendo un proceso de participación ciudadana tras el parón que provocó la pandemia, para posteriormente adaptar la redacción del planeamiento a la LISTA, aprobada en diciembre de 2021. El PGOM fue aprobado inicialmente en marzo de 2023, mientras que el avance del POU salió adelante en enero de 2024.

Marbella arrastra una herencia marcada por la corrupción a nivel urbanístico, perpetrada por los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre 1991 y 2006, cuando el Estado disolvió el Ayuntamiento. Actualmente, el urbanismo de la ciudad está regulado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, aunque en estos 40 años se han redactado varios documentos de planeamiento que han quedado sin efecto por los tribunales.

Uno de ellos es el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por el gobierno de Gil en 1998, y que no fue autorizado por la Junta de Andalucía. En 2010, el PP sacó adelante una revisión del PGOU que contemplaba la regularización de unas 16.500 viviendas ilegales -construidas en la época del GIL-, mediante un sistema de compensación, y que fue anulada por el Tribunal Supremo en 2015.

Ahora, la aprobación definitiva del PGOM supone un nuevo paso en el urbanismo de la ciudad, ya que permitirá adaptar la ordenación a la realidad actual de Marbella y dotará al municipio de mayor flexibilidad para afrontar su desarrollo futuro, según ha declarado este martes la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tras mantener un encuentro con la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz. El documento cuenta con los más de 60 informes sectoriales necesarios para su tramitación favorables.

Incremento del suelo urbano

Uno de los principales cambios que contempla el documento es el incremento del suelo urbano, que pasará de los aproximadamente 40 millones de metros cuadrados contemplados en el planeamiento de 1986 a 53 millones de metros cuadrados. La regidora ha destacado que esta ampliación permitirá avanzar en la planificación de nuevas infraestructuras y equipamientos, incrementar las zonas verdes y favorecer la generación de vivienda, según ha detallado.

En materia residencial, Muñoz ha incidido especialmente en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las personas que trabajan en Marbella y encuentran dificultades para acceder al mercado del alquiler.

“Creo que todo eso abarata el precio de la vivienda, pero sobre todo nos dota de grandes equipamientos”, ha señalado. “Entre las actuaciones y dotaciones que podrán encontrar encaje en el nuevo modelo de ciudad se encuentran equipamientos de carácter estratégico como el Palacio de Justicia, así como nuevas infraestructuras y mejoras en la red viaria”, ha indicado la primera edil.

Por su parte, la consejera ha puesto en valor la colaboración mantenida con el Ayuntamiento de Marbella durante todo el proceso y ha destacado que el nuevo PGOM permitirá dotar al municipio de la necesaria “seguridad jurídica” en materia urbanística.

Díaz ha recordado que la Dirección General emitió el último informe favorable en febrero de este año y ha destacado el trabajo desarrollado desde entonces entre los técnicos, el Ayuntamiento, el concejal responsable y la propia alcaldesa.

Apoyo de los colectivos empresariales

La noticia ha sido acogida positivamente por parte de los colectivos empresariales, que consideran que el nuevo planeamiento dotará a la ciudad de mayor “seguridad jurídica”, así como supondrá un atractivo para “muchos inversores que van a desarrollar”, según ha destacado el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz.

El representante de los promotores andaluces ha apostado por dar “sentido común a la hora de hacer los desarrollos urbanísticos”, subrayando la necesidad de analizar aspectos como los “accesos” o los “aparcamientos”.

“Lo más importante es regularizar la situación de todo aquello que era imposible de desarrollar y que el plan analice todos los problemas de infraestructuras”, ha apuntillado Arranz, quien ha lamentado el “colapso” que se sufre en las carreteras o en determinados puntos de la ciudad, principalmente en temporada alta.

Según ha destacado, “la aprobación de un plan general es muy positiva porque se da una normalidad al tema urbanístico”, al tiempo que ha apostado por hacer una revisión “cada cuatro o cinco años para ver lo que hemos hecho mal y lo hemos hecho bien”.

Por su parte, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (CIT) Marbella, Juan José González, ha considerado que la aprobación definitiva del PGOM “marca un punto de inflexión para nuestra ciudad, porque supone dotarla del marco urbanístico que necesita para seguir creciendo y avanzando en la línea del progreso económico”.

González ha destacado que “para el tejido empresarial contar con un planeamiento actualizado aporta algo esencial, seguridad jurídica”, un parámetro que ha valorado además como un “factor determinante para atraer nuevas inversiones y generar actividad económica y empleo.”

“Propietarios, promotores, empresas y profesionales vinculados al sector inmobiliario necesitan certezas para poder planificar, invertir y desarrollar nuevos proyectos”, ha señalado el representante empresarial.

Por otro lado, ha recordado que Marbella es “una ciudad con una enorme capacidad de atracción y con un tejido empresarial que sigue apostando por ella”, por lo que ha incidido en la necesidad de que “esa capacidad de crecimiento vaya acompañada de una planificación que permita avanzar con mayor agilidad pero también con orden y visión de futuro.”

“Creemos, por tanto, que la aprobación definitiva del PGOM abre una nueva etapa y puede convertirse en una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico de Marbella, reforzar su competitividad y generar confianza entre quienes quieren invertir y desarrollar su actividad en nuestra ciudad”, ha remarcado el presidente del CIT.

• La Junta de Gobierno local aprobará este viernes la propuesta presentada por Provenue y Rusvel, que contempla convertir este auditorio abandonado “en el recinto cerrado más grande del sur de España”

El auditorio Rocío Jurado está un paso más cerca de volver a abrir sus puertas. La Junta de Gobierno local de este viernes va a aprobar el anteproyecto y el pliego de condiciones “a efectos de su sometimiento a información pública” durante 20 días, tal como consta en el orden del día. De esta forma, el equipo de José Luis Sanz ultima los trámites indispensables para confirmar las empresas que reformarán y gestionarán este recinto.

Hace cinco meses, el Ayuntamiento ya admitió a trámite el proyecto de renovación integral para recuperar el auditorio, cerrado desde 2023 y muy deteriorado después de años de abandono y varios incendios. Esa propuesta, elaborada por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos y el Grupo Rusvel, es la que ahora ha recibido la luz verde definitiva, junto a los correspondientes pliegos de condiciones.

Una vez que ambos elementos tienen el visto bueno municipal, el siguiente punto es publicar la licitación, para la que tienen prioridad las dos compañías promotoras. De hecho, si al final la oferta elegida no fuera la de Provenue y Rusvel, estas empresas tendrían derecho de tanteo (siempre que la diferencia entre ambas no supere el 10% de la puntuación total obtenida según los criterios de adjudicación).

Más de 15.000 espectadores y una cubierta

La iniciativa aprobada plantea transformar este emblemático recinto de La Cartuja en un gran espacio multiusos. A grandes rasgos, el plan contempla la instalación de una cubierta -uno de sus pilares esenciales-, así como la ampliación de su capacidad y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos, según consta en un proyecto consultado por este periódico.

De llevarse a cabo esta propuesta, el aforo se elevará hasta los 15.339 espectadores, concretamente. Con ello, este auditorio construido para la Exposición Universal de 1992 pasaría a convertirse en “el recinto cerrado más grande del sur del país“, tal como consta en el proyecto. Un espacio, en resumen, “multiusos, flexible y adaptativo” capaz de albergar desde grandes conciertos hasta formatos más reducidos y exclusivos.

Dentro de las mejoras se encuentra la creación de múltiples salidas para garantizar evacuaciones rápidas y seguras y la implantación de un sistema antiavalanchas que optimice la circulación del público. Asimismo, y siguiendo el modelo del Movistar Arena -cuyo promotor es el propio Provenue-, el documento estima que se crearán 1.427 empleos directos primarios, 276 indirectos secundarios y 386 inducidos.

35 millones de euros y casi 60 años de concesión

La inversión inicial prevista asciende a 34.999.750,50 euros, tal como consta en el expediente de la propuesta. Este importe, cercano a los 35 millones de euros, es la base económica sobre la que tanto Provenue Gestión Instalaciones y Eventos como el Grupo Rusvel justifican tanto la dimensión de la actuación como la necesidad de una concesión administrativa de larga duración ante el Ayuntamiento de Sevilla.

En términos de amortización, los cálculos de estas compañías establecen un periodo de 59 años y dos meses. Este mismo plazo estaría justificado, según los promotres, para la duración de la concesión sobre el auditorio. Un tiempo que, según resaltan, seguiría siendo inferior al máximo de 75 años que permite la normativa aplicable para este tipo de bienes de dominio público.

• La apertura del último sobre de las doce empresas que se presentaron al concurso se pospone sin fecha al no haber finalizado la Comisión Técnica Asesora la evaluación de los criterios

Las obras de la línea 3 Norte del metro de Sevilla son el gran reto al que se enfrenta la capital hispalense en estos próximos años. No sólo por lo que supone ampliar una infraestructura que estuvo enterrada durante años por los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía, sino también por los retos que está provocando y que seguirá generando en la ciudad en una materia tan sensible como es la reordenación de la movilidad. Actualmente, desde la Consejería de Fomento se están ejecutando los que serán los tres primeros tramos del suburbano, con el objetivo de que este trazado entre el barrio de Pino Montano y el Prado de San Sebastián pueda estar en funcionamiento en el año 2030. Para cumplir con el calendario, el siguiente paso debe ser el inicio de los trabajos entre la Macarena y María Auxiliadora, afectando por completo al trazado de la Ronda Histórica.