Córdoba: El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

| junio 2, 2026

La reforma del circuito del Parque Cruz Conde es el proyecto más avanzado, con inicio de obra previsto para verano

El equipo de gobierno de Córdoba sigue adelante con el proyecto Edilquivir para el que el Gobierno de España autorizó la concesión de 12 millones de euros de financiación europea de los nuevos Feder (Estrategia de Desarrollo Integral Local). Estamos hablando de nueve proyectos que se van a desarrollar en el eje del río Guadalquivir y el distrito Sur para los que el Ayuntamiento de Córdoba ha concurrido a estas ayudas de la Unión Europea (UE). Los proyectos están presupuestados en un total de 20 millones, y el Consistorio cordobés está dispuesto a completar con fondos propios para alcanzar esa cifra.

Qué es el Edilquivir

Edilquivir incluye proyectos que el Ayuntamiento de Córdoba tiene ya en marcha, como la reforma del circuito del Parque Cruz Conde, o la construcción de una residencia para jóvenes que ya está incluida en el Plan Vives que impulsa Vimcorsa. En general, los nueve proyectos se han subdividido en dos grandes bloques: un primer bloque que incluye la creación de conectores verdes, accesibles e inclusivos; y un segundo bloque de integración, equidad, inclusión social, digital y económica.

Comisión de seguimiento del ‘Edilquivir’

Hace unos días, los responsables del programa Edilquivir mantuvieron una reunión con los grupos municipales de la oposición, el Consejo del Movimiento Ciudadano y el consejo de distrito Sur, en la que se informó de las últimas novedades del proceso y se constituyó oficialmente la comisión de seguimiento del Edilquivir. El delegado responsable de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, confirma la buena marcha del procedimiento que está en estos momentos en una fase burocrática. De hecho, el Ayuntamiento ha tenido que presentar de nuevo los nueve proyectos para que compitan entre sí en Europa.

Técnicamente se trata de “una convocatoria de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios”, o lo que es lo mismo, un proceso preliminar en el que una administración pública o una entidad financiadora -en este caso la UE- invita a posibles candidatos a presentar sus ideas o proyectos antes de abrir la convocatoria oficial de ayudas. Se trata de un requisito en el que el Ayuntamiento confía en mantener la financiación para los nueve proyectos aceptados en una fase más preliminar.

En el transcurso de la reunión, el concejal del PSOE Ángel Ortiz recordó que el alcalde, José María Bellido, se comprometió a cerrar el anillo verde por el sur con los remanentes que se originaran entre lo presupuestado y el precio de adjudicación de los distintos proyectos y que era esencial comenzar a redactar el proyecto con el fin de no perder ni un euro.

Distintos niveles de ejecución

Los proyectos del Edilquivir están en distinto grado de ejecución. El más adelantado es la reforma del circuito del Parque Cruz Conde, presupuestado con 1,7 millones, que no se ha adjudicado ya porque inicialmente se iba a financiar con fondos municipales y ahora ha habido que hacer un cambio para ajustarlo a la financiación europea. En cualquier caso, se prevé que en verano comience la obra de rehabilitación del circuito deportivo.

Otras iniciativas tienen redactados ya los proyectos y están solo a falta de salir a contratación, como la segunda parte de la reforma del estadio de San Eulogio por 1,4 millones; mientras que para la construcción de un paseo fluvial en el camino histórico de la Alameda del Obispo se acaba de adjudicar el proyecto a la empresa Gis Ingeniería Civil SL. También está ya redactado, y pendiente de salir a contratación, la mejora de la accesibilidad entre el barrio del Guadalquivir y el polígono de La Torrecilla con la construcción de un carril ciclista y una plataforma por 971.500 euros.

Además de estos proyectos, el Edilquivir se completa con un conjunto de obras de reparación del viario público y los parques infantiles del barrio del Guadalquivir, presupuestado con 1,5 millones; la construcción de un centro social de Servicios Sociales en el San Eulogio, presupuestado con 2,9 millones; un proyecto de emprendimiento y empleo en el distrito Sur dotado con un millón de euros, en el que se lleven a cabo talleres y formación, y una plataforma tecnológica de capacitación para la ciudadanía presupuestada en 90.800 euros.

Beneficio económico y emocional

El delegado Jesús Coca explica que los macroproyectos que integran el Edilquivir “se conectan entre sí y permiten cumplir los objetivos marcados en la planificación, y que es capacitar al personal que reside en el barrio Guadalquivir en oficios, demandados por ellos mismos, garantizará que estos puedan participar directamente en la mejora de su barrio, ejecutando las labores de mantenimiento, reparación o adecentamiento de las zonas del mismo que lo precisen”.

“Ahora bien, el beneficio no es sólo material, también emocional, ya que poder disfrutar del entorno físico del que se dispone, como los márgenes del río, o la terminación de las infraestructuras deportivas del barrio, que aumentan las relaciones sociales, vienen a regenerar la calidad de vida de los residentes de la zona de actuación”, concluye Coca.

Jaén: La CHG impulsa en Jaén once obras de emergencia para reparar daños del tren de borrascas

| junio 2, 2026

Ocho actuaciones ya están en ejecución y otras tres comenzarán de forma inmediata para restaurar infraestructuras hidráulicas y reforzar la seguridad frente a futuras lluvias intensas

La provincia de Jaén cuenta actualmente con once obras de emergencia impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para reparar los daños provocados por el tren de borrascas de principios de año, con una inversión total de seis millones de euros.

De esas actuaciones, ocho ya se encuentran en ejecución, mientras que otras tres comenzarán de forma inmediata, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de España.

La presidenta del organismo de cuenca, Gloria Martín Valcárcel, ha visitado este lunes varias de estas intervenciones junto al subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, en un recorrido que ha incluido las obras de defensa de Andújar, el arroyo Escobar, el río Eliche y el sondeo de La Merced.

Estas actuaciones, enmarcadas en el Real Decreto-ley 5/2026, tienen como objetivo restituir la funcionalidad de las infraestructuras hidráulicas estatales y reforzar la protección frente a futuros episodios de lluvias intensas.

En total, el plan incluye intervenciones en presas, zonas regables, sistemas de abastecimiento y obras de defensa de poblaciones, además de trabajos de restitución del dominio público hidráulico en cauces afectados por las avenidas.

Entre las actuaciones ya en marcha destacan los trabajos en Giribaile, Siles y Guadalmena, así como la sustitución del suministro eléctrico del bombeo de La Merced en el sistema Víboras-Quiebrajano y las obras de defensa en Andújar y Mogón. A estas se suman las intervenciones en el arroyo Escobar y el río Eliche, también en ejecución.

Las tres actuaciones programadas

Paralelamente, están programadas de inicio inmediato tres actuaciones: la reparación de accesos y caminos de servicio en la presa de Cadimo, el sellado de juntas frías en la presa de Guadalmena y la mejora de los viales de las zonas regables entre Puente del Obispo y Vados de Torralba.

Desde la Subdelegación del Gobierno de España se ha destacado que este despliegue permite avanzar de forma simultánea en distintos frentes, priorizando los puntos más afectados por el temporal y agilizando la recuperación de las infraestructuras hidráulicas dañadas.

Málaga: El varapalo a la depuradora norte de Málaga elevará las multas millonarias por los vertidos

| junio 2, 2026

Desde 2018 la Junta ya ha tenido que pagar unos 10 millones de euros por este motivo, y la cifra seguirá subiendo a razón de 1,3 millones anuales, solo por no tratar las aguas residuales de Alhaurín el Grande

El futuro de la gran depuradora norte de Málaga pinta más que incierto tras el varapalo judicial del Tribunal Supremo que supuso el no definitivo a construirla en la Vega de Mestanza, y la consecuencia más directa es que las multas de Europa por los vertidos de aguas residuales al río Guadalhorce seguirán incrementándose a razón de 634.000 euros al semestre, es decir, casi 1,3 millones de euros al año. Más de 3.500 euros cada día. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalaron ayer que “ahora mismo hay un perjuicio económico para la Junta de Andalucía, que va a seguir pagando sanciones” por incumplir la normativa europea de depuración de aguas. Esta es, según subrayaron, “la única sanción que hoy en día paga la administración autonómica por este concepto”. El procedimiento sancionador se inició en 2004, pero no fue hasta 2018 cuando se dictó sentencia en firme y se tuvo que proceder al primer desembolso económico, el 26 de julio de ese año –aunque hubo un error en el primer pago y se ejecutó más tarde de lo previsto–. De cualquier forma, desde 2018, la Junta ha tenido que pagar de las arcas públicas regionales, en concepto de sanciones, en torno a 10 millones de euros.

La cifra, que incluye los seis primeros meses de 2026, seguirá subiendo después de que los tribunales hayan mandado a la casilla de salida a un proyecto que, además de cumplir con los objetivos medioambientales que marca Europa, iba a servir para dotar al Valle del Guadalhorce de más recursos hídricos a través de la reutilización de las aguas regeneradas. Los primeros pasos de este proyecto se remontan a hace dos décadas, de hecho, la elección de la Vega de Mestanza para su ubicación se produjo allá por 2003, aún bajo el Gobierno socialista de Manuel Chaves; ahora la situación obliga a buscar otros suelos. Tras conocerse el auto del Supremo la Consejería aseguró que “ya se han puesto a trabajar los servicios técnicos para que Málaga pueda tener cuento antes la depuradora que precisa”. Hace tiempo, la Junta advirtió que volver a tramitar el proyecto desde el principio podía suponer otros siete años. De ser así, y para cuando la infraestructura viera finalmente la luz, la sanción acumulada podría rondar los 18 millones de euros.

Hay que aclarar que estas multas se circunstriben al caso de Alhaurín el Grande, porque aunque la EDAR Norte venía a tratar las aguas residuales de Alhaurín el Grande, Cártama, Alhaurín de la Torre, Torremolinos y parte de la capital –en total, una población cercana a los 250.000 habitantes–, en la práctica, solo los dos primeros no depuran sus aguas, y la Unión Europea solo impone sanciones por Alhaurín el Grande –de momento–. El resto de localidades que iban a ser atendidas por la depuradora de la Vega –Torremolinos, Alhaurín de la Torre y la capital– sí trata sus aguas residuales, en concreto, en la EDAR del Guadalhorce, la que hay en la carretera Azucarera-Intelhorce, gestionada por Emasa, y que es una de las dos plantas que funcionan para el Guadalhorce, junto a la EDAR del Bajo Guadalhorce, en el término municipal de Pizarra, que opera para esta localidad, además de para Coín y Álora.

Teniendo en cuenta esto, el foco del problema está en Alhaurín el Grande y en Cártama. En el caso del primero, cuya población roza los 29.000 habitantes y que, ahora mismo, vierte sus aguas residuales principalmente al río Fahalá, desde donde acaban en el Guadalhorce y, en última instancia, en el mar, el alcalde, Anthony Bermúdez, reconoció ayer que la depuradora “es una necesidad, una prioridad y una urgencia”.

En declaraciones a este periódico, el regidor afirmó que la resolución del Tribunal Supremo “nos sorprende a medias”, puesto que, según recordó, “ya avisamos de las deficiencias que tenía ese proyecto y de las razones que podían tener los vecinos con sus reivindicaciones”. El alcalde, que recordó que los vecinos de Alhaurín el Grande pagan a la Junta, a través del recibo del agua, un canon de unos 400.000 euros al año por la depuración, apeló al Gobierno andaluz a que “busque una alternativa” para que “podamos depurar nuestras aguas cuanto antes con un proyecto nuevo”. Así, aseguró que desde el propio Consistorio solicitarán una reunión con la Junta de Andalucía “para ver si encontramos una solución” que, según subrayó, había que intentar que fuese “rápida”.

En este punto, el alcalde recordó que hubo “planteamientos técnicos para una depuradora más pequeña, compartida entre Alhaurín el Grande y Cártama”, pero que en su momento “solo el alcalde de Cártama apoyó esa alternativa y Alhaurín el Grande, el anterior equipo de gobierno, se desmarcó”. “Actualmente sí apoyaríamos cien por cien esa alternativa”, subrayó Bermúez, que sostuvo que “hay un entendimiento claro y nítido entre Cártama y Alhaurín el Grande”, aseguró que, llegado el caso, su municipio haría “todo lo posible por facilitar terrenos y ayudar con esa depuradora que, vuelvo a repetir, es una prioridad”.

Lo mismo plantean desde el Ayuntamiento de Cártama. “Se debería analizar una posible actuación para Alhaurín el Grande y Cártama exclusivamente, y que para el resto de municipios se plantee otra solución”, expresó Miguel Espinosa, teniente de alcalde de este municipio, quien apostó por estudiar esta vía “sobre todo por ver si eso podría ser más rápido, visto el problema tan grande que se ha presentado”. Sobre la Vega de Mestanza, consideró “no es el sitio adecuado” para construir la depuradora, al ser “terreno inundable”, además de tratarse de “una zona que tiene declarado un interés paisajistico y natural”. “La Junta de Andalucía debe buscar un lugar adecuado y lo antes posible, que no cuente con oposición de los afectados y que se pueda construir de forma inminente”, manifestó, incidiendo se trata de una situación que “necesita una actuacion urgente que resuelva de forma definitiva los problemas de saneamiento del bajo Guadalhorce”.

Cártama, que supera ya los 29.000 habitantes es, junto con Alhaurín el Grande, la otra localidad que entraba en el paquete de la EDAR Norte y que sigue echando sus aguas residuales al río, aunque en su caso, Europa aún no ha abierto ningún expediente sancionador. Aquí, la situación es, si cabe, más confusa, pues se produce una paradoja: es la Junta la que tiene abiertos seis expedientes de sanción al ayuntamiento por vertidos al Guadalhorce, cuando se trata de una competencia autonómica. Cada uno de ellos oscila entre los 6.000 y los 10.000 euros. La cuenta, en total, ronda los 40.000 euros, aunque el Ayuntamiento tiene recurridas todas esas sanciones por vía administrativa, a través de recursos de alzada, y según asegura el teniente de alcalde, están dispuestos a ir hasta los tribunales: “Si no nos dan la razón, vamos a interponer un contencioso administrativo. Ya lo hemos hablado con un despacho jurídico, la administración autonómica no nos puede sancionar por algo que ella tiene que resolver”. Al mismo tiempo que recuerda que la Junta cobra a Cártama 200.000 euros anuales en concepto de canon de vertido, Espinosa alude a una sentencia del TSJA, dictada en marzo de 2024, en la que el alto tribunal andaluz dio la razón a un municipio granadino que recurrió multas de la Junta, en circunstancias similares a las de Cártama.

Por su parte, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, incidió en que “la depuradora hace mucha falta”, no solo para Alhaurín el Grande o Cártama, sino también “para los polígonos de Málaga, la ampliación del parque tecnológico o la ampliación del aeropuerto”, y para el propio Alhaurín de la Torre, ya que según el regidor, “la depuradora de Málaga [la del Guadalhorce] tiene una capacidad que no se puede sobrepasar”. “Es un problema que tenemos importante y que yo entiendo que se le tiene que buscar una solución”, señaló Villanova, considerando que “tiene que ser un proyecto potente”. Sobre el nuevo emplazamiento, afirmó que “Alhaurín de la Torre no tiene un sitio que sea idóneo para poder ubicarla”. De cualquier modo, insistió en que empezar de nuevo llevará tiempo. “Una depuradora no se hace en cien días”, dijo. Precisó, además, que fue el PSOE quien diseñó la EDAR Norte y la puso en la Vega de Mestanza y que el PP hizo cambios para “reducir el espacio y expropiar bastantes decenas de miles de metros cuadrados menos”, atendiendo también todas las peticiones del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

En la misma línea, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, señaló que esta era una infraestructura hídrica que iba a suponer “un gran beneficio” para su municipio y que ahora, con la resolución del Tribunal Supremo, “habrá que buscar una solución alternativa, la cual estoy convencida que llegará porque el compromiso de la Junta de Andalucía para la gestión eficiente de los recursos hídricos es firme e incuestionable”.