• Las administraciones buscan evitar retrasos en la tramitación de los proyectos municipales del plan de más de 400 millones de euros destinado a reparar los daños por las borrascas

La coordinación entre administraciones será una de las claves para que los ayuntamientos puedan ejecutar en plazo las actuaciones previstas para reparar los daños ocasionados por los últimos temporales y reforzar las infraestructuras hidráulicas. Ese ha sido el principal mensaje de la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Jaén, donde representantes del Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Diputación Provincial y varios municipios han analizado el estado de los proyectos y los requisitos necesarios para que puedan salir adelante sin contratiempos administrativos.

La reunión, presidida por el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y la presidenta de la CHG, Gloria Martín Valcárcel, ha servido para revisar actuaciones muy diversas que los ayuntamientos quieren poner en marcha en los próximos meses. Entre ellas figuran la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, la construcción de colectores, depósitos, estaciones de bombeo, tanques de tormentas, sistemas de drenaje, encauzamientos y otras obras destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante episodios de lluvias intensas.

Una parte importante del encuentro se ha centrado en aclarar los procedimientos que deben seguir los consistorios cuando las actuaciones afectan a cauces, zonas de servidumbre o espacios inundables, ámbitos en los que resulta imprescindible contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los técnicos del organismo de cuenca explicaron la documentación que deberá acompañar a cada proyecto y recordaron que las iniciativas tendrán que estar redactadas y firmadas por personal técnico competente.

Además, la CHG trasladó a los ayuntamientos su disposición a revisar los proyectos antes de que sean presentados oficialmente. Ese análisis previo permitirá detectar posibles afecciones al dominio público hidráulico, al régimen de corrientes o a las zonas inundables y, en su caso, introducir las modificaciones necesarias antes del inicio de la tramitación administrativa.

El subdelegado del Gobierno defendió que esta colaboración permitirá anticipar incidencias y evitar retrasos en unos proyectos que considera prioritarios para mejorar la seguridad de los municipios. Según explicó, el objetivo es que las entidades locales dispongan desde el primer momento del asesoramiento técnico necesario para redactar correctamente la documentación y agilizar posteriormente la obtención de las autorizaciones.

Durante la reunión también se analizaron las posibles afecciones ambientales que pueden presentar algunas actuaciones y la necesidad de determinar qué administración debe emitir los informes o evaluaciones exigibles en cada caso. Asimismo, se planteó celebrar durante el próximo mes de septiembre una jornada específica dirigida a secretarios, interventores y responsables técnicos municipales para profundizar en los procedimientos administrativos que deberán seguir durante la ejecución y justificación de las obras.

Las actuaciones forman parte del paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para financiar la reconstrucción y mejora de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia. Según recordó Manuel Fernández, Jaén concentra el mayor volumen de recursos destinados a entidades locales dentro de este programa, con alrededor de 2.500 actuaciones previstas en el conjunto del territorio.

El encuentro también permitió hacer seguimiento del Plan Urgente de Infraestructuras de Abastecimiento en la Provincia de Jaén, desarrollado mediante el convenio suscrito entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Diputación Provincial. Las tres administraciones coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación permanente con los ayuntamientos para facilitar el desarrollo técnico y administrativo de unas inversiones destinadas a mejorar el abastecimiento de agua y reforzar unas infraestructuras consideradas estratégicas para la provincia.

• Un presupuesto de 880.000 euros destinado a las obras de la JA-4108 y que afectarán 5,5 kilómetros de la vía

La Diputación Provincial de Jaén va a realizar un importante esfuerzo económico para acondicionar las carreteras de la comarca de La Loma, en concreto tiene previsto invertir tres millones de euros para arreglar seis vías en esta zona. Una de estas intervenciones se llevará a cabo en la carretera JA-4108, que conecta las localidades de Baeza y Lupión, una actuación cuyo proyecto de obra ha sido presentado hoy por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea. La Administración provincial destinará “un presupuesto de 880.000 euros a esta obra financiada con cargo al Plan Infraestructuras Viarias Provinciales 2026”. Así lo ha explicado José Luis Agea, que ha estado acompañado por el alcalde Lupión, Gonzalo Rus, en este acto en el que ha detallado que las obras “afectarán a los 5,5 kilómetros de esta vía, en la que se reforzará el firme, se instalará una nueva señalización y también captafaros que dan más seguridad cuando se circula por la noche”.

Actuaciones como esta demuestran, a juicio del diputado de Infraestructuras Municipales, “el compromiso absoluto de la Diputación de Jaén por la mejora de la seguridad y la mejora de las comunicaciones en nuestra provincia”, una línea de acción con la que “trasladamos un mensaje al mundo rural de ser una administración cercana que tiene como objetivo mejorar las vías de comunicación para un mayor desarrollo y un mayor progreso de nuestros municipios”. En esta línea, Agea ha incidido en el “compromiso absoluto de la Administración provincial por mejorar nuestras carreteras, sobre todo por la importancia que le damos a que nuestros pueblos estén bien comunicados y también al mundo rural, ya que muchos agricultores se benefician del arreglo de estas vías de comunicación”.

• Un informe detalla cerca de 130 actuaciones hidráulicas prioritarias en la provincia, entre ellas, la polémica EDAR Norte o la desaladora de la Axarquía

La provincia de Málaga necesitaría 1.000 millones de euros de inversión para hacer frente a los desafíos que presentan las sequías y las inundaciones, dos fenómenos cada vez más recurrentes. Esto, según el informe Estrategia e inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, elaborado por Typsa y Seopan, en el que se detallan cerca de 130 actuaciones hidráulicas en la provincia. La mayoría de ellas están relacionadas con la depuración de aguas y la modernización de los sistemas de conducción, actuaciones en los ríos, construcción de desaladoras, la adaptación al cambio climático o la restauración de los ecosistemas fluviales.

En total, 1.009,3 millones de euros a invertir hasta 2035, lo que supone casi un tercio de la inversión requerida en toda la demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas –que abarca las provincias de Málaga, Granada, Almería y Cádiz–, donde según este informe, se necesitan 3.210,3 millones en la próxima década para garantizar la seguridad hídrica, mejorar el estado ambiental de las masas de agua y reforzar la adaptación frente al cambio climático. De esta cantidad, 2.548 millones serían para actuaciones frente a las sequías y 662,3 para afrontar las inundaciones.

“La escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como las Mediterráneas Andaluzas, donde la demanda del recurso es muy elevada”, señala Julián Núñez, presidente de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras), quien subraya que “es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la Planificación hidrológica y la seguridad hídrica”.

En el caso de la provincia malagueña, el informe identifica varias actuaciones prioritarias, entre ellas, la polémica EDAR Norte, una infraestructura que debía tratar las aguas residuales de cinco municipios –Torremolinos, Cártama, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y parte de la capital– y para la que la Junta de Andalucía busca nueva ubicación depués de que los tribunales –primero el TSJA y después el Supremo– tumbasen el proyecto en la Vega de Mestanza, dando la razón a los vecinos. El informe Typsa y Seopan fijan en 137,5 millones la inversión necesaria para esta obra.

Por otro lado, el documento recoge 120 millones para la mejora de la interconexión de los sistemas Campo de Gibraltar y Costa del Sol y otros 75 para la construcción de la desaladora de la Axarquía, otra infraestructura clave que está a la espera de la redacción del proyecto para avanzar definitivamente en su ejecución. Cabe precisar que, aunque el citado informe cifra la inversión para esta obra en 75 millones, el presupuesto se elevó a 200 millones en el anteproyecto, entregado el pasado mes de marzo a la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de mano de los propios regantes y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental.

Estas son las tres actuaciones más importantes a las que apunta el documento, que también hace referencia al proyecto de abastecimiento de agua para la zona norte de Málaga (48 millones), a la remodelación de la desaladora de Marbella (39,9 millones), al abastecimiento en alta a la zona del Bajo Guadalhorce (38 millones) y al tratamiento terciario de la EDAR del Peñón del Cuervo y las conducciones hacia la EDAR de Rincón de la Victoria para aprovechamiento para el riego (25,9 millones).

Todas estas son iniciativas realacionadas con la sequía, pero en el apartado de las inundaciones, la lista que detalla el estudio también es larga. En primer lugar, se advierte de que una parte importante de personas que en España viven en zonas inundables están en las provincias de la Cuenca Mediterránea Andaluza, donde ubican a unos 103.010 vecinos. Así, esta demarcación cuenta con 160 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) identificadas en el marco de la Directiva Europea de Inundaciones y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, lo que pone de manifiesto la elevada exposición del territorio a episodios de inundación.

Uno de los puntos más conflictivos está en la provincia de Málaga, en el río Guadalhorce, y entre las actuaciones que se identifican están la adecuación del curso bajo del Guadalhorce, desde su confluencia con el río Campanillas hasta su desembocadura, con la sustitución del puente sobre la antigua N-340 y la adecuación del encauzamiento existente, con una inversión necesaria de 38 millones, así como otros 7,4 millones para otras actuaciones de defensa frente a inundaciones de este río en el término municipal de la capital, y otros 18 millones para la defensa ante inundaciones en el río Campanillas a su paso por dicho distrito.

Además de en el Guadalhorce, también se alude a la reatauración hidromorfológica del curso bajo del río Genal y del Guadiaro, con una inversión de 5,8 millones de euros, así como a actuaciones hidrológico-forestales en los cauces del río Vélez, Algarrobo, Torrox y Chíllar (4 millones), o la restauración de los cauces de los ríos Fahala, Guadalhore y Pereilas (23,9 millones).

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales, ha adjudicado de forma definitiva las subvenciones destinadas a la reparación de caminos rurales de titularidad municipal afectados por el pasado tren de borrascas. La resolución permitirá financiar 71 proyectos presentados por ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas (ELAs), con una inversión total de 3.839.070,28 euros.

La ampliación de la AP-4 planteada por el Gobierno de España no es definitiva. Aún hay margen de mejora. Las propuestas de la Junta y los empresarios sevillanos para que el anhelado tercer carril llegue hasta Cádiz no se descartan. Al contrario. El Ejecutivo central se compromete a tenerlas en cuenta en el proceso de información al que se someterá el proyecto, que por ahora es provisional. Un rayo de luz para rehabilitar una infraestructura clave en el desarrollo económico de la Baja Andalucía que desde la eliminación del peaje en 2020 sufre las consecuencias del incremento de tráfico y, sobre todo, del uso de vehículos pesados, lo que además de agravar su conservación provoca retenciones diarias.