Puente impone su ley en carreteras: el precio decidirá los nuevos contratos de 1.000 millones pese a la amenaza judicial
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado los nuevos pliegos de contratación de conservación y explotación de las carreteras del Estado que propician que el precio prácticamente será el único factor para determinar los adjudicatarios.
De nada ha servido que el sector privado, por medio de la patronal Acex, haya reiterado su oposición al nuevo modelo que convierte las licitaciones en una suerte de subasta, amenazando incluso con rebatirlo por la vía administrativa y, llegado el caso, por la judicial –la organización se ha armado con el despacho de abogados Ceca Magán-. Las empresas aún tenían esperanzas, pero el departamento que dirige Óscar Puente apenas ha introducido variaciones respecto al planteamiento inicial.
Las licitaciones de los 29 contratos de mantenimiento de carreteras por más de 1.000 millones de euros que el consejo de ministros aprobó hace tres semanas han sido publicadas esta semana en la Plataforma de Contratación del Estado bajo los nuevos pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas.
La reforma del sistema de contratación implica la supresión total de los criterios de juicio de valor. El sector denuncia que el Ministerio ha optado por subastar la conservación de las carreteras estatales en un momento en el que el mal estado de los firmes, con el consecuente riesgo para la seguridad de los usuarios, ha saltado al debate público. Transportes contrapone que se mantiene el modelo de calidad-precio y que en ningún caso se transforma en una subasta. Incide en que la calidad seguirá teniendo peso, pero se medirá de una forma “cuantificable”.
Los nuevos pliegos eliminan la valoración subjetiva y todos los criterios de calidad se valoran mediante fórmulas objetivas. El pliego que ha estado hasta ahora vigente fijaba en el 49% el peso de los criterios con juicio de valor, mientras que los evaluables mediante fórmulas, fundamentalmente la oferta económica, alcanzaban el 51%. El nuevo modelo implica que los primeros no tengan ningún peso (0%) y los segundos el 100%. Dentro de los criterios evaluables mediante fórmulas, los cualitativos representan ahora el 40% y los relacionados con el precio el 60%.
Los cambios introducidos en el pliego técnico final están orientados a fomentar la descarbonización y la innovación, de manera que primará la colocación de asfalto sostenible. De igual modo, incorpora la sensorización de las estructuras y los taludes. La propuesta técnica concederá la máxima puntuación en función del volumen de toneladas de mezcla bituminosa que se extiendan en obra, la sensorización referida y las medidas de protección de los trabajadores. Según explica un empresario del sector, “hasta ahora había que hacer una oferta técnica con las características del tramo, las mejoras, la inversión en I+D+i, la calidad, la organización del servicio… Con el nuevo pliego cualquiera que se presente va a tener la máxima puntuación técnica, por lo que todo dependerá del precio“. “Es una subasta”, advierte.
El Ministerio ha agrupado en lotes varios contratos, en función de su tipología, y ninguna sociedad podrá ganar más de uno. No obstante, se prevé que los grupos concurran con distintas filiales que tengan las clasificaciones en conservación para esquivar esta limitación y poder adjudicarse más de un contrato.
Transportes ha fijado para el próximo mes de septiembre la presentación de las ofertas en los seis lotes en que ha distribuido los 29 contratos de conservación por 1.006 millones -se incluyen los de las autovías de primera generación y el de la AP-68 que revierte-. También ha licitado con los nuevos pliegos el contrato de servicios para la gestión del Centro de Vialidad y Operaciones de Granollers por 21,5 millones (sin IVA).
Tras la publicación de los pliegos, las empresas los están analizando y Acex ha iniciado las consultas con sus asociados para decidir si finalmente impugna los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -lo puede hacer cualquiera a título individual-. Tiene 15 días desde el lunes para hacerlo. El plazo de decisión de este tribunal podría llegar a tres meses, por lo que los contratos quedarían congelados hasta su resolución. Si es negativa para el sector privado, aún podría acudir a la vía judicial.