Las constructoras exigirán ayudas a las obras públicas por la guerra: «Podrían abandonarse»
- Piden recuperar el mecanismo de revisión de precios y anticipan que puede afectar también a la entrega de viviendas
Las constructoras permanecen ojo avizor al conflicto en Irán por la posibilidad de que desencadene otra crisis de inflación como la de la guerra en Ucrania, y piden al Gobierno por anticipado el establecimiento de mecanismos para revisar los precios de los contratos ante el riesgo de que muchas obras ya en curso dejen de ser rentables para las empresas, como ya ocurrió en 2022. En esa postura están las principales patronales del sector Seopan, CNC y ANCI, que temen a que el golpe pueda llegar en una etapa de alza en la actividad de la contratación pública en la obra civil, y también pueda afectar a la movilización de vivienda en un momento en el que las administraciones también se están volcando en este apartado.
Aunque todavía no empiezan a notarse los efectos de lleno, las constructoras comienzan a percibir que el contexto de precios disparados de hace cuatro años apunta a repetirse, en un momento en el que además la inflación continuaba al alza previamente al conflicto. «Aunque se desconoce la duración e impacto que tendrá esta crisis en la cadena logística global y en los precios de la energía, coincide con un momento de elevada actividad en la contratación pública, situación que podría requerir nuevamente la adopción de medidas excepcionales de reequilibrio y compensación para el sector de la obra civil», apunta a este periódico el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), Julián Núñez.
La necesidad la traslada también la la asociación de las constructoras no cotizadas ANCI, que además recuerda que el sector lleva pidiendo desde hace años que la medida se mantenga de manera estructural para evitar desbarajustes en las obras ya en ejecución. La presidenta de ANCI, Concha Santos, incide en la preocupación de las empresas por encontrarse una situación como la de 2022 debido a que la actual regulación de la revisión de precios, mantiene el carácter voluntario de la misma, «por lo que muchos contratos de obra, actualmente en ejecución, no tienen la posibilidad de ajustar sus precios a la realidad del mercado».
«Independientemente de que esto nos deba hacer reflexionar sobre la necesidad de abordar, con carácter estructural, la recuperación de la obligatoriedad de la revisión de precios en todos los contratos -una reclamación recurrente del sector-, el horizonte de una nueva posible crisis de precios nos encamina a retomar medidas excepcionales de reequilibrio de los contratos, similares a las implantadas en 2022», añade la líder de la patronal.
La viabilidad de las obras, en riesgo
También la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) insiste en la urgencia de tener una herramienta que sirva de escudo ante eventuales subidas de precios. La patronal liderada por Pedro Fernández Alén «insiste» en la urgencia de cambiar la Ley de Contratos del Sector Público y revisar la Ley de Desindexación con el objetivo de que no se aplique a los contratos públicos, «ya que la falta de actualización de precios -incluidos los costes energéticos- pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras, tanto de viviendas como de infraestructuras».
En concreto, la CNC permanece atenta a la «previsible» subida del precio de algunas materias primas y materiales de construcción como el petróleo, el gas, el acero, el aluminio, la madera o el asfalto como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo. «Este encarecimiento agrava la incertidumbre que ya atraviesa el sector de la construcción, en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y la dificultad para planificar y ejecutar proyectos con estabilidad de costes», aseguran desde la confederación a la vez que recuerdan que los costes de muchos materiales de construcción se han disparado más de un 45% desde 2021.
La CNC mete también a la vivienda en la ecuación en un momento de máxima urgencia de oferta. En este sentido, el sector recuerda que el coste de levantar obra nueva se ha alzado un 32% desde 2020 hasta los 1.105 euros de media. CNC advierte de que ante una coyuntura en la que los precios de mercado no se ajusten a los contratos públicos pueden producirse retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, «lo que resulta especialmente preocupante en un momento como el actual, teniendo en cuenta la posible nueva espiral inflacionario por el shock energético así como la necesidad de ejecutar los fondos europeos para la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras».