• El consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, anunció la licitación del estudio de alternativas para la presa de Cerro Blanco, clave para el sistema hidráulico malagueño

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este martes en el Aquaforum, organizado por La Opinión de Málaga, que el Gobierno andaluz está ultimando los pasos para licitar el estudio de alternativas de la presa de Cerro Blanco, una infraestructura considerada clave para el sistema hidráulico de la provincia de Málaga.

“Estamos terminando los trabajos previos”, aseguró el consejero durante su intervención, en la que explicó que este estudio permitirá definir la ubicación y la capacidad de la presa, así como actualizar los planteamientos técnicos de proyectos anteriores para adaptarlos a la planificación hidráulica actual.

Fernández-Pacheco subrayó el carácter estratégico de esta infraestructura tanto para el abastecimiento como para la seguridad frente a avenidas, destacando su impacto directo en el valle del Guadalhorce y en la Costa del Sol.

“La presa de Cerro Blanco no sólo vendría a satisfacer las necesidades de agua de calidad para los municipios del Bajo Guadalhorce y evitar los riesgos de inundaciones aguas abajo del embalse, sino que también, en caso de excedente y en épocas de escasez, permitiría llevar agua a Málaga y a la Costa del Sol (Occidental y Oriental) a través de la Autovía del Agua”, afirmó el consejero.

Cerro Blanco y Gibralmedina, obras de interés general del Estado

El responsable autonómico recordó que tanto Cerro Blanco como la futura presa de Gibralmedina son infraestructuras de interés general del Estado, por lo que reclamó la implicación directa del Gobierno central en su desarrollo. “Nuestro interés en la construcción de estas dos presas es máximo, pero es el Gobierno quien tiene que liderarlas. Nosotros ayudaremos. Sentémonos y busquemos vías de financiación. Nuestra mano está tendida”, señaló.

En este contexto, recordó que la Junta ya ha destinado 2,3 millones de euros a la redacción del proyecto de Gibralmedina y que mantiene actuaciones en marcha en otras presas malagueñas, como La Concepción, con obras por 2,3 millones, o Casasola, donde se han invertido 2,1 millones de euros en mejoras y reparación, destacando el correcto funcionamiento de su desagüe de fondo.

Embalses en Andalucía y Málaga

El anuncio se produce en un contexto de mejora de las reservas hídricas. Los embalses de Andalucía se sitúan hoy al 79,21% de su capacidad, mientras que los embalses de la provincia de Málaga alcanzan el 88,04%, según los datos registrados a las 9.00 horas de hoy.

Por embalses, la situación es la siguiente:

• La Concepción, al 80,17%
• Casasola, al 55,62%
• El Limonero, al 100%
• Guadalteba, al 96,06%
• Guadalhorce, al 95,66%
• Conde de Guadalhorce, al 100%
• La Viñuela, casi al 74,43%

El consejero vinculó estos datos a la necesidad de planificar infraestructuras a largo plazo, insistiendo en que proyectos como Cerro Blanco son fundamentales para garantizar el suministro de agua, mejorar la seguridad frente a inundaciones y reforzar la conexión hidráulica entre Málaga y la Costa del Sol.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado los expedientes de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad para construir nuevas áreas de servicio dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos.

Serán en concreto ocho áreas de servicio -cinco de ellas dobles, una en cada margen-, valoradas en su conjunto en unos 94,5 millones de euros, IVA incluido. Las ocho áreas se distribuyen entre las provincias de Asturias, Barcelona, Cuenca, Córdoba -en Montoro-, Cantabria, Madrid, Zaragoza y Valencia.

Estas áreas constituyen el programa piloto del Ministerio de Transportes para la dotación de este tipo de instalaciones en la Red de Carreteras del Estado, que tiene por objetivo contribuir a la descarbonización del transporte, catalizar la inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica y mejorar la oferta de servicios al usuario.

Tras estas aprobaciones, se licitará el correspondiente contrato de concesión de obras (dividido en seis lotes) y se redactarán los respectivos proyectos constructivos de las áreas de servicio por los correspondientes adjudicatarios de las concesiones. Una vez aprobados estos proyectos por la Dirección General de Carreteras, se proseguirá con la construcción y explotación de cada una de las áreas.

• La patronal del sector anuncia que planteará a los sindicatos un plan de choque contra estas ausencias

La preocupación generalizada por el absentismo creciente en la mayoría de los sectores económicos está llevando a las organizaciones empresariales a evaluar el impacto de esta situación en su actividad. Este lunes, ha sido la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la principal patronal del sector, la que ha alertado de que las horas pagadas y no trabajadas representaron el pasado año un 6,2% del total de la jornada pactada (1.812 horas anuales). En concreto, cada trabajador de la construcción dejó de realizar una media de 113 horas anuales, el doble que diez años antes.

Según otras formas de calcularlo, estas faltas supusieron una pérdida media de 14 jornadas laborales (de ocho horas) o prácticamente tres semanas de trabajo por empleado al año. O, también, habrían equivalido a que 70.000 trabajadores de la construcción no trabajaran ni un solo día en 2025.

El peso de este absentismo —que incluye fundamentalmente las ausencias por enfermedad y por permisos laborales, sin contar las vacaciones— es el doble que el 3,2% registrado en 2018. Esta evaluación añade que las faltas al puesto de trabajo han costado alrededor de 3.500 millones de euros a las empresas del sector, casi el triple que hace siete años. La cuantía equivale al 1,7% de las ventas sectoriales y pesan más que el impuesto de sociedades en el resultado de las empresas.

El cálculo del coste por el absentismo en la construcción del año pasado incluye los gastos directos (cotizaciones y salarios entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, que es lo que paga la empresa ya que luego la prestación por incapacidad temporal la costea la Seguridad Social) y los indirectos (valor de las horas perdidas). El documento indica que el coste directo para las empresas ascendió el pasado año a 633 millones de euros, mientras que el indirecto fue de 2.932 millones (2.441millones por incapacidad temporal y 491 millones por otras razones). Y dos tercios del impacto fue soportado por las pymes del sector, asegura la patronal.

Ante tal coste, el presidente de la principal patronal de la construcción integrada en la CEOE, Pedro Fernández Alén, ha anunciado que las empresas del sector propondrán a los sindicatos un paquete de medidas de choque para combatir el absentismo en la inminente negociación del convenio colectivo sectorial. Aunque no se han concretado las medidas, el responsable empresarial ha apuntado a la existencia de numerosas palancas que irían desde los pluses que premien la asistencia y la ausencia de bajas hasta reducir los complementos a la prestación por incapacidad temporal que recogen numerosos convenios colectivos. “Que estos complementos no se paguen desde el primer día, por ejemplo”, ha dicho Alén.

La patronal señala como principal causa del creciente fenómeno al aumento de las bajas por incapacidad temporal (enfermedad), que concentran el 72% del crecimiento del absentismo. Desde 2018, las horas perdidas por este motivo se han incrementado un 75%. Esto significa que cada trabajador perdió en 2025, por estar de baja por enfermedad, cinco días más de trabajo que siete años antes.

La patronal constructora identifica cinco razones principales por las que aumenta el absentismo. Son la relación positiva con el ciclo económico (normalmente, cuanto más actividad hay, más faltas al trabajo se registran); la mayor duración de las listas de espera quirúrgicas; la extensión del plazo de espera para citas con especialistas; el progresivo envejecimiento del colectivo de ocupados; y la prolongación de permisos legales y la creación de otros nuevos.

No obstante, y a diferencia de lo detectado por la Airef, que la pasada semana alertó del creciente y principal peso de las bajas de los más jóvenes frente a las de los mayores en el aumento del absentismo, la patronal de la construcción asegura que el mayor número de faltas al trabajo en sus empresas se produce por el envejecimiento de sus plantillas (la edad media en estas actividades es de 46 años). Además, Fernández Alén ha alertado sobre un impacto particular del absentismo en el sector. “Aunque hay menos que en el campo o en los servicios, en la construcción las faltas al trabajo tienen mayor efecto arrastre que en otras actividades, porque la ausencia de un trabajador específico en una obra, la paraliza, ante la posibilidad de que sea sustituido rápidamente”, ha asegurado.

• Empresas de obra civil vinculadas a proyectos como el soterramiento del AVE aseguran que hay demanda de trabajadores para cuadrillas y oficios en la capital

La escena se repite en varios puntos de la ciudad. Cuadrillas trabajando a la vez, máquinas moviendo material y pequeñas empresas entrando y saliendo de cada tramo según avanza la Almería subterránea del AVE. En mitad de ese movimiento, algunos responsables de obra coinciden en un mensaje sencillo: falta gente para trabajar.

“Hay muchos sitios que necesitan gente”, resume Adama Faye mientras supervisa a su cuadrilla en la avenida del Mediterráneo. Su empresa participa en tareas de organización de obra civil, una fase clave antes de los acabados definitivos. No habla de teorías ni de estadísticas, sino de lo que ve cada día en la calle.

En su caso, mantiene a una veintena de trabajadores repartidos entre la capital y otros frentes como Carboneras. Una parte de la plantilla coloca losas, bordillos y arquetas en el trazado urbano del soterramiento, mientras otra se encarga de encofrados y muros en zonas vinculadas a la infraestructura ferroviaria.

El funcionamiento del sector se basa en esa lógica. Varias empresas coinciden en el mismo tramo, cada una con su cometido. “Hay varias empresas trabajando y cada una lleva cosas diferentes”, explica Faye. Esa coordinación es habitual en las grandes obras, donde la subcontratación permite avanzar por fases.

En el caso del soterramiento, los trabajos han entrado en una etapa de organización urbana: redes de saneamiento, preparación de aceras, colocación de bordillos y ajustes de cotas. Es una fase que requiere mano de obra constante y perfiles de oficio, desde fontaneros hasta peones especializados.

Personal en los tajos

Desde dentro del propio sector, el diagnóstico es simple: hay trabajo, pero no siempre hay suficientes trabajadores disponibles. Faye lo resume sin rodeos: “Si nos dan trabajo, podemos meter más gente”. Es una idea que se repite entre pequeñas contratas que dependen del volumen de obra pública.

El crecimiento de muchas empresas se produce de forma gradual. Empiezan con uno o dos trabajadores, reciben encargos puntuales y, si el flujo de obras se mantiene, amplían cuadrillas. En ese modelo, cada contrato supone nuevos puestos de trabajo. Sin continuidad, la plantilla se reduce.

El funcionamiento del sector se basa en esa lógica. Varias empresas coinciden en el mismo tramo, cada una con su cometido. “Hay varias empresas trabajando y cada una lleva cosas diferentes”, explica Faye. Esa coordinación es habitual en las grandes obras, donde la subcontratación permite avanzar por fases.

En el caso del soterramiento, los trabajos han entrado en una etapa de organización urbana: redes de saneamiento, preparación de aceras, colocación de bordillos y ajustes de cotas. Es una fase que requiere mano de obra constante y perfiles de oficio, desde fontaneros hasta peones especializados.

Personal en los tajos

Desde dentro del propio sector, el diagnóstico es simple: hay trabajo, pero no siempre hay suficientes trabajadores disponibles. Faye lo resume sin rodeos: “Si nos dan trabajo, podemos meter más gente”. Es una idea que se repite entre pequeñas contratas que dependen del volumen de obra pública.

El crecimiento de muchas empresas se produce de forma gradual. Empiezan con uno o dos trabajadores, reciben encargos puntuales y, si el flujo de obras se mantiene, amplían cuadrillas. En ese modelo, cada contrato supone nuevos puestos de trabajo. Sin continuidad, la plantilla se reduce.

La escena diaria es la misma: equipos colocando losas, ajustando arquetas o preparando el terreno para los siguientes oficios. No hay grandes discursos, solo trabajo acumulado. Y en medio de ese ritmo, una frase que se repite entre los responsables de cuadrilla: hay obra, pero faltan manos.

• Transportes aprueba los expedientes de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado los expedientes de información pública y los anteproyectos y estudios de viabilidad para construir ocho nuevas áreas de servicio, cinco de ellas dobles, dotadas de estación de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos por un valor total de 94,5 millones de euros.

Estas áreas, según ha comunicado el ministerio este lunes, forman parte del programa piloto del ministerio para dotar a la red de carreteras de estas instalaciones, que tiene como objetivo contribuir a la descarbonización, catalizar la inversión privada en infraestructuras de recarga eléctrica y mejorar la oferta de servicios al usuario.

• Esta actuación, que cuenta con una duración aproximada de tres meses, tiene un presupuesto de 136.758,42 euros

El Ayuntamiento de Baeza ha comenzado con las obras de adecuación de accesos, mejora de la accesibilidad y puesta en valor del entorno del espacio visitable de la antigua Universidad de la Santísima Trinidad. Esta actuación, con una duración aproximada de tres meses, se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa constructora Fortress, especializada en la restauración de monumentos, y cuentan con un presupuesto de 136.758,42 euros. El concejal de Turismo y Promoción, José Antonio Jiménez, ha explicado que la intervención permitirá resolver los actuales problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, así como llevar a cabo una nueva distribución de los espacios interiores destinados a aseos, almacén y altillo, además de la creación de una oficina de información y acogida de visitantes. La antigua Universidad de la Santísima Trinidad constituye uno de los espacios patrimoniales más visitados de esta ciudad Patrimonio Mundial. Por este motivo, el proyecto contempla también actuaciones de conservación y restauración en el aula del poeta Antonio Machado, donde se eliminarán las humedades existentes y se procederá a la recuperación de los paramentos interiores, así como en el patio y los soportales, con el objetivo de restituir los valores arquitectónicos originales del conjunto. Las obras se desarrollan en tres zonas diferenciadas.

En la entrada principal, ubicada en la calle San Juan de Ávila, se sustituirá la rampa existente por una nueva pasarela horizontal desmontable frente a los portones de madera, complementada con una rampa de pendiente suave del seis por ciento. Asimismo, se ejecutará una nueva distribución del núcleo de aseos, almacén y archivo con altillo, incorporando un módulo accesible y un pequeño patio interior que aportará luz y ventilación natural. En la entrada al patio renacentista se habilitará también un nuevo espacio destinado a oficina de información y acogida de visitantes, y se unificará el nivel entre la galería del patio y el archivo para facilitar el tránsito, adecuando igualmente los portones de acceso. En el aula del poeta sevillano Antonio Marchado se llevará a cabo la eliminación de las humedades existentes en los muros de piedra de la fachada y perimetrales. Tras el secado, se continuará con la restauración de los paramentos mediante morteros de cal hidráulica natural y acabados con pintura a la cal, manteniéndose el pavimento original de baldosa hidráulica decorada. Por último, en el patio se procederá a la eliminación del segundo zócalo de cemento añadido, recuperando el paramento blanco original con enfoscado y pintura de cal. Asimismo, se realizarán trabajos de limpieza, eliminación de morteros inadecuados, consolidación de la piedra, sellado de grietas, retacado de juntas y reconstrucciones volumétricas puntuales con morteros de cal compatibles con los materiales originales. Finalmente, se aplicará un tratamiento hidrofugante para garantizar la protección y conservación del conjunto.

• El centro, ubicado en Campanillas, se levantará en la misma parcela y contará inicialmente con 225 plazas escolares

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de sustitución del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Intelhorce, en el distrito de Campanillas de Málaga, una actuación que supondrá una inversión de 6,7 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución previsto de 15 meses.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, contempla la demolición de los dos edificios actuales del centro y su reemplazo por una nueva edificación en la misma parcela. En la actualidad, el alumnado del CEIP Intelhorce se encuentra escolarizado en el CEIP El Tarajal debido a las patologías estructurales detectadas en las antiguas instalaciones.

El nuevo colegio tendrá tipología C1, con una línea de Infantil y otra de Primaria, y dispondrá de 225 puestos escolares, aunque el diseño prevé una futura ampliación a dos líneas. El edificio contará con aulas de Infantil y Primaria, educación especial, aulas de pequeño grupo, biblioteca, gimnasio, salón de usos múltiples, comedor con cocina, así como espacios administrativos y zonas exteriores con áreas de juego, pista polideportiva y huerto escolar.

La actuación incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con la instalación de paneles solares fotovoltaicos y sistemas de bioclimatización, y se ha proyectado conforme a las recomendaciones de la Certificación VERDE. Las obras se enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Junta y cuentan con cofinanciación europea a través del programa Feder Andalucía 2021-2027.

La reforma del puente del Centenario no se ha paralizado, pero ha vuelto a ralentizarse, esta vez por un expediente de modificación de obra que aguarda una supuesta autorización del Ministerio de Transportes. Esta situación de espera de la resolución del expediente se mantiene al menos desde finales de 2025.

Así lo han asegurado fuentes del sector de la construcción, que explican que se ha realizado una adecuación de la mano de obra y de los trabajos a este proyecto pendiente de autorización. Esas mismas fuentes afirman que en la obra del puente trabajan actualmente menos de 100 personas.

El problema de esta obra es que se eterniza: se adjudicó para 27 meses y ha acabado duplicando este plazo por encima de los 54 meses. Es decir, que el retraso en la ejecución de las obras supera los dos años.

El presupuesto de los trabajos se ha disparado desde los 86 millones en los que se adjudicó hasta los 136 millones que suma actualmente. Y lo mismo ha sucedido con los plazos de ejecución, que se han más que incumplido.

En agosto de 2021 comenzaron los trabajos de ampliación y sustitución de los tirantes de este puente con un presupuesto de adjudicación de 86.399.620 euros (impuestos incluidos).

A la lentitud con que avanzan los trabajos se sumó el año pasado el escándalo que lo vincula con el cobro de mordidas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) identificó a Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE— como receptora de 1,8 millones de euros por su participación en la obra de restauración del puente del Centenario de Sevilla. Según el último informe elevado al Tribunal Supremo en relación con el conocido como caso Koldo, las pesquisas se centran en una posible estructura de amaño en licitaciones públicas, donde Servinabar habría suscrito memorandos y contratos con Acciona. En agosto de 2018, Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras, firmó una declaración de emergencia para puente del Centenario de Sevilla y sobre los accesos (desvíos) por la SE-30 y la SE-40.

De acuerdo con el informe, la relación entre Acciona y Servinabar cristalizó en un memorándum que fijaba una remuneración del 2% del presupuesto neto en caso de adjudicación, sin establecer presupuesto previo.

La UCO aporta registros de 21 facturas presentadas por Acciona a Servinabar por un total de 171.916 euros entre septiembre de 2019 y mayo de 2020. Posteriormente se firmó una ampliación contractual de casi 39.000 euros para los años 2021-2022. En paralelo, la obra de acceso por la SE-40 fue dotada con 6.471.332,43 euros. La UCO detalla que, aplicando el 2% pactado, Servinabar habría facturado más de 1.699.600 euros solo por las tirantes del puente del Centenario y más de 102.200 euros en la SE-40.