• La Asociación de Ingenieros de Caminos pide aumentar la inversión en estas infraestructuras y crear un Consejo de Seguridad de las Presas independiente

España es una potencia hídrica, con alrededor de 2.500 presas, de las que 1.300 se consideran grandes y, de ellas, 375 son de titularidad estatal. Sin embargo, la situación de estas últimas tiene riesgos: un tercio (112) necesita refuerzos estructurales urgentes, el 65% necesita renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, un 50% debe rehabilitar los desagües de fondo, y tres de cada cuatro no cuentan con planes de emergencia. Este es el análisis que hace la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Asociación Caminos) a partir de los datos del Estado, frente a lo que pide aumentar la inversión en estas infraestructuras y crear un Consejo de Seguridad de las Presas independiente. El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que “ha impulsado numerosas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad de las presas existentes en nuestro país”.

“Las presas españolas están, en general, muy bien proyectadas y muy bien construidas, pero tienen muchos años —la media de edad es de 50 años, pero hay 122 en España que tienen más de un siglo—, por lo que necesitan adaptaciones”, explica a EL PAÍS Jesús Contreras, especialista en obras hidráulicas y vocal de la asociación.

Un caso destacado es el de la presa de Forata, en Valencia, que depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Durante la letal dana de octubre de 2024, la presa estuvo al borde del colapso. Un fallo estructural —un muro a cota más baja— habría liberado una avenida de hasta 20.000 m³ por segundo, afectando a más de 110.000 habitantes. Un año después, sigue sin tener un plan de emergencia implantado, ni sirenas ni señalización de evacuación.

“Que tengas una presa como la de Forata a la que no le funcione el desagüe de fondo desde hace 15 años, a la que no le funcione el desvío, que no tenga el plan de emergencia instalado y que encima tenga un problema estructural serio, como es un collado desbordable, y no se haga nada, es significativo”, resume Contreras.

Otras presas con deficiencias importantes, según el experto, son la del Tejo (Segovia) —que afecta a poblaciones del municipio madrileño de Cercedilla —, así como las de Arenós y María Cristina (Castellón), ambas bajo gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que requieren refuerzos estructurales y mejoras de auscultación.

El ingeniero señala que los datos del Ministerio para la Transición Ecológica de 2023 muestran que al 50% de los embalses estatales no les funcionan los desagües de fondo: “¿Para qué sirven? En los planes de explotación fijas el embalse a distintas cotas según la temporada del año. Y si prevés que va a venir una avenida de agua, usas esos desagües para laminar el agua y evitar una crecida. Si no lo tienes, hay que aguantar con lo que haya”.

Mientras, el 75% de las presas del Estado carecen de planes de emergencia. “Son planes que hay que divulgar a los municipios afectados. Hay tres niveles y, en el último, hay que hacer sonar las sirenas y evacuar todas las zonas habitadas, pero hay que hacerlo con tiempo y es importante que la gente sepa antes qué tiene que hacer”.

Contreras ha participado este martes en las jornadas Seguridad de las presas españolas: una prioridad inaplazable, donde ha destacado que “la gestión de seguridad de las presas en España no es adecuada desde el punto de vista normativo y de organización”. Además, ha criticado una reducción de la inversión pública del 57% en este ámbito y un descenso de la ejecución del 29% de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones.

El presidente de la Asociación Caminos, José Trigueros, ha defendido por su parte que “el agua es la última prioridad para el Ministerio [de Transición Ecológica]”. En su opinión, “el agua tiene que volver al ministerio inversor, Fomento [ahora Transportes y Movilidad Sostenible], donde están las carreteras, los puertos y los ferrocarriles, porque el agua forma parte de nuestro patrimonio ingenieril”. Esa reivindicación ha sido compartida por otros ponentes. “La gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo, regular y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal técnico especializado”, ha añadido.

Patrimonio estratégico

María Cruz Díaz, presidenta del Instituto de Ingeniería, ha recordado que “las presas son un patrimonio importantísimo y estratégico que hay que cuidar”, y ha pedido a las distintas administraciones “que se escuche a los ingenieros en este tema para prever lo que pueda pasar”. Mientras, Francisco Bueno, profesor de Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Burgos, ha hecho hincapié en la prevención: “El riesgo cero no existe, pero la falta de mantenimiento y la pérdida de conocimiento técnico son el mayor riesgo de todos”.

La Asociación Caminos ha presentado varias medidas urgentes para solucionar estos problemas, entre las que destacan incrementar la inversión en mantenimiento y modernización de las presas españolas e implantar los planes de emergencia pendientes en todas las presas estatales. Piden también reinstaurar el Servicio de Vigilancia de Presas, con personal cualificado, actualizar la normativa con criterios vinculantes y de adaptación al cambio climático, así como establecer una moratoria en la demolición de presas sin estudios técnicos y patrimoniales rigurosos.

Por último, solicitan la creación de un organismo técnico independiente, con autoridad y financiación propia, denominado Consejo de Seguridad de Presas, y que funcione de manera similar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). “Nadie entendería que las centrales nucleares dependieran en su seguridad de los titulares, por eso se creó un órgano independiente elegido por tres quintos desde el Parlamento y al que no se le puede cesar hasta que acabe su mandato. Con las presas debería pasar lo mismo, ahora hay un gran problema de entendimiento entre administraciones. Y no sabemos la situación de las presas en manos de concesiones”, resume Contreras.

Actuaciones del ministerio

Por su parte, una portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica defiende que desde la aprobación del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para presas y embalses, el departamento de Sara Aagesen “ha impulsado numerosas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad de las presas”. Además, se está tramitando otro decreto por el que se define el concepto de “técnico competente”, estableciendo las titulaciones académicas que habilitan para el desempeño de las funciones técnicas previstas en el Real Decreto 264/2021.

Mientras, “la inversión en seguridad de presas ha experimentado un notable incremento en los últimos años”, dice. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 recogen un aumento del 35,6% respecto a 2018, pasando de 810 millones de euros a 1.099 millones en inversión real. “En el trienio 2023-2025, se han destinado más de 233,5 millones de euros específicamente a actuaciones vinculadas a la seguridad de presas, distribuidas en distintas líneas prioritarias”. Por último, “se ha desarrollado un programa de seguimiento integral en todas las cuencas intercomunitarias para reforzar la seguridad de las presas de concesionarios, avanzando significativamente en su supervisión y control”.

• Estas obras se enmarcan en las actuaciones del Gobierno para mejorar la línea C1 entre Málaga y Fuengirola y el desarrollo de los trabajos no afectará a la circulación habitual de los trenes

Adif ha contratado, por 2,8 millones de euros, la renovación del túnel que canaliza el paso de trenes por la estación de Victoria Kent de la capital malagueña. Estas obras se enmarcan en las actuaciones del Gobierno central para mejorar la línea C1 entre Málaga y Fuengirola, una de las más demandadas del país, y el desarrollo de los trabajos se hará por la madrugada para que no afecte a la circulación habitual de los trenes.  

La actuación comprende la renovación y refuerzo de partes de la plataforma en la que se tiende la línea ferroviaria que canaliza el túnel (1,9 kilómetros) y de la losa que la cubre, con labores como mejora de drenajes, consolidación de juntas y sellados, limpieza de superficies, reposición del aislamiento y aplicación de barniz antigrafiti, entre otras.

La renovación de esta estructura, tras quince años en servicio, “refuerza su fiabilidad y operatividad, y se suma a las inversiones que Adif impulsa en esta línea, por la que circulan los servicios de Cercanías, y en otros puntos de la red de ferrocarril convencional de la provincia”, según informó Adif en un comunicado.

Mejoras en el Cercanías

En la reunión sobre la movilidad en la Costa del Sol del pasado 30 de septiembre, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentó las propuestas de mejora en las que está trabajando para incrementar la capacidad de la línea C1 de Cercanías en Málaga en un 60% y mejorar su frecuencia en cinco minutos, para que pase de 20 a 15 minutos.

Este estudio, dividido en distintas etapas para que los trabajos se puedan llevar a cabo en el menor plazo posible, ha concluido su primera fase. Entre las actuaciones más inmediatas en marcha, se encuentran la adaptación de cinco apeaderos para operar con trenes de 100 metros (Los Boliches, Carvajal, El Pinillo, Plaza Mayor y Centro Alameda), la remodelación de la estación de Benalmádena para ampliar los andenes a 200 metros y la duplicación de vía entre Aeropuerto y Campamento Benítez.

Duplicar vías

Con este tipo de objetivos en el horizonte, Adif ya ha adjudicado y trabaja en la redacción del proyecto, como fase previa a la licitación de los trabajos, para la mencionada duplicación del tramo de vía única entre el Aeropuerto y Campamento Benítez, que suma 2,8 kilómetros.  

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado el Puerto de Barbate, donde la Junta de Andalucía ha invertido más de 8,7 millones de euros en los últimos años, “para mejorar infraestructuras, modernizar servicios y culminar una ambiciosa transformación dirigida a la integración puerto-ciudad”. Un puerto que, en palabras de la consejera, es “ejemplo de la transformación que están experimentando los puertos gestionados por la administración autonómica”.

“Son una pieza esencial del desarrollo económico y turístico de Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, donde la actividad pesquera y náutica tiene una enorme relevancia social y laboral”, ha subrayado Rocío Díaz. En este sentido, la titular de Fomento ha recordado que “el Gobierno de Juanma Moreno ha emprendido una estrategia de modernización sin precedentes en nuestros puertos, invirtiendo 150 millones de euros para mejorar su competitividad, sostenibilidad y conexión con los municipios costeros”.

Entre las actuaciones más destacadas llevadas a cabo en el Puerto de Barbate, se encuentran la mejora de la integración puerto-ciudad, con 2,56 millones de euros de inversión, o la remodelación del frente fluvial, con un presupuesto de 1,27 millones de euros. Para la flota pesquera, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Puertos de Andalucía, ha invertido 746.000 euros en una nueva fábrica de hielo y 1,16 millones de euros para las naves del varadero.

Otras obras clave han sido la creación del Aula del Mar (616.000 euros) y la mejora de la lonja y la instalación de paneles fotovoltaicos (625.000 euros), sumando a ello dragados y la ampliación del sistema de cámaras de vigilancia (160.000 euros).

Intervenciones que, como ha explicado Rocío Díaz, “vienen a reforzar la seguridad que tanto demandaban pescadores y usuarios, al tiempo que mejoran la eficiencia energética y la calidad de los servicios para todos los visitantes”. Asimismo, la consejera de Fomento ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Barbate y del sector pesquero, a quien ha animado a “a seguir sumando esfuerzos por un puerto más sostenible, más limpio y abierto a la ciudad”.

De cara a los próximos meses, la Junta tiene programadas nuevas inversiones por un importe cercano al millón de euros, destinadas a la mejora energética de la lonja, la renovación del saneamiento y abastecimiento pesquero, la adecuación de locales comerciales o la adquisición de maquinaria para limpieza y mantenimiento, entre otras actuaciones.

Rocío Díaz ha asegurado que estas mejoras previstas ponen de manifiesto que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía mantiene siempre abiertas nuevas líneas de trabajo para potenciar los puertos, mejorar la eficiencia energética de las instalaciones portuarias, aprovechar su interés turístico o garantizar un entorno seguro y bien conservado.

La consejera de Fomento ha visitado las obras junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barbate, Ana Moreno; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez Ossorio; y la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez.

• El proyecto contempla un total de 183 plazas de aparcamiento (177 convencionales y 6 reservadas para personas con movilidad reducida), y se enmarca dentro del proceso de transformación urbana del entorno ferroviario y portuario de la ciudad

Las obras del nuevo aparcamiento en superficie que construye Adif junto a la estación de tren de Cádiz avanzan a buen ritmo y se encuentran ya en su fase final. La infraestructura, situada en una parcela anexa a la avenida de Astilleros, está a punto de completarse y su apertura al público se espera en las próximas semanas, una vez se finalicen los últimos trabajos y accesibilidad.

El proyecto contempla un total de 183 plazas de aparcamiento (177 convencionales y 6 reservadas para personas con movilidad reducida), y se enmarca dentro del proceso de transformación urbana del entorno ferroviario y portuario de la ciudad. Con una inversión cercana a los 3,7 millones de euros, esta actuación supone una mejora sustancial en la oferta de estacionamiento en una de las zonas con mayor demanda de la capital gaditana.

Además del nuevo aparcamiento, Adif también está centrado en culminar las obras del nuevo vestíbulo trasero de la estación, que conectará directamente con la zona de estacionamiento, facilitando el acceso de los viajeros y mejorando la intermodalidad.

Junto al aparcamiento se está habilitando también un nuevo espacio peatonal de más de 700 metros cuadrados frente a la fachada histórica de la estación, lo que permitirá integrar mejor este entorno con el tejido urbano y reordenar los flujos de entrada y salida de vehículos.

Con esta actuación, Adif da un paso más en la reconfiguración del entorno ferroviario de Cádiz, en línea con el futuro desarrollo del Plan Plaza de Sevilla, que persigue una integración más funcional y amable entre la estación, el puerto y el centro histórico.

Se prevé que tanto el aparcamiento como el nuevo vestíbulo estén plenamente operativos antes de finalizar el año.

• Tres promociones de viviendas, más dos pendientes, cambiarán la imagen de la zona más antigua de extramuros

Los Chinchorros (oficialmente, el polígono San Juan Bautista), avanza en su proceso de transformación urbanística. El terreno que forma parte del barrio más antiguo de los extramuros de Cádiz, se encuentra inmerso en un proyecto de remodelación iniciado hace décadas que le va a convertir en el barrio más moderno de la ciudad, por lo menos en lo que se refiere a la ‘edad’ de sus edificaciones.

Tras años de dificultades, por fin avanzan las promociones públicas y privadas que completarán la gran manzana existente entre la plaza del Santo Ángel y Marqués de Crópani.

• La actuación tiene un plazo de ejecución de nueve meses y pretende solucionar el problema con las humedades y mejorar la eficiencia energética

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, Raquel López, ha visitado las obras de rehabilitación de la sede judicial de Montilla, donde ha destacado que esta actuación permitirá solucionar uno de los problemas más serios que tenía el edificio, las filtraciones por humedades en la cubierta y en los laterales, además de eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la eficiencia energética del edificio.

La intervención, adjudicada a la empresa Maracof S.L. y cofinanciada por la Unión Europea (UE) a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (Pirep), cuenta con una inversión total de 830.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Las obras, que comenzaron hace un mes, se enmarcan en el Plan Estratégico de Justicia 2023-2030, dentro de su Plan de Humanización, cuyo objetivo es acercar la justicia a la ciudadanía y mejorar la atención a las personas usuarias de los servicios judiciales, garantizando la accesibilidad.

López ha explicado que el proyecto incluye la instalación de bucles magnéticos en las salas de vista «para facilitar la audición de las personas con implantes cocleares», así como la renovación completa de la carpintería y la envolvente térmica, la instalación de placas fotovoltaicas, la reparación de humedades, y la sustitución de los sistemas eléctricos e iluminación por tecnología más eficiente.

Además, se acometerán obras para mejorar la accesibilidad del edificio para las personas con movilidad reducida, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. «El edificio quedará en condiciones inmejorables, con el único objetivo de ofrecer el mejor servicio público posible», ha afirmado la delegada.

Junto a ello, Raquel López, ha recordado que desde el 1 de julio está en vigor en Montilla la nueva estructura judicial derivada de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que convierte los antiguos juzgados en tribunales de Instancia. En el caso de Montilla, el tribunal cuenta con dos secciones (Civil y Penal) y una plantilla de 15 funcionarios, además de un Registro Civil que da cobertura a toda la comarca.

Además, López ha señalado que las Oficinas Municipales de Justicia de La Rambla y Fernán Núñez, que sustituyen a los antiguos Juzgados de Paz, servirán de apoyo para descongestionar el trabajo del tribunal. «Estas oficinas, dependientes también de la Consejería, permitirán realizar trámites y gestiones sin necesidad de desplazarse hasta Montilla, lo que refuerza el carácter de cercanía de la Justicia», ha apuntado.

En relación con los nuevos servicios judiciales, la delegada ha subrayado que la Junta continúa apostando por los medios alternativos de resolución de conflictos, con el Servicio de Mediación Penal en Andalucía (Sempa) implantado el año pasado y ya en expansión a toda la provincia, y la próxima puesta en marcha del Servicio de Mediación Civil y Mercantil (Semca). «El objetivo de ofrecer una justicia más dialogada, restaurativa y cercana», ha señalado.

«Estamos trabajando para modernizar la justicia, hacerla más accesible, más humana y más eficiente», ha concluido López, quien ha reiterado que el Gobierno andaluz «mantiene su compromiso de invertir en la mejora de las infraestructuras judiciales y en la implantación de servicios innovadores que sitúen al ciudadano en el centro del sistema».

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las obras de la segunda fase de la agrupación de vertidos del río Dílar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Vados, en Granada capital, una actuación que se encuentra al 90% de ejecución y que cuenta con una inversión de 16,2 millones de euros.

El consejero ha explicado que estas obras, que está previsto que finalicen a principios del próximo año, agrupan los vertidos de los municipios de Churriana de la Vega, Las Gabias y las zonas oeste de las localidades de Otura y Alhendín y los centralizan en Granada capital. La población beneficiada supera los 70.000 habitantes.

“Con esta actuación damos pasos para eliminar la sanción europea interpuesta por incumplir la normativa de depuración de aguas en estos municipios, damos respuesta a un demanda social de hace casi dos décadas y mejoramos el medio ambiente”, ha apuntado Fernández-Pacheco, que ha visitado un tramo de la obra a su paso por el municipio de Alhendín.

También ha destacado que esta segunda fase de la obra ha sido posible gracias a la ampliación de la EDAR de Los Vados, en Granada, que llevó a cabo el Gobierno andaluz, con una inversión de 27,5 millones de euros y que finalizó en 2023. La actuación que ha visitado el consejero, además de beneficiar a estas cuatro localidades, también discurre por los términos municipales de Cúllar Vega, Vegas del Genil y Granada.

28 colectores y 21 kilómetros

La actuación consta de 28 colectores con una longitud que supera los 21 kilómetros y que recorren todas las poblaciones, formando una red en forma de espina de pez y por gravedad, sin ningún tipo de bombeo, y que llegan hasta la EDAR de Los Vados, en Granada. También cuenta con cinco cruces bajo carreteras y autovías y nueve aliviaderos para desaguar pluviales excedentes a los ríos.

El consejero ha subrayado la apuesta del Gobierno andaluz en materia de obra hidráulica en la provincia de Granada, con una inversión de 183,5 millones de euros desde 2019 hasta la fecha a través de 44 actuaciones, 14 de ellas finalizadas, 26 en ejecución y el resto en distintas fases de tramitación. Asimismo, en la presente legislatura, se han firmado contratos de 28 obras por más de 80 millones de euros. “Sin duda, una apuesta sin precedentes”, ha afirmado el consejero.

Han participado también en esta visita el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez; el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez; el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Jesús Granados, y la delegada territorial de la Consejería, Carmen Lidia Reyes, entre otros responsables públicos.

243 puestos de trabajo verdes

El alcalde de Alhendín ha destacado que la colaboración entre administraciones da “frutos tangibles y muy necesarios” para esta localidad y ha puesto en valor la importancia de esta inversión de 16,2 millones de euros, “que ha generado 243 puestos de trabajo verdes”.

“Desde el Ayuntamiento de Alhendín consideramos que este es el camino que queremos seguir: proyectos que modernizan nuestro municipio y que nos ayudan a ser cada día un pueblo mejor para vivir”, ha afirmado Jorge Sánchez.

• El contrato, con una duración inicial de tres años y posibilidad de prórroga, incluye medidas para mejorar la circulación, reducir emisiones y tener una mayor eficiencia energética

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 9,8 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Huelva. El anuncio será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El contrato tendrá una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y una adicional de hasta nueve meses, y se enmarca en el programa del Ministerio para garantizar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones óptimas de circulación en la Red de Carreteras del Estado (RCE).

En total, la actuación abarcará 195,2 kilómetros de vías pertenecientes al sector nº 2 de la red estatal. Entre las principales carreteras incluidas se encuentran la N-433A, desde el kilómetro 61,5, en el límite con Sevilla, hasta el 150, atravesando municipios como Aracena y Cortegana hasta casi llegar a Rosal de la Frontera, en la frontera portuguesa; y la N-435A, desde el kilómetro 107, cerca de Jabugo, hasta el 167,6, en Zalamea la Real, un tramo que discurre entre los parques naturales de Sierra Pelada y Sierra de Aracena.

Además, se contempla la rehabilitación del firme de la N-435 en varios puntos entre los kilómetros 129,4 y 166.

El contrato incorpora requisitos para promover la eficiencia energética y reducir las emisiones, alineándose con la estrategia del Ministerio para alcanzar la neutralidad de carbono. Las empresas licitadoras deberán calcular la huella de carbono de sus actividades y presentar un plan de descarbonización durante los seis primeros meses de ejecución, con el objetivo de lograr un balance neutro de carbono en cinco años.

Estas actuaciones buscan contribuir a la reducción de 71.640 toneladas de CO₂ anuales, según estimaciones de la Dirección General de Carreteras, y refuerzan el compromiso del Ministerio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relativos a infraestructuras sostenibles (ODS 9), movilidad segura (ODS 11), eficiencia energética (ODS 7) y crecimiento económico y empleo (ODS 8).

El modelo de contrato mixto de servicios y obra permitirá ofrecer un servicio integral de movilidad, mejorar el estado de las carreteras y optimizar los recursos públicos, incluyendo labores de vigilancia, atención de accidentes, vialidad invernal, mantenimiento de instalaciones y control de túneles.

Con esta licitación, el Gobierno reafirma su apuesta por unas infraestructuras más seguras, sostenibles y eficientes, que impulsen la conectividad y el desarrollo en la provincia de Huelva.

• Empiezan los cortes en la calle Santa Elena hasta la conexión con Martínez Maldonado y Eugenio Gross

Las obras de extensión de la línea 2 del metro de Málaga hacia el Hospital Civil han llegado ya al nudo más “crítico” de todo el itinerario de 1,8 kilómetros que habrá que está en ejecución.

Con el inicio de los trabajos en la segunda fase de las tres en las que se divide la actuación, la Consejería de Fomento sigue avanzando en los cortes de tráfico necesarios para despejar la calzada y acometer la excavación. En esta ocasión, es el turno de la calle Santa Elena, que conecta la calle Hilera con la intersección entre Martínez Maldonado y Eugenio Gross, uno de los puntos más complejos de la obra debido al volumen de tráfico diario que circula por aquí.

Se suman estos trabajos a los ya iniciados en la avenida de la Purísima, donde se ha habilitado una gran zona de acopio de maquinaria y materiales, y donde se está construyendo la rampa de acceso al túnel.

Cambios en el tráfico

Desde el eje que conforma la calle Martínez Maldonado en dirección Este–Oeste y viceversa, se establece como itinerario de entrada y salida a través de la calle Monseñor Carrillo Rubio, y de salida la calle Luis Braille, con doble giro a izquierda y derecha en la calle Martínez Maldonado.

La glorieta de Las Chapas, anteriormente remodelada con una ampliación de su capacidad, servirá para el cambio de sentido y para descongestionar la zona de tráfico a través de la calle Ingeniero de la Torre Acosta en dirección a la calle Hilera.

Además, en el entorno de Santa Elena, se garantizará que la calle Honduras, donde confluyen los tramos 1 y 2 de la prolongación, esté abierta al tráfico en sentido Este a lo largo de la ejecución de las obras. Sin embargo, la calle Tampa estará también ocupada por el recinto de obras, para acopio de maquinaria y materiales. Mientras las calles Prensa y Rafael María de Labra se convertirán en fondos de saco, con entrada únicamente para vehículos autorizados.

Pasos peatonales

Las medidas de preparación del entorno, antes del vallado definitivo de las obras el próximo 21 de octubre, incluyen la habilitación de dos pasos peatonales de más de un metro y medio a través de la calle Santa Elena, en la zona norte junto a Martínez Maldonado y a la altura de la calle Prensa, así como otros itinerarios peatonales por la zona. También se han reubicado las zonas de carga y descarga, así como los aparcamientos de ambulancia, taxis, motos, y se han tenido en cuenta los vados particulares y plazas para personas con movilidad reducida.

• La mayoría de los pisos en alquiler en la capital superan los 1.500 euros mensuales, según un informe del portal inmobiliario Pisos.com

Málaga ha moderado su ritmo de construcción residencial durante el tercer trimestre del año, ha explicado este martes el Colegio de Arquitectos de Málaga en un comunicado donde señala que entre julio y septiembre se autorizaron 1.804 nuevas viviendas, un 16,4% menos que el mismo periodo de 2024, cuando se visaron 2.158 unidades. También ha denunciado la falta de vivienda protegida (VPO) de promoción privada al no registrarse proyectos de este tipo en ese mismo periodo de tiempo.

“Esta tendencia pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y adaptar las políticas urbanísticas para garantizar una oferta de vivienda sostenible y accesible para todos los ciudadanos”, reconoció la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, quien defendió que la vivienda continúa siendo “la principal preocupación de la sociedad”.

En el apartado de vivienda libre unifamiliar, se contabilizaron 179 proyectos que suman 230 unidades, con un presupuesto global superior a 66 millones de euros. Destacan los municipios de Málaga (38 viviendas), Mijas (37), Fuengirola (29) y Marbella (20). En lo que respecta a la vivienda libre plurifamiliar, en este trimestre se visaron 54 proyectos con un total de 1.574 unidades y una inversión que supera los 208 millones de euros. Los municipios con mayor número de viviendas proyectadas son Málaga (503), Mijas (240), Manilva (196), Estepona (194) y Fuengirola (176).

Gómez de Lara hizo referencia al informe Diagnóstico y propuestas para resolver el problema de la vivienda en España, publicado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en septiembre de este año, que subraya la necesidad urgente de un Pacto de Estado coordinado con las comunidades autónomas para abordar la crisis habitacional actual y prevenir futuras.

Entre las medidas propuestas, destaca la agilización de los trámites administrativos, la importancia de aumentar el parque de vivienda protegida y libre, así como reducir los precios tanto en venta como en alquiler, limitando, entre otras cosas, la vivienda turística. Gómez de Lara idicó que “desde el Colegio de Arquitectos de Málaga respaldamos estas propuestas y reiteramos nuestro compromiso con una arquitectura sostenible, inclusiva y accesible para todos”.

Esta semana, un informe del portal inmobiliario Pisos.com destaca que la mayoría de pisos ofertados en alquiler en la capital superan los 1.500 euros mensuales. Un porcentaje casi veinte puntos superior a la media nacional que se sitúa en el 37%. Málaga, junto a Baleares, Barcelona y Madrid, es una de las cuatro provincias más caras de España.

El estudio indica que sólo el 3% de las viviendas en arrendamiento cuestan menos de 700 euros al mes. En la horquilla de 700 a 1.000 euros se sitúa el 16% de la oferta, hasta 1.500 euros hay que pagar por el 25% del total de los alquileres y, finalmente, el 56% de estos precisan de un pago mensual superior a los 1.500 euros.

El informe de la citada plataforma inmobiliaria digital no recoge la muestra sobre la que se han presentado estos resultados. En su página web referencia un total de 1.918 viviendas, entre casas y pisos en régimen de alquiler. De ellas 390 en Marbella y 345 en la capital.

Esta tendencia a elevar el precio coincide con un dato publicado por este periódico este martes: el 80% de los desahucios en la provincia ocurren por no poder pagar precisamente ese alquiler. La mayor parte de los lanzamientos producidos en la provincia en la primera mitad de 2025 fueron consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 558. La entidad correspondiente o banco inicia un procedimiento para recuperar la deuda, que puede culminar con el desahucio de la propiedad si no se pagan las cuotas mensuales.