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Puente desbloquea la conservación de carreteras con 29 contratos millonarios con la amenaza latente de rebelión de las empresas

 
  • La oleada abarca las autopista de peaje AP-68 Bilbao-Zaragoza y las 11 autovías de primera generación que vencen este año
  • El plan de Transportes busca frenar el deterioro de las vías con una inversión que podría superar los 400 millones
  • El Ministerio de Transportes contempla licitar en lotes los contratos y restringir el número de adjudicaciones por empresa

 

El consejo de ministros prevé aprobar este martes una oleada de licitaciones de contratos de conservación y explotación de carreteras en España, según indican fuentes conocedoras. El Ministerio de Transportes busca así desbloquear la inversión en el mantenimiento de la red del Estado en un momento crítico por el deterioro creciente de las vías, agudizado en los últimos meses por las borrascas. En concreto, está prevista la autorización de un total de 29 contratos distribuidos por toda la geografía española con un presupuesto conjunto que podría superar los 400 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones del sector.

Entre los contratos que el Ministerio ya tiene listos para ver la luz pública figura el de la autopista de peaje AP-68 Bilbao-Zaragoza, cuya concesión concluye el 11 de noviembre. Esta carretera está gestionada por Abertis y su reversión se enmarca en la estrategia del Gobierno de levantar las barreras en las autopistas de peaje una vez vencen sus contratos. En esta línea se enmarca también la decisión de revertir las 10 concesiones de las 11 autovías de primera generación que se explotan actualmente bajo un peaje en sombra y cuyos contratos también expiran a finales de año.

La conservación de estas carreteras igualmente será objeto de autorización por parte del consejo de ministros previsiblemente hoy. A estos contratos extraordinarios, Transportes tiene en la rampa de salida otra batería de contratos de conservación y explotación cuyos plazos están cerca de terminar. Corresponden a las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza, Logroño, Oviedo, La Coruña, Orense, Soria, Burgos, Valladolid, León, Ávila, Madrid, Guadalajara, Albacete, Ciudad Real y Huelva.

El departamento que dirige Óscar Puente podrá publicar los concursos en las próximas semanas con el objetivo de intentar adjudicarlos antes de fin de año. No obstante, en la industria de conservación de carreteras tienen dudas de que pueda formalizar todos los contratos en este plazo. En el caso de las conservaciones que toca renovar sus contratos recogen una posible prórroga de nueve meses para el adjudicatario actual. Para la AP-68 y las autovías de primera generación tendría que sacar un concurso de emergencia o alcanzar acuerdos con los actuales concesionarios para que mantengan las vías hasta que se adjudiquen sus primeros contratos de conservación.

El Ministerio lanzará con esta oleada el nuevo pliego para la conservación de carreteras que rechaza el sector. La patronal Acex, de hecho, ya ha advertido de que lo impugnará si recoge las condiciones que Transportes trasladó meses atrás y que implican que la contratación se convertirá en una subasta. A la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la organización que preside Federico Soria ha contratado los servicios legales del despacho Ceca Magán.

Licitación en lotes

Puente y su equipo también han trabajado en un nuevo modelo de licitación por el que agruparía en lotes varios contratos, en función de su tipología, y ninguna empresa podría ganar más de uno. De confirmarse este extremo, los grupos con varias referencias podrían esquivar esta limitación y adjudicarse más de un contrato, pero con distintas filiales.

 

Los contratos que licitará Transportes se agregarán al goteo de emergencias para la reparación de firmes que ha impulsado en las últimas semanas por un importe superior a los 100 millones de euros. Asimismo, el consejo de ministros aprobó la semana pasada licitar un contrato de servicios para la gestión del Centro de Vialidad y Operaciones de Granollers, en Barcelona, por 21,5 millones (sin IVA). El contrato, que se acoge al pliego actual, dará soporte a los sectores de conservación y explotación de las autopistas AP-2 y AP-7 y de la autovía B-30 en Cataluña.




Cádiz: Los Barrios recibirá 3,1 millones del Gobierno para reparar los daños del tren de borrascas

  • Del total, 1,8 millones sufragarán gastos ya asumidos por el Ayuntamiento durante el pasado invierno

 

La localidad de Los Barrios recibirá 3,1 millones de euros del Gobierno de España para reparar los daños provocados por el tren de borrascas que afectó al municipio a principios de año, el 100% de la ayuda solicitada. El concejal de Hacienda, Manuel Muñoz, ha calificado esta ayuda como “muy buena para los intereses de Los Barrios y para seguir recuperando las infraestructuras y espacios públicos afectados tras los daños causados por el episodio de lluvias y viento registrado entre el 29 de enero y el 7 de febrero de 2026”.

El edil ha señalado que esta resolución supone un importante respaldo económico para el municipio, ya que permitirá afrontar numerosas actuaciones sin que el coste recaiga exclusivamente sobre las arcas municipales. “Desde el primer momento trabajamos para cuantificar los daños y presentar toda la documentación. Los Barrios recibirá la totalidad de la ayuda prevista, lo que permitirá sufragar la reparación de los desperfectos ocasionados por los temporales, muchos de ellos ya reparados por el Ayuntamiento”, ha explicado Muñoz.

El concejal ha agradecido el trabajo realizado por los técnicos municipales en la elaboración de los expedientes y ha destacado la colaboración institucional que ha permitido que el municipio pueda acceder a esta importante línea de financiación estatal.

Del total asignado, 1,8 millones corresponderán a obras ya ejecutadas por el Ayuntamiento y los 1,3 millones restantes para Arcgisa, por actuaciones de la empresa mancomunada que debe tramitar el propio Ayuntamiento.




Cádiz: Barbate recibirá más de un millón de euros por los daños de los temporales

  • El Gobierno incluye al municipio en una nueva resolución de ayudas que provoca un cruce de acusaciones entre partidos políticos

 

Los municipios gaditanos aún están solventando los numerosos daños que dejó el tren de borrascas del pasado invierno y que afectó con virulencia a la provincia, con el desalojo de la localidad de Grazalema como recuerdo más destacado. Las ayudas de las administraciones continúan cayendo para paliar los efectos dañinos de este fenómeno natural y ahora el Gobierno central resuelve un segundo paquete de las anunciadas meses atrás.

Aunque aún no se han hecho públicos los datos desgranados de esta partida, fuentes municipales del Ayuntamiento de Barbate sí que han confirmado que el municipio aparece en la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del pasado sábado 13 de junio.

El propio consistorio barbateño ha valorado positivamente su inclusión en esta resolución, corrigiendo “la exclusión inicial” según apunta el equipo de gobierno de Andalucía por Sí. Ahora se “reconoce la afección sufrida por Barbate durante los temporales” en una ampliación de los municipios afectados.

La subdelegada del Gobierno en la provincia gaditana, Blanca Flores, ya anunció que sería cuestión de días que se ampliara la primera llegada de ayudas, una partida de 120 millones que se publicó a primeros de junio y que incluía a 19 municipios gaditanos. El Gobierno había resuelto entonces el 56% de las solicitudes presentadas para esas ayudas que sufragan el 100% de los daños ocasionados por los temporales en la provincia gaditana.

El dinero que recibirá Barbate

A la espera de que se conozca el montante total de esta partida, Barbate recibirá 1,1 millones de euros solicitados tras el “exhaustivo trabajo técnico” realizado desde las áreas municipales ante las administraciones competentes. Desde el Ayuntamiento han confirmado su inclusión en la resolución, aunque admite que no se le ha aclarado oficialmente la cuantía económica concreta.

El PSOE de la localidad, sin embargo, sí que ha cifrado las ayudas en ese 1,1 millones que correspondería con el 100% del listado solicitado por el Ayuntamiento al Gobierno. De hecho, los socialistas enfilan sus críticas hacia la portavoz del PP en el municipio, Ana Moreno, por sus declaraciones de que “llovió en Vejer, escampó en Barbate y volvió a diluviar en Tarifa”, calificando que falta a la verdad y se mofa del Gobierno “entrando de lleno en una confrontación institucional”, añadiendo que “ha quedado en muy mal lugar al resolverse favorablemente las ayudas del Gobierno”.

Informan desde el PSOE que “ahora deben presentarse los proyectos antes del 12 de julio” y que estas ayudas se suman a las ya destinadas al sector pesquero, agricultura y ganadería, además de las que han obtenido los residentes que fueron desalojados, así como mejoras en el litoral. Sin embargo, las medidas del Gobierno en cuanto a la preparación de la costa ante la temporada turística también ha recibido críticas por parte del Ayuntamiento barbateño ante la falta de aportes de arena en comparación con otros puntos del litoral como el vejeriego.

El PSOE barbateño saca pecho sobre el papel que ha jugado su portavoz municipal ante el Gobierno central, que “con insistencia y determinación, Javier Rodríguez ha estado todos los días llamando con respeto, educación y lealtad al Ministerio para que Barbate tuviera el lugar que merece”.

Con estas ayudas, el municipio podrá afrontar obras de emergencia, la reparación de infraestructuras municipales, caminos rurales, muros de contención, redes de saneamiento, actuaciones de drenaje y la reposición de equipamientos públicos. Merece la pena recordar que la crecida del río Barbate por las intensas lluvias provocó el desalojo de más de sesenta vecinos de la Ribera de la Oliva durante varios días el pasado mes de febrero, aparte de los daños materiales ocasionados por los temporales.




Cádiz. San Fernando: Adjudicadas por 480.000 euros las obras para el aparcamiento del centro de salud de Camposoto

  • Tendrá 210 plazas y la actuación durará cuatro meses

 

El Ayuntamiento de San Fernando ha adjudicado a la mercantil Construcciones Garrucho SA las obras para la construcción del nuevo aparcamiento en superficie previsto entre las calles Milonas y Granainas, en la parcela que se extiende junto al nuevo centro de salud de Camposoto, que recientemente ha abierto sus puertas tras años de espera.

Las obras, con un plazo de ejecución de cuatro meses, se han adjudicado por 480.923,97 euros.




Cádiz: La vivienda pública choca con la falta de ideas, la burocracia y el dinero

  • La Junta sigue sin aclarar el desarrollo residencial en Tolosa Latour, mientras que sí aporta fondos para la construcción de una nueva sede para oficinas autonómicas
  • Sin avances en el uso de Zona Franca

 

Hay un dato cierto que es el centenar de nuevas viviendas públicas que el Ayuntamiento de Cádiz ha terminado de construir o está construyendo en distintos puntos de la ciudad. Un dato cierto también es que supone casi duplicar en cuatro años las que el anterior gobierno de Adelante Cádiz ejecutó en ocho. Pero, también es un dato cierto que estas cifras son muy escasas ante las necesidades que tiene la capital en vivienda pública.

En el camino que queda por cubrir, la agenda municipal incluye varios cientos de nuevas viviendas sociales, pero todas afectadas por la lentitud con la que se mueven las administraciones. Pasa con operaciones de gran calado como las previstas en los solares de los antiguos colegios de Adolfo de Castro y Carmen Jiménez, con capacidad para varios cientos de casas pero que necesitan modificaciones en el Plan de Ordenación Urbana, con trámites lentos de ejecutar en el tiempo.

Cabría plantearse una modificación en el ordenamiento urbanístico que permitiese agilizar estos cambios, más cuando tienen un evidente valor social. La misma Junta dispone de la Unidad Aceleradora de Proyectos (en la que está metido el nuevo Hospital de Cádiz), que reduce de forma considerable toda la burocracia.

La Junta también juega, o al menos debería de jugar, un papel relevante en la ampliación del parque público. Al fin y al cabo tiene un inmenso suelo en Tolosa Latour y dos antiguos equipamientos como Náutica y Valdeíñigo.

Entre todos se calculan 369 pisos. Lo que debería ser una urgencia, avanza lentamente en su complicada solución. Así, acumulamos ya año y medio de espera para que se ratifique el convenio entre Junta y Ayuntamiento para cerrar la redefinición de estos suelos.

Si ya es preocupante agotar 18 meses en un documento que debería de haberse elaborado con la rapidez de días, por la gravedad del problema de la vivienda social en Cádiz, aún lo es más cuando se conocen avances de la Junta en el desarrollo de proyectos no habitacionales a ejecutar en parte de estos mismos suelos.

Es el caso del complejo de oficinas que va a levantar en Tolosa Latour, con una inversión de 16 millones de euros. Ya se ha aprobado un gasto de 1,5 millones para la redacción del proyecto básico y de ejecución, con cinco meses de plazo; después, se adjudicará la obra del complejo administrativo, con 30 meses de plazo.

Más allá de si es necesario o no contar con un nuevo edificio de oficinas para la Junta, resulta incomprensible que se cuente con fondos millonarios para esta operación, mientras que no los hay para la viviendas. Y que, encima, se reduzca el espacio para más pisos. La previsión planteada hace 18 meses era la de construir 180 pisos, cuando podrían duplicarse o más sin este complejo administrativo.

El avance en la Escuela Náutica

Frente a este plan, sí avanza la planificación de viviendas en la antigua Escuela de Náutica. En este edificio de propiedad de la Junta, el alcalde, Bruno García, indicó en una entrevista con este diario, que se van a promover viviendas de protección oficial con un claro perfil social, tras la petición en este sentido del Ayuntamiento.

Sin embargo, el gobierno municipal no ha dado paso alguno en la reordenación del polígono exterior de la Zona Franca, para lo que sería necesario sentarse con el Consorcio y con los propietarios de las naves y talleres vacíos en este polígono infrautilizado.

Hoy es el único suelo que permite un gran desarrollo inmobiliario para la ciudad, con capacidad para construir varios miles de viviendas de todo tipo, habida cuenta que su uso industrial ha pasado ya a la historia.

Sin embargo, hasta el momento las dos administraciones implicadas en una operación urbanística muy complicada, por el cambio de uso del suelo, no se han sentado para analizar cómo sacar adelante este plan. Más aún, si el Ayuntamiento sigue callado, la actual dirección del Consorcio mantiene que este terreno debe mantener un uso industrial.




Granada: Las cinco obras que arrancan este mes en Granada

  • Urbanismo pone en marcha actuaciones de reforma en barrios como Chana, Centro, Ronda o Beiro

El verano es el periodo favorito de las entidades locales para poner en marcha obras. Con parte de los vecinos fuera de la ciudad con motivo de las vacaciones, los operarios municipales pueden trabajar con mucha más facilidad en vías que, durante el resto del año, sería muy difícil por el continuo trasiego de vehículos. Así se entiende que este mes que antecede a julio y agosto sea el escogido por el Ayuntamiento para iniciar trabajos.

Cinco son los puntos de la capital nazarí en los que, de aquí a dos semanas, se arrancarán procesos de reforma. Se trata de Mondragones, Muralla Alberzana, Afán de Ribera, Carretera de Málaga y Pintor López Mezquita, según ha informado el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, este lunes.

1. Mondragones

La parcela del antiguo cuartel de Mondragones, detrás del centro administrativo municipal, es uno de los lugares en los que dará comienzo una actuación. En concreto, la obra tiene como objetivo la construcción de un inmueble que servirá como espacio expositivo y de divulgación del yacimiento arqueológico localizado en la zona durante una serie de excavaciones realizadas antes de la pandemia.

Como contó este periódico, con motivo de los estudios previos a la puesta en carga de la parcela, los expertos localizaron restos de diferentes inmuebles de época tardorromana. Entre otros espacios, se atestiguaron huellas de una almazara, así como de varias calles que formaban un pequeño entramado urbano ubicado en este lugar en época visigoda.

De la mano de la Junta de Andalucía, el Consistorio ha trabajado en la musealización de los restos, para lo que se construirá un inmueble con diferentes estancias donde los visitantes podrán conocer cómo era la zona en tiempos antiguos y qué se realizaba en los edificios históricos ahora localizados.

2. Muralla Alberzana

La recuperación de la muralla alberzana, en la zona más alta del Albaicín, es otra de las obras que va a arrancar este mes. Con un importe que supera los 800.000 euros financiado con fondos del Plan Alhambra, la iniciativa pretende la rehabilitación de un importante trozo del sistema defensivo de la ciudad de época nazarí.

Sobre este lugar, que se encuentra muy degradado, ya se actuó entre 2006 y 2008. Sin embargo, ahora se pretende, además de su puesta a punto, la construcción de un paseo junto a la muralla que permita contemplar de cerca el conjunto monumental.

El proyecto, por otra parte, va a servir para eliminar elementos, como cables eléctricos y torretas de energía, que están afectando a la visual de la muralla y se va a aprovechar también para poner en valor los restos del convento de San Antonio ubicados en el entorno del lienzo murario.

3. Afán de Ribera

La transformación de Afán de Ribera es otra de las iniciativas que se van a poner en marcha antes de que termine el mes. Es una de las actuaciones más esperadas al afectar a la pequeña vía que comunica Recogidas con Portón de Tejeiro.

Hasta ahora, esta calleja se encontraba muy descuidada y presentaba graves deficiencias para la movilidad peatonal en una de sus aceras por el riesgo que entrañaba para los viandantes. El objetivo de la intervención ahora es solventar este problema y adaptar la calzada para compatibilizar el tráfico con el paso de los vecinos.

La intervención, que mantendrá un carril único de 3 metros y medio de anchura, va a servir también para poner la guinda a los trabajos que se realizaron meses atrás en el entorno de Tejeiro, Luis Braille y Martínez Campos.

4. Carretera de Málaga

La reforma del último tramo de la Carretera de Málaga también se va a comenzar en los próximos días. Esta actuación forma parte del Plan Municipal de Obras en el que colaboran Ayuntamiento y Emasagra, un paquete de intervenciones con las que se pretende mejorar la estética de las calles escogidas y renovar las canalizaciones que dan servicio a los vecinos.

En el caso de la arteria de la Chana, la actuación tiene como objetivo poner término a una renovación que ya se ejecutó en el mandato anterior sobre dos tercios de la avenida. La intervención ahora se va a llevar a cabo en un tramo de 440 metros ubicado entre los cruces con Washington Irving y María Goyri donde se renovará la iluminación y el mobiliario urbano, además de remodelar las aceras y ampliar las zonas verdes.

El proyecto prevé que el nuevo acerado sea accesible y favorezcan los recorridos peatonales. En cuanto a la calzada, se mantendrá el doble sentido de circulación con dos carriles por sentido y se ampliarán las plazas de aparcamiento de las 44 actuales a 49.

Otra de las novedades será la ejecución de una nueva glorieta en la intersección con la calle Virgen de la Consolación. Con esto se pretende mejorar la circulación y reforzar la seguridad en la zona.

5. Pintor López Mezquita

La última de las actuaciones que se iniciarán en junio es la que afecta a la calle Pintor López Mezquita. Como parte del Plan Municipal de Obras, la idea es reordenar una zona que tiene mucha presencia de niños por la cercanía de varios centros educativos en el entorno, por lo que se va a aprovechar para crear dos zonas de juegos en la vía.

Además, el Ayuntamiento va a ampliar el acerado e implantará plataforma única con idea de asegurar la accesibilidad a todas las personas.

Eyecto prevé también la creación de nuevos espacios de sombra. En este sentido, se van a plantar una veintena de naranjos, una especie que se adapta especialmente a la cercanía de edificios residenciales. Asimismo, se van a renovar las redes de abastecimiento y los sistemas de iluminación, para lo que se empleará tecnología LED.




Granada: Las obras del nuevo acceso a la Alpujarra superan su ecuador con avances en el falso túnel y el viaducto

  • El primer tramo entre el puente de Tablate y la embotelladora supera el 57%, mientras que el sector hasta Lanjarón está al 47%
  • La previsión es que estén acabadas para diciembre

 

Las obras del nuevo acceso a la Alpujarra, que unirán Lanjarón con la A-44 con un trazado más seguro, están al 52% de su ejecución. Los trabajos, según ha informado este lunes la Junta de Andalucía, avanzan ahora hacia “la fase más decisiva”, que es la construcción del puente de 166 metros que reducirá “de forma drástica el número de curvas del trazado”. En total, el proyecto ya está ejecutado a un 52% de media, con un primer tramo más avanzado al 57%, mientras que el segundo, entre la nave embotelladora y el casco urbano de la localidad alpujarreña, está al 47%.

El primer tramo, entre el puente de Tablate y la planta envasadora de Aguas de Lanjarón, se encuentra a cerca del 60% de avance, un 57% en concreto, y es el sector clave que reducirá el recorrido en 1,3 kilómetros gracias a la eliminación de más de una veintena de curvas. Estas mejoras de la seguridad vial serán posibles gracias, en buena parte, a un nuevo trazado, con un viaducto de 166,74 metros de longitud, con cinco vanos y pilas de hasta 29 metros de altura, que permitirá salvar una vaguada existente en el entorno de Lanjarón.




La escalada de costes bloquea casi 300 obras públicas en Andalucía con 116 millones de euros en licitaciones desiertas

 
  • CEACOP señala que las licitaciones sin aspirantes dejan sin cubrir contratos por el triple de valor que en 2025
  • El coste de materiales como el betún se ha disparado hasta un 50% y el de la energía cerca de un 47%
  • El sector exige al Gobierno un decreto urgente para la revisión de precios en los contratos públicos

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) alerta de que el número de licitaciones públicas que han quedado desiertas en la comunidad se ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300, como consecuencia del incremento de los costes de construcción provocado por la crisis geopolítica en Oriente Medio. Estos contratos representan ya casi el 12% del volumen total adjudicado en la comunidad autónoma, el doble del porcentaje que se registró en el mismo periodo de 2025.

En términos económicos, las actuaciones que han quedado desiertas alcanzan los 116 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra interanualmente y ya supera el montante total contabilizado a lo largo del conjunto del ejercicio pasado. “De no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado. La tipología de proyectos en esta situación es muy heterogénea y figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos”, dicen en la patronal.

Falta de mecanismos

Según el secretario general de CEACOP, Arturo Coloma, este incremento responde a la escalada de costes de materias primas derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz, así como a la falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos de obra pública, un problema este último que no es nuevo y viene afectando al sector de forma continuada, especialmente agravado en periodos de crisis como ocurrió con el COVID, con la guerra de Ucrania y actualmente, con el conflicto en Oriente Medio.

“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios”, señala Coloma.

Desde el inicio del conflicto bélico en febrero de 2026, se han disparado los costes de materiales esenciales para la ejecución de infraestructuras como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón, en ambos casos por encima del 15%. A esto se suma un encarecimiento de la energía cercano al 47%. Esto ha puesto en serias dificultades a las empresas constructoras para ejecutar los contratos, que se han visto obligadas a reducir el ritmo de ejecución.

Ralentizaciones

“Más del 50% de las obras adjudicadas están experimentando ralentizaciones significativas. Las empresas intentan reorganizar compras, suministros y procesos productivos a la espera de una estabilización de los mercados que permita recuperar parte de los sobrecostes sufridos. Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes”, añade Arturo Coloma.

 

Especialmente significativo es el del plan extraordinario de inversiones de la Junta de Andalucía para obras de asfaltado, con una dotación de 140 millones de euros. Estos contratos se licitaron antes de la escalada del conflicto con Irán y carecen de cualquier fórmula de revisión de precios, por lo que las empresas adjudicatarias están asumiendo un sobrecoste que ya rebasa el 30%.

Revisión extraordinaria de precios

CEACOP pone en el foco la dificultad de las empresas constructoras para ejecutar los contratos que fueron licitadas y adjudicadas bajo unas condiciones económicas que hoy han cambiado sustancialmente. A lo que se añade la falta de un paraguas legislativo que contemple estas eventualidades para adaptar los contratos a las circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

Ante este escenario, la patronal exige al Gobierno central la aprobación inmediata de un real decreto que establezca un sistema extraordinario de revisión de precios y la incorporación estructural de estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En este sentido, CEACOP advierte de que una respuesta administrativa tardía provocará la paralización de obras, la pérdida de inversión pública y graves problemas económicos para un sector estratégico que representa una parte esencial de la actividad económica y del empleo en España.




De la Plaza de España a la Fábrica de Vidrios: la subida del precio de los materiales bloquea 75 obras públicas en Sevilla

  • La patronal Ceacop alerta de la paralización de 300 actuaciones en toda Andalucía y avisa que se han duplicado las licitaciones desiertas respecto a 2025 debido a los efectos de la situación geopolítica

 

La crisis derivada de la situación geopolítica de los últimos meses, que ha supuesto el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha tenido un impacto directo en Andalucía en muchos sentidos, también en el referido a la obra pública. Así lo ha denunciado este lunes el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que ha alertado de que el número de obras de este tipo que han quedado desiertas en la comunidad se ha disparado en lo que va de año hasta rozar las 300, como consecuencia del fuerte incremento de los costes de construcción.

Estos contratos representan ya casi el 12% del volumen total adjudicado en la comunidad autónoma, es decir, se ha duplicado el porcentaje que se registró en el mismo periodo de 2025, ha señalado la organización en una nota de prensa.




Más de 40 obras públicas quedan desiertas en Córdoba en 2026 por el aumento de los costes

  • Las actuaciones bloqueadas en la provincia suman 10,8 millones de euros, según los datos de Ceacop

 

El notable incremento de los costes de construcción provocado por la crisis geopolítica de Oriente Medio ha dejado un total de 43 obras públicas desiertas en Córdoba durante lo que va de 2026. Las actuaciones bloqueadas en la provincia alcanzan un valor de 10,8 millones de euros y se reparten entre todas las administraciones competentes en la materia, desde la Junta de Andalucía a la Diputación, pasando por distintos ayuntamientos. En el conjunto de Andalucía, las intervenciones que han cerrado su proceso de licitación sin adjudicatario ascienden a 300, lo que representa casi el 12% del volumen contratado y el doble del registro anotado en el mismo periodo del pasado año; con un valor de 116 millones, el triple que en 2025 y más que el total contabilizado en el último curso.

Ante esta situación, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), recuerda que “de no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado”. Y añade para sostener su postura que la tipología de proyectos que han quedado bloqueados en los primeros cinco meses de este año es muy diversa, pues figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos.

El ejemplo más claro se encuentra en la propia provincia de Córdoba. Las siete obras públicas de mayor importe que han quedado desiertas, todas por encima del medio millón de euros, están relacionadas con todo tipo de administraciones. Según los datos aportados por Ceacop, las dos de mayor importe y las únicas que superan el millón de inversión se interrelacionan entre sí y tienen como licitadora a Emproacsa, la empresa provincial de aguas de la Diputación; se trata, al detalle, de la sectorización de las redes de abastecimiento en varios municipios tanto de la zona Norte (1.458.942,28 euros) como de la zona Sur (1.230.172,49).

A continuación aparece la actuación que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, concerniente a la reordenación y adecuación del itinerario hacia el Salón Rico por el borde oriental de la zona excavada en el complejo arqueológico de Medina Azahara, con un montante de 977.624,90 euros. A partir de ahí, las cuatro siguientes intervenciones que han quedado desiertas en Córdoba en lo que va de primer semestre de 2026 fueron contratos puestos en carga por distintos ayuntamientos de la provincia.

Muy cerca del millón de euros (928.154,47 euros, para ser exactos) se sitúa el contrato lanzado por el Consistorio de Villa del Río para la redacción del proyecto de ejecución a partir de proyecto básico, redacción de estudio de seguridad y salud, proyectos de instalaciones y de actividad y ejecución de obras para la construcción de un edificio destinado a biblioteca pública municipal y salas de usos múltiples. También quedaron sin adjudicatario las obras del proyecto básico y de ejecución de Sala de las Artes en el Parque Fidiana, en la capital, licitadas por un valor de 619.588,55 euros.

Los dos últimos proyectos que, por su impacto económico, destaca Ceacop en la provincia superan también los 500.000 euros. Por un lado está la contratación de las obras contenidas en el proyecto para la ejecución de cuatro viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler en el número 9 de la calle Puente de Montoro (583.462,54 euros); de otro, el contrato para aplicar aglomerado en caliente tipo AC-16 SURF sobre las calzadas y diversas zonas de estacionamiento a pie de obra para la pavimentación de varias calles de Pozoblanco (barriada el Silo, parte de Ronda de Circunvalación y el polígono industrial Dehesa Boyal), una actuación enmarcada dentro del Plan Diputación Invierte por un valor de 504.310,84 euros.

Las empresas, obligadas a reducir el ritmo de ejecución

Este importante volumen de obras públicas desiertas tiene como origen la escalada de costes de materias primas derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz, así como a la falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos, según explica el secretario general de Ceacop, Arturo Coloma, que recuerda que este último problema “no es nuevo”, si bien se agrava en periodos de crisis como ocurrió con el Covid, con la guerra de Ucrania y, actualmente, con el conflicto en Oriente Medio.

“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios”, señala Coloma.

Según los datos que maneja el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, desde el inicio del conflicto bélico en febrero, se han disparado los costes de materiales esenciales para la ejecución de infraestructuras como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón, en ambos casos por encima del 15%. A esto se suma un encarecimiento de la energía cercano al 47%. Esto ha puesto en serias dificultades a las empresas constructoras para ejecutar los contratos, que se han visto obligadas a reducir el ritmo de ejecución.

“Más del 50% de las obras adjudicadas están experimentando ralentizaciones significativas. Las empresas intentan reorganizar compras, suministros y procesos productivos a la espera de una estabilización de los mercados que permita recuperar parte de los sobrecostes sufridos. Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes”, añade Arturo Coloma. Un ejemplo de ello es el plan de inversiones de la Junta para obras de reasfaltado, con una dotación de 140 millones, que se licitó antes de la escalada del conflicto de Irán, por lo que las empresas están asumiendo ya un sobrecoste que supera el 30%.

Ceacop exige un real decreto para la revisión de precios

Ante esta situación, Ceacop pone en el foco la dificultad de las empresas constructoras para ejecutar las obras que fueron licitadas y adjudicadas bajo unas condiciones económicas que hoy han cambiado sustancialmente, a lo que se añade la falta de un paraguas legislativo que contemple estas eventualidades para adaptar los contratos a las circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

Así, la patronal exige al Gobierno central la aprobación inmediata de un real decreto que establezca un sistema extraordinario de revisión de precios y la incorporación estructural de estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público, pues de lo contrario esto provocará la paralización de obras, la pérdida de inversión pública y graves problemas económicos para un sector estratégico que representa una parte esencial de la actividad económica y del empleo en España.