• La sociedad estatal Acuaes prevé licitar las obras de terminación a principios de 2027 con un nuevo plazo de 18 meses

• Desde Cultura se busca asegurar el éxito de la licitación de los trabajos de reparación de elementos estructurales que quedaron pendientes en la intervención de emergencia de 2024

En un contexto local, regional y nacional donde los desiertos se extienden a sus anchas por la obra pública, desde la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía se quieren asegurar el éxito de la recién publicada licitación de lasobras en el Balneario de la Palma de Cádiz. Así, desde el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, órgano que convoca este proceso público, se ha invitado a las empresas interesadas en abordar la intervención a conocer las instalaciones de este BIC enclavado en la playa de La Caleta.

Para participar en esta visita, que será el 9 de septiembre a las 10.00 horas, las firmas tendrán que solicitar su acceso a través del correo inmuebles.iaph@juntadeandalucia.es donde, antes de la fecha prevista, remitirán los datos identificativos de la empresa y el contacto de la persona que vaya a asistir.

• El plazo de ejecución de las obras será de 18 meses y con esta intervención las instalaciones quedarán completamente

Adjudican las obras de la tercera fase de la remodelación del Estadio de la Juventud. Esta actuación es la que incluirá la construcción de la piscina cubierta. La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha formalizado la adjudicación mediante dos contratos, uno de algo más de 4,9 millones de euros para la ejecución de las obras y otro de algo más de 181.000 euros para la dirección facultativa. Con esta tercera etapa, que tiene un plazo previsto de ejecución de 18 meses se concluye un proyecto con el que se logra la modernización, mejora y ampliación de estas instalaciones deportivas, una de las más emblemáticas de la ciudad, que se construyó ahora hace ochenta años.

• Actualmente se están ultimando las pruebas operativas y los trámites para la cesión de la explotación de las infraestructuras construidas por el Gobierno de España

Las obras del desglosado número 9 de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules, una actuación estratégica para la mejora de la garantía de abastecimiento y de los recursos destinados al regadío en la Costa Tropical de Granada, han finalizado. Así lo indicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en una reunión celebrada en Granada en la que repasaron el estado de los principales proyectos y actuaciones que desarrolla en la comunidad el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Para el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, “estamos ante la finalización de la canalización principal de una infraestructura estratégica para la costa granadina, que se encontraba completamente parada y que desde el primer momento contó con el impulso del Gobierno de Pedro Sánchez, por eso la podemos considerar como la prueba inequívoca del cumplimiento de los compromisos con Granada”. Adelantó además que la implicación del Gobierno de España se mantiene, “lo que se traduce en la continuidad de los trabajos para avanzar en el resto del proyecto”.

• Los trabajos, con un plazo de ejecución de once meses, resolverán problemas de impermeabilidad y mejorarán la accesibilidad de los inmuebles

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado por 496.149 euros las obras de rehabilitación de 88 viviendas públicas del Polígono Puerta de Madrid, en Andújar. La actuación permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética de cinco bloques situados en una zona incluida en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, destacó que “la rehabilitación del parque público constituye una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias y seguir transformando los barrios que más lo necesitan”.

• La Administración asegura que los expedientes han sido estudiados de forma individual y que ninguno de los afectados ha sido declarado vulnerable

La situación de las viviendas del poblado del Guadalmena continúa pendiente de resolución judicial después de que las cinco familias que las ocupan desde hace décadas recurrieran los procedimientos de desalojo iniciados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Mientras los afectados mantienen su batalla en los tribunales, la Confederación defiende a Jaén Hoy que la recuperación de estos inmuebles responde a una obligación legal y asegura que algunos de los expedientes ya han concluido y otros permanecen judicializados.

“De los fundamentos anteriores se desprende que la iniciación y resolución de los procedimientos de desalojo constituye una obligación legal para la Confederación, y no una decisión discrecional de la Administración”, señala la CHG en respuesta a las preguntas planteadas por este periódico.

La Confederación explica que, por protección de datos, no puede facilitar información concreta sobre cada uno de los procedimientos ni precisar el número de viviendas afectadas en cada población. No obstante, señala que existen “algunos procedimientos que ya han concluido, mientras que otros están judicializados tras la interposición de recurso contencioso administrativo por los actuales ocupantes”.

En estos últimos casos, la CHG asegura que las solicitudes de suspensión cautelar planteadas por los ocupantes “han sido desestimadas en su totalidad”. Ahora, según explica, está a la espera de que exista una resolución judicial firme, que será ejecutada “en los términos que las respectivas sentencias ordenen”.

El origen de los procedimientos en Guadalmena

Respecto al caso concreto del poblado del Guadalmena, la Confederación sitúa el origen de los procedimientos en una denuncia de la Guardia Civil relacionada con una instalación eléctrica. Según explica, esta instalación “discurre sobre árboles cercanos, en lugar de postes”, lo que supone, a su juicio, “riesgo de incendio”.

A esta circunstancia se suma, según la Administración, la obligación de proteger y defender los bienes que forman parte de su patrimonio. La CHG cita para ello la Ley 33/2003, que establece las facultades de las administraciones para investigar, deslindar y recuperar la posesión de sus bienes, así como para desalojar a quienes ocupen inmuebles de dominio público una vez extinguido el título que amparaba su tenencia. La normativa contempla además que, cuando se trate de bienes demaniales, la potestad de recuperación pueda ejercerse “en cualquier tiempo”.

La CHG asegura que ha estudiado los casos de forma individual

La Confederación asegura que los expedientes han sido analizados de manera individual y que, tras ese estudio, “no existen personas que hayan sido calificadas como vulnerables por las Administraciones competentes”.

Asimismo, sostiene que las viviendas afectadas “en ningún caso constituyen la vivienda habitual de los interesados sino que se trata de segundas residencias”. La CHG afirma que esta conclusión se alcanzó después de comprobar “diversos datos y pruebas” incorporados a cada expediente administrativo.

La Administración también aclara que ninguno de los actuales ocupantes mantiene relación laboral con la Confederación. En cambio, sostiene que la ocupación de estos inmuebles está afectando a trabajadores de la propia CHG que necesitan disponer de las viviendas para desempeñar sus puestos.

Según explica, hay empleados en activo, “que precisando utilizar la vivienda para el desempeño de su puesto de trabajo, no pueda hacerlo”, por lo que “se están viendo obligados a desplazarse desde otras localidades”.

Los vecinos mantienen su recurso

Mientras la CHG defiende la recuperación de sus inmuebles, las cinco familias del poblado del Guadalmena mantienen la vía judicial para evitar el desalojo. Los afectados llevan décadas vinculados a estas viviendas, construidas originalmente para trabajadores del embalse, y sostienen que han residido en ellas durante más de cuarenta años.

El procedimiento fue recurrido por los vecinos, lo que mantiene algunos de los expedientes en los tribunales. La Fundación Savia también se ha implicado en el caso y ha reclamado que se abra una vía de diálogo con las familias antes de ejecutar los desalojos.

La situación del Guadalmena se suma además a otros procedimientos relacionados con viviendas vinculadas a infraestructuras hidráulicas de la provincia, como el poblado de Santo Tomé, sobre el que la CHG señala igualmente que existen expedientes en distintas fases de tramitación.

• Patricia Navarro reclama al Ejecutivo central más Cercanías, conexiones ferroviarias y la ejecución de 2.000 millones en presas y otras obras relacionadas con el agua

La Junta de Andalucía ha iniciado el curso escolar con deberes para el Ejecutivo central. Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga ha puesto sobre la mesa los principales asuntos pendientes del Gobierno de España en Málaga y ha reclamado al Ejecutivo central que “cumpla sus responsabilidades” para acompañar el crecimiento económico y demográfico que experimenta la provincia. Entre las reivindicaciones se encuentran la mejora de las conexiones ferroviarias, el refuerzo de los Cercanías, las bonificaciones de la AP-7 y la ejecución de infraestructuras hidráulicas.

La delegada del Gobierno andaluz ha trasladado estas demandas durante la primera reunión de coordinación de los delegados territoriales de la Junta en el inicio de la tercera legislatura. Navarro ha defendido que el crecimiento de la provincia genera nuevas oportunidades, pero también “desafíos a los que hay que dar respuesta” y que requieren la implicación de todas las administraciones.

En materia de movilidad, la Junta ha reclamado al Gobierno central avances en la conexión ferroviaria entre Nerja y Algeciras, así como una mejora del servicio de Cercanías de Málaga. Navarro también ha vuelto a pedir que se apliquen bonificaciones en la AP-7 para favorecer la movilidad y contribuir a descongestionar la A-7, como ya ocurre en otros puntos del territorio nacional.

“Hay un gran potencial inversor que está en el tejado siempre de la misma administración, que es el Gobierno de España, con asuntos pendientes especialmente en materia ferroviaria”, ha señalado Navarro.

2.000 millones en infraestructuras hidráulicas pendientes

La delegada también ha situado las infraestructuras hidráulicas entre las prioridades que, a su juicio, debe abordar el Gobierno central. Según ha señalado, el Ejecutivo tiene pendientes en Málaga actuaciones por valor de 2.000 millones de euros.

Entre ellas, ha reclamado la ejecución de los embalses de Gibralmedina y Cerro Blanco, ambas consideradas de interés general del Estado.

Navarro ha advertido además de la necesidad de ampliar la red de transporte eléctrico de la provincia, una carencia que, según ha indicado, está condicionando el desarrollo urbanístico y podría dejar “en el aire 25.000 viviendas en toda la provincia” que no pueden construirse.

Frente a estas reclamaciones al Ejecutivo central, Navarro ha defendido el trabajo que está realizando la Junta para acompañar el crecimiento de Málaga. En materia de movilidad, ha destacado el avance del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil y el inicio de las obras de la Autovía Málaga-Ronda-Campillos, en el tramo entre Casapalma y Cerralba.

En sanidad, ha puesto como ejemplo el avance del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza, con una inversión superior a los 600 millones de euros, el Centro de Protonterapia y la puesta en marcha del Hospital Pascual.

En educación, ha señalado que este jueves comienzan las clases del primer ciclo de Infantil para 17.417 menores de tres años en la provincia y ha destacado que el 95% de los menores matriculados dispondrán este curso de educación gratuita. También ha apuntado a las actuaciones en infraestructuras educativas y a la gratuidad de los libros de texto para más de 171.800 estudiantes malagueños de enseñanzas obligatorias.

Navarro ha resumido la posición de la Junta reclamando que el Ejecutivo autonómico y el central avancen de forma paralela: “Necesitamos que, a la par que la Junta de Andalucía está haciendo sus deberes, el Gobierno de España cumpla sus responsabilidades” para sostener el crecimiento económico y poblacional de Málaga.

• La UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet ha regresado a esta infraestructura clave en la movilidad de la ciudad para finalizar las labores pendientes que le correspondían antes de que otra empresa retome el proyecto

Regresan los trabajos en el Puente del Centenario de Sevilla. Aunque la formalización de la renuncia de la UTE (formada por Acciona, Tecade y Freyssinet) adjudicataria de las obras de ampliación del Puente del Centenario se produjo en el mes de abril, fuentes del Ministerio de Transportes confirman a El Correo de Andalucia que las obras de sustitución de tirantes en esta infraestructura siguen avanzando y este pasado miércoles, tras semanas de parón, se retomaron unos trabajos que estaban prácticamente parados sin apreciarse movimiento por parte de las empresas. La UTE retoma así sus actuaciones, cumpliendo con las exigencias marcadas por el Ministerio de Transportes.

Según estas mismas fuentes, este pasado 2 de septiembre se completó con éxito una operación singular, la correspondiente al izado y colocación de una dovela doble en una de las pilas del lado en dirección a Cádiz. A la UTE aún le correspondía finalizar algunos trabajos pendientes hasta abandonar la obra de manera definitiva y dejar paso a una nueva empresa que se hará cargo de la obra una vez se vuelva a licitar y adjudicar el proyecto de nuevo.

Precisamente, en una entrevista concedida recientemente a este periódico, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había reclamado al Gobierno de España una mayor implicación con las obras de esta infraestructura clave para la movilidad de Sevilla por los graves problemas de tráfico que se producen diariamente en los accesos y salidas del área metropolitana. “Eso está parado. Ya se lo digo: el problema es que se va a llevar como mínimo un año parada y no se puede permitir. ¿Qué quiere que haga? ¿Me quemo a lo bonzo?“, aseguraba Sanz. “Lo reclamo por activa y por pasiva, pero desgraciadamente a este Gobierno le da igual. No hay interlocución posible con este Gobierno. No es nada personal con este ministro, Óscar Puente, que es un personaje con unas connotaciones personales peculiares. Pero da igual el ministro con el que intentes hablar. No te responde nadie”, añadía.

Acciona renunció a la obra del Puente del Centenario tras plantear un incremento del presupuesto

Según la información difundida por el Ministerio entonces, la renuncia de la UTE de Acciona, Tecade y Freyssinet se produjo debido al rechazo al nuevo modificado planteado que suponía un incremento del presupuesto por encima del máximo legal, que llegaba cuando formalmente la obra se encuentraba al 90%. Pero antes de abandonar la obra, las empresas adjudicatarias tienen la obligación de completar los trabajos que ya tenían casi finalizados como son la instalación de los tirantes y la estructura.

En concreto, se trataba de un nuevo incremento del presupuesto que se situó en 86,4 millones de euros en 2021 y que no fue aceptado por el Ministerio tras recibir un informe jurídico contrario. Si se sumaba la solicitud a las anteriores realizadas se rebasaba el 20% máximo que establece la ley.

El Ministerio aún no tiene definido cómo va a contratar ese 10% de obra que resta por ejecutar. Está la fórmula del contrato de emergencia, que está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones legales, o la posibilidad de emprender una nueva licitación ajustada además a la situación actual de los trabajos y a su presupuesto actualizado. Por este motivo, no se pueden fijar aún plazos, pero sí se precisó que a los trabajos les quedaban unos meses mientras se iniciaba el siguiente expediente para que no se produjera un parón que dejara el puente abandonado. Será fundamental qué empresas encuentre el Ministerio para finalizar los trabajos. Si se trata de una licitación pública todas las empresas que forman parte ahora de la UTE adjudicataria podrían incluso concurrir, puesto que no están inmersas en ningún expediente de penalización.

La relevancia de esta obra va más allá de la movilidad puesto que este expediente de contratación es uno de los principales incorporados en la causa abierta contra José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García por el posible cobro de comisiones en la adjudicación de contratos. Se trata de una de las infraestructuras claves incluidas en la investigación de la UCO por los indicios de cobros de comisiones. Aparece en las grabaciones y en la trama de Servinabar la empresa navarra vinculada al ex secretario de Organización del PSOE. De hecho, todo el expediente de este proyecto ha sido requisado por orden judicial.

Las obras del Puente del Centenario arrancaron en 2021 con un presupuesto de 86,4 millones

La obra del puente del Centenario arrancó en el verano de 2021 precedida de una tramitación por urgencia y de una licitación por parte del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos. En total el presupuesto de adjudicación fue de 86,4 millones de euros, una cifra que se fue modificando a lo largo de los años. En la última cifra oficial facilitada por el Ministerio en una respuesta al grupo político Sumar situaba ya la cuantía en 128,7 millones de euros, tras una serie de revisiones, algunas vinculadas a los gastos por el incremento del precio del acero por la guerra de Ucrania.

El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura. Son, en total, más de ochenta nuevos tirantes que se están instalando de forma progresiva y que durante una parte del proceso, la que está en marcha, conviven con los tirantes actuales. Se trata de una obra de enorme complejidad que además se tiene que ejecutar sin restringir la infraestructura a la circulación de vehículos. Estas dificultades se conocían cuando se licitó el proyecto pero se fueron agravando a lo largo del proceso en el que participaron el equipo de ingenieros, los técnicos del Ministerio y las propias empresas.

En cuanto al tiempo de ejecución, las obras se adjudicaron con un plazo de 27 meses (dos años y medio), de forma que partían con el objetivo de estar culminadas a finales de 2023. Se van a cumplir próximamente tres años de ese plazo inicial.