• La rehabilitación de viviendas y proyectos de alojamientos turísticos han sido las principales actuaciones

El delegado municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ronda, Jesús Vázquez, ha hecho balance de la actividad de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, un ente puesto en marcha por el Consistorio en abril del año pasado, tras la redacción y entrada en vigor de la innovación del PGOU de la ciudad, con carácter de protección del conjunto histórico. 

“En apenas cinco meses de 2026, ya se ha superado el volumen económico informado durante todo el ejercicio 2025, que fue de 7 millones, lo que evidencia la consolidación de la Comisión como instrumento eficaz de gestión patrimonial, dinamización urbana y apoyo a la inversión en el conjunto histórico”, ha asegurado Vázquez, al tiempo que ha reiterado que en 2025, esta comisión promovió una inversión de siete millones, mientras que en lo que va de este año, este dato es de 8,2 millones (1,2 millones más en este momento), mediante un total de 74 expedientes, de carácter público y privado. 

De estos 8,2 millones, más de 2,7 corresponde a la rehabilitación y mejora del parque residencial existente, “consolidando un modelo urbano basado en la recuperación del patrimonio construido y en el mantenimiento del uso residencial en el centro histórico”, mantuvo el concejal de Urbanismo. 

 En segundo lugar, 2,3 millones corresponden a actuaciones vinculadas a establecimientos hoteleros, alojamientos turísticos y usos terciarios asociados al turismo, “lo que confirma el atractivo del conjunto histórico como destino de inversión y la confianza del sector privado en la ciudad”. 

 Y en tercer lugar, en cuanto a la inversión pública, promovida directamente por el Ayuntamiento, se superan los 2,5 millones, concentrándose principalmente en proyectos de mejora de la accesibilidad, renovación de infraestructuras urbanas y recuperación del espacio público. “Esto demuestra que el Ayuntamiento no solo regula y protege el patrimonio, sino que también invierte directamente en su mejora y puesta en valor”, concluyó Vázquez, aunque no sin recordar que el Ayuntamiento recibió un premio de la Junta por la gestión urbanística del conjunto histórico, concretamente, el Premio Andalucía de Urbanismo 2025, concedido a la Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Ronda.

Desde el Consistorio han explicado que, entre las principales ventajas, este ente permite agilizar las actuaciones que se desarrollan en este espacio, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía y que ocupa buena parte del núcleo urbano de la ciudad. Así, los promotores de estas obras ya no tienen que acudir, para tramitarlas, al Gobierno andaluz, ya que el Ayuntamiento las gestiona de forma directa. 

• La patronal Ceacop alerta de la paralización de 300 actuaciones en toda Andalucía y avisa que se han duplicado las licitaciones desiertas respecto a 2025 debido a los efectos de la situación geopolítica

La crisis derivada de la situación geopolítica de los últimos meses, que ha supuesto el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha tenido un impacto directo en Andalucía en muchos sentidos, también en el referido a la obra pública. Así lo ha denunciado este lunes el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que ha alertado de que el número de obras de este tipo que han quedado desiertas en la comunidad se ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300, como consecuencia del fuerte incremento de los costes de construcción.

Estos contratos representan ya casi el 12% del volumen total adjudicado en la comunidad autónoma, es decir, se ha duplicado el porcentaje que se registró en el mismo periodo de 2025, ha señalado la organización en una nota de prensa.

Situación de la obra pública en Sevilla

En el caso de Sevilla, las obras afectadas son 75, que conjuntamente superan los 33 millones de euros. Entre los proyectos que se han quedado desiertos o paralizados, destaca el de la rehabilitación de la Fábrica de Vidrios en la capital hispalense, que supone casi un tercio del montante total que afecta a la provincia, con más de 10 millones de inversión que se han quedado desiertos y que corresponde al Ayuntamiento de Sevilla.

Piscinas municipales, obras de restauración o reasfaltado de calles son otras de las intervenciones que se han quedado sin desarrollar. A la Fábrica de Vidrios, le sigue la construcción de la piscina municipal de San Nicolás del Puerto, una actuación de 1,3 millones de euros. El caso del reasfaltado de varias calles de Dos Hermanas (1,2 millones, tanto en Montequinto como en el núcleo principal y dependiente del consistorio nazareno) ha vuelto a salir a licitación después de que, en la primera ocasión, no se presentara nadie.

Otra de las intervenciones destacadas que se ha quedado parada corresponde a la Plaza de España, en concreto, a las obras de artesonado de las puertas de Navarra y Aragón, dependiente de Patrimonio del Estado, por 1,2 millones. La redacción y ejecución de la piscina municipal y obras de reasfaltado de Castilleja de la Cuesta y de la SE-3206 (de la Diputación de Sevilla) son otras de las intervenciones que han quedado pendientes.

“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios”, ha señalado Arturo Coloma, secretario general de Ceacop.

Ceacop pide la revisión de precios

En este sentido, desde la entidad han lamentado “la falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos de obra pública, un problema este último que no es nuevo y viene afectando al sector de forma continuada, especialmente agravado en periodos de crisis como ocurrió con el Covid, con la guerra de Ucrania y actualmente, con el conflicto en Oriente Medio”.

En términos económicos, las actuaciones que han quedado desiertas alcanzan los 116 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra interanualmente y ya supera el montante total contabilizado a lo largo del conjunto del ejercicio pasado, ha destacado Ceacop. “De no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado. La tipología de proyectos en esta situación es muy heterogénea y figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos”, ha señalado.

Ceacop ha puesto en el foco la dificultad de las empresas constructoras para ejecutar los contratos que fueron licitados y adjudicados bajo unas condiciones económicas “que hoy han cambiado sustancialmente”. A lo que se añade la falta de un paraguas legislativo que contemple estas eventualidades para adaptar los contratos a las circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

Un real decreto para evitar la paralización de contratos

Ante este escenario, la patronal exige al Gobierno central la aprobación inmediata de un real decreto que establezca un sistema extraordinario de revisión de precios y la incorporación estructural de estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En este sentido, Ceacop ha advertido que una respuesta administrativa tardía “provocará la paralización de obras, la pérdida de inversión pública y graves problemas económicos para un sector estratégico” que representa una parte esencial de la actividad económica y del empleo en España.

Aumento del coste de los materiales

Desde el inicio del conflicto bélico en febrero de 2026, se han disparado los costes de materiales esenciales para la ejecución de infraestructuras como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón, en ambos casos por encima del 15%. A esto se suma un encarecimiento de la energía cercano al 47%. Esto ha puesto en “serias dificultades” a las empresas constructoras para ejecutar los contratos, que se han visto obligadas a reducir el ritmo de ejecución.

“Más del 50% de las obras adjudicadas están experimentando ralentizaciones significativas. Las empresas intentan reorganizar compras, suministros y procesos productivos a la espera de una estabilización de los mercados que permita recuperar parte de los sobrecostes sufridos. Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes”, ha añadido Coloma.

Especialmente significativo es el del plan extraordinario de inversiones de la Junta de Andalucía para obras de asfaltado, con una dotación de 140 millones de euros. Estos contratos se licitaron antes de la escalada del conflicto con Irán y carecen de cualquier fórmula de revisión de precios, “por lo que las empresas adjudicatarias están asumiendo un sobrecoste que ya rebasa el 30%”.