La Junta de Andalucía ha sacado a licitación la obra de la agrupación de vertidos y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Trebujena, una infraestructura largamente demandada que contará con una inversión superior a los 10 millones de euros. En concreto, el presupuesto base de licitación asciende a 10.062.725,07 euros.

La actuación se tramita a través de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El procedimiento se realizará de forma electrónica y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de febrero. El contrato contempla un plazo de ejecución de 30 meses desde el inicio de las obras.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia, Francisco Moreno, ha subrayado la relevancia de este proyecto para el municipio. Según ha señalado, la nueva infraestructura permitirá agrupar los vertidos de aguas residuales que se generan en Trebujena y someterlos a un tratamiento adecuado en la futura depuradora, mejorando de forma notable la gestión del ciclo integral del agua.

Moreno ha destacado que esta actuación se enmarca en el compromiso de la Junta de Andalucía por avanzar en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de depuración de aguas residuales, especialmente en aquellos municipios que aún carecen de una EDAR o disponen de sistemas obsoletos que no garantizan un tratamiento eficaz.

Con esta licitación, el Gobierno andaluz da un paso más en la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia, con el objetivo de proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y asegurar un desarrollo sostenible acorde con las exigencias europeas en materia de saneamiento y depuración.

• El Gobierno andaluz saca a licitación contratos por valor de 151,5 millones de euros con el fin de apostar por la seguridad vial

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una de las mayores actuaciones de los últimos años sobre la red viaria autonómica. El Gobierno andaluz ha sacado a licitación contratos por valor de 151,5 millones de euros destinados a la mejora de 1.000 kilómetros de carreteras a lo largo de toda la comunidad autónoma, una intervención que se desarrollará a lo largo de 2026 y que supone un salto sin precedentes en inversión en firmes.

La actuación será gestionada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que ha licitado los nuevos contratos de renovación de firmes, multiplicando por 17 la cantidad que habitualmente se destinaba a este tipo de trabajos en la red viaria autonómica. El deterioro de muchas carreteras se ha visto agravado en los últimos años por episodios de lluvias torrenciales, como las recientes Danas, que han acelerado el desgaste del pavimento.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado que “se han redoblado los esfuerzos por parte del Gobierno de Juanma Moreno para actuar de forma inmediata en mil kilómetros de nuestras carreteras, los que se encontraban en peor estado”. En este sentido, ha recordado que desde 2019 se han ido incrementando las partidas destinadas a la conservación de los más de 10.500 kilómetros de red viaria autonómica, después de “años en los que los anteriores gobiernos llegaron a reducir a la mitad una inversión”.

Según ha explicado la titular de Fomento, “el Plan de Asfaltado va a revertir de manera sustancial la situación y va a suponer un nuevo impulso a nuestro compromiso con la seguridad vial”. Díaz ha señalado además que los resultados del plan comenzaron a apreciarse ya el pasado año, cuando se ejecutó una inversión de 24 millones de euros exclusivamente para la renovación de firmes. “Estos nuevos contratos darán continuidad al trabajo emprendido en 2025”, ha añadido.

Los contratos licitados tienen como objetivo garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios, además de mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados detectados en las ocho provincias andaluzas. Para ello, se ha realizado un análisis detallado del estado de la red viaria, que permitirá una correcta ejecución de las distintas capas del firme.

Reparto por provincias

La licitación se ha dividido en 16 lotes, dos por provincia. El reparto económico asciende a 17,5 millones de euros por provincia, salvo en Cádiz y Sevilla, que recibirán 22,5 y 24 millones, respectivamente, debido al número de kilómetros y al estado de sus carreteras. Esta distribución permitirá una intervención equilibrada y adaptada a las necesidades de cada territorio.

Las actuaciones previstas incluyen la reparación de blandones y baches, el fresado y reposición del pavimento, la recuperación de capas inferiores del firme, el extendido de mezclas bituminosas, el sellado de pavimentos, el repintado de la señalización horizontal, la reposición o elevación de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación en estructuras y espiras en estaciones de aforo. Los contratos contemplan además la posibilidad de prórroga, lo que supondría un incremento tanto de la inversión como de los tramos atendidos.

Esta intervención se enmarca dentro de la estrategia de conservación de firmes, uno de los elementos funcionales más relevantes de cualquier carretera. El estado actual de la red autonómica obliga a recuperar la capacidad portante de numerosos tramos que se encuentran en situación deteriorada o muy deteriorada.

El Gobierno andaluz ha priorizado estos contratos ante la urgencia de actuar en los puntos más afectados. De hecho, los contratos actualmente en vigor, por 24 millones de euros, ya fueron reajustados casi en su totalidad para adelantar a 2025 actuaciones inicialmente previstas para 2026.

Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos podrán presentar sus ofertas hasta mediados de febrero a través del portal electrónico Sirec de la administración andaluza.

• La adjudicataria hará una obra de 80 millones y el mantenimiento por un canon de 9,7 millones anuales durante 28 años
• El proyecto, del que se habla desde 1996, podría inaugurarse en 2029
• La jienense Vialterra participó en la elaboración del estudio de viabilidad

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ultima ya la licitación de la Ciudad de la Justicia de Jaén. Será la primera licitación en Andalucía, y una de las primeras en España, con la fórmula de colaboración público-privada. El trámite administrativo está ya casi concluido, pues Justicia ha remitido a la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera el expediente completo de la futura Ciudad de la Justicia de Jaén, una vez obtenido el informe favorable del Gabinete Jurídico. Es el último trámite administrativo necesario antes de poder sacar a licitación el proyecto, que se ejecutará mediante la fórmula de concesión de obra pública.

El proyecto ejemplifica perfectamente una de las bondades de la colaboración público-privada en la obra pública: en la Ciudad de la Justicia de Jaén la administración se había mostrado incapaz de financiar y ejecutar el proyecto por sus propios medios a lo largo de tres décadas. Con la colaboración del sector privado puede hacerse realidad.

“Es el primer proyecto de concesión de obra pública que se hace en España”, ha llegado a decir el consejero andaluz. La empresa adjudicataria asumirá la inversión inicial, estimada en unos 80 millones a falta de contar con el proyecto definitivo, y los costes de mantenimiento, limpieza y seguridad durante el periodo concesional. A cambio, la Junta abonará un canon anual estimado en 9,7 millones de euros durante 28 años, una vez que el edificio esté finalizado y en funcionamiento. Transcurrido ese plazo, la infraestructura pasará a ser propiedad de la Junta de Andalucía.

¿Qué falta? La Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, organismo dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidido por la viceconsejera de Hacienda, debe emitir con carácter previo un informe preceptivo y vinculante para los contratos de concesión de obras y de gestión de servicios públicos. Su dictamen permitirá a la Consejería lanzar de forma inmediata la licitación.

Retrasos sobre retrasos

Si el expediente sale finalmente adelante será por el empeño y el tesón del consejero Nieto, pues este proyecto acumula retrasos sobre retrasos desde hace décadas. Los últimos motivados por la demora de un informe preceptivo del Comité de Cuentas Nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que ha necesitado ocho meses para emitir su visto bueno. Una vez recibido el informe estatal, el expediente pasó por el Gabinete Jurídico de la Junta, que realizó diversas observaciones subsanadas por la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales, dando finalmente luz verde al proyecto. Con ello, la Ciudad de la Justicia de Jaén encara ya su fase final de tramitación administrativa.

Tras más de tres años de trabajo técnico y administrativo, la licitación podrá activarse a principios de este año. “De manera inmediata” se sacará a licitación tanto la redacción del proyecto, que el concesionario deberá entregar en seis meses, como la ejecución de la obra, con un plazo de 24 meses. Hay ya un estudio de viabilidad realizado con la participación de la empresa andaluza Vialterra (junto a Acciona).

El proyecto

El nuevo complejo contará con más de 34.000 metros cuadrados, casi el triple del espacio actual. El máximo de edificabilidad que admite urbanísticamente la parcela es de 44.000 metros cuadrados y el consejero de Justicia ha señalado que trabajan en un escenario de unos 30.000 metros cuadrados, que sería duplicar los metros que ahora mismo tienen las sedes judiciales en la capital. “De 30.000 a 44.000 metros cuadrados queremos dejar previstas dos fases posteriores de crecimiento ordenado dentro del mismo proyecto”, ha dicho Nieto.

Para la inauguración se habla de 2029. Si se cumple este último plazo, se habrán necesitado más de tres décadas para poner en pie la infraestructura.

Desde 1996

Fue en 1996 cuando María del Mar Moreno, entonces delegada del Gobierno andaluz en Jaén, lanzó la idea de la Ciudad de la Justicia para acabar con la dispersión de sedes judiciales en la capital jienense. En 2005 el Ayuntamiento cedió una parcela en la zona del Bulevar. Después salieron restos arqueológicos de importancia, y después llegó la crisis, y las excusas.

En 2014 el entonces consejero de Justicia Emilio de Llera habló a las claras cuando le preguntaron cuándo estaría el proyecto: “Cuando haya dinero”, sentenció. Se había empezado a hablar de un proyecto de 40 millones, luego de 60, posteriormente de 72, y ahora son ya 80.

La demora no es gratuita. Cada año la Junta de Andalucía paga casi 1,5 millones en alquileres de sedes judiciales en Jaén. Y aún así los juzgados están en buena medida en localizaciones que no son idóneas, en edificios mal adaptados y con problemas originados de la dispersión de sedes. “Falta espacio para muchos servicios que son imprescindibles en la justicia del siglo XXI y que se suple a base de esfuerzo y trabajo por parte de todos los profesionales del derecho: jueces, fiscales y letrados”, ha señalado el consejero Nieto.

El 2025 ha culminado en la Costa Noroeste como un año en el que alguna de las reivindicaciones históricas de los ayuntamientos y los entes sociales han sido por fin atendidas por quienes ostentan sus competencias. El Camino del Práctico, el desdoble de la A-491, el nuevo centro de Salud en Rota o el nuevo edificio del CEIP Los Argonautas de Chipiona son algunos de los proyectos que han dado pasos muy significativos para hacerse realidad en este 2026. Sin embargo, quedan actuaciones pendientes y problemas no afrontados que son prioritarios para una comarca que no para de crecer, en población y en posibilidades, y que no puede permitirse quedarse atrás.

Entre todos esos retrasos resalta el tren de la Costa Noroeste, una de las reivindicaciones históricas más repetidas por ayuntamientos, colectivos ciudadanos y entidades de la comarca. Desde la supresión en 1984 de la línea que conectaba los municipios de Sanlúcar, Rota, Chipiona con el Puerto Santa María, la Costa Noroesta se quedó sin conexión ferroviaria directa, lo que obliga a sus habitantes a depender exclusivamente de carreteras y autobuses para desplazarse hacia Jerez, Sevilla o Cádiz. Para muchos vecinos, esta ausencia limita la movilidad diaria, encarece los desplazamientos y condiciona el desarrollo económico y turístico de una comarca que ha crecido de manera constante en las últimas décadas.

Ante esta situación, en los últimos años ha cobrado fuerza la Plataforma por el Tren de la Costa Noroeste, un colectivo ciudadano que demanda la realización de un estudio de viabilidad para recuperar la línea o crear una nueva conexión ferroviaria. La iniciativa busca que las administraciones competentes evalúen técnicamente las distintas alternativas, desde la recuperación del trazado histórico hasta nuevas opciones integradas en la red de Cercanías, y se garantice un transporte sostenible, eficiente y que vertebre toda la comarca. Hasta ahora, la reivindicación ha recibido apoyo institucional en forma de escritos y reuniones, pero no existe proyecto ni financiación aprobada, por lo que la conexión ferroviaria sigue siendo una asignatura pendiente.

Rota celebra el desdoble de la A-491 y Sanlúcar pide el de la A-471

Después de años de espera y promesas incumplidas, el desdoble de la A-491 entre Rota y El Puerto de Santa María entra en 2026 en la fase decisiva de licitación, con un presupuesto superior a 43 millones de euros. La carretera, que conecta Chipiona con la autovía A-4 y constituye el principal eje de comunicación de la Costa Noroeste, registra diariamente más de 15.800 vehículos, un 6% de ellos pesados, en un tramo de única calzada de dos carriles entre los kilómetros 10 y 16. La actuación prevista incluye la construcción de una doble calzada de seis kilómetros, un carril bici bidireccional y una vía verde peatonal, así como nuevas intersecciones y un aparcamiento temporal en colaboración con la Base Naval de Rota, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, visitó a finales de diciembre el tramo destacando que la licitación “pone el punto final a una reivindicación histórica y el punto y seguido de cara a una obra fantástica que transformará la A-491”. El alcalde de Rota, Javier Ruiz, subrayó que la actuación no solo facilitará la movilidad, sino que reforzará el desarrollo económico y turístico de toda la comarca. Con un plazo de ejecución estimado en dos años y diez meses, la obra se enmarca en el Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad de la Junta de Andalucía, que prevé inversiones por 300 millones de euros para 40 kilómetros de nuevas carreteras, y se perfila como una de las actuaciones viarias más relevantes de la provincia en los próximos años.

Mientras Rota celebra avances como la licitación del desdoble de la A-491, la A-471, que une Sanlúcar de Barrameda con Las Cabezas de San Juan y soporta más de 11.000 vehículos diarios, sigue generando incertidumbre. La última reunión de los alcaldes de la zona con la consejera de Fomento, Rocío Díaz, fue en septiembre, dejando claros avances en la realización de un estudio de viabilidad, pero sin compromisos concretos sobre ejecución ni plazos, lo que generó el descontento de las instituciones locales, que exigen dotación presupuestaria y un calendario definido. La Junta se ampara en solicitar al Gobierno de España la ampliación del tercel carril de la AP-4, una reivindicación que, si bien apoyan desde Sanlúcar y Trebujena, no debe de servir de excusa al Gobierno andaluz para no afrontar el necesario desdoble.

Una comarca que no rehuye el problema de la vivienda

La escasez de vivienda asequible para jóvenes y famiias es uno de los mayores problemas nacionales que, como es lógico, se traslada y se resiente en la Costa Noroeste. En Sanlúcar de Barrameda, son aproximadamente 2.000 los demandantes registrados en una ciudad cuya última promoción de vivienda protegida ejecutada en 2007. Para hacer frente a esta situación, la alcaldesa Carmen Álvarez se reunió durante el 2025 con la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, para instar a la administración autonómica a desbloquear y ejecutar la construcción de nuevos inmuebles. Entre los proyectos reclamados se incluyen terrenos de AVRA en las calles Palomar y Menacho, con capacidad para 45 viviendas, así como la finalización de obras pendientes en la calle Comisario. Según Álvarez, el respaldo institucional ya existe, con acuerdos plenarios y pronunciamientos del Parlamento andaluz que respaldan un programa extraordinario de vivienda social, por lo que ahora depende de la Junta actuar de manera decidida y coordinada con el Ayuntamiento.

Por su parte, en Rota, el Ayuntamiento ha anunciado el inminente inicio de más de 1.000 nuevas viviendas, impulsadas tanto por la promoción privada como por la pública, con un calendario que se extenderá hasta el primer o segundo trimestre de 2026. Las actuaciones incluyen VPO en régimen de alquiler y venta, cooperativas y viviendas de renta libre, repartidas en sectores como R1, MODUS, Salesianos, IES Arroyo Hondo y Costa Ballena, así como proyectos de revitalización del centro histórico mediante suelo cedido a la administración autonómica. Según el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Daniel Manrique, estas actuaciones representan un “salto” en la disponibilidad de vivienda en el municipio, aunque reconoce que la colaboración de la Junta de Andalucía sigue siendo fundamental para materializar las promociones públicas y atender la creciente demanda de los vecinos.

Un 2026 repleto de oportunidades

Del “trabajamos para mejorar la Sanlúcar que queremos“, de Carmen Álvarez, al “queremos construir Chipiona como una ciudad de futuro“, de Luis Mario Aparcero, pasando por “el 2026 será un año decisivo para el futuro de Rota”, de José Javier Ruiz Arana. Los alcaldes de la Costa Noroeste coinciden en que se abre un nuevo curso de oportunidades para ampliar los proyectos ya comenzados en 2025 y afrontar un año que, todo sea dicho, ya respira un clima pre-electoral de cara a los comicios locales del 2027. En esta tesitura quien más problemas afronta es Sanlúcar de Barrameda, con una legislatura marcada por la confrontación y un gobierno de minoría que se enfrenta a 21 de los 27 concejales que ocupan el Palacio Municipal. El Camino del Práctico, el nuevo Parque de Bomberos o la adjudicación —a la tercera— de la Ciudad de los Niños se suman al legado de una alcaldesa que acumula varias crisis en su mandato. La limpieza de la ciudad sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno más inestable de la provincia.

Ruiz Arana, en Rota, acumula 10 años al frente del Ayuntamiento de Rota, con una mayoría del PSOE que le posibilita sacar adelante un mandato en el que “los servicios sanitarios siguen siendo nuestra prioridad”. Ante ello, el gobierno local celebra que la Junta haya aceptado años después la cesión de los terrenos municipales para el nuevo centro de Salud. La municipalización del servicio de ayudas a domicilio culminó un 2025 que ha sido, en líneas generales, positivo para una ciudad en auge.

Por su parte, Chipiona, que superó los 20.000 habitantes, afronta un 2026 en el que deberá comenzar las obras, ya adjudicada, del nuevo centro de infantil y primaria de los Argonautas, y el nuevo Punto Limpio. El fracaso del autobús urbano o la polémica con el edificio emblemática de Villa Gloria, lastran el balance de una ciudad que sigue siendo referencia nacional en la prevención de tsunamis con su catalogación de ‘tsunami ready’.

En conjunto, el 2025 deja en la Costa Noroeste un balance mixto: avances significativos en infraestructuras clave, como el desdoble de la A-491, el Camino del Práctico o los nuevos centros educativos y sanitarios, conviven con incertidumbres y asignaturas pendientes, especialmente en el tren de la comarca, la A-471 y la vivienda social. Todo ello apunta a que 2026 será un año decisivo, no solo para materializar los proyectos iniciados, sino también para que las administraciones, en coordinación con los ayuntamientos, den respuesta a necesidades históricas que la comarca arrastra desde hace décadas.

• Uno de los proyectos urbanísticos de mayor relevancia en la ciudad acumula décadas de retrasos por diferencias las instituciones, lentitud administrativa y falta de fondos

La urbanización de la plaza de Sevilla de Cádiz y de todo su entorno ferroviario acumula ya 40 años de proyectos inacabados, de desplantes entre las instituciones, de uso de las obras como ataque político al contrario, de planes fracasados. Todo mientras que la ciudad espera a que alguna vez concluya una operación considerada como referente en la reordenación de uno de los accesos al casco histórico.

Englobado todo en el denominado Plan Plaza de Sevilla, cada año se inicia, con mayor o menor sentido, con la esperanza de acelerar de una vez por todas todo lo que queda pendiente en la zona, que sigue siendo mucho. Y 2026 no podía ser menos.

• La empresa modernizará los procesos productivos e implantará soluciones más sostenibles en la elaboración de sus aceites

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado una ayuda de 2,7 millones de euros para la almazara de La Rentilla, una firma de carácter familiar cuyas instalaciones se encuentran en el kilómetro 10 de la carretera Montilla–Cabra, muy cerca de La Vereda del Cerro Macho, un núcleo de población situado en la Sierra de Montilla.

La ayuda del Gobierno de España se enmarca dentro de la segunda convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del sector agroalimentario, una inyección económica que vuelve a situar a esta histórica almazara montillana en el centro de una apuesta nacional por la modernización, la sostenibilidad y el arraigo al territorio rural.

La resolución provisional, dada a conocer recientemente por el departamento ministerial, incluye un total de 34 nuevas ayudas que suman casi 25 millones de euros en subvenciones y que alcanzan a proyectos repartidos por diez comunidades autónomas. Con estas adjudicaciones, el Ministerio da prácticamente por cerrada la segunda convocatoria del conocido como Perte Agroalimentario, uno de los instrumentos clave para reforzar un sector estratégico que combina tradición, empleo y capacidad de innovación.

Una de las ayudas de mayor cuantía

Entre las empresas beneficiarias figura La Rentilla y la ayuda recibida, una de las de mayor cuantía de esta convocatoria, permitirá avanzar en proyectos orientados a la modernización de procesos, la mejora de la eficiencia productiva y la implantación de soluciones más sostenibles en la fabricación de productos agroalimentarios, en línea con los objetivos generales del programa.

La lista de adjudicatarias refleja la diversidad del tejido agroindustrial español. Junto a La Rentilla aparecen firmas como Danone, en Aldaia, en la provincia de Valencia, que ha recibido 2,5 millones de euros; Panadería Milagros Díaz, en Illescas, con 2,3 millones; Destilerías Manchegas, en La Roda, con 2,1 millones; Urzante, en Tudela, con 2 millones; Cárnicas Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, con 1,7 millones; o La Charcutería Alemana, en Barcelona, con 1,1 millones de euros. Proyectos distintos, realidades empresariales muy variadas, pero un mismo hilo conductor: ganar competitividad sin perder raíces.

Desde 1992

En el caso de La Rentilla, la ayuda llega como un nuevo capítulo de una historia que se remonta mucho más atrás en el tiempo, concretamente hasta el año 1992, cuando Juan Antonio Riobóo Espejo decidió crear su propia almazara, apoyándose en la experiencia acumulada de su bisabuelo, que ya trabajaba en el sector del aceite allá por el año 1800.

Desde entonces, La Rentilla ha construido su camino, primero, comprando aceitunas y vendiendo aceites a granel, diferenciados por variedades tan presentes en la zona como la picual, arbequina u hojiblanca. Siempre con un énfasis claro en la calidad, acreditada mediante análisis exhaustivos que avalaban aceites vírgenes y vírgenes extra antes de su salida al mercado. Ese entusiasmo inicial acabó contagiando a la siguiente generación, hasta conformar un equipo familiar que ha impulsado un crecimiento constante.

• La Junta tiene también tiene previsto concluir en este año las obras de los centros de salud de El Naranjo, así como las de Bujalance y Villanueva de Córdoba

El año 2026 que acaba de comenzar va a venir acompañado de varios estrenos importantes en materia de infraestructuras sanitarias para la provincia de Córdoba. Por un lado, según las previsiones del hospital Reina Sofía, para mediados de año o para después del verano entrarán en funcionamiento las nuevas consultas externas del Materno Infantil, complejo que ha contado con una financiación de la Junta de Andalucía de unos 20 millones de euros.

Consultas Externas del Materno Infantil

Como ya avanzó este diario, las obras de las nuevas consultas ya fueron recepcionadas a finales de 2025, por lo que el siguiente paso será acometer a lo largo del primer trimestre de 2026 el equipamiento del edificio, con el propósito de que este espacio asistencial pueda estar operativo lo antes posible para atender a pacientes. Esta infraestructura sanitaria permitirá contar, una vez esté en funcionamiento, con 99 consultas de Materno-Infantil, frente a las 44 actuales, distribuidas en un total de cinco plantas.

Coincidirá la apertura de este nuevo centro de consultas, demandado desde hace muchos años por la población en general y por los propios profesionales sanitarios, con la celebración durante 2026 del 50 aniversario de la inauguración del Reina Sofía y con los 51 años de existencia del hospital Materno Infantil.

La dirección del Reina Sofía no tiene aún definido a qué destinará los espacios que actualmente acogen consultas del Materno Infantil, repartidas entre el antiguo Materno Infantil, el edificio Castilla del Pino o el hospital de Los Morales, pero indica que enfocará estos espacios a las necesidades que vayan surgiendo y a las demandas de pacientes y profesionales. Tampoco puede especificar de momento el Reina Sofía con qué plantilla se abrirán estas nuevas consultas externas hasta que no esté más avanzada la organización de esta relevante prestación.

Urgencias en Levante Sur

Otra infraestructura sanitaria, culminada en 2025, pero que está previsto que entre en servicio concretamente a finales de enero de 2026, es el tercer punto de urgencias extrahospitalarias en el centro de salud Manuel Barragán (Levante Sur) de la capital, con un presupuesto del Gobierno andaluz de casi un millón de euros.

La Delegación de Salud no detalla, por el momento, con qué plantilla va a contar para este nuevo punto de urgencias, servicio que los vecinos de la zona esperan que empiece a funcionar lo antes posible. De hecho, las asociaciones vecinales La Viñuela y La Unión de Levante, en una iniciativa respaldada por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, presentaron el pasado 2 de enero 1.500 firmas para exigir a la Junta de Andalucía la apertura de estas urgencias de atención primaria.

• La gran licitación se dirimirá entre tres potentes grupos de constructoras en cuestión de días

La elección de Escúzar para alojar el acelerador de partículas fue un logro cocinado durante años, un éxito científico para el país y especialmente para Granada. Aquello se fraguó sin estridencias, con un tono poco habitual. Fue en mayo de 2022 cuando el entonces director del Consorcio, Ángel Ibarra, anunciaba que el proyecto “se hará en Granada, no hay otras candidaturas ni dudas”. Tres años después de este anuncio se licitaba la obra del edificio donde se instalará el acelerador, en Escúzar, con un coste de 174 millones sin IVA.

Se espera que sea cuestión de días que este proyecto se adjudique. Hay tres grandes grupos de empresas a la cabeza en este concurso, Ferrovial, FCC y Añil; Dragados, Moncobra e Instalaciones Negratín; y Acciona Construcción. La resolución de este acuerdo marco -el modelo elegido para sacar adelante el proyecto- permitirá que la maquinaria entre en la parcela del Citai destinada al edificio principal y otras trece construcciones para sistemas auxiliares.

La elección de Escúzar para alojar el acelerador de partículas fue un logro cocinado durante años, un éxito científico para el país y especialmente para Granada. Aquello se fraguó sin estridencias, con un tono poco habitual. Fue en mayo de 2022 cuando el entonces director del Consorcio, Ángel Ibarra, anunciaba que el proyecto “se hará en Granada, no hay otras candidaturas ni dudas”. Tres años después de este anuncio se licitaba la obra del edificio donde se instalará el acelerador, en Escúzar, con un coste de 174 millones sin IVA.

Se espera que sea cuestión de días que este proyecto se adjudique. Hay tres grandes grupos de empresas a la cabeza en este concurso, Ferrovial, FCC y Añil; Dragados, Moncobra e Instalaciones Negratín; y Acciona Construcción. La resolución de este acuerdo marco -el modelo elegido para sacar adelante el proyecto- permitirá que la maquinaria entre en la parcela del Citai destinada al edificio principal y otras trece construcciones para sistemas auxiliares.

• Está previsto que el primer pago del proyecto se realice a finales de enero

La ciudad de Motril aumenta tanto a nivel poblacional como empresarial y con ella la necesidad de consumir más electricidad. Los empresarios de la Costa llevan tiempo reclamando la construcción de una nueva subestación eléctrica que sirva gancho para que las empresas decidan instalar su industria en la capital de la Costa Tropical, ya que este refuerzo permitiría dar una mayor y mejor cobertura. Una reivindicación que podría estar más cerca de lo previsto y que ya contaría hasta con la ubicación: la carretera de la Celulosa.

El presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, explica a Granada Hoy que están trabajando para impulsar una de las carencias que hay en la Costa Tropical con el abastecimiento eléctrico, gracias a un acuerdo que hay sobre la mesa con Endesa para construir una nueva subestación eléctrica. El proyecto cuenta con una inversión que ronda los 6,8 millones de euros más IVA.

“No diré que es la última oportunidad para que Motril y Salobreña tengan una mayor infraestructura eléctrica, pero si no es la última, es la penúltima”, señala tajante Rodríguez, que incide en que si no se coge este barco ahora mismo, “para la siguiente oportunidad igual tardamos 15 o 20 años”. Señala que lo único que falta es cerrar el acuerdo definitivamente y que todos están trabajando con ilusión para que sea una realidad.

Al hilo, indica que tanto la Cámara de Comercio de Motril como la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) se están interesando especialmente porque salga adelante este proyecto porque es importante que “haya suelos o sectores potencialmente utilizables y ningún inverso va a venir si no hay luz”.

Después de dos años de trabajo y reuniones, en el que el Ayuntamiento también ha liderado las negociaciones, “hemos conseguido convencer a Endesa de la importancia de dotar de esta infraestructura. Ha hecho una oferta y estamos intentando cerrarlo”. Si no surge ningún contratiempo y todo sigue según lo previsto, a finales de enero realizarán el primer pago para la puesta en marcha de la nueva subestación.

Por su parte, el presidente de AECOST, Javier Rubiño, señala que es uno de los grandes avances que se han conseguido y que se formalizará este mes. “Es una infraestructura necesaria para el desarrollo de Playa Granada, el PUE-1, el proyecto del Centro de Transportes de Motril, como del TH2 en Salobreña. Beneficiará tanto a los suelos que hay para el desarrollo urbanístico como industriales, tan necesarios para que las empresas no se tengan que ir fuera y la gente pueda comprar vivienda en Motril”.

Rubiño apunta que en Vélez Málaga no consiguieron ponerse de acuerdo los sectores y los empresarios y estarán bloqueados mínimo una década para poder desarrollar el nuevo suelo. “Ese trabajo de desbloqueo aquí nos ha costado muchas reuniones y negociaciones para que salga adelante”.

Hace pocas fechas Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, finalizó los trabajos en la subestación que hay actualmente Motril, donde se ha instalado un nuevo transformador de 80 megavoltamperios (MVA) y se han puesto en servicio dos nuevos tramos de líneas de 66 kilovoltios (kV), con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y adaptar la red al crecimiento económico y residencial de la comarca, especialmente durante los meses estivales cuando la población crece de forma notable.

Antes de esta ampliación, la subestación Motril tenía un papel principalmente de paso dentro de la red eléctrica, es decir, recibía la energía en alta tensión y la canalizaba hacia otras instalaciones sin transformarla para el consumo local. Con esta actuación, la instalación suma capacidad para transformar esa energía y atender más directamente la demanda eléctrica del municipio y su entorno, pasando de ser un punto de tránsito a convertirse también en una infraestructura clave.

Motril cuenta además con las subestaciones Celulosa y Santa Isabel, que completan el sistema eléctrico que abastece al municipio, a la que se sumará próximamente, si no surge ningún contratiempo, una nueva junto a la Celulosa.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado la “potente aportación” del Gobierno de España al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en la provincia onubense que en esta edición genera 169.000 jornales y que supone, en conjunto, 16,4 millones de euros” para el ejercicio 2025/2026. De ellos, 15,16 millones corresponden al Programa de Garantía de Rentas y 1,2 millones al Programa de Empleo Estable.

Así lo ha indicado Rico en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que este programa, que tiene “una vigencia de 28 años”, se ha desglosado porque “son obras de interés social, de garantía tanto de renta como de empleo estable”. De este modo, se han aprobado “101 proyectos en materia de garantía de renta y 38 proyectos de empleo estable”.

Al respecto, la subdelegada ha subrayado que “lo que siempre ha pretendido ese programa” es que el Gobierno de España “subvencione la mano de obra para que no suponga coste a las corporaciones locales a las que va a decidir a todos los ayuntamientos de Huelva, la Diputación incluida”, de forma que el Ejecutivo paga “cerca del 70%, toda la mano de obra” y la Junta de Andalucía y la Diputación “aportan los materiales“.

“Estamos visitando a todos los pueblos para ver que eso sea una realidad y lo es. Se mejoran sus calles, la accesibilidad, las infraestructuras, su patrimonio y genera cohesión y trabajo”, ha remarcado.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno “ha contribuido a que haya más de 169.000 jornadas para este año” y para que “se hagan muchos contratos” que benefician “generalmente” a las personas “que están dentro del programa especial de la seguridad social del régimen agrario” a las que va destinado el PFEA.

Esto, ha destacado Rico, “para intentar contribuir a que estas personas completen las cotizaciones a la seguridad social y, a la vez, a construir ciudad, construir país, construir cohesión territorial en el ámbito rural”. Por ello, ha afirmado que el Gobierno está “muy orgulloso de ese programa”.

“Y vemos que se contratan a personas desempleadas dentro del programa eventual agrario para que puedan seguir contribuyendo a la mejora de esos pueblos que vemos crecer y con lo que vemos brillar sus calles, sus accesibilidades y su patrimonio”, ha dicho.

Finalmente, la subdelegada ha señalado que desde 2024 se incorporó también el arreglo de las casas cuartel de la Guardia Civil, con “una partida de 400.000 euros” que “son quienes nos protegen en esos pueblos”, algo que “ha tenido muy buena acogida por parte de los ayuntamientos”.

La contribución estatal al PFEA se refiere, en concreto, a los fines establecidos en este programa encaminados a la generación de empleo en el medio rural y evitar su despoblación. La ejecución de los proyectos de las entidades locales beneficiarios de los fondos de este programa se podrá realizar hasta finales de 2026.

Aprobado mediante el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, el PFEA es heredero del Plan de Empleo Rural y, en sus 28 años de trayectoria, ha demostrado su utilidad pública como herramienta fundamental para el empleo en Andalucía, promovida por el acuerdo entre todas las Administraciones Públicas y las organizaciones empresariales agrarias y sindicales.