Las ingenierías privadas redoblan su ofensiva legal contra los contratos a dedo a la pública Ineco. CÍES, la Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el encargo de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (Secegsa) a Ineco -ambas dependientes del Ministerio de Transportes- para desarrollar el servicio de asistencia técnica para determinados trabajos relativos al túnel ferroviario del Estrecho de Gibraltar que conectará España y Marruecos a lo largo del umbral del fondo marino entre Tánger, en Marruecos y Punta Paloma. Este proyecto, aún en una fase muy inicial, requerirá una inversión de al menos 8.500 millones de euros.

El recurso, al que ha tenido acceso elEconomista.es, fue presentado por CÍES el pasado miércoles, 7 de enero, ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que lo ha admitido a trámite de manera inmediata. La organización que preside Ignacio Sánchez de Mora trasladará ahora una demanda en la que solicitará la suspensión cautelar del contrato a Ineco y, de este modo, su paralización. Su objetivo último es que Secegsa anule la contratación e impulse una licitación abierta en la que puedan participar las empresas privadas, máxime cuando hay especialistas españoles en obras subterráneas con gran reconocimiento internacional.

El contrato impugnado, por un importe de 961.939 euros, implica una asistencia técnica especializada para una nueva actualización del anteproyecto de la obra. Los trabajos que engloba el encargo a Ineco abarcan una Fase B con el estudio previo de la galería de reconocimiento y una Fase C con trabajos de adaptación de los resultados obtenidos para su integración en la actualización del nuevo anteproyecto. Las tareas recogidas son continuidad de las realizadas en el encargo de Secegsa a Ineco en 2021 y están financiadas por los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

CÍES quiere anular esta contratación en la línea de la defensa del sector privado contra la competencia desleal que, a su juicio, representan los encargos a Ineco sin las justificaciones que recoge la ley (urgencia, emergencia o seguridad pública). La organización pone en cuestión la eficiencia y la solvencia de la ingeniería pública para desarrollar estos trabajos y pone el foco en el abuso de la subcontratación por parte de la empresa que preside Sergio Vázquez.

Con su recurso, CÍES busca que Secegsa abra este y los futuros contratos de ingeniería y consultoría del proyecto del túnel del Estrecho de Gibraltar a la competencia.

Las ingenierías privadas abren así un nuevo frente judicial por los encargos a Ineco. De hecho, el miércoles CÍES y Ceacop presentaron el texto de la demanda, ya admitida a trámite, ante el Tribunal Supremo contra el encargo a Ineco del puente sobre el río Guadalquivir de la SE-40 de Sevilla. Ahora la Dirección General de Carreteras (DGC) tendrá que realizar su escrito de contestación.

Las ingenierías ya consiguieron tumbar el primer encargo a Ineco al no incluir la ejecución de los trabajos con la metodología BIM. Sin embargo, la DGC la incluyó en un nuevo encargo a la empresa pública valorado en más de 13 millones de euros que es ahora, de nuevo objeto de impugnación. La demanda se centra en la eficiencia y en el porcentaje de subcontratación. Ineco ha subcontratado, por ejemplo, el cálculo de la estructura central del puente a Tylin Spain, multinacional estadounidense que adquirió la consultora española Ideam, y MC2 Estudio de Ingeniería por 3,1 millones.

CÍES prevé que el Supremo emita el fallo sobre esta demanda este año y confía en que sea favorable y siente jurisprudencia para anular el encargo del túnel del Estrecho de Gibraltar.

En paralelo, CÍES, Aseci y Catenara ultiman la interposición de una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por la utilización de los encargos a empresas públicas. Su objetivo es que determine si se asimilan a ayudas de Estado y lo considere una cuestión trasnacional.

• Los trabajos incluyen la ampliación y mejora de la ETAP de Albox

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado el expediente de gasto para la contratación de las obras de abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora, incluyendo la ampliación y mejora de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Albox (Almería) con un presupuesto de licitación de 8.675.061,17 euros.

Estas actuaciones están declaradas de interés de la Comunidad Autónoma a través de un acuerdo de 16 de junio de 2020 del Consejo de Gobierno en el que se establecían las obras hidráulicas destinadas a paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta en determinadas zonas de Andalucía, según ha indicado la Junta en una nota.

Asimismo, se trata de una actuación también recogida en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que incluye la ampliación y mejora de la ETAP de Albox.

En este programa figura la consejería competente en materia de aguas como administración responsable de la ejecución de esta actuación y como administración financiadora al cien por cien en el periodo 2022-2027.

La financiación de estas actuaciones se realizará con cargo al canon de mejora, con un plazo de ejecución de 18 meses sin posibilidad de prórroga Los trabajos suponen la demolición, explanación y limpieza del terreno, construcción de depósitos, tuberías y estaciones de bombeo, obras para el tratamiento de agua y trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable.

La consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado un contrato de diez millones de euros para la reparación y mantenimiento preventivo de puentes, viaductos y estructuras de las carreteras de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno pone en marcha por primera vez un contrato de estas características después de haber realizado un diagnóstico de las más de 4.000 estructuras existentes en la red viaria autonómica, entre puentes, pontones y pasarelas peatonales.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha abogado por “contrarrestar los años de abandono de puentes y viaductos, con una importante inversión en su mantenimiento”. Díaz ha avanzado un cambio de estrategia, centrada en la prevención y no en esperar a que los puentes estuvieran al borde del colapso. “Antes sólo se actuaba cuando estaba en riesgo su servicio y únicamente a través de obras de emergencia”, ha manifestado.

Díaz ha expresado que desde el Gobierno de Juanma Moreno se “busca mejorar la vida de los andaluces con mejores comunicaciones y carreteras más seguras y eso sólo pasa por más inversión y más previsión”. Al respecto, ha expuesto los planes extraordinarios de inversiones puestos en marcha en la conservación de carreteras andaluzas, como los 151 millones de euros para firmes sólo para 2026, los 15 millones de euros para actuaciones de seguridad vial o los estudios para actualizar los tramos de concentración de accidentes o para analizar los niveles de ruido de la red viaria.

Huércal de Almería, entre los puntos más prioritarios

Este contrato tiene una duración de 24 meses y se actuará, en función de las prioridades y su estado, en estructuras que necesitaban una mejora. Así, se prevé intervenir en las ocho provincias, destacando puntos como el puente sobre las vías del ferrocarril en Huércal de Almería (A-1000); el pontón de vigas de la carretera de Arcos (A-384) a la altura de Villamartín (Cádiz); los puentes de la carretera A-318 a la altura de Lucena (Córdoba); el puente de Pampaneira (Granada) en la carretera A-4132; el puente de la autovía Huelva-Punta Umbría (A-497) sobre el río Aljaraque; el puente de la carretera A-401 sobre el río Guadalquivir en Úbeda (Jaén); el puente de la A-343, sobre la vía férrea, en Pizarra (Málaga) o varios puentes de la A-92 en la provincia de Sevilla, entre otros.

Las intervenciones previstas incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural y la protección de armaduras frente a la corrosión. También se contemplan refuerzos de tableros y vigas, reparaciones por daños de impacto, actuaciones en bóvedas y cimentaciones, así como la reposición de juntas, impostas, barandillas y sistemas de contención. La relación de operaciones es orientativa y podrá ampliarse en función de las necesidades detectadas.

Un proyecto que garantiza la ejecución, el seguimiento y la finalización

Las actuaciones se desarrollarán en estructuras de paso con luces iguales o superiores a tres metros. Afectarán a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales, de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos. En este contrato quedan excluidas las estructuras de menor luz, como alcantarillas o tajeas. El contrato incluye la propuesta de programación anual de las actuaciones y la redacción de los informes necesarios para la ejecución, el seguimiento y la finalización de los trabajos.

Este contrato surge después de que la consejería de Fomento pusiera en marcha una revisión exhaustiva de los más de 4.000 puentes, pasarelas y estructuras de la red autonómica de carreteras, con una inspección y seguimiento de estas infraestructuras para planificar su rehabilitación y evitar sobrecostes por no actuar a tiempo.

Las empresas interesadas en este contrato de mantenimiento y reparación de estructuras tienen hasta el 6 de febrero para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la administración andaluza (Sirec).

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado el expediente de contratación para licitar los servicios profesionales necesarios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obra, para adaptar el edificio que acogerá la sede de la futura Policía Local de Roquetas de Mar, un paso decisivo para hacer realidad esta infraestructura estratégica para la seguridad del municipio.

Este nuevo avance se produce tras la adquisición onerosa del inmueble destinado a albergar la nueva Jefatura, una operación aprobada en diciembre de 2023 que permitió al Ayuntamiento disponer de un edificio con la capacidad necesaria para centralizar y unificar los distintos servicios policiales, superando así las limitaciones del actual emplazamiento.

El expediente aprobado contempla la licitación, mediante procedimiento abierto simplificado, de un contrato de servicios que incluye la redacción del proyecto arquitectónico, el estudio y la coordinación de seguridad y salud, así como la dirección de las obras de adaptación del edificio existente. El presupuesto base de licitación asciende a 139.331,54 euros (IVA incluido), con financiación municipal, y un plazo total estimado de ejecución de 20 meses.

Amat recalca que se trata de una infraestructura prioritaria

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que “la nueva Jefatura de la Policía Local es una infraestructura prioritaria para un municipio que ha experimentado un importante crecimiento poblacional y que necesita contar con instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las nuevas exigencias operativas”. En este sentido, ha subrayado que este proyecto “redundará en una mejora directa del servicio público que se presta a los vecinos y vecinas de Roquetas de Mar”.

Amat ha destacado que la aprobación de este expediente supone un paso muy importante para continuar con la hoja de ruta marcada por el equipo de gobierno para dotar a la ciudad de unas dependencias policiales acordes a su dimensión actual, reforzando la seguridad ciudadana y optimizando los recursos municipales.

• El proyecto reserva una parcela en la trasera de la estación de autobuses para una residencia de mayores, cuyo edificio contará con una superficie aproximada de 3.000 m² construidos

El Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1UE1 Banda del Río, una vez concluido el plazo de veinte días hábiles de información pública que se abrió tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia sin que se presentaran alegaciones, lo que ha permitido al Consistorio validar el documento urbanístico promovido por Fincas Iscari.

La aprobación supone un avance significativo para desbloquear uno de los espacios más degradados y visibles del centro de la ciudad: un solar de más de 15.800 metros cuadrados situado entre la estación de autobuses, la calle Carteya y la avenida Gesto por la Paz. Durante años, este ámbito ha funcionado como aparcamiento improvisado, sin pavimentación ni servicios, y ha proyectado una imagen de abandono en un entorno estratégico, a escasos metros de la estación de tren y del acceso al puerto.

El proyecto de reparcelación define con precisión la nueva estructura urbana del ámbito y las obras necesarias para su integración en la ciudad. La calle Carteya, eje central del desarrollo, ampliará su sección hasta alcanzar una calzada de 6,5 metros, acompañada de aceras de 3 metros a cada lado. Esta ampliación permitirá incorporar bandas de aparcamiento en línea, mejorar la accesibilidad peatonal y ordenar un tráfico que actualmente discurre por un viario estrecho y sin continuidad.

El documento incluye también la creación de dos nuevas rotondas destinadas a mejorar la movilidad en un entorno saturado por la presencia de la estación de autobuses y el acceso ferroviario. La primera se ubicará al fondo del solar, conectando con el paso inferior hacia la estación de tren y facilitando la salida de vehículos sin necesidad de maniobras complejas. La otra se situará en el cruce de Carteya con San Bernardo, justo frente a la capilla del Santo Cristo de la Alameda. Esta glorieta permitirá que los autobuses accedan directamente a la estación sin rodear toda la manzana, reduciendo tiempos de circulación y descongestionando el entorno.

En cuanto a los equipamientos previstos, el proyecto reserva una parcela para la construcción de una residencia de mayores, cuyo edificio contará con una superficie aproximada de 3.000 m² construidos, distribuidos en planta baja más dos alturas. La planta baja se destinará a zonas comunes, servicios asistenciales y áreas de estancia, mientras que las plantas superiores acogerán las habitaciones y dependencias residenciales. El diseño contempla además espacios ajardinados perimetrales y accesos adaptados, con el objetivo de integrar el equipamiento en el nuevo tejido urbano.

El plan también incorpora más de 2.100 m² de zonas verdes y espacios públicos, que pasarán a titularidad municipal; la reordenación completa del viario interior, con nuevos tramos que conectarán Carteya con Aníbal y con la avenida Gesto por la Paz; la reserva de parcelas para usos terciarios, destinadas a dinamizar la actividad económica del entorno; la cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento urbanístico, tal y como establece la normativa, y la definición de las alineaciones y rasantes que permitirán ejecutar posteriormente el proyecto de urbanización.

El objetivo es generar una estructura urbana coherente, capaz de integrar este espacio en la trama de la ciudad y de servir como base para futuras promociones residenciales y equipamientos. La actuación se enmarca en la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que facilita la regeneración de suelos urbanos obsoletos.

Un vacío urbano con más de una década de retraso

La Banda del Río arrastra un largo historial de intentos fallidos de desarrollo. El PGOU de 2001 ya la señalaba como un área prioritaria de renovación urbana, y en 2009 se aprobó un primer proyecto de reparcelación que contemplaba la construcción de viviendas y espacios libres. Sin embargo, la crisis económica, la desaparición de la promotora original y la falta de un propietario mayoritario paralizaron cualquier avance. Desde entonces, el solar ha permanecido sin urbanizar, generando problemas de movilidad, seguridad y deterioro visual en una zona que debería actuar como bisagra entre La Piñera y el centro.

La aprobación del nuevo proyecto actualiza la ordenación, adapta los usos a la normativa vigente y redefine las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, lo que permite reactivar la actuación con un planteamiento más realista y ajustado a las necesidades actuales de la ciudad.

Un impulso para la regeneración del centro

La transformación de la Banda del Río es considerada clave para mejorar la imagen y la funcionalidad del centro de Algeciras. La zona, históricamente vinculada al antiguo cauce del arroyo de la Miel y al desarrollo portuario, ha sufrido décadas de abandono y falta de inversión. La creación de nuevos espacios públicos, la mejora de la movilidad y la incorporación de actividad residencial y terciaria permitirán reactivar un entorno que hoy actúa como barrera física y visual, donde el Consistorio ha llevado a cabo de forma puntual limpiezas de choque debido al estado de abandono de todo el entorno.

El Ayuntamiento confía en que la aprobación definitiva de la reparcelación marque un punto de inflexión y permita avanzar hacia la fase siguiente: la aprobación del proyecto de urbanización, que definirá las obras necesarias para dotar al sector de pavimentación, redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado y demás infraestructuras básicas.

Una vez ejecutadas las obras de urbanización, el ámbito quedará en condiciones de acoger nuevas edificaciones y equipamientos, lo que abrirá la puerta a inversiones privadas y a la recuperación de un espacio que durante años ha sido una de las principales asignaturas pendientes del urbanismo algecireño.

La Banda del Río se perfila así como uno de los proyectos de transformación urbana más relevantes de los próximos años en Algeciras, con capacidad para mejorar la movilidad, la calidad urbana y la cohesión entre barrios en pleno corazón de la ciudad.

• El Consorcio IFMIF-Dones realiza una triple adjudicación del contrato del acuerdo marco de construcción que permitirá empezar las obras en primavera

Una adjudicación histórica para una obra inédita en España. Las principales empresas constructoras de España serán las encargadas de ejecutar las obras del acelerador de partículas IFMIF-Dones de Granada, y que se levantará en el municipio de Escúzar. El Consorcio ha adjudicado los trabajos de construcción del gran complejo científico, destinado a encontrar los materiales que sustenten la futura generación de energía mediante fusión, que será limpia y eterna. Son 174 millones de euros de contrato con un plazo de ejecución de dos años desde la fecha de formalización de este, y podrá prorrogarse otros dos más siempre que se acuerde antes de que venza el plazo anterior.

Ya por lo que cuesta, se vislumbra que es algo único ya no solo en España, sino en todo el mundo. Y el modelo administrativo lo es también: un acuerdo marco por el que hay nada menos que tres adjudicaciones, resultando como principal la UTE (unión temporal de empresas) conformada por Ferrovial, FCC y Añil Servicios, Ingeniería y Obras, y que obtuvo la mejor puntuación tanto en criterios basados en juicio de valor como por puntuaciones automáticas. La segunda adjudicataria es también una unión de empresas compuesta por Dragados, Moncobra e Instalaciones Negratín; mientras que la tercera, que concurrió en solitario, es Acciona. Así, con este sistema, si la primera adjudicataria incumple con las cláusulas del contrato, pasaría a la siguiente, y así en cascada hasta la tercera.

De esta manera, las primeras máquinas podrán empezar a construir el gran complejo científico de Escúzar esta misma primavera, una vez se firmen las correspondientes actas de replanteo, algo que suele suceder en el periodo de un mes. Las obras incluyen el edificio principal del acelerador de partículas, así como trece construcciones más destinadas para sistemas auxiliares del complejo científico.

“La formalización del contrato con las adjudicatarias no podrá llevarse a cabo hasta que transcurra el plazo legal mínimo desde la publicación de la presente resolución. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización, el órgano de contratación requerirá a las adjudicatarias para que formalicen el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que reciba dicho requerimiento”, reza el documento de adjudicación al que ha accedido este diario.

Ya en diciembre la misma mesa de contratación acordó “por unanimidad” proponer al órgano de contratación la adjudicación del contrato a los tres licitadores ya señalados, ordenados por puntuación obtenida, y que han resultado ser finalmente las adjudicatarias. Al concurso se presentaron cinco propuestas. Se ha quedado fuera por puntuación total la UTE formada por Obrascon-Huarte-Lain, Construcciones Sando y Acsa; mientras que la propuesta de Sacyr, Edhinor y Cuerva quedó desechada por una “oferta anormalmente baja”.

En el tercer punto de la resolución explica que “contra la presente resolución podrá interponerse recurso especial en materia de contratación, previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, en los plazos y forma señalados en el artículo 44 de la LCSP, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación”, concluye.

Los planes pasan por terminar las infraestructuras básicas para el año 2029. Después habrá un periodo de validación antes de que la instalación alcance su máximo potencial. No se descarta que se proyecte un segundo acelerador en Escúzar, lo que permitiría alcanzar un mayor número de datos y, al final, obtener conclusiones antes.

El objetivo del acelerador es investigar nuevos materiales que soporten condiciones extremas. Su desarrollo permitirá su uso en las futuras centrales de energía de fusión nuclear, donde se producirá un fenómeno similar al que se da en las estrellas para producir energía. En este proyecto hay depositadas serias esperanzas de contar con una nueva fuente energética alternativa a los combustibles fósiles.

En la parcela del acelerador comenzaron las primeras obras en septiembre de 2022. Se destinaron 11,5 millones para tres edificios -el de administración y visitas, almacén multiusos y el de control de accesos- que compondrán parte del complejo IFMIF Dones. A la par, la Universidad de Granada construyó el UGR Dones, una nave dedicada a la experimentación en nuevos materiales que ya está en funcionamiento. En el proyecto del acelerador colaboran como socios contribuyentes España -a través de la Junta y el Ministerio-, Croacia, Japón y la Comisión Europea a través de Fusion for Energy.

• El contrato tiene una duración de 24 meses y se actuará en función de las prioridades y el estado de estructuras que necesiten una mejora

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado un contrato de diez millones de euros para la reparación y mantenimiento preventivo de puentes, viaductos y estructuras de las carreteras de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno pone en marcha por primera vez un contrato de estas características después de haber realizado un diagnóstico de los más de 4.000 estructuras existentes en la red viaria autonómica, entre puentes pontones y pasarelas peatonales. Así, en la provincia de Granada se prevé intervenir en el puente de Pampaneira, en la carretera A-4132.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha abogado por “contrarrestar los años de abandono de puentes y viaductos, con una importante inversión en su mantenimiento”. Díaz ha avanzado un cambio de estrategia, centrada en la prevención y no a esperar a que los puentes estuvieran al borde del colapso. “Antes sólo se actuaba cuando estaba en riesgo su servicio y únicamente a través de obras de emergencia”, ha manifestado.

Díaz ha expresado que desde el Gobierno de Juanma Moreno se “busca mejorar la vida de los andaluces con mejores comunicaciones y carreteras más seguras y eso sólo pasa por más inversión y más previsión”. Al respecto, ha expuesto los planes extraordinarios de inversiones puestos en marcha en la conservación de carreteras andaluzas, como los 151 millones de euros para firmes sólo para 2026, los 15 millones de euros para actuaciones de seguridad vial o los estudios para actualizar los tramos de concentración de accidentes o para analizar los niveles de ruido de la red viaria.

Este contrato tiene una duración de 24 meses y se actuará, en función de las prioridades y su estado, en estructuras que necesitaban una mejora.

Las intervenciones previstas incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural y la protección de armaduras frente a la corrosión. También se contemplan refuerzos de tableros y vigas, reparaciones por daños de impacto, actuaciones en bóvedas y cimentaciones, así como la reposición de juntas, impostas, barandillas y sistemas de contención. La relación de operaciones es orientativa y podrá ampliarse en función de las necesidades detectadas.

Las actuaciones se desarrollarán en estructuras de paso con luces iguales o superiores a tres metros. Afectarán a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales, de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos. En este contrato quedan excluidas las estructuras de menor luz, como alcantarillas o tajeas. El contrato incluye la propuesta de programación anual de las actuaciones y la redacción de los informes necesarios para la ejecución, el seguimiento y la finalización de los trabajos.

Este contrato surge después de que la Consejería de Fomento pusiera en marcha una revisión exhaustiva de los más de 4.000 puentes, pasarelas y estructuras de la red autonómica de carreteras, con una inspección y seguimiento de estas infraestructuras para planificar su rehabilitación y evitar sobrecostes por no actuar a tiempo.

Las empresas interesadas en este contrato de mantenimiento y reparación de estructuras tienen hasta el 6 de febrero para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la administración andaluza (Sirec).

• Un total de 10 millones de euros para el mantenimiento y reparación de varios puentes de carreteras andaluzas como el de la autovía Huelva-Punta Umbría (A-497) sobre el rio Odiel

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado un contrato de diez millones de euros para la reparación y mantenimiento preventivo de puentes, viaductos y estructuras de las carreteras de Andalucía, entre los que se encuentra el puente. El Gobierno de Juanma Moreno pone en marcha por primera vez un contrato de estas características después de haber realizado un diagnóstico de los más de 4.000 estructuras existentes en la red viaria autonómica, entre puentes pontones y pasarelas peatonales.

Las intervenciones previstas incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural y la protección de armaduras frente a la corrosión. También se contemplan refuerzos de tableros y vigas, reparaciones por daños de impacto, actuaciones en bóvedas y cimentaciones, así como la reposición de juntas, impostas, barandillas y sistemas de contención. La relación de operaciones es orientativa y podrá ampliarse en función de las necesidades detectadas.

Las actuaciones se desarrollarán en estructuras de paso con luces iguales o superiores a tres metros. Afectarán a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales, de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos. En este contrato quedan excluidas las estructuras de menor luz, como alcantarillas o tajeas. El contrato incluye la propuesta de programación anual de las actuaciones y la redacción de los informes necesarios para la ejecución, el seguimiento y la finalización de los trabajos.

Este contrato surge después de que la Consejería de Fomento pusiera en marcha una revisión exhaustiva de los más de 4.000 puentes, pasarelas y estructuras de la red autonómica de carreteras, con una inspección y seguimiento de estas infraestructuras para planificar su rehabilitación y evitar sobrecostes innecesarios por no actuar a tiempo.

Las empresas interesadas en este contrato de mantenimiento y reparación de estructuras tienen hasta el 6 de febrero para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la administración andaluza (Sirec).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha abogado por “contrarrestar los años de abandono de puentes y viaductos, con una importante inversión en su mantenimiento”. Díaz ha avanzado un cambio de estrategia, centrada en la prevención y no a esperar a que los puentes estuvieran al borde del colapso. “Antes sólo se actuaba cuando estaba en riesgo su servicio y únicamente a través de obras de emergencia”, ha manifestado.

Díaz ha expresado que desde el Gobierno de Juanma Moreno se “busca mejorar la vida de los andaluces con mejores comunicaciones y carreteras más seguras y eso sólo pasa por más inversión y más previsión”. Al respecto, ha expuesto los planes extraordinarios de inversiones puestos en marcha en la conservación de carreteras andaluzas, como los 151 millones de euros para firmes sólo para 2026, los 15 millones de euros para actuaciones de seguridad vial o los estudios para actualizar los tramos de concentración de accidentes o para analizar los niveles de ruido de la red viaria.

Este contrato tiene una duración de 24 meses y se actuará, en función de las prioridades y su estado, en estructuras que necesitaban una mejora. Así, se prevé intervenir en las ocho provincias, en puntos como el puente sobre las vías del ferrocarril en Huercal de Almería (A-1000); el pontón de vigas de la carretera de Arcos (A-384) a la altura de Villamartín (Cádiz); los puentes de la carretera A-318 a la altura de Lucena (Córdoba); el puente de Pampaneira (Granada) en la carretera A-4132; el puente de la carretera A-401 sobre el río Guadalquivir en Úbeda (Jaén); el puente de la A-343, sobre la vía férrea, en Pizarra (Málaga) o varios puentes de la A-92 en Sevilla, entre otros.

• La Junta intervendrá en el puente de la A-401 sobre el Guadalquivir en Úbeda dentro de un plan pionero de mantenimiento

La Junta de Andalucía ha licitado un contrato por valor de diez millones de euros para la reparación y el mantenimiento preventivo de puentes, viaductos y otras estructuras de la red autonómica de carreteras, una intervención que tendrá incidencia directa en la provincia de Jaén con lo previsto en el puente de la carretera A-401 sobre el río Guadalquivir, a la altura de Úbeda. Se trata de un contrato impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que se pone en marcha por primera vez tras realizar un diagnóstico exhaustivo de las más de 4.000 estructuras existentes en la red viaria andaluza, entre puentes, pontones y pasarelas peatonales.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha defendido esta iniciativa como una forma de “contrarrestar los años de abandono de puentes y viaductos, con una importante inversión en su mantenimiento”, subrayando un cambio de estrategia basado en la prevención. “Antes sólo se actuaba cuando estaba en riesgo su servicio y únicamente a través de obras de emergencia”, ha señalado.

Según ha explicado Díaz, el objetivo del Gobierno andaluz es “mejorar la vida de los andaluces con mejores comunicaciones y carreteras más seguras, algo que sólo es posible con más inversión y más previsión”. En este sentido, ha recordado otros planes extraordinarios en marcha, como los 151 millones de euros para la mejora de firmes previstos para 2026, los 15 millones destinados a intervenciones de seguridad vial, así como estudios para actualizar los tramos de concentración de accidentes y analizar los niveles de ruido de la red viaria.

El contrato tendrá una duración de 24 meses y permitirá actuar, en función del estado y la prioridad, en estructuras que requieren mejoras en las ocho provincias andaluzas. Además del puente de Úbeda, se incluyen intervenciones en el puente sobre las vías del ferrocarril en Huércal de Almería (A-1000); el pontón de la A-384 en Villamartín (Cádiz); los puentes de la A-318 en Lucena (Córdoba); el puente de Pampaneira en la A-4132 (Granada); el puente de la A-497 sobre el río Aljaraque en Huelva; el puente de la A-343 en Pizarra (Málaga); y varios puentes de la A-92 en la provincia de Sevilla, entre otros.

Las intervenciones previstas incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural, la protección de armaduras frente a la corrosión, el refuerzo de tableros y vigas, reparaciones por daños de impacto, intervenciones en bóvedas y cimentaciones, así como la reposición de juntas, impostas, barandillas y sistemas de contención. La relación de trabajos es orientativa y podrá ampliarse según las necesidades que se detecten durante la ejecución.

Las intervenciones se desarrollarán en estructuras con luces iguales o superiores a tres metros, afectando a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales, ya sean de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos. Quedan excluidas las estructuras de menor entidad, como alcantarillas o tajeas. El contrato incluye además la programación anual de las intervenciones y la redacción de los informes técnicos necesarios para su ejecución, seguimiento y finalización. Este plan es consecuencia directa de la revisión exhaustiva impulsada por la Consejería de Fomento sobre las más de 4.000 estructuras de la red autonómica, con el objetivo de planificar su rehabilitación y evitar sobrecostes derivados de la falta de intervención a tiempo.

Las empresas interesadas en optar a este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 6 de febrero a través de la plataforma electrónica Sirec de la administración andaluza.