ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr ven necesario 58.369 millones en conservación de carreteras
- Entre 2010 y 2024, España ha acumulado un déficit de conservación de 7.651 millones de euros. Para el sector, estas cifras evidencian un problema crónico de infrafinanciación
Las grandes constructoras españolas —ACS, Ferrovial, Acciona, OHLA, FCC o Sacyr, agrupadas en la patronal SEOPAN— han puesto cifras al deterioro de las infraestructuras en España: la red de carreteras concentra un déficit de inversión de 58.369 millones de euros en la próxima década, prácticamente el doble de lo que requiere el mantenimiento ferroviario.
El dato forma parte del diagnóstico presentado este lunes por SEOPAN, que cifra en 127.341 millones de euros las necesidades de conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas. De ese total, las carreteras absorben la mayor parte, seguidas de las infraestructuras hidráulicas (48.692 millones) y, a distancia, el ferrocarril (20.280 millones).
Según sus datos, España ha acumulado durante años un déficit inversor que ahora exige un esfuerzo extraordinario si se quiere evitar un deterioro estructural de los servicios públicos básicos. Dentro del capítulo viario, los 58.369 millones se reparten entre dos grandes bloques: 43.700 millones destinados a que las administraciones alcancen los estándares técnicos exigibles de conservación —lo que implica un incremento del 56%— y otros 14.670 millones necesarios para la llamada “puesta a cero” de la red.
Las grandes constructoras españolas —ACS, Ferrovial, Acciona, OHLA, FCC o Sacyr, agrupadas en la patronal SEOPAN— han puesto cifras al deterioro de las infraestructuras en España: la red de carreteras concentra un déficit de inversión de 58.369 millones de euros en la próxima década, prácticamente el doble de lo que requiere el mantenimiento ferroviario.
El dato forma parte del diagnóstico presentado este lunes por SEOPAN, que cifra en 127.341 millones de euros las necesidades de conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas. De ese total, las carreteras absorben la mayor parte, seguidas de las infraestructuras hidráulicas (48.692 millones) y, a distancia, el ferrocarril (20.280 millones).
Según sus datos, España ha acumulado durante años un déficit inversor que ahora exige un esfuerzo extraordinario si se quiere evitar un deterioro estructural de los servicios públicos básicos. Dentro del capítulo viario, los 58.369 millones se reparten entre dos grandes bloques: 43.700 millones destinados a que las administraciones alcancen los estándares técnicos exigibles de conservación —lo que implica un incremento del 56%— y otros 14.670 millones necesarios para la llamada “puesta a cero” de la red.
En Andalucía, la situación es especialmente relevante. La comunidad se sitúa como la tercera con mayor volumen económico bloqueado, con 458,09 millones de euros en licitaciones que no han prosperado. Dentro del mapa andaluz, Almería aparece en la parte baja de la tabla, pero no ajena al problema. Málaga lidera con 168,3 millones de euros paralizados, seguida de Cádiz (89,9 millones) y Sevilla (71,2 millones). Por detrás se sitúan Jaén (38,7 millones), Córdoba (28,2 millones), Almería (25,8 millones), Granada (22,4 millones) y Huelva (13,3 millones).
A pesar de no encabezar el ranking, el caso almeriense refleja el impacto local de un fenómeno estructural. La falta de empresas interesadas en ejecutar contratos públicos afecta directamente a la puesta en marcha de obras y servicios, con consecuencias en infraestructuras, empleo y desarrollo económico provincial.
El informe señala que el importe medio de las licitaciones desiertas supera los 408.000 euros, lo que indica que el problema no se limita a grandes proyectos, sino que también afecta a contratos de tamaño medio y menor escala. Entre los sectores más afectados destacan las actividades no residenciales, los servicios generales y el ámbito inmobiliario, junto con transporte y limpieza urbana.
Las causas de este escenario son múltiples. Entre ellas, el desajuste entre los presupuestos fijados por la Administración y los costes reales del mercado, agravado por la inflación, el encarecimiento de materias primas y el aumento de los costes laborales. A esto se suman factores como la complejidad administrativa y la rigidez de los pliegos, que dificultan la participación de empresas, especialmente pymes.
Incertidumbre económica y geopolítica
Además, la incertidumbre económica y geopolítica —marcada por tensiones internacionales y la volatilidad de los mercados— ha reducido la confianza de las compañías en contratos a largo plazo, ante el riesgo de que resulten poco rentables.
Otro elemento clave es la falta de visibilidad de muchas licitaciones, que no siempre llegan a las empresas mejor capacitadas. La fragmentación de los sistemas de contratación pública, con múltiples plataformas según la administración, complica el acceso a la información y reduce la concurrencia.
En el conjunto nacional, los mayores proyectos que han quedado desiertos se concentran fuera de Andalucía, como una actuación urbanística en Valencia valorada en más de 413 millones de euros o infraestructuras de transporte en Madrid. Sin embargo, el impacto acumulado en regiones como Andalucía evidencia que el problema no es puntual, sino sistémico.
Además, el sector reclama actualizar los mecanismos de revisión de precios para hacer frente a la inflación —impulsada, entre otros factores, por el conflicto en Oriente Medio— y acometer una reforma técnica de la Ley de Contratos que permita mejorar la ejecución de las obras. El diagnóstico apunta que, sin un cambio de modelo que combine mayor inversión pública, financiación alternativa y colaboración con el sector privado, España se enfrenta a un progresivo deterioro de sus infraestructuras clave.
El ferrocarril, tensionado por la demanda
Frente a las carreteras, el mantenimiento ferroviario requiere 20.280 millones de euros. La cifra incluye 8.829 millones para líneas de alta velocidad —con especial peso del mantenimiento y la renovación de la línea Madrid-Barcelona— y 11.450 millones para la red convencional.
Una cifra que se pone encima de la mesa el año del accidente de Adamuz. El incremento de la demanda explica buena parte de esta necesidad: las circulaciones de alta velocidad han crecido un 46,8% entre 2019 y 2024, lo que acelera el desgaste de las infraestructuras y obliga a acometer renovaciones clave.
El segundo mayor bloque inversor corresponde a las infraestructuras hidráulicas, con 48.692 millones de euros necesarios para su conservación. El 60% se destinaría al ciclo urbano del agua, mientras que un 19% iría a adaptación al cambio climático y un 10% a la seguridad de presas.
SEOPAN enmarca estas cifras en un contexto de creciente estrés hídrico: sequías recurrentes, previsión de caída de recursos de entre el 7% y el 11% y un aumento de las inundaciones que ya afectan a más de 2,7 millones de personas.
Más de 400.000 millones en juego
A las necesidades de mantenimiento se suma el desarrollo de nuevas infraestructuras y la adaptación de las existentes, que requieren más de 280.000 millones adicionales. En conjunto, el esfuerzo inversor total supera los 407.000 millones de euros en la próxima década.
Sin embargo, el contexto no acompaña. La inversión pública ha caído hasta representar el 2,7% del PIB en 2024, frente al 5,2% de 2009. Además, el peso del gasto en transporte y agua dentro del presupuesto público se ha reducido a la mitad en los últimos quince años.
Ante esta situación, la patronal insiste en reactivar la colaboración público-privada. El modelo concesional, clave en décadas anteriores, está prácticamente paralizado: en 2025 solo se han licitado 2.218 millones en concesiones, el 1,9% del total.
Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015, este tipo de contratos se ha desplomado un 84%, y cerca del 20% de las licitaciones quedan desiertas o se abandonan. Como alternativa, SEOPAN propone implantar un sistema de pago por uso en carreteras. Según sus estimaciones, una tarifa media de 111 euros anuales por usuario permitiría generar hasta 43.260 millones en una década, destinados a conservación, transición ecológica y digitalización.