• El trámite dará paso a la formalización del contrato y al posterior comienzo de los trabajos

La Junta de Gobierno Local aprobará este martes en una sesión extraordinaria la adjudicación de las obras para la construcción del nuevo estadio de fútbol previsto en la ciudad deportiva de Bahía Sur. El trámite supone un paso decisivo para la ansiada puesta en marcha de los trabajos, que tendrá todavía que esperar un poco más, hasta que se formalice la firma del contrato una vez que la empresa que ha resultado adjudicataria presente toda la documentación necesaria y deposite la fianza requerida, para lo que dispone de un plazo de 30 días.

El contrato para las obras del estadio, que se ha tenido que licitar hasta en tres ocasiones, parece que vislumbra ya la luz al final del túnel. Así que, si no surgen más contratiempos, la actuación podrían dar comienzo este mismo verano.

La mesa de contratación, cabe recordar, formuló en el pasado mes de marzo una propuesta de adjudicación a favor de la mercantil malagueña Grupo Guamar, con un importe de 12.559.881,76 euros -IVA incluido- al ser la mejor propuesta técnica entre todas las presentadas durante la licitación pública.

Dicha adjdudicación se verá refrendada este martes con el trámite de la Junta de Gobierno Local, lo que dará paso ya a la recta final de la licitación.

En su currículum, la adjudicataria cuenta con obras como la rehabilitación y adecuación de nuevos usos de la plaza de toros de Málaga, el pabellón polideportivo Sergio Escariolo en la localidad de San Pedro de Alcántara o el parque cardiosaludable en el municipo de Teatinos, entre otras actuaciones.

Cabe recordar que se trata de la tercera vez que se licita este proyecto estrella del equipo de gobierno, que ha pasado por múltiples vicisitudes en los últimos años.

La obra, con 16 meses de plazo, terminaría a finales de 2027 si diera comienzo a mediados de este año y, claro está, si durante su ejecución no sufre retraso alguno.

Un accidentado recorrido

Fue el 4 de julio de 2024, con un presupuesto (entonces) de 10.998.199,44 euros, cuando se licitaron por primera vez las obras del nuevo estadio. El 6 de noviembre se informó de la adjudicación del contrato. El inicio de las obras se planificó entonces para principios de 2025, justo después de las Navidades. El gobierno municipal llegó incluso a poner fecha al simbólico acto de colocación de la primera piedra. Sin embargo, a la hora de firmar el contrato, la UTE que había resultado adjudicataria dio marcha atrás. Tampoco las otras empresas que habían presentado ofertas quisieron hacerse con las obras alegando que el presupuesto había quedado desactualizado con el incremento de los costes. Así que el pasado 30 de mayo el ejecutivo informó que las obras se habían declarado desiertas y que se volverían a licitar.

La crisis del club azulino –y su disolución y refundación– que siguieron durante los meses siguientes hicieron pensar en una posible marcha atrás de con este proyecto millonario ya que La Isla estuvo incluso a punto de quedarse sin su equipo de fútbol. En varias ocasiones, la propia alcaldesa salió a la palestra para aclarar que el Ayuntamiento seguía adelante con los planes. Así, el 30 de septiembre –dos años después de la presentación del proyecto– se volvieron a licitar las obras, esta vez con un presupuesto de más de 14 millones de euros.

Sin embargo, los errores detectados en el expediente por uno de los licitadores al haberse incluido una versión desactualizada del proyecto obligaron a anular todo el proceso ya que el fallo comprometía las garantías de la licitación, lo que podía llevar a su nulidad. En diciembre se dio el primer paso para afrontar su tercera licitación, un proceso administrativo que ahora ha dado un paso decisivo al formalizar la adjudicación definitiva de las obras.

• El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales desestima el recurso que tenía paralizada la adjudicación de esta obra

Tras un mes de incertidumbre, la Junta de Andalucía tiene ya vía libre para poner en pie su anunciado nuevo edificio administrativo en Cádiz con en el que pretende reunir hasta siete organismos de la administración autonómica en la ciudad. Y es que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Gobierno andaluz acaba de desestimar el recurso que tenía paralizada la adjudicación de este proyecto.

Así, con fecha de este 13 de mayo, el organismo ha emitido la resolución del recurso especial interpuesto por la UTE Estudio Carbajal S. L. P., Arquitectos Ayala S. L. P., Jesús María Mozzo Fernández de Tirso y Eduardo Vázquez López, una de las cuatro empresas que optaban a la redacción del proyecto básico y de ejecución del edificio, contra el resultado de la adjudicación que ganó la firma Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU. De esta forma, además de desestimar el recurso, el Tribunal ha dictado el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación, que podrá seguir su curso natural.

Hay que recordar que fue este 23 de marzo cuando la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social adjudicó la redacción del anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, y estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras en el solar de Tolosa Latour a la firma Ayesa que habría realizado una oferta económica de 1.583.003 euros (IVA incluido) para ganar una licitación que contaba con un presupuesto base de 2.110.669 euros y un plazo de ejecución de 35 meses.

Con la adjudicación de este contrato parecía que se ponía fin a un proceso que arrancaba en noviembre de 2025 cuando finalizaba el plazo de presentación de propuestas a una licitación que recibió a cuatro firmas interesadas, pero de la que pronto se caía la UTE formada por Gestión Integral de Arquitectura y Proyectos BSR y Proyectos Mecánicos de Instalaciones Industriales, que no alcanzaba la puntuación mínima que estipulaba el pliego de condiciones. Posteriormente quedaría excluida otra empresa, Ingravitto Project Management, al considerar el órgano de contratación que la oferta presentada incurría “en valores anormales o desproporcionados”.

De las dos firmas que sobrevivieron al procedimiento, fue Ayesa la escogida, pero el pasado 17 de abril la mencionada UTE integrada por Estudio Carbajal, Arquitectos Ayala, Jesús María Bozzo Fernández de Tirso y Eduardo Vázquez López presentó un recurso que motivó que el proceso quedara en suspenso y a la espera del dictamen del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que se pronunció el 6 de mayo para comunicar su decisión una semana después.

Ya con la resolución en la mano, sólo queda formalizar el contrato entre la Consejería y la empresa Ayesa por el que se comenzará a definir las nuevas instalaciones. Eso sí, hay que recordar que este contrato está dirigido a estudios de Arquitectura  por lo que habrá que esperar al menos hasta tres años (los 35 meses de ejecución) para que veamos el inicio de las obras del futuro edificio, pues su construcción deberá licitarse más adelante.

Así será el nuevo edificio de la Junta en Cádiz

El edificio que tiene que tendrá que proyectar Ayesa Ingeniería y Arquitectura albergará hasta siete unidades o servicios diferentes de la administración andaluza. En concreto, se alojarán en la nueva sede administrativa los siguientes entes:

• Unidad de Policía Autonómica adscrita en Cádiz (UPA).
• Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en Cádiz, que agrupa en un sistema de gestión común al sistema de emergencias del 112, a Protección Civil, al Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía y al operativo INFOCA.
• Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Cádiz.
• Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cádiz.
• Servicio de Valoración de la Dependencia en Cádiz, perteneciente a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
• Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz.
• Agencia Digital de Andalucía (ADA).

En total, estas unidades suman 450 trabajadores, que compartirán una sede que debe dar espacio también al aparcamiento de al menos 61 vehículos, que es el mínimo exigido en la suma de necesidades de estos servicios, aunque el pliego añade que deben preverse “el mayor número de plazas de aparcamiento posible, siguiendo las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz para los usos de equipamientos de Administración Pública”, contando también con sistemas de recarga de vehículos.

• La inversión, que ha tenido que salir de nuevo a licitación, tiene un coste de partida de 438.139,66 euros

La Diputación de Córdoba acaba de sacar a licitación dos nuevas fases de construcción del pabellón polideportivo de Villaharta, aún sin terminar después de 15 años de obras y trámites. La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado el acuerdo de la junta de gobierno de la Diputación por el que se inician los trámites para adjudicar las fases 4ª y 5ª, que tienen un precio de salida de 438.139,66 euros sin contar los impuestos.

La obra se incluye en el programa de Planes Provinciales correspondiente a los periodos 2020-2023 y 2024-2027. Según la memoria técnica, los objetivos de la actuación son configurar el módulo de acceso al polideportivo, la sala de musculación situada sobre dicho espacio, adecuar el espacio bajo el graderío como vestuarios, así como todas las instalaciones necesarias para que el equipamiento pueda funcionar como pista polideportiva cubierta.

Una larga tramitación

La primera fase del pabellón de Villaharta se terminó en 2011, con cargo al por entonces llamado Plan Provincial de Cooperación. Después se redactó una segunda fase, ya ejecutada en 2014 al amparo del Plan Provincial de Cooperación 2012-2015. La tercera etapa se financió a cargo del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia Municipal 2016-2019.

En mayo de 2021 se redactó el proyecto de la cuarta fase, pero la obra quedó desierta. En noviembre de 2022 se presentó un nuevo documento de la cuarta fase con los precios actualizados (por entonces habían subido los costes de la construcción y los materiales) y también las nuevas disposiciones del Código Estructural (CE). Las obras de la cuarta fase comenzaron en mayo de 2023, pero hubo que rescindir el contrato por causas achacables al adjudicatario en diciembre de 2024.

Ahora la Diputación de Córdoba licita de nuevo la cuarta fase uniéndola a la quinta para acelerar la finalización de las obras del pabellón de Villaharta.

Características del proyecto

El proyecto técnico plantea el desarrollo de un recinto cubierto de 44,00 x 23,00 metros libres, con 8,50 metros de altura mínima, que servirá para la práctica de balonmano, fútbol sala y tenis. El aforo será de unas 200 plazas fijas.

Se proyecta asimismo crear un espacio de acceso frente a la entrada de público y una circulación perimetral. Los vestuarios disponen de un acceso a nivel directo desde el exterior, y al graderío se accede mediante rampa adaptada

• Sepisur XXI recibe el encargo de urbanizar una parcela y construir vestuarios para 300 trabajadores civiles

El Ministerio de Defensa ha dado un paso decisivo para la transformación del acuartelamiento de San Fernando, ubicado en la barriada periférica de El Higuerón, en Córdoba capital, con una inversión millonaria que marca el inicio real de la transición hacia la futura Base Logística del Ejército de Tierra. En concreto, la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Sur acaba de adjudicar a la compañía Sepisur XXI por 3,4 millones de euros la urbanización de una parcela y la construcción de un vestuario que debe atender a los 300 trabajadores procedentes de las ofertas públicas de empleo para civiles programadas para próximas fechas.

La idea es que se formen en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Número 2 hasta su destino definitivo en la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Las instalaciones que se construyan, por tanto, deberán tener “carácter trasladable” y reutilizable en el futuro. Actualmente, el acuartelamiento de El Higuerón no cuenta con la infraestructura necesaria para dar servicio al personal civil que se incorporará progresivamente, según consta en el expediente, consultado por El Día de Córdoba.

• La actuación cuenta con un presupuesto de 430.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras de reforma integral del antiguo skatepark del parque Arroyo de la Represa, con el objetivo de convertir este enclave en una gran pista ‘pump track’ de última generación con dos circuitos, según ha informado este lunes la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La actuación cuenta con un presupuesto de 430.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La regidora, que ha visitado los trabajos junto al concejal del área, Diego López, ha resaltado que el nuevo ‘pump track’ ofrecerá una instalación de uso libre diseñada para BMX, skate, roller y scooter, con dos circuitos diferenciados según edad y nivel, lo que permitirá una práctica segura tanto para principiantes como para usuarios avanzados.

En este punto, ha valorado especialmente la colaboración de Rubén Alcántara en el diseño del proyecto y ha puesto el acento en que “contar con deportistas de primer nivel permite desarrollar infraestructuras pensadas desde la experiencia real y las necesidades técnicas de sus usuarios”.

La alcaldesa ha destacado que esta es una actuación estratégica que permitirá modernizar cerca de 2.000 metros cuadrados de espacios públicos en pleno centro urbano y reforzar la oferta deportiva y de ocio al aire libre.

Muñoz ha señalado que esta intervención, con un plazo de ejecución de cinco meses, permitirá que Marbella cuente antes de final de año con “una infraestructura muy demandada por vecinos y aficionados”.

La primera edil y ha subrayado que el objetivo municipal es “seguir dotando a la ciudad de instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a nuevas disciplinas deportivas”.

Muñoz ha remarcado que esta actuación supone “una reconstrucción integral” de esta zona del parque, donde en los últimos años ya se han impulsado actuaciones estratégicas como la biblioteca, la renovación del área de juegos infantiles o el centro de tecnificación. “Este nuevo equipamiento consolidará definitivamente la transformación de este enclave urbano”, ha afirmado.

Mejora del entorno

La intervención, presupuestada en 430.000 euros y cofinanciada al 50 por ciento por la Junta de Andalucía a través del Plan de Grandes Ciudades, contempla además una mejora integral del entorno, incluyendo la renovación del pavimento, la rehabilitación de acerados, la eliminación de barreras arquitectónicas mediante nuevas rampas accesibles, así como la mejora de los accesos al centro de tecnificación.

Por su parte, López ha detallado que la nueva instalación contará con un circuito para niños y principiantes de 57 metros de cuerda con trazado triangular, y un área para usuarios medios y avanzados formada por dos anillos combinados que incorporan ‘dubbies’, peraltes y ‘wallrides’.

• El Ministerio de Hacienda ha autorizado a realizar una revisión de precios excepcional en septiembre para la empresa pública Tragsa, pero no para las empresas privadas

Entre 2025 y 2026 se licitaron un total de 881 millones de euros de obra pública en asfaltado de carreteras en España, pero podrían estar en riesgo, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La subida de precios de los materiales de la construcción debido al cierre del estrecho de Ormuz ha provocado que los gastos para las empresas concesionarias sea inasumible.

Desde febrero, el precio del betún, indispensable para el asfaltado, ha aumentado un 49% debido al conflicto de Oriente Medio, lo que provoca que empresas que ya tenían adjudicada una obra pública de carreteras se piensen dos veces si continuar con ella o no. El principal escollo se encuentra en la falta de revisión de precios por parte del ente público, que viene regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, la cual impone que cualquier ejecución de obra realizada en el primer año de contrato no esté sujeta a revisión de precios. Es decir, todo lo que la empresa concesionaria construya durante los 12 primeros meses de obra queda excluido de una actualización de los costes de materiales: corren a cargo de la propia empresa concesionaria.

Esa es una de las principales quejas del sector, sobre todo después de que el Ministerio de Hacienda publicara en abril la resolución por la que quedaban actualizadas las tarifas del costo de materiales que cobra Tragsa al realizar una obra. El documento contempla la posibilidad de adoptar en septiembre una medida excepcional para revisar los precios con los que trabaja esta empresa pública, siempre y cuando la variación de los costes materiales supere el 20%: “La administración, para sus problemas, habilita soluciones, pero no para las empresas que tienen adjudicados los contratos“, explica a este periódico Arturo Coloma, secretario general de Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Esta asociación, que representa a más de 250 firmas andaluzas, pone de manifiesto el contraste entre las empresas privadas y Tragsa, y avisa de que el Plan Andaluz de Asfaltado, dotado con 140 millones de euros, está en grave peligro: “No es que las obras se vayan a paralizar, es que, si no se produce una revisión de precios, no van a llegar ni a arrancar”, lamenta.

Además, es una constante el crecimiento de la cifra de negocio de esta empresa pública. En 2021, su facturación fue de más de 1.100 millones de euros. Aunque aún no han salido sus cuentas de 2026, Tragsa sí ha publicado su previsión de volumen de negocio para este año: 2.300 millones de euros, más del doble que en 2021. Respecto a este aumento de la actividad, en 2025 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) alertó de que para la utilización de medios propios por parte del estado debía haber motivos relevantes: recomendó evitar el uso sistemático de encargos y limitar la subcontratación de Tragsa para que no se convirtiera en un simple intermediario.

La coyuntura se produce después de un invierno en el que las fuertes lluvias deterioraron el estado de las carreteras españolas, que ya de por sí estaba en el peor momento de su historia: en julio de 2025 la Asociación Española de la Carretera explicó que más del 50% de esta infraestructura presentaba deterioros de gravedad, que el déficit de conservación vial superaba los 13.000 millones de euros y que el sobrecoste del combustible de los desplazamientos veraniegos derivado del mal estado viario superaría 270 millones de euros entre julio y agosto de aquel año. De hecho, en el pasado mes de abril, la patronal Seopan expresó que en la próxima década sería necesaria una inversión de en torno a los 58.000 millones de euros sólo para el mantenimiento y la conservación de esta infraestructura.

Pero la subida del betún no es lo único que afecta al asfaltado de carreteras. De hecho, Juan José Potti, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma), explica a este periódico que la subida de precios del combustible que usa la maquinaria para asfaltar ha sido de entre un 35-40%, lo que dificulta aún más el asfaltado de carreteras. Otras subidas como la del acero (8%) o el aluminio (14%) entre finales de febrero y principios de mayo afecta no sólo al asfaltado de carreteras, sino a todo el sector de la construcción: “El sector es un coche muy potente, pero con el freno de mano puesto, que es la falta de revisión de precios. Una de dos, o se quema el motor, o le quitamos ese freno para disponer de un sector fuerte”, asegura en conversación con este periódico Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

• El proyecto para transformarla en un contenedor cultural y centro de mayores se quedó desierto, ninguna empresa se interesó por sus obras, y el Gobierno de José Luis Sanz devolvió 2,6 millones de fondos europeos

El proyecto para convertir la histórica Fábrica de Vidrio de la Trinidad, concretamente sus naves 1 y 4, en un gran contenedor cultural y un centro de mayores, vuelve a escena. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, buscó una empresa que se encargara de los trabajos y fracasó en el intento. La licitación quedó desierta, como informó El Correo de Andalucía, porque ninguna empresa se interesó y el Gobierno de José Luis Sanz se vio obligado a devolver 2,6 millones de fondos europeos por el retraso en los trabajos. La subvención concedida tenía una fecha límite que se sobrepasó. Pero esta actuación no ha sido abandonada y se volverán a licitar las obras. Mientras tanto, ya se ha adjudicado el primer contrato para intentarlo de nuevo.

La Gerencia de Urbanismo, en la reunión de su Comisión Ejecutiva de este martes, toma conocimiento de la resolución del gerente en la que se confirma la adjudicación del servicio de dirección de obras, dirección de ejecución de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de rehabilitación de la antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad en su fase 1 (naves 1 y 4).

Dos años y medio de dirección de las obras de la Fábrica de Vidrio

Este contrato, el primero desde que se declarara desierto el proyecto, recayó el pasado 12 de mayo en la empresa Sursuroeste arquitectos S.L.P, por un importe (con impuestos) de 574.750 euros. Tiene un plazo de ejecución de 31 meses, es decir, unos dos años y medio. Por tanto, la dirección de las obras se alargará previsiblemente hasta 2029, lo cual da una pista del plazo en el que el Ayuntamiento de Sevilla pretenderá que pueda estar terminado el proyecto. Este plazo se divide en un mes para los trabajos previos al inicio de las obras tras la firma del contrato de las mismas con la empresa adjudicataria, otros 18 meses de ejecución de las obras, y un mínimo de un año para los trabajos posteriores a la conclusión de las obras, pudiendo extenderse la ejecución por un plazo mayor.

Según el pliego de la dirección de obras, la UTE Sursuroeste-Ombu-Vilanova ha redactado el proyecto básico y de ejecución de las obras, y la Junta de Gobierno de Sevilla aprobó en julio de 2025 la propuesta de la delegada de Patrimonio en la que se asignaban a Urbanismo las tareas de licitación y contratación de la asistencia técnica para dirigir las obras de rehabilitación.

En dicha propuesta se asignó a la Dirección General de Patrimonio la licitación y contratación de las obras contenidas en dicho proyecto cuyo trámite debiera iniciarse en el mes de agosto de 2025, ya que había que cumplir los plazos requeridos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en lo que se refiere a contar con un acta de recepción sin reparos antes del próximo 30 de junio de 2026. Por este motivo, ante la carencia de medios disponibles en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, y para poder abordar en plazo los compromisos asumidos, se consideraba necesaria la contratación de un servicio para la Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras.

La Fábrica de Vidrios, un proyecto de 10 millones desierto y sin fondos europeos

El gran proyecto de más de 10 millones de euros para convertir la Fábrica de Vidrio en un contenedor cultural y centro de mayores se quedó sin 2,6 millones de fondos europeos. Fue el propio Ayuntamiento de Sevilla el que renunció a ellos. Como informó El Correo de Andalucía, su rehabilitación quedó desierta, igual que ocurrió con el Pabellón Real. Al no haber ninguna empresa interesada en hacerse cargo de la reforma de las naves 1 y 4, la Junta de Gobierno Local confirmó en marzo que el parón imposibilitaba “el cumplimiento de los plazos de ejecución de la subvención concedida para la financiación de las obras”.

Según el expediente consultado por este periódico, el Gobierno de José Luis Sanz acordó de urgencia la renuncia total a la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en junio de 2023 por un importe de 2.624.850 euros, en el marco de la Convocatoria de ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Esta “devolución voluntaria” de la financiación de las obras se produjo porque ya no se iba a llegar a la fecha límite, el 31 de marzo de 2026, que era una de las condiciones establecidas en la subvención. Por ello se aprobó también solicitar al Ministerio esta renuncia, proceder al reintegro de la cantidad junto a los intereses de demora que proceda y notificar los acuerdos a la Coordinación de Fondos Europeos.

Pese a esta pérdida de fondos europeos, cuando vuelva a salir adelante el proyecto, con las modificaciones que se hayan hecho para que sea interesante para las empresas, el Ayuntamiento no tendrá problemas en poner el dinero que haga falta. “No hay ningún problema porque el Ayuntamiento ya tenía prevista esa inversión y será con o sin fondos europeos“, confirmó el alcalde. En otro expediente al que tuvo acceso El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo informó que “dado que el Ayuntamiento de Sevilla, a instancias de la Intervención General, ha renunciado a dicha subvención que financiaba parcialmente las referidas obras, dada la imposibilidad de cumplimiento de plazos de ejecución fijados en la resolución de concesión, resulta preciso transferir al Ayuntamiento la suma de 2.624.850,00 euros, que resta hasta completar el presupuesto de la licitación”.