• La inversión pública creció un 9,1% en 2025, hasta situarse en los 37.177 millones de euros, y la bruta total, formada por la privada y la pública, aumentó un 5,1% en términos reales, hasta los 347.000 millones de euros

La inversión pública y privada en España sigue al alza. 2025 marcó el quinto año consecutivo de recuperación para la inversión bruta total, que alcanzó los 347.000 millones de euros en términos reales. La cifra supone un crecimiento del 5,1% respecto a 2024 y consolida la recuperación iniciada tras la pandemia.

No obstante, persisten desequilibrios relevantes en la composición y el destino de los recursos, donde los dirigidos a infraestructuras quedan relegados, según recoge el informe El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025), elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

La inversión pública, impulsada por los fondos europeos Next Generation, representó el 10,7% del total y creció un 9,1% en 2025, acumulando un incremento del 56% desde 2019. El sector privado también mantuvo su tendencia ascendente, con un aumento del 4,6% en el último año y una diferencia positiva del 8,6% frente a 2019.

Pese al avance global de la inversión, el informe advierte de que la partida dirigida a infraestructuras de uso público —como carreteras, ferrocarriles, infraestructuras hidráulicas, portuarias, aeroportuarias y urbanas— se mantiene en niveles bajos.

El peso de este sector en el total de la inversión pública ha descendido del 61% en 2009 al 38% en 2025, una proporción que no se ha recuperado desde la pandemia. Actualmente, los volúmenes invertidos son un 25% inferiores a los del año 2000 y un 60% menores que el máximo alcanzado en 2009, lo que impacta directamente en el mantenimiento y renovación del capital público acumulado.

El documento subraya que, en algunas infraestructuras, la inversión actual no cubre ni siquiera la depreciación ordinaria, lo que ha provocado una reducción progresiva del stock de capital público. Esta situación afecta principalmente a las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, cuyas dotaciones han retrocedido en valor real en los últimos años.

El cambio climático y el deterioro de los activos públicos

Coincidiendo con la debilidad inversora, se intensifican los efectos del cambio climático sobre activos públicos y privados en España. El informe destaca que las catástrofes naturales, especialmente las inundaciones, destruyen porcentajes significativos de infraestructuras y otros activos materiales. El documento destaca que la reposición de los daños derivados de desastres naturales exige un esfuerzo adicional de inversión, tanto para cubrir la depreciación ordinaria como la extraordinaria.

La publicación analiza el caso de la DANA de Valencia de octubre de 2024 y estima que el esfuerzo inversor necesario para compensar los daños de inundaciones podría suponer entre el 0,2% y el 1,1% de la inversión anual acumulada a lo largo de 50 años. Si la reposición de daños se concentra en un solo ejercicio, la inversión requerida podría elevarse entre el 5,4% y el 38,3% del total anual, y en zonas de alto riesgo como Valencia, llegar hasta el 848,2% de la inversión de un año ordinario.

A pesar de la recuperación en términos absolutos, el esfuerzo inversor respecto al PIB español se mantiene estable en torno al 20,6% en 2025, una cifra inferior al promedio registrado en la primera década del siglo (26%-30%) y todavía por debajo del 22% registrado en las principales economías europeas. El análisis puntualiza que, después de la caída durante la Gran Recesión, entre 2008 y 2013, y el impacto de la pandemia, la recuperación de la inversión no ha alcanzado los máximos de 2007.

Entre 1995 y 2007, España experimentó un fuerte crecimiento de la formación bruta de capital fijo, pero la crisis financiera supuso un brusco descenso, seguido de un repunte entre 2014 y 2019, hasta que llegó el impacto del Covid-19 en 2020. Desde 2021, el ciclo inversor volvió a mostrar una tendencia positiva, sostenida hasta la actualidad.

Más tecnología y menos ladrillo

El patrón de inversión en España ha evolucionado hacia una mayor intensidad en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), activos inmateriales como software e I+D, y maquinaria, mientras que las inversiones inmobiliarias han perdido peso. Según la base de datos actualizada por la Fundación BBVA y el Ivie, el peso de la inversión inmobiliaria ha caído del 68% previo a la Gran Recesión (2008-2013) a algo más del 50% en 2025.

Entre 1995 y 2024, España y Estados Unidos multiplicaron por más de cuatro la inversión en TIC e intangibles, aunque el punto de partida español era muy bajo.

La caída de la inversión residencial fue especialmente marcada desde 2007, con un descenso acumulado del 52,7% hasta 2013. Aunque en la última década se observó una recuperación, la construcción de vivienda sigue sin cubrir la demanda generada por el crecimiento demográfico.

En 2025, se construyeron cerca de 88.000 nuevas viviendas, mientras la creación de hogares superó los 226.000, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Estadística Continua de Población del INE.

Recuperación limitada de las infraestructuras productivas

La inversión pública en infraestructuras fue la que más sufrió durante la Gran Recesión (2008-2013), utilizada como herramienta de ajuste fiscal. Entre 2012 y 2020, permaneció en niveles muy bajos y, aunque en los últimos cinco años se vio reforzada por los fondos europeos, sigue un 34% por debajo del máximo de 2009.

El informe detalla que en 2025 la inversión pública en infraestructuras alcanzó 37.177 millones de euros, de los cuales 16.114 millones se destinaron a infraestructuras de uso público, un 6,8% más que el año anterior.

El peso relativo de las infraestructuras en la inversión pública descendió del 61,2% en 2009 al 37,9% en 2025. Este estancamiento afecta a la capacidad de modernización y mantenimiento de activos estratégicos.

Ferrocarriles, carreteras e hidráulica: sectores en descenso

Entre los distintos tipos de infraestructuras, el mayor retroceso corresponde al ferrocarril, que ha visto caer la inversión un 66,7% desde 2009, hasta los 4.589 millones de euros en 2025. Pese a ello, representa el 28,5% del total inversor en infraestructuras, habiendo ganado peso frente a los años 90.

Las carreteras siguen siendo la principal destinataria de fondos, con 4.952 millones de euros en 2025, aunque la cifra representa solo el 41% del máximo de 2009. Las infraestructuras hidráulicas han reducido su participación al 14,3% y su volumen ha caído un 61,7% desde 2009. El estudio atribuye gran parte de estas inversiones a la Confederación Hidrográfica, responsable de la prevención de avenidas y obras relacionadas con el ciclo del agua.

Las inversiones en infraestructuras urbanas, portuarias y aeroportuarias también han experimentado caídas, aunque las urbanas repuntaron en la última década. En 2025, las infraestructuras urbanas alcanzaron 1.434 millones de euros, un 38,8% más que el año anterior, mientras las portuarias y aeroportuarias se situaron en 1.626 y 1.216 millones, respectivamente.

El valor real del stock público retrocede

El informe cuantifica el impacto de la baja inversión en el valor real del stock de capital público, que se ha reducido en 11.000 millones de euros desde 2014, hasta los 583.331 millones. Las dotaciones de infraestructuras hidráulicas, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y urbanas han retrocedido, y solo las viarias muestran un ligero crecimiento, insuficiente para compensar la caída de los demás sectores.

En varios años, la inversión neta en infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y viarias fue negativa, sin cubrir el mantenimiento mínimo necesario para evitar la depreciación de los activos acumulados.

El análisis concluye que España afronta un reto doble: mantener el valor de las infraestructuras y anticipar el impacto de las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático. Sus autores consideran que es imprescindible repartir los esfuerzos inversores en el tiempo y en los territorios más expuestos, para evitar que la destrucción de activos públicos y privados derive en pérdidas irreversibles y en un deterioro de la prestación de servicios esenciales.

• Costará 300.000 euros y las obras, cuya licitación ha sido ya aprobada, durarán cinco meses

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de ejecución y la licitación de las obras de un nuevo skatepark en el parque de Los Periodistas, ubicado entre el Paseo Marítimo Carmen de Burgos y la calle La Marina, con un presupuesto base de licitación de 299.996,57 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La portavoz del equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, ha explicado en rueda de prensa el contenido de los acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno, celebrada el pasado viernes, con más de cuarenta puntos incluidos en su orden del día, que esta actuación responde al compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los usuarios y aficionados a esta disciplina deportiva, con quienes se ha trabajado en el diseño de las principales líneas del proyecto.

Instalaciones adaptadas a difentes modalidades

Redactado por el arquitecto Daniel Yabar Ramos, el proyecto contempla una actuación sobre una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados que permitirá reorganizar el espacio actual destinado a la práctica del skate e incorporar nuevas instalaciones adaptadas a las diferentes modalidades de este deporte.

La nueva instalación, junto al Paseo Marítimo y de uso libre, incluirá un bowl, rampa de skate con forma curva y cóncava similar a un gran cuenco, además de un área destinada a la modalidad street, dando respuesta a la demanda existente entre los usuarios de este tipo de instalaciones deportivas urbanas.

Según ha señalado la portavoz municipal, este proyecto permitirá dotar a la ciudad de un espacio moderno para la práctica de deportes urbanos, integrado en su entorno y complementario a los equipamientos ya existentes en la zona, como el área de calistenia y los espacios infantiles recientemente remodelados.

• Entre las vías en las que ya se está actuando se encuentran la A-372 entre Grazalema, Benamahoma y Arcos, la A-384 en Alcalá del Valle o la A-373 en Ubrique

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha informado este lunes sobre las obras impulsadas por el Gobierno andaluz en las carreteras de la provincia gaditana afectadas por las borrascas, con la ejecución de 11 actuaciones de emergencia con una inversión de 107 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa.

Mercedes Colombo ha destacado “la respuesta rápida” del Gobierno de Juanma Moreno, que ha actuado “con responsabilidad y coordinación” ante las borrascas, ha recogido la Junta en una nota.

De este modo, ha recordado que el Consejo de Gobierno andaluz tomaba conocimiento de este dispositivo recientemente y que la Consejería de Fomento ya ha iniciado 45 obras de emergencia que abarcan aproximadamente 1.000 kilómetros de vías y autovías en el territorio andaluz, con una inversión estimada de 283 millones de euros en toda Andalucía, ya que los técnicos siguen identificando y analizando la situación de las carreteras.

Este paquete de obras forma parte de la primera fase del Plan Andalucia Actúa, que contempla en su totalidad una inversión de 535 millones de euros para la red viaria autonómica.

Ante esto, Colombo ha incidido en que el Gobierno de Juanma Moreno “actúa ya en recuperar cuanto antes la normalidad en las carreteras”, y que Cádiz es la provincia andaluza “más afectada”, al registrarse aquí más de 270 incidencias que han perjudicado a 41 carreteras, lo que ha hecho necesario desplegar un importante dispositivo para reparar los daños.

En la provincia, entre las vías en las que ya se está actuando se encuentran carreteras “especialmente importantes” para la movilidad del territorio, como la A-372 entre Grazalema, Benamahoma y Arcos, la A-384 en Alcalá del Valle o la A-373 en Ubrique.

Además, Mercedes Colombo ha insistido en reconocer y agradecer “el extraordinario trabajo” realizado desde un principio por los equipos de conservación de carreteras, los operarios, los técnicos y todas las personas que estuvieron trabajando durante los temporales, destacando que lo hicieron “muchas veces en condiciones muy difíciles para mantener abiertas las vías y responder a las emergencias”.

“Gracias a ese esfuerzo fue posible reabrir numerosas carreteras y evitar situaciones de aislamiento en distintos municipios”, ha apuntado.

Las obras de emergencia que se están ejecutando incluyen la estabilización de taludes, la construcción de muros y pantallas de pilotes, la reconstrucción de sistemas de drenaje, la reparación de firmes y calzadas, así como la instalación de nuevas barreras de seguridad y señalización. Todas ellas son actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad vial y reforzar la estabilidad de las infraestructuras.

Por último, la delegada ha señalado que se sigue trabajando para recuperar plenamente las carreteras afectadas y ha insistido en el compromiso de la Junta de Andalucía con la provincia y con la mejora de sus infraestructuras, resaltando que la red de carreteras es “esencial para la movilidad, la actividad económica y la vida diaria de los ciudadanos”.

• La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, visita unos trabajos que “van a mejorar la vida de los linenses”

La mejora del acceso a La Línea de la Concepción por la carretera A-383, a la altura del polígono El Zabal, avanza con una inversión cercana a 1,7 millones de euros (1.654.773). La intervención de la Junta de Andalucía, cofinanciada con fondos europeos del programa Feder 2021-2027, busca ofrecer un viario más fluido y seguro en una de las principales vías de entrada a la ciudad.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Construcciones Pérez Jiménez entre los kilómetros 4,8 y 7,3 de la A-383, incluyen varias actuaciones clave. Se construyen dos colectores de saneamiento de aguas pluviales entre los puntos kilométricos 6 y 6,8, con el objetivo de mejorar la red y prevenir inundaciones en la calzada. Además, se instalarán tuberías y sumideros adicionales, junto con una regularización transversal de la calzada mediante mezcla bituminosa en caliente para asegurar el correcto funcionamiento de la nueva red.

El proyecto también contempla la rehabilitación del firme del tronco de la carretera en 3,5 kilómetros, así como la construcción de una glorieta en la intersección que conecta la A-383 con el polígono El Zabal y el camino de Estepona. Esta medida mejorará la seguridad vial y permitirá adaptar la vía a su nuevo carácter urbano, marcado por múltiples intersecciones, acerados, aparcamientos y pasos de peatones.

La obra se espera que impacte directamente en la movilidad y la seguridad, facilitando el tráfico en un punto especialmente transitado y modernizando la infraestructura de uno de los principales accesos a la ciudad. Actualmente, la A-383 soporta más de 4.000 vehículos diarios a lo largo de sus 7,38 kilómetros, formando parte de la Red Básica de Articulación de la Red de Carreteras de Andalucía.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado unos trabajos “que van a mejorar la vida de los linenses”. “Se trata de una actuación que no sólo mejorará la seguridad vial, sino que también a va a permitir ordenar el tráfico en un punto especialmente transitado, adaptando además esta vía a la realidad de un tramo que, a partir de aquí, tiene ya un carácter claramente urbano, con múltiples intersecciones, acerados, aparcamientos y pasos de peatones”, ha dicho. “Desde la Junta de Andalucía seguimos trabajando para mejorar las infraestructuras viarias de la provincia, con actuaciones que tienen un impacto directo en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos”, ha concluido la delegada del Gobierno.

Paralelamente, el Ayuntamiento de La Línea colabora en la preparación de otras obras, como el desdoble de la carretera del Higuerón, garantizando que la planificación de nuevas infraestructuras siga avanzando junto a este proyecto. El alcalde, Juan Franco, anunció que esta semana finalizará la expropiación de fincas afectadas para articular próximamente la puesta a disposición del suelo afectado por el trazado de la vía.

• El proyecto es una demanda histórica, especialmente tras el cierre de la anterior instalación de este tipo en 2015

El alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, junto al concejal de Deportes, Antonio Navas, presentaron este lunes el proyecto técnico y el plan de ejecución de la nueva piscina cubierta municipal. La actuación, financiada a través del programa de fondos PAI, supondrá una inversión de tres millones de euros y se plantea como una de las infraestructuras públicas más relevantes impulsadas en el municipio durante la última década.

• La Gerencia de Urbanismo llevará esta semana a su Consejo Rector el visto bueno al futuro proyecto, una actuación de 38 millones de euros vinculada a la BLET

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este lunes que el organismo municipal celebrará el próximo jueves una sesión extraordinaria del Consejo Rector para aprobar la licencia del proyecto de urbanización del Plan Parcial La Rinconada y el sector Industrial 6, un paso clave para desbloquear el inicio de las obras del futuro parque empresarial vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Torrico ha explicado que esta convocatoria extraordinaria responde a la necesidad de acelerar los plazos administrativos de una actuación considerada estratégica para el desarrollo económico de la ciudad. La decisión llega después de que el Ministerio de Transportes aceptara la cesión del antiguo trazado de la N-IV entre Alcolea y la estación eléctrica del Cementerio de la Fuensanta, un trámite necesario para continuar con la tramitación urbanística.

Además, el responsable municipal ha señalado que el plazo legal de tres meses para la emisión del informe sectorial de carreteras ya se ha superado, por lo que el Ayuntamiento considera que se cumplen las condiciones para avanzar en la aprobación del proyecto de urbanización conforme a la normativa vigente.

Inicio de las obras en cuestión de semanas

Una vez aprobado el proyecto por el Consejo Rector y publicado el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, el siguiente paso será la firma del contrato entre la Junta de Compensación y la empresa adjudicataria. Posteriormente, tras la firma del acta de replanteo, el inicio efectivo de las obras podría producirse en el plazo de algunas semanas.

Los trabajos de urbanización fueron adjudicados por la Junta de Compensación a la empresa Ferrovial por un importe cercano a 38 millones de euros, lo que convierte esta intervención en una de las mayores obras urbanísticas previstas en Córdoba en los próximos años, junto a la construcción de la propia Base Logística del Ejército. La actuación cuenta con un plazo de ejecución estimado de 36 meses.

Nuevas infraestructuras para el polígono

Durante su comparecencia, Torrico también ha anunciado que la Junta de Compensación licitará en las próximas fechas dos infraestructuras complementarias esenciales para el funcionamiento del nuevo parque empresarial.

Por un lado, se proyecta la construcción del enlace viario con la Autovía A-4, que permitirá conectar directamente el área logística con uno de los principales corredores de transporte de Andalucía.

Por otro, se ejecutará un gran depósito de agua que garantizará el abastecimiento tanto para la base logística militar como para las futuras empresas que se instalen en el polígono.

El nuevo desarrollo industrial adoptará la denominación de Polígono Logístico Industrial Gran Capitán, nombre aprobado por la propia Junta de Compensación promotora del proyecto.

Un nuevo polo logístico e industrial para Córdoba

El parque empresarial de La Rinconada ocupará unas 55 hectáreas de suelo destinadas principalmente a actividades industriales, logísticas y de servicios vinculadas al transporte y a la actividad militar, configurándose como un espacio complementario a la Base Logística del Ejército de Tierra.

Su ubicación, a unos 20 kilómetros del casco urbano de Córdoba, busca evitar impactos negativos en la red viaria de la ciudad, como posibles saturaciones de tráfico, al tiempo que refuerza el tejido industrial vinculado al transporte y la logística en el entorno del corredor de la Autovía A-4.

En total, el polígono contará con 581.034 metros cuadrados de suelo industrial, cuyo valor estimado ronda los 34,8 millones de euros, considerando un precio aproximado de 60 euros por metro cuadrado.

Impacto económico para el Ayuntamiento

Las previsiones municipales estiman que el desarrollo del parque empresarial generará unos ingresos anuales de alrededor de 1,3 millones de euros para el Ayuntamiento, derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de distintas tasas y licencias vinculadas a la actividad empresarial.

Estas cifras superan los costes de mantenimiento estimados del complejo, calculados en unos 787.000 euros anuales, lo que según los informes técnicos convierte la actuación en viable y sostenible para la hacienda pública local.

Además de las parcelas industriales, el plan urbanístico contempla zonas verdes, equipamientos y espacios destinados a empresas del sector terciario, que ofrecerán servicios tanto a la base militar como al tejido empresarial que se instale en el entorno.

Con este nuevo paso administrativo, el Ayuntamiento pretende consolidar uno de los proyectos estratégicos para el futuro industrial y logístico de Córdoba, estrechamente ligado al desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra y a la llegada de nuevas inversiones empresariales a la ciudad.

• La Administración autonómica también dedica cuatro millones para rehabilitar colegios de manera urgente

La Junta de Andalucía ha comenzado ya a reparar los daños en las carreteras autonómicas que más sufrieron los efectos del tren de borrascas de principios de año en la provincia de Córdoba. Así lo han informado este lunes el delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la delegada de Fomento, Carmen Granados.

Las obras se enmarcan en el Plan Actúa, que tiene carácter de urgencia y se está llevando a cabo por toda Andalucía. En el caso concreto de Córdoba, ya se han activado siete lotes para intervenir en 25 carreteras, con una inversión de 30 millones de euros sólo para estas vías.

La mayoría de las carreteras, en la zona sur de la provincia

Los temporales afectaron a esas 25 carreteras de titularidad autonómica que sufrieron más de medio centenar de incidencias. Algunas de ellas terminaron en muy mal estado, y esas son en las que la Junta de Andalucía ha empezado a intervenir. Entre otras, están la A-331 de Lucena a Rute, la A-318 de Cabra a Lucena o la A-339 en Priego y Almedinilla. La mayoría de los daños se produjeron en la zona sur de la provincia.

Todas estas intervenciones en vías autonómicas han comenzado ya y se ha trabajado, según han comentado ambos delegados, de manera coordinada con otras administraciones públicas, entre las que destacaron los ayuntamientos por su “predisposición” a colaborar con la Junta de Andalucía. Las obras se han podido encargar con tanta celeridad debido al empleo del contrato en vigor para el mantenimiento de carreteras.

También se interviene en colegios

Por otro lado, la Junta de Andalucía también ha activado ya una inversión urgente en colegios de la provincia que se vieron afectados por los temporales, para lo que se ha destinado una partida de otros cuatro millones de euros. En el listado se incluyen más de una veintena de centros escolares repartidos por toda la provincia, incluida la capital.

El delegado del Gobierno ha señalado que el objetivo de este plan extraordinario “es conseguir la recuperación tras el río atmosférico que dejó muchos daños ante los que tenemos que seguir trabajando”, puesto que “la Junta ha puesto como prioridad recuperar cuanto antes la normalidad”.

Algunas de las actuaciones podrán terminarse en unas pocas semanas, pero en otros casos los trabajos podrían prolongarse hasta un año; la media es de seis o siete meses, según ha resumido la delegada de Fomento. “Hablamos de seguridad, movilidad y actividad económica, por eso actuamos con rapidez y planificación”, ha apuntado Granados.

Ayudas para el campo

Por otro lado, además de las carreteras también se han visto dañadas muchas explotaciones e infraestructuras agrarias como los caminos rurales. Hay algunas fincas a las que ni siquiera pueden entrar todavía los agricultores, lo que preocupa a un sector que mueve gran parte de la economía cordobesa. Por ello la Junta ha programado también varias líneas de actuación.

Una de ellas estará destinada a reparar los caminos rurales. Para ello, cada municipio ha elaborado un listado con sus necesidades una vez evaluada la situación de las vías. La Junta ya dispone de esos documentos y ahora está analizando las demandas de cada localidad para intervenir cuanto antes, tal como ha recordado Molina. La Administración autonómica abonará hasta 100.000 euros por kilómetro y las obras se ejecutarán por su cuenta en vez de que sean los ayuntamientos quienes efectúen los contratos, con la intención de agilizar el proceso.

La Junta estima que el campo cordobés ha sufrido pérdidas por valor de unos 330 millones de euros debido a los temporales, con algunos casos graves como los daños en los olivares de la Subbética, que han visto muy mermadas sus cosechas justo cuando la aceituna estaba a punto para su recolección.

Los agricultores cordobeses que hayan visto dañados sus campos podrán solicitar ayudas a la Junta de Andalucía a partir de la primera quincena del próximo mes de abril, y la intención es, de acuerdo con las palabras de Molina, poder abonar las partidas ya en el mes de junio.

Intervención en el Puente Romano de Córdoba

Una de las obras clave de la Junta de Andalucía será la intervención en el Puente Romano de Córdoba, que durante los temporales llegó a estar cerrado temporalmente al paso de peatones ante el riesgo de desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por la capital. Los trabajos consistirán en limpiar la maleza acumulada en los pilares de la infraestructura y en reponer el sistema de iluminación.

• El subdelegado se muestra abierto a negociar y propone ampliar los años para reducir el dinero antes de dejar pasar una “oportunidad histórica”

El Gobierno central se ha mostrado hoy abierto a ampliar el plazo para que los regantes de la Costa paguen el coste del desglosado 3 de Rules, uno de los que más tiempo lleva atascado y que ha motivado al Ejecutivo a buscar soluciones para “desbloquear” la situación, como ha expresado José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno en Granada, antes del acto ‘Rules, el agua es incolora’ convocado por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical que ha tenido lugar este lunes con el objetivo, precisamente, de medir el apoyo político a las canalizaciones.

Según ha detallado Montilla, los beneficiarios del desglosado 3 son “3.000 hectáreas, a la orilla del Guadalfeo” y si cada una de esas hectáreas aportara “una cantidad para pagar la obra” esto supondría 582 euros al año para alcanzar los 55 millones que cuesta esta infraestructura -sin IVA-. Sin embargo, ha proseguido el representante del Ejecutivo, ese cálculo se realiza sobre 30 años, por lo que, en caso de ampliar ese plazo otra década más, el coste se reduciría a 435 y en caso de seguir ampliándolo y llegar al medio siglo, el coste se reduciría hasta los 350 euros por hectárea y año, “menos de 30 euros al mes”, de acuerdo a los cálculos del subdelegado.

Montilla ha definido como “oportunidad histórica” la que afronta el desglosado y ha llamado a no dejarla pasar o “nos arrepentiremos”, ha explicado el político, quien confía en no volver a la época anterior donde cada bando lanzaba el problema al otro, una época que puede regresar “ahora que llegan las elecciones”, ha deslizado. Más allá del ciclo político, el subdelegado ha incidido también en el regreso de una nueva sequía, momento en el que realmente se lamente la pérdida de la oportunidad.

Más allá de cifras y cálculos, Montilla ha querido dejar claro que “el convenio de financiación está encima de la mesa para firmarse y para empezar las obras este mismo año” y se ha mostrado abierto negociar con la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo para que se firme el acuerdo cuanto antes. Antes de entrar a la reunión, ha concluido preguntándose “¿cuántos años más se va a poder aguantar esos millones?”, pues en España hay muchos otros proyectos que requieren esa financiación.

Los regantes piden las cifras por escrito

Unas cifras del coste que supondría a los regantes que no termina de convencer a los agricultores, que aseguran que la cantidad a pagar sería mucho mayor al tener que sumarle los intereses de la cantidad adelantada por Acuaes, y los de la entidad bancaria. De esta forma, el presidente de la Comunidad General de Regantes, Maximino Prados, ha indicado que según las cuentas realizadas por el técnico de la Comunidad, la cantidad que tendrían que abonar por hectárea al año se dispararía a los 1.300 euros durante 30 años. Además de poner sobre la mesa la necesidad de que los proyectos constructivos del 1 y el 2 también tendrían que realizarse para que el agua llegue a la zona de Almuñécar, desglosados que aún no se plantean y que no saben quién financiará. “No podemos empezar la casa por el tejado, hay que empezar por los cimientos, y estos son los desglosados 1 y 2”, ha señalado.

Prados ha insistido en que el bloqueo de la situación no es por culpa de los regantes, y pide a los distintos partidos que han pasado por los gobiernos autonómicos y central que entonen el mea culpa y asuman el coste de una infraestructura que tendría que haber estado terminada hace 20 años.

Ha asegurado desconocer las cifras aportadas por el subdelegado del Gobierno y ha incidido en que, si son ciertas, “que nos mande Acuaes el convenio donde diga que pagamos 600 euros por hectárea y año y lo firmamos en seguida”.

• La infraestructura, con una inversión cercana a 34 millones de euros y tecnología de última generación, se ubicará en el embalse de La Fernandina

La nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del sistema del Rumblar permitirá asegurar el suministro de agua a los cerca de 90.000 habitantes que actualmente dependen de este sistema en la provincia de Jaén.

El diputado de Servicios Municipales de la Diputación de Jaén, José Luis Hidalgo, ha presentado este lunes en Mengíbar el proyecto de esta infraestructura, que se construirá en el embalse de La Fernandina. En el acto también han participado el alcalde de Mengíbar, Juan Bravo, y representantes municipales de otras localidades abastecidas por este sistema hidráulico.

Durante la presentación, Hidalgo ha recordado que esta actuación forma parte del Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para la provincia de Jaén, impulsado a través de un convenio firmado entre la Diputación Provincial y el Gobierno de España.

La nueva estación de tratamiento contará con tecnología de última generación, mayor capacidad de tratamiento y una inversión cercana a los 34 millones de euros. Según ha explicado el diputado, esta infraestructura permitirá poner fin a los problemas históricos de abastecimiento que afectan a los municipios integrados en el sistema del Rumblar: Andújar, Bailén, Cazalilla, Carboneros, Espeluy, Guarromán, Jabalquinto, Marmolejo, Mengíbar, Villanueva de la Reina y Villatorres.

“Vamos a terminar con los históricos problemas en los abastecimientos de estos municipios, que han venido comprometiendo seriamente el crecimiento industrial de esta estratégica zona de nuestra provincia”, ha señalado Hidalgo.

Además, la nueva ETAP permitirá conectar, en caso necesario, a otras tres localidades: Baños de la Encina, La Carolina y Vilches. De este modo, la población potencialmente beneficiaria superaría los 115.000 habitantes.

Los problemas del sistema actual se deben principalmente a la antigüedad de la ETAP del Rumblar, que capta agua del embalse de Zocueca y cuenta con unos 30 años de funcionamiento. A ello se suman su limitada capacidad de producción frente al aumento de la demanda, episodios puntuales de contaminación del agua, una escasa capacidad de almacenamiento del agua tratada y la necesidad de utilizar bombeos para el suministro.

Mayor calidad de agua

Con la construcción de la nueva planta se pretende resolver estas deficiencias, mejorar la eficiencia hidráulica del sistema, aumentar la capacidad de suministro y garantizar una mayor calidad del agua. Asimismo, la modernización de las instalaciones permitirá reducir los costes de producción.

En relación con el impacto económico de la inversión, Hidalgo ha explicado que la normativa vigente establece el principio de recuperación de costes en las infraestructuras hidráulicas, lo que implicaría repercutir parte de la inversión en los usuarios. Sin embargo, ha subrayado que la Diputación de Jaén asumirá los 15,6 millones de euros correspondientes a la amortización de la obra.

De esta forma, según ha destacado, ni los ayuntamientos ni los vecinos tendrán que asumir ningún coste adicional por esta infraestructura, tal y como ocurre también en otros sistemas incluidos en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas para la provincia de Jaén, como el de El Condado.

• María José Rico supervisa las actuaciones en el municipio, que cuentan con una subvención de más de 156.000 euros del PFEA

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado el municipio de Villarrasa, junto a su alcalde Arturo Alpresa, para supervisar el desarrollo de dos actuaciones incluidas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA 2025), impulsadas por el Ayuntamiento de la localidad y que cuentan con una subvención de más 156.000 euros destinadas a mejorar infraestructuras urbanas y reforzar servicios para la ciudadanía.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, durante la visita, Rico ha destacado que el PFEA es una “herramienta fundamental” para “dinamizar la economía de los municipios, mejorar sus infraestructuras, y al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para los trabajadores del medio rural”.

Una de las actuaciones que se están ejecutando es el proyecto de mejora de la Ronda Norte, correspondiente a la línea de garantía de renta. Esta intervención tiene como objetivo completar el acerado que faltaba en esta vía, mejorando así la accesibilidad, la seguridad y la imagen urbana del entorno. Los trabajos incluyen el vallado y señalización de la obra, la limpieza y desbroce de la zona, excavaciones para la apertura y ensanche de caja, así como la instalación de canalizaciones para el alumbrado público.

Además, contempla la ejecución de una solera de hormigón, la construcción de un muro perimetral, la colocación de bordillos, pavimento adoquinado, alcorques y farolas, así como la gestión y retirada de los residuos generados durante la actuación. Este proyecto cuenta con una subvención de casi 107.000 euros, y permitirá la contratación de 55 trabajadores y generará 1.155 peonadas.

La subdelegada también ha conocido el proyecto de adecuación del edificio de la estación de Renfe como centro de recepción turística y sala de espera para viajeros, incluido en la línea de empleo estable del PFEA. Esta actuación busca poner en valor la arquitectura característica de las estaciones de la línea Sevilla-Huelva, considerada parte del patrimonio arquitectónico provincial, y convertir el espacio en un punto de referencia para la acogida de visitantes y usuarios del tren, fortaleciendo al mismo tiempo la oferta turística y cultural de Villarrasa.

En este sentido, el proyecto ha contado con una subvención de algo más de 49.400 euros, permitiendo la contratación de 27 trabajadores y la realización de 570 peonadas. Además, durante la visita, Rico ha subrayado que el PFEA no solo “contribuye a la mejora de infraestructuras y equipamientos municipales”, sino que también “impulsa la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades y la creación de empleo en nuestros pueblos”.

El Plan de Fomento de Empleo Agrario constituye un instrumento “esencial” para la mejora de las infraestructuras municipales, la generación de empleo y la dinamización de los municipios mediante actuaciones de interés social y general. Asimismo, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con los trabajadores eventuales del sector agrario, facilitándoles la complementariedad de sus cotizaciones, tal y como ha subrayado la subdelegada.

Cabe recordar que la Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA en mayo aprobó por mayoría absoluta la distribución provincial de 16,4 millones de euros para subvencionar la contratación por parte de las corporaciones municipales o entidades dependientes o vinculadas a la Administración Local de trabajadores agrarios desempleados en proyectos de obras de interés general y social.