Arturo Coloma Pérez, secretario general de CEACOP

De nuevo estamos a vueltas con la revisión de precios en los contratos de obra pública. Y, lo que es más preocupante, tropezando en la misma piedra una y otra vez desde que se eliminó el mecanismo sistemático de revisión que tradicionalmente había servido -con sus limitaciones- para reequilibrar los contratos.
Aquel sistema de revisión de precios no era perfecto. Dejaba fuera elementos esenciales como la mano de obra y no siempre reflejaba con precisión la estructura real de costes. Sin embargo, cumplía una función básica: introducir un mínimo de racionalidad en contratos que, por su propia naturaleza, están expuestos a la volatilidad del mercado. Porque una obra pública no es un suministro puntual. Es un proceso largo, complejo, que se desarrolla durante años -habitualmente entre dos y cinco- y en el que pretender fijar precios cerrados sin mecanismos de ajuste es, sencillamente, ignorar la realidad.

La supresión de ese sistema se apoyó en un contexto de baja inflación y en la aplicación de la denominada ley de desindexación. Se asumió entonces que la revisión de precios podía ser un elemento distorsionador, incluso inflacionista. Era una visión teórica, importada y exigida en buena medida por el ámbito comunitario, que no tuvo en cuenta la especificidad del sector de la construcción ni la naturaleza de los contratos de obra pública.

Los primeros síntomas de que aquello no funcionaba aparecieron ya en torno a 2015-2016, cuando el sector comenzaba a salir de la crisis financiera. Las tensiones de precios eran evidentes, pero el sistema carecía de herramientas para absorberlas. El resultado fue inmediato: en el ámbito público, contratos rígidos; en el privado, traslado del riesgo al contratista. Un planteamiento que puede tener sentido en operaciones de corto plazo, pero que resulta completamente inviable en proyectos de larga duración.

Desde entonces, la realidad no ha hecho más que confirmar el error. La crisis del COVID-19, la posterior crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y las recientes tensiones geopolíticas en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz han provocado incrementos y oscilaciones de costes sin precedentes en materiales clave como el acero, el betún, el cemento o la energía. En algunos casos, los aumentos han superado el 30% o incluso el 50% en periodos muy cortos. Pretender que esos incrementos sean absorbidos íntegramente por el contratista es desconocer cómo funciona cualquier empresa del sector.

El marco normativo actual tampoco ayuda. El artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público establece un régimen de revisión de precios claramente restrictivo: exige que haya transcurrido al menos un año desde la formalización del contrato y que se haya ejecutado un 20% del porcentaje de la obra. Es decir, cuando el mecanismo empieza a operar, el daño ya está hecho. Además, su aplicación es potestativa y no obligatoria, lo que introduce una enorme inseguridad jurídica y una clara desigualdad entre contratos.

El resultado de este planteamiento es conocido y se repite con preocupante frecuencia: licitaciones desiertas, obras que no arrancan, contratos que se abandonan o se resuelven anticipadamente. Y, cuando las obras se ejecutan, lo hacen con un nivel de tensión económica que repercute directamente en la calidad, los plazos y, en última instancia, en el coste final para la Administración.
Porque conviene decirlo con claridad: la ausencia de un sistema adecuado de revisión de precios no supone un ahorro para el sector público. Todo lo contrario. Genera ineficiencias, incrementa los costes indirectos, provoca retrasos y, en muchos casos, obliga a relanzar procedimientos con precios más altos. Es, en definitiva, un sistema fallido e injusto.

La sociedad necesita infraestructuras. Las necesita en plazo, con calidad y a un coste razonable. Y para que eso sea posible, es imprescindible que los contratos reflejen la realidad económica en la que se desarrollan. No se puede exigir a las empresas que asuman riesgos ilimitados en contextos de alta volatilidad. No es viable, ni desde el punto de vista empresarial ni desde el interés público.
Por eso resulta urgente -y ya inaplazable- abordar una solución estructural. No sólo medidas coyunturales y parciales, como las que se adoptaron mediante el Real Decreto-ley 3/2022 para paliar los efectos de la subida de precios, sino un sistema estable, previsible y técnicamente bien construido. Un sistema que incorpore fórmulas de revisión actualizadas, que reflejen los principales componentes de coste de las obras y que operen desde el inicio de la ejecución, desde la primera certificación.

La clave está en entender que la revisión de precios no es un privilegio del contratista, sino un mecanismo de equilibrio del contrato. Un instrumento para garantizar que las obras se ejecutan en condiciones normales, sin tensiones artificiales y con eficiencia para todas las partes.
Seguir como hasta ahora solo conduce a repetir errores. Es volver a darnos, una vez más, en la espinilla con la misma esquina de la mesa. Y eso, a estas alturas, ya no es una opción razonable.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha informado de que mañana en el Consejo de Gobierno, el último en el que el actual gobierno tendrá plenas funciones, se aprobará el Plan Estratégico de Justicia para la región 2023-2030, de modo definitivo, en el que “ya hay un rumbo y un criterio que se ha dialogado, debatido y acordado con los operadores jurídicos”, con el “el objetivo de que los andaluces reciban el mejor servicio público de justicia de toda España”. El también candidato del PP cordobés ha resaltado que la comunidad va “por buen camino” porque este plan “ya se está implementando desde enero de 2023, que es cuando se aprobó su elaboración”, y tiene cinco ejes.

Según ha detallado, “el primer eje tiene que ver con las sedes judiciales“, con “una inversión de más de 1.500 millones de euros si finalmente se llevan a término las grandes sedes judiciales, las ciudades de la justicia de Jaén, de Huelva y de Cádiz, a través de la concesión de obra pública”, con “un plan de infraestructuras judiciales que va a actuar en los 85 partidos judiciales y que va a poner en marcha 50 sedes judiciales nuevas para poder implementar la justicia líder que Juanma Moreno quiere para Andalucía”.

El segundo eje es la justicia digital, después de encontrarse “una situación absolutamente empantanada con el PSOE, con el proyecto fallido Adriano que se encontraba en punto muerto, que no tenía posibilidades de ejecución y de puesta en marcha en los plazos previstos”, pero “entre la primera y la segunda legislatura del gobierno de Juanma Moreno se ha conseguido darle la vuelta a esa realidad, al conseguir que se implementara y se pusiera en marcha en el año 2024”, aunque “la aprobación de la Ley de Eficiencia en materia de justicia que aprobó el Ministerio sin consenso con las comunidades autónomas bloqueó la implementación”, pero “ahora se retoma y va a ser el mejor sistema de tramitación judicial de cuantos hay en este momento en España”.

El tercer eje es el de los recursos humanos, destacando que “se ha dedicado una parte muy importante del tiempo de gestión en esta legislatura con todos los operadores jurídicos y, sobre todo, con los funcionarios de justicia, con los que estamos a punto de cerrar un acuerdo para la mejora de la productividad en Andalucía, que puede y debe ser histórico”. El cuarto eje es el de humanización de la justicia, argumentando el consejero que “la justicia no puede ser algo impersonal, en la que no importan los plazos”, de manera que ha defendido “una justicia en tiempo, en forma y que se entienda”, algo que se va a recoger en este eje, “donde se incorpora también algo tan importante como la posibilidad de búsqueda de acuerdo entre las partes a través de la mediación, que ya está dando buenos resultados, que está permitiendo un avance muy importante”.

Al hilo de ello, ha hecho mención a la justicia juvenil, citando que “hay más de un 80% de chavales que tienen algún problema en materia de justicia juvenil, pasan por un centro de internamiento y luego no reinciden”. “Eso es un éxito a poner de manifiesto y defender en el presente y en el futuro”, ha remarcado Nieto.

Y el último eje, ha agregado, es el de la sostenibilidad, de forma que “la justicia debe ser coherente con la estrategia global del gobierno y con una realidad social, que es la necesidad de respetar el planeta, la sostenibilidad del sistema”. A su juicio, “no es lógico que en 2026 la justicia andaluza se gaste al año más de diez millones de euros en papel, en fotocopias y en envíos postales”. En este sentido, el popular ha declarado que “ese dinero tiene que ir para otras cosas y no se puede seguir desperdiciando materias primas que contaminan, como es el papel o como es la energía”.

• La Junta de Andalucía ha incluido este proyecto residencial en la Unidad Aceleradora de Proyectos para reducir sus plazos y trabas administrativas, adquiriendo un compromiso de desarrollar las primeras 250 VPO en los primeros cinco años

El nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo de Sevilla coge velocidad tras entrar la semana pasada en la Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno aprobó el impulso de este proyecto residencial que contempla la construcción de 9.910 viviendas, de las cuales 4.199 serán protegidas (un 42,37%). Y con este nuevo paso se han dado a conocer más detalles sobre el desarrollo de esta nueva expansión de la ciudad hacia el sur, entre el cauce del Guadaíra, el límite con el término de Dos Hermanas y la Carretera de Utrera. Se estima que será necesaria una inversión global superior a 1.550 millones de euros, y cuenta con un plazo de desarrollo aproximado de 20 años, de manera que debería ser una realidad a partir de 2046.

El hecho de que entre en esta unidad supone que se aprovechará de ventajas como es la reducción de las trabas administrativas y acelerar los trámites para darle más velocidad y acortar plazos. Además, la entidad promotora recibirá acompañamiento y asesoramiento hasta la puesta en marcha del proyecto. La Junta defiende que “tendrá un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal, favoreciendo la creación de empleo y el impulso de actividades económicas vinculadas”.

Entre las condiciones por las que esta transformación urbanística ha sido impulsada por la Junta está el compromiso de iniciar, al menos, la construcción de 250 viviendas protegidas en cinco años. La asignación del proyecto a la Unidad Aceleradora de Proyectos se extenderá durante el período necesario para garantizar la adecuada coordinación y seguimiento de su tramitación y ejecución, abarcando todas las fases del desarrollo urbanístico y edificatorio previstas, hasta la finalización y adjudicación de esas primeras 250 viviendas protegidas, prevista para el 31 de diciembre de 2030, de conformidad con la planificación aportada por la entidad promotora.

La primera fase del proyecto, con la construcción de las primeras 1.764 viviendas (623 de ellas protegidas), será el punto de partida para el desarrollo e implantación de los usos del ámbito completo. La inversión será de 356.179.069 euros y el plazo previsto para su desarrollo es de 5 años. De acuerdo con la inversión prevista para llevar a cabo la fase 1, durante la fase de construcción, se estima la creación de 1.488 puestos de trabajo directos y durante la fase de explotación del proyecto, se estima la creación de 62 puestos de trabajo directos.

La actuación en Villanueva del Pítamo cuenta con el planteamiento inicialmente aprobado e informes sectoriales en tramitación avanzada. Y también cuenta con el apoyo municipal acreditado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de septiembre de 2025.

Las características principales de los suelos de Villanueva del Pítamo

Este futuro barrio de Sevilla ocupará una superficie de 2.064.722 metros cuadrados, que será transformada “bajo un modelo de ciudad compacta, densa y multifuncional, que garantiza el interés general”. Además, la inclusión de viviendas protegidas “confiere una capacidad estructural para incidir en la oferta de vivienda de la ciudad”.

En total, tendrá una edificabilidad total de 1.052.326 m²t para uso residencial (631.395 m²t para vivienda libre y 420.931 m²t para protegida), además actividades productivas y servicios y 421.369 m² de sistemas generales y corredores verdes “que aseguran la continuidad ecológica con el Parque del Guadaíra”.

Dentro de esa reserva de suelo para actividades productivas y de servicios, habrá 103.305 m2 de servicios avanzados para innovación y transferencia tecnológica, 89.352 m2 de servicios de uso terciario y 4.992 m2 para equipamientos privados. Igualmente, se incluye la gran infraestructura verde con una superficie de 421.369 m2.

Oficinas, ocio y servicio de Cercanías

El nuevo barrio de Villanueva de El Pítamo concentrará gran parte del tejido residencial en la zona de mayor centralidad del sector, en torno al futuro apeadero, extendiéndose en dirección oeste hasta conectar con el parque que transcurre junto al nuevo cauce del río Guadaira.

El Pítamo, según su web, “constituirá un nuevo modelo habitacional repleto de posibilidades de vida, trabajo y ocio que contará con su propio apeadero de Cercanías. También, con un gran espacio destinado a actividades económicas centradas en la investigación y el desarrollo llamado a convertirse en el “Silicon Valley” sevillano e integrado en este nuevo centro sur de Sevilla”.

La disposición de los terrenos en Pítamo para la ubicación de servicios avanzados concentrados desde el vial central hasta la carretera de Utrera buscan una mayor independencia funcional y de organización del tráfico propio de la tecnópolis sin contaminar el sector residencial con tránsitos ajenos al mismo.

• La construcción es el sector que afronta los impagos de mayor duración
• El porcentaje de facturas pagadas puntualmente descendió hasta el 30,4% en 2025

Las pymes del sector de la construcción se sitúan como las más afectadas por los retrasos en los pagos en España, con un Periodo Medio de Pago (PMP) que alcanza los 96,5 días, muy por encima de la media nacional. Este dato refleja la presión financiera que soporta el sector, en un contexto en el que la morosidad sigue siendo un problema estructural. Según el informe, el PMP de la construcción registró al cierre de 2025 valores no vistos desde principios de 2024.

Según el Observatorio de la Morosidad del segundo semestre de 2025 elaborado por Cepyme, el sistema de pagos comerciales ha consolidado una tendencia de mejora estructural durante el último lustro. El PMP ha experimentado un descenso acumulado de casi el 4% desde 2019, antes del estallido de la pandemia, lo que ha permitido cerrar el ejercicio en los 80,5 días. No obstante, este nivel aún supera en un 34% el máximo legal de 60 días.

Si se analiza el comportamiento a corto plazo, la mayor bajada anual de la serie reciente se produjo entre 2021 y 2022, cuando el PMP se redujo en 0,9 días (1,09%). Esta reducción posiblemente respondió al intento de las empresas por evitar una caída del poder de compra de sus facturas en un contexto de alta inflación.

Disparidad por tamaño y sectores

A pesar de esta mejora generalizada, el informe advierte de que el alivio no es uniforme en todo el tejido productivo. Las pequeñas empresas han sido la excepción a esta tendencia descendente, registrando un ligero repunte en sus plazos hasta los 78,9 días.

Las microempresas continúan siendo las más vulnerables, con el índice de morosidad más elevado del mercado, superando en un 17% la media nacional. Además, el 10,7% de sus facturas se cobra con más de 30 días de retraso respecto al vencimiento, una tasa que duplica la de las empresas medianas y grandes. En términos anuales, lo ocurrido con la microempresa es la antítesis del resto: en 2025, sus pagos se demoraron 2,8 días más que en 2019, mientras que en el resto de pymes la evolución fue a la baja.

Por sectores, la brecha sigue siendo notable. Mientras la construcción presenta los plazos más elevados, otros subsectores industriales como la rama de maquinaria y equipo también muestran comportamientos negativos, con un PMP de 88,8 días que se ha situado consistentemente por encima de los 85 días en los últimos tres años. En el lado opuesto, los servicios y la industria han logrado optimizar sus ciclos de pago, situándose en 70,6 y 74,3 días, respectivamente.

Un coste financiero de 5.500 millones

Aunque los plazos se acortan, el coste de mantener la deuda comercial sigue siendo elevado. El esfuerzo financiero total alcanzó los 5.568 millones de euros al cierre de 2025. De esta cantidad, las pymes asumieron cerca de 2.000 millones, una cifra que, aunque inferior a la de años anteriores por la bajada de tipos, continúa limitando su capacidad de inversión.

El alivio en este coste, que descendió desde los 6.404 millones en el primer trimestre hasta los 5.568 millones al cierre del año, se explica en gran medida por la evolución de la política monetaria. El tipo de interés de demora se redujo del 12,25% al 10,15% a mediados de 2025, mientras que el coste de los nuevos préstamos bancarios para pymes cayó cerca de un punto porcentual.

Esta mejora ha compensado parcialmente el incremento de la deuda comercial, que ha crecido en paralelo a un PIB nominal que avanzó un 5,7%.

Un factor determinante en la reducción global del PMP ha sido el comportamiento de las grandes empresas, que han protagonizado un ajuste significativo en sus plazos de pago. Este segmento recortó 32,1 días en términos interanuales, situándose en 69,4 días frente a los 101,5 registrados a finales de 2024.

Este descenso contrasta con la estabilidad de las pymes y ha sido clave para que el promedio nacional alcanzara su mínimo histórico, situándose por primera vez de forma consolidada por debajo de los 81 días.

En las grandes empresas, el 80,1% de los cobros se produce hasta 30 días después del vencimiento, lo que explica que su peso de cobros en períodos prolongados sea el menor de todos los segmentos.

Una España a dos velocidades

El análisis regional muestra diferencias significativas. Ocho comunidades autónomas mejoraron su PMP en el último ejercicio, destacando La Rioja y Baleares, con descensos de 3,1 y 3,4 días, respectivamente. Por el contrario, Extremadura fue la región con peor comportamiento en 2025, aumentando sus plazos en 5,3 días.

En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra el PMP más elevado, con 90,9 días, seguida de Murcia (89,1) y Galicia (88,7). En contraste, Aragón (68,7) y Baleares (69,0) se sitúan como las regiones más ágiles.

La tipología del retraso refleja señales de deterioro. El porcentaje de facturas pagadas puntualmente descendió hasta el 30,4% al cierre de 2025, frente al 32,6% de un año antes. No obstante, los importes cobrados en más de 90 y 120 días se han reducido sensiblemente (0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente).

En paralelo, el Índice de Morosidad en las facturas de Ventas a Plazo (Imfvp) rompió la tendencia a la baja mantenida desde 2023, al aumentar de 52,9 a 54,1 puntos en el cuarto trimestre.

Este repunte se explica principalmente por el sector agroalimentario, donde la morosidad creció un 36,2% anual debido a la presión sobre los márgenes, y por la construcción, cuyo índice se sitúa un 55% por encima de la media nacional.

Un problema estructural

Pese a los avances, Cepyme advierte de que la morosidad sigue siendo un “grave problema estructural”. Aunque el porcentaje de ventas que requieren prórroga se mantiene en niveles mínimos del 0,34%, la patronal alerta de que la incertidumbre en los precios de las materias primas y la energía podría frenar nuevas reducciones en el corto plazo.

La persistente heterogeneidad de los datos refleja una realidad desigual: mientras las grandes corporaciones optimizan su liquidez, las microempresas continúan operando en un entorno en el que los retrasos suponen una barrera crítica para su sostenibilidad. En sectores como el papel y artes gráficas, el deterioro del promedio nacional indica riesgos al alza para 2026 debido a su dependencia energética.

El Observatorio Estatal de la Morosidad

El Gobierno constituyó en julio de 2025 el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, un órgano consultivo previsto en la Ley Crea y Crece con el objetivo de reforzar el control sobre los plazos de pago y promover buenas prácticas en el ámbito empresarial.

El organismo fue concebido como una herramienta para supervisar el comportamiento de pago y evaluar de forma sistemática la evolución de la morosidad, un fenómeno que sigue afectando de forma estructural al tejido empresarial, especialmente a las pymes.

En este sentido, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, subrayó que la morosidad constituye una de las principales causas de las dificultades financieras de las pequeñas empresas, poniendo el foco en la necesidad de avanzar hacia una cultura de pago en plazo.

Entre sus funciones, el Observatorio asumió la elaboración de un informe anual sobre los plazos de pago —que debe presentarse en el Consejo Estatal de la Pyme—, así como el desarrollo de códigos de buenas prácticas, la formulación de propuestas de actuación y el seguimiento de las directrices europeas en esta materia.

Asimismo, el organismo incorpora herramientas como la publicación de listados de empresas incumplidoras o la implantación de mecanismos de resolución de conflictos, con el objetivo de mejorar la transparencia y fomentar el cumplimiento de los plazos legales.

La composición del Observatorio integra a representantes de varios ministerios, comunidades autónomas, organizaciones empresariales y entidades especializadas, junto a instituciones como la Cámara de Comercio de España, el INE o CEPES, con el fin de ofrecer una visión coordinada del problema.

• El proyecto, valorado en 13,1 millones y con 21 meses de ejecución, permitirá acabar con el vertido de las aguas residuales de Tesorillo, Montenegral y El Secadero al cauce fluvial

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico imprime ritmo al proyecto de la futura depuradora para la cuenca del bajo Guadiaro tras diez años de trámites; los últimos cuatro marcados por una adjudicación fallida y el posterior encargo a la empresa pública Tragsa, que finalmente ejecutará las obras con una inversión de 13,1 millones de euros.

La actuación abarca la construcción de una estación depuradora de aguas residuales y la red de colectores para dar servicio a San Martín del Tesorillo y los diseminados de Montenegral Alto y El Secadero (pedanía de Casares, en Málaga), abarcando tres términos municipales —San Martín del Tesorillo, San Roque y Casares— y dos provincias, Cádiz y Málaga, para una población de casi 7.000 habitantes.

Errores y ausencias en las expropiaciones dejaron en suspenso la iniciativa en 2022. Ahora, tras la reciente publicación del nuevo expediente de información pública, el Ministerio ha puesto en marcha el proceso de expropiaciones como antesala al inicio de las obras.

La construcción de la depuradora y las canalizaciones requerirá de expropiaciones en 84 fincas privadas y en otras 22 en fincas de dominio público. La mayoría de los terrenos afectados son suelos rústicos, explotaciones agrícolas (regadío y aguacate), pastos, terrenos sin edificar e improductivos, según la resolución publicada el pasado mes de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En total, será necesaria la expropiación permanente de 15.621 metros cuadrados de terrenos, de los que 14.227 son actualmente de titularidad privada (más 1.394 m2 públicos). La mayor parte de estos suelos se concentra en Tesorillo, con 67 fincas afectadas, frente a las 12 necesarias en San Roque y cinco en Casares. Todos los propietarios, tanto públicos como privados, han tenido la posibilidad de alegar contra la resolución del Ministerio a lo largo del pasado mes de abril.

Asimismo, durante las obras será necesaria la ocupación temporal de 122.362 metros cuadrados así como unas servidumbres de paso (caminos y accesos) por otros 84.500 metros cuadrados.

La depuradora del Guadiaro fue declarada de interés general del Estado en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 y figura en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2015 que condenó a España por incumplir la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, debido a la falta de depuración adecuada en numerosos municipios, entre ellos Tesorillo, que junto a El Secadero vierten directamente a los cauces de la zona (ríos Guadiaro y Hozgarganta y arroyos Hondacavada y de las Castañuelas).

Para corregir la situación, la futura planta de tratamiento contará con un sistema de aireación prolongada mediante dos reactores tipo carrusel, una tecnología que permite limpiar el agua residual de forma muy eficaz, haciendo circular el caudal en grandes canales circulares donde se inyecta oxígeno para que las bacterias eliminen la suciedad.

Una adjudicación fallida

El proyecto para la construcción de esta depuradora fue aprobado en enero de 2021. Entonces, la instalación y las canalizaciones fueron valoradas en 7,08 millones de euros con un plazo de ejecución calculado en 21 meses. Pero las obras nunca llegaron a iniciarse. El contrato fue adjudicado en marzo de 2022 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ecisa y Acinser por 5,86 millones, si bien quedó paralizado tras la firma negativa del acta de replanteo porque no se disponía de todos los terrenos necesarios.

Tras más de dos años en suspenso, la UTE adjudicataria solicitó la resolución del contrato en julio de 2024; que fue aprobada en abril de 2025 por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Este intento fallido obligó al Ministerio a rediseñar la estrategia de ejecución para evitar que el expediente abierto por la Unión Europea por los vertidos derive en sanciones económicas.

Ante la urgencia y la complejidad del procedimiento, el Ministerio optó por encargar las obras a la empresa pública Tragsa, lo que exigió actualizar el presupuesto mediante una adenda técnica, autorizada en mayo de 2025. Este documento revisó los precios, introdujo ajustes técnicos y actualizó el anejo de expropiaciones, al haberse modificado la situación jurídica de varias parcelas. El presupuesto de la actuación asciende ahora a 13.139.757,34 euros.

La iniciativa acumula diez años de tramitación, desde la licitación inicial de la redacción en 2016. A lo largo del proceso, se han sucedido problemas técnicos, especialmente en la definición del suministro eléctrico, retrasos administrativos, modificaciones presupuestarias y bloqueos expropiatorios que han ido aplazando una actuación considerada prioritaria para la salud pública y la protección ambiental del valle del Guadiaro.

• Los trabajos tienen un plazo de ejecución de ocho meses

El Ayuntamiento de San Fernando ha formalizado hace tan solo unos días el contrato del Plan de Firmes de 2025, que es el que se ejecutará a lo largo de este año. Las obras, adjudicadas a la empresa Asfaltos Garrucho SA, se adjudicaron en el pasado mes de abril por 1.367.599,31 euros.

Una vez cumplido este último trámite, se espera que los trabajos -se planea intervenir en una quincena de calles de la localidad- se pongan en marcha en pocos días.

Al igual que los anteriores contratos, el plan de firmes se concibe desde el Consistorio isleño para afrontar la puesta a punto de calles, plazas y aparcamientos cuyos pavimentos están deteriorados ya sea por el paso del tiempo, el efecto del tráfico rodado, las inclemencias meteorológicas o cualquier otra incidencia que haya afectado a la vía.

La actuación planteada desde el Ayuntamiento, no obstante, no se queda solo en la reparación y asfaltado de la calzada puesto que incluye también obras de mejora sobre infraestructuras básicas que afectan a las vías urbanas como son los carriles bici, los pasos de peatones y las redes de servicios que deben adaptarse a la normativa vigente.

Concretamente, se plantea la intervención en una quincena de calles y espacios públicos:

• Calle Escritora María Zambrano
• Calle Eume
• Aparcamiento junto a Plaza Neptuno
• Aparcamiento en calle San Quintín.
• Paseo General Lobo
• Calle Cornelio Balbo
• Avda. Cayetano Roldán
• Calle Jacinto Benavente
• Avenida Pery Junquera (tramo Cayetano Roldan a La Casería)
• Avenida Pery Junquera (tramo Cayetano Roldan a General Pujales)
• Calle Carlos III, desde Estación a calle Pardo
• Avenida Rafael Alberti
• Avda Reyes Católicos (tramo San Ignacio a Profesor Antonio Ramos)
• Calle Tomás del Valle
• Calle San José y San Antonio
• Puente del Gran Poder

Además de los trabajos de asfaltado y reparación de hundimientos que se contemplan en estos trabajos, los trabajos a desarrollar contemplan también la adaptación de la red de pluviales en puntos bajos existentes para mejorar el drenaje con la instalación de nuevos sumideros al objeto de evacuar el agua que se queda acumulada en procesos de lluvia.

También se plantea la adecuación de zonas terrizas y degradadas como es el caso de la plaza Neptuno y calle San Quintín para adaptarlas al uso de aparcamiento de vehículos en superficie, incluyendo para ello las explanaciones y rellenos con espesor suficiente de material granular (subbase natural y zahorra artificial) para garantizar la estabilidad y compactación de las plataformas.

Igualmente, en los puntos que se van a intervenir se incluye la adecuación y reconstrucción de los pasos de peatones existentes para adecuarlos a la normativa de accesibilidad vigente e incrementar la visibilidad de los peatones, la adecuación y modificación del trazado de carriles bici en las zonas afectadas para garantizar su mejor uso suprimiendo puntos de cruce conflictivos con riesgos para la seguridad de los ciclistas y la reparación de los tramos de acera en mal estado.

El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses, así los trabajos en principio se extenderían hasta 2027.

• La provincia es la segunda de Andalucía con un mayor presupuesto de obra pública por ejecutar

89,9 millones de euros. Ese es el montante al que ascienden las obras públicas que quedaron en pausa en la provincia durante 2025. El valor de las ejecuciones gaditanas en el limbo es el segundo dentro de la comunidad autónoma, superado por el agujero en el que flotan los proyectos en Málaga, con 168,3 millones sin ejecutar. Por detrás se coloca la provincia de Sevilla, con casi veinte millones menos (71,2 millones). Para poner estas cantidades en perspectiva, la comparativa con el resto del territorio arroja unos números que sólo superan los treinta millones en Jaén (38,7), pero que después descienden hasta los 28,2 de Córdoba; los 25,8 de Almería; 22,4 millones en Granada, y 13,3 en Huelva.

En el conjunto de Andalucía, según los datos recopilados por Intescia-Doubletrade, quedaron en el aire 458,09 millones al no encontrarse empresas que llevaran adelante los proyectos.

Se da el caso de que muchas de las licitaciones públicas que han quedado desiertas están financiadas con fondos europeos, con lo que la demora podría suponer la pérdida completa de esta subvención.

Los analistas muestran también las principales obras que han quedado sin ejecutar. En el caso gaditano, hay dos que destacan: el contrato con proveedores de Navantia y el nuevo edificio de Subdelegación.

NAVANTIA Y SUBDELEGACIÓN

El primer caso corresponde a la licitación del Acuerdo Marco Tarifario para Servicios de manipulación de cargas suspendidas en Navantia Reparaciones Cádiz, por un valor de 24 millones. Quedó desierto y Navantia reformuló el modelo y lanzó un procedimiento diferente, un tipo de acuerdo menos rígido que permite la entrada de distintos proveedores en un periodo que se extiende hasta 2029.

El segundo caso hace referencia a las “obras de construcción del nuevo edificio de uso administrativo en la Avenida de Andalucía 1 y 3, Plaza de la Constitución 2 de Cádiz”, que se refieren al nuevo edificio de la Administración General del Estado en el solar de Subdelegación de Gobierno. Se licitó por 15,4 millones de euros y en una primera licitación se ha quedado desierto a pesar de la recepción de cuatro ofertas.

Estas son las grandes obras, pero los retrasos también afectan a cuestiones como los trabajos en viviendas protegidas de Procasa (como las proyectadas en Sagasta y Pericón, en la capital gaditana). Otros puntos de la ciudad, como Teatro del Parque o la zona del Pelíkano, en las murallas, también han visto retrasos por la renuncia de empresas adjudicatarias en primera instancia.

AÚN SIN LA MORDIDA DE ORMUZ

Que una licitación quede desierta –apuntan desde DoubleTrade–, “no es sólo un incidente administrativo: es un indicador de desajuste entre expediente y mercado”.

Lo cierto es que, en el conjunto de España, 2025 ha vivido una marca récord de concursos desiertos: un total de 9.819, que suponen un 86,1% más que 2021, con un importe medio por licitación desierta de 408.000 euros.

En fácil señalar la crisis de Ormuz, con las repercusiones que tiene no sólo en el mercado de la energía, sino en el precio de materiales de construcción básicos, como el hormigón, el acero o los plásticos. Sin embargo, estamos hablando de un desacople entre propuestas y ejecución que ya existía mucho antes de que saltara el conflicto de Oriente Medio, a finales del pasado mes de febrero.

La actual crisis, desde luego, no hará sino contribuir más a este desequilibrio entre los presupuestos iniciales de licitación de obra pública y los costes reales. Así, desdeANCI (Asociación Nacional de Constructores Independientes) se apunta que los precios de los materiales básicos en construcción experimentarán un alza de entre el 10 y 25%. “Una nueva espiral inflacionista –desarrollan– que está complicando la ejecución de los contratos públicos, a la vez que genera incertidumbre sobre los contratos futuros”.

Ante este escenario, la entidad ha solicitado una revisión excepcional que permita adecuar las variaciones en unos precios cada vez más fluctuantes a la realidad de la ejecución de los contratos públicos.

• Una segunda edición abordará la reparación de las calles afectadas por el tren de tormentas con un montante de 400.000 euros

Dos fases del Plan de Asfalto convivirán, en este ejercicio, en Lucena. Un primer bloque, actualmente en licitación, obedecerá exclusivamente a la conclusión de las reformas en las calles insertadas en el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2024-2025. A continuación, una edición extraordinaria abordará las numerosas reparaciones vinculadas a los severos y persistentes daños ocasionados por los temporales de enero y febrero en diversos sectores de la localidad.

Presupuesto y plazos de las obras

El Ayuntamiento acaba de publicar el contrato inicial, por un importe de 124.280 euros, y un plazo de ejecución de dos meses. Fuentes del gobierno municipal popular señalan el comienzo de los trabajos para principios de junio, puesto que las empresas interesadas han de presentar las correspondientes propuestas técnicas y económicas antes del 26 de mayo y la tramitación adquirirá una importante celeridad.

Actuaciones en seis calles

El listado de calles enumera sólo vías incorporadas al PFEA 2024 y cuyos trabajos han concluido en las primeras semanas del presente año. De tal modo que, según detalla el pliego elevado al Perfil de Contratante, las intervenciones abordarán las calles Maestro José Ranea, Francisco José Guerrero, Puente Genil y Montilla, un paso peatonal de la calle Montemayor y la calle Manuel Machado. La superficie total a pavimentar, de acuerdo a los datos reflejados en el expediente, comprende más de 4.300 metros cuadrados.

El proyecto técnico recoge la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente y la ejecución de pasos peatonales elevados en varios puntos de las calles, así como la remodelación de los acerados afectados.

El objetivo radica en resolver la dificultad de la circulación rodada, provocada por el envejecimiento de las mezclas bituminosas, así como la renovación de las canalizaciones subterráneas ejecutadas previamente, desembocando en la aparición de fisuras generalizadas y la concurrencia de hundimientos y baches ostensibles.

Con todo ello, las tareas a desarrollar perseguirán la reposición de la capa asfáltica y el marcaje vial de los tramos seleccionados a través del fresado del pavimento; resanado de márgenes; aparte de la demolición de elementos de hormigón y desmontado del mobiliario concernido.

Además, la actuación añade la defensa material de pozos, imbornales y registros actuales, junto al saneado de blandones, zonas singulares y recrecidos puntuales de cotas de calzada.

Plan extraordinario por los daños de las borrascas: hasta 400.000 euros

Paralelamente, el Ayuntamiento avanza en la documentación correspondiente a un Plan de Asfalto excepcional, con un montante que, atendiendo a los cálculos preliminares, rondará una cifra de 400.000 euros, tras las modificaciones presupuestarias oportunas. Con este contrato, desde la administración local emprenderán la subsanación de desperfectos y la recomposición de calles y otras superficies del viario urbano, después de los cuantiosos y múltiples desperfectos ocasionados por el tren de tormentas y viento de enero y febrero.

Fuentes municipales aclaran que técnicos del Ayuntamiento trabajan en la configuración del presupuesto definitivo y de otros informes preceptivos. En un principio, la licitación se impulsaría definitivamente en el transcurso del verano.

• La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha declarado que “con estas actuaciones damos respuesta a demandas de los vecinos del Distrito Norte, mejorando la accesibilidad y la movilidad en espacios que necesitaban una intervención para facilitar su uso cotidiano”

Mejoras en el distrito Norte de Granada

El Ayuntamiento de Granada ha anunciado un plan de intervenciones en el distrito Norte, centrado en mejorar la accesibilidad, la movilidad y la funcionalidad de varios espacios públicos del barrio. Esta iniciativa, con un presupuesto total de 1.021.720,32 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de diez meses, forma parte del Plan Municipal de Obras 2024-2027. Las acciones se extenderán por las áreas alrededor de las calles Tánger y Vélez de Gomera, también en Luz Casanova, y en las vías Periodista Pedro Gómez Aparicio y Periodista Rafael García Fernández de Burgos. Además, se contempla la creación de un nuevo enlace para peatones y ciclistas entre Casería de Montijo y el campus de Cartuja.

Según comunicó el Consistorio, estas obras buscan resolver problemas relacionados con la accesibilidad, el deterioro del pavimento y el uso inapropiado del espacio público. El objetivo es facilitar la movilidad peatonal, mejorar el uso diario de estos sitios y atender las peticiones de los vecinos del distrito.

El Gobierno da este lunes un nuevo paso en el desarrollo del futuro centro avanzado de semiconductores IMEC que se construirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) Málaga TechPark, con la publicación en el Portal de Contratación del Estado de la adjudicación de las primeras grandes obras del proyecto, gestionado por IMEC, uno de los principales referentes mundiales en investigación y desarrollo de nanoelectrónica.

Tal como puede avanzar la SER, la actuación supone una inversión inicial de 168 millones de euros y marca el arranque efectivo de una infraestructura estratégica llamada a situar a Málaga y a España en la primera línea europea de investigación en microelectrónica, prototipado de chips y tecnologías profundas.

El proyecto forma parte del PERTE Chip, la gran apuesta industrial y tecnológica impulsada por el Ejecutivo para reforzar la autonomía europea en el sector de los semiconductores. El Gobierno de España ya ha comprometido una financiación global de 500 millones de euros para esta iniciativa a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

La licitación de las obras fue abierta meses atrás por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y publicada tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea como en el Portal de Contratación del Sector Público. Ahora, el proceso entra en una nueva fase con la adjudicación definitiva de los primeros contratos de construcción.

La actuación se divide en dos grandes lotes. El primero, y principal, corresponde a la construcción de la sala blanca del complejo, adjudicada por 163,4 millones de euros —sin impuestos indirectos— a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por OHL, Construcciones Sánchez Domínguez Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos S.A.

La sala blanca será el núcleo tecnológico del futuro centro. Este tipo de instalaciones están diseñadas para trabajar en condiciones extremadamente controladas y libres de partículas contaminantes, algo imprescindible para la investigación y el desarrollo de semiconductores de última generación. El complejo contará con hasta 2.000 metros cuadrados dedicados a este espacio de alta precisión y dispondrá además de más de 60 herramientas avanzadas de procesado e infraestructuras de I+D y prototipado.

El segundo lote adjudicado corresponde a la construcción de la central eléctrica que suministrará energía al recinto tecnológico. Este contrato ha sido adjudicado por 4,9 millones de euros al Grupo Render Industrial S.L. La instalación energética será esencial para garantizar el funcionamiento continuo de un centro con elevadas exigencias técnicas y de consumo.

El futuro complejo estará gestionado por IMEC, el centro belga considerado líder mundial en investigación aplicada en nanoelectrónica y tecnologías digitales. Su implantación en Málaga supone uno de los mayores hitos tecnológicos logrados por España en las últimas décadas y consolida al PTA como uno de los grandes polos de innovación del sur de Europa.

Las instalaciones estarán orientadas al desarrollo de prototipos de chips de nueva generación y tecnologías emergentes con aplicaciones en ámbitos como la medicina, la fotónica, la computación cuántica o la inteligencia artificial. El objetivo es reforzar la capacidad europea de investigación y reducir la dependencia exterior en componentes estratégicos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya definió este proyecto como “una iniciativa clave para el progreso de España y Europa” y destacó su impacto sobre el empleo cualificado, la investigación y el ecosistema tecnológico nacional.

Además de la financiación estatal, el proyecto cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la coordinación técnica de la empresa pública INECO.

El Ejecutivo considera esta infraestructura una pieza esencial dentro de la estrategia nacional de transformación digital y reindustrialización tecnológica. La previsión es que el centro contribuya a atraer talento internacional, fortalecer la colaboración con universidades y startups y aumentar la inversión en investigación y desarrollo.

La adjudicación de estas primeras obras supone, en la práctica, el inicio de la construcción de uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos impulsados actualmente en España y un nuevo paso para convertir a Málaga en referencia europea en innovación y semiconductores.