Hacienda cambia de criterio y abre la mano con las constructoras para dar entrada a más empresas en los contratos públicos
- Reforma el sistema de clasificación y eleva de cinco a 10 los años de experiencia que se exige para obras complejas
Sólo cuatro empresas podían, hasta ahora, acometer las obras hidráulicas de reconstrucción de la zona afectada por la dana en la Comunidad Valenciana. Sólo cuatro (y dos de ellas pertenecen al mismo grupo empresarial) eran elegibles. Pero el Ministerio de Hacienda ha decidido abrir la mano con las constructoras y reformar los requisitos que exige para acometer cierto tipo de obras públicas complejas. Se trata de un cambio técnico, pero estratégico, que el sector celebra y que sirve también a la ministra María Jesús Montero para evitar que tantos concursos públicos queden desiertos.
En concreto, Hacienda ha firmado una orden que modifica los sistemas de clasificación de las empresas en la Ley de Contratos Públicos. Hasta ahora, para acreditar la solvencia técnica necesaria para optar a un proyecto, las empresas debían demostrar haber tenido experiencia en obras similares en los últimos cinco años. Este marco temporal limitaba mucho el número de empresas especializadas que podían presentarse a concursos para obras complejas, dejando fuera incluso a compañías líderes a nivel mundial.
Dicho de otra forma, la construcción de una presa, de un puente colgante o las obras de una línea de metro urbano, por ejemplo, no se encadenan con tanta frecuencia como una obra normal y una empresa capacitada que no hubiera hecho algo similar en los últimos cinco años quedaba hasta ahora automáticamente fuera del contrato. Lo mismo pasaba en los trabajos de reconstrucción de la dana, por lo que sólo cuatro compañías podían optar a los contratos de sus obras hidráulicas.
Hacienda se ha abierto ahora a corregir esta situación, una reivindicación histórica del sector constructor, y ha ampliado el plazo de experiencia a demostrar de cinco a 10 años. La Orden HAC/34/2026, publicada en el BOE este miércoles, establece una excepción legal para permitir que, en subgrupos específicos, las empresas puedan acreditar certificados de su experiencia de los últimos 10 años.
Hacienda extiende de esta forma el abanico de obras públicas que impliquen a estos subgrupos: túneles; hormigón pretensado; metálicos, tendidos de vías; elevados sobre carril o cable; señalizaciones y enclavamientos; electrificación de ferrocarriles; presas; canales; conducciones con tubería de presión de gran diámetro; dragados; escolleras; obras con cajones de hormigón armado; con pilotes y tablestacas; faros, radiofaros y señalizaciones marítimas, emisarios submarinos, autopistas, autovías, oleoductos, gasoductos, líneas eléctricas de transporte, cimentaciones especiales y tablestacados.
El sector aplaude este giro en los criterios de Hacienda por cuanto que «evitará exclusiones injustificadas y fomentará la concurrencia». Preguntado por EL MUNDO, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, valora positivamente la ampliación de los años de experiencia a acreditar y cree que se trata «de un primer paso importante para ajustar el sistema de clasificación a la realidad del sector de la construcción».
«Esta medida permitirá a las constructoras españolas seguir siendo líderes mundiales y profetas en su propia tierra», apunta Fernández Alén quien agradece al Ministerio de Hacienda «que haya tenido en cuenta la petición de CNC para modernizar el sistema, hacerlo más justo y menos abusivo, promoviendo la libre competencia empresarial y generando un entorno más dinámico y eficiente, lo que terminará mejorando la calidad de las obras públicas».
La orden de Montero, además de satisfacer esta reivindicación de los constructores, busca reducir el número de concursos de obras públicas que hasta ahora quedaban desiertos, al tiempo que, aumentando la concurrencia, se ejerce una tendencia de contención sobre los precios.
Según explica Hacienda, la nueva orden se ajusta a los principios de buena regulación, «en particular, los principios de necesidad y eficacia, en la medida que busca garantizar un nivel adecuado de concurrencia en la contratación del sector público, al favorecer un mayor acceso de las empresas a las licitaciones». Es también «coherente», a sus ojos, «con el principio de eficiencia en cuanto que atiende y persigue el interés general al favorecer el principio de libre concurrencia entre licitadores y permitir una gestión más eficiente de los recursos públicos».
Crecen las licitaciones
Según los datos difundidos ayer por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) la licitación de obra pública alcanzó los 33.143 millones de euros en 2025 en España, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2024.
El mayor ritmo inversor lo marcó el repunte de las licitaciones de las comunidades autónomas, que licitaron 10.136 millones a lo largo del año, un 17,5% más. El Estado, por su parte, incrementó un 9,7% sus licitaciones, hasta los 9.550 millones. Y los ayuntamientos licitaron 13.456 millones, un 12,1% más.
Andalucía fue de nuevo la región con mayor volumen de licitaciones (1.867 millones de euros), tras aumentarlas un 35,8%, seguida de Cataluña (1.568 millones), que las disparó un 45%; y Madrid (1.504 millones), que las redujo un 24,3%.
En cuanto al Estado, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente sigue siendo el principal licitador, con 5.467 millones de euros, pero sumando un 9,1% menos que en 2024. Le sigue el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con 739 millones licitados, un 10,3% más. El resto de ministerios en su conjunto incrementaron un 37,4% las licitaciones, hasta los 45 millones, según recoge la agencia Europa Press.
En su conjunto, la Administración General del Estado registró un avance del 9,7%, hasta los 9.550 millones de euros.