• Sólo ejecuta un 5% del presupuesto de las inversiones previstas en 2024 y sigue la tendencia de 2023 (12%) y 2022 (18%)

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, se ha olvidado por completo de Córdoba. Es la provincia del país en la que menos ha invertido en 2024, según los datos oficiales del informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero de la propia entidad pública consultados por ABC Córdoba.

ADIF sólo ha ejecutado un 5,13 por ciento del presupuesto que tenía previsto gastar en la provincia de Córdoba durante todo el año pasado. Esto sitúa a la geografía cordobesa a la cola del gasto, en términos relativos, de toda España. La situación de falta de inversión en los 77 municipios que configuran el mapa provincial contrasta con otras 19 provincias en las que ADIF ha ejecutado todo su presupuesto, el 100%, y en algunos casos superándolo.

El Administrador ha invertido todo lo previsto, en contraste con la situación de Córdoba, en las provincias de Almería, Huelva, Jaén (Andalucía); Teruel y Zaragoza (Aragón); Badajoz (Extremadura); Tarragona (Cataluña); León y Zamora (Castilla-León); Albacete, Cuenca, Toledo (Castilla-La Mancha); Lugo, Orense (Galicia); La Rioja; Madrid; Navarra; Castellón (Comunidad Valenciana) y Álava (País Vasco). En Teruel, Zamora y Cuenca son los tres casos en los que gastó más de lo previsto porque no tenía presupuesto (0 euros) para hacerlo.

La provincia de Córdoba tiene una decena de proyectos enquistados. Pese a esta situación, ADIF ha olvidado sus inversiones aquí en 2024. Sólo invirtió 2,7 millones de euros de los más de 53,4 que tenía previsto invertir en la geografía cordobesa. Esto sitúa a Córdoba con una ínfima inversión del 5,13 por ciento de la prevista. La peor de España. Es la única con un dígito de inversión ejecutado junto a Guadalajara, que gozó de un 6,18 por ciento.

El resto de las provincias ‘castigadas’ por ADIF con una baja inversión en el ejercicio 2024 fueron Alicante (Comunidad Valenciana), donde las inversiones se quedaron en 10,2% de lo previsto. Segovia (Castilla-La Mancha) y Cáceres (Extremadura), con un 13,68% y un 13,97%, son las siguientes perjudicadas para completar un top-5 en el que se queda al límite la andaluza Málaga, pendiente de su necesario desarrollo del tren del litoral, con un 14,48% de la inversión prevista.

• Los populares han destacado la gestión de Juanma Moreno y han anunciado tres nuevas infraestructuras industriales al servicio del puerto

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Pablo Venzal, ha destacado en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la inversión en modernización del puerto de la ciudad de Adra con más de 11 millones de euros desde 2019.

Venzal ha señalado que gracias al compromiso cumplido del Gobierno Andaluz, Adra cuenta “con un puerto que genera actividad productiva alternativa a la agricultura con la pesca, turismo, deporte y ocio”.

El parlamentario almeriense ha dejado clara la importancia de esta infraestructura, en la que próximamente el Gobierno de Juanma Moreno seguirá invirtiendo con la construcción de tres naves industriales al servicio de la flota pesquera.

“Desde que Juanma Moreno llegó a la Junta el puerto de Adra ha experimentado un importante cambio gracias a la acción decidida del Partido Popular que ha conseguido que esta infraestructura sea motor de desarrollo local, no solo porque la pesca supone capturas de casi 2.000 tonelada al año, sino también por ser un activo importante en cuanto al turismo de la ciudad”, ha afirmado.

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha puesto en valor la acción decidida de la Junta en este puerto estratégico, que es un buen ejemplo de “la colaboración institucional con el Ayuntamiento para convertir el puerto en todo un referente turístico, social y empresarial”.

Rocío Díaz ha explicado que en total se han invertido 2,5 millones para la reurbanización de la zona de Poniente; 5,4 millones destinados a nuevas instalaciones náuticas y deportivas ampliando atraques para embarcaciones de recreo; 3,4 millones para un nuevo edificio de oficinas y la reurbanización de la zona náutico deportiva; y 500.000 euros para la implantación del muelle gourmet.

En total, ha concluido la consejera, “el Gobierno de Juanma Moreno ha invertido desde 2019, 150 millones de euros en los puertos andaluces, que son “los verdaderos motores del progreso, polos de atracción de inversiones y generadores de empleo”.

• El decano de Caminos Andalucía ha subrayado que “en Andalucía consideramos necesarias ocho presas y, de ellas, tres son fundamentales: San Calixto, Alcolea y Cerro Blanco”
• Medina ha recordado que “las inundaciones son el riesgo natural que más daños humanos y materiales provocan en España. Las pérdidas previstas hasta 2033 ascienden a más de 800 millones de euros anuales”
• Para el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, “si se hubiesen atendido las recomendaciones técnicas y de inversión en infraestructuras hidráulicas que veníamos proponiendo en el Colegio se hubiesen salvado vidas” durante la DANA

Málaga ha acogido hoy la presentación en Andalucía de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la modificación de la Ley de Aguas, una cita organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y respaldada por entidades provinciales y regionales, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, CEACOP, ASICA, ACP Málaga, FAMP, APOMA y CITOP Andalucía Oriental. Bajo el lema “Las infraestructuras salvan vidas”, la jornada ha puesto de relieve la urgencia de actuar frente a inundaciones y sequías, cuando se cumple un año de la DANA que dejó devastadoras consecuencias en gran parte del país.

► La ILP reclama tres medidas fundamentales: protección de las personas, incluyendo de forma expresa la protección de la vida e integridad humana en la Ley de Aguas; inversión suficiente, garantizando recursos económicos para mitigar riesgos naturales derivados de inundaciones o sequías;  y profesionalidad técnica, asegurando la capacidad e idoneidad técnica de los responsables públicos en materia de agua.

La apertura del acto ha corrido a cargo de Juan Manuel Medina, decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto a Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga. El decano ha recordado que “las inundaciones son el riesgo natural que más daños humanos y materiales provocan en España. Las pérdidas previstas hasta 2033 ascienden a más de 800 millones de euros anuales”. En este sentido, ha lamentado que, “cuando se cumple un año de la DANA que provocó más de doscientos muertos y graves problemas en todo el país, el escenario de medidas para responder y mitigar sus efectos sigue siendo casi una foto fija. Prácticamente no hemos avanzado nada”. Frente a esa inacción, ha defendido que el país cuenta con herramientas suficientes para anticiparse y proteger a la población: “Disponemos de la planificación más completa y consensuada de la historia. El problema es que no se ejecuta. Por ello pedimos consenso y compromiso político. Es urgente pasar a la acción: poner fondos y ejecutar las obras que los ingenieros competentes estamos avisando que son necesarias y urgentes. Son obras costosas y de largo plazo, pero rentables, porque salvan vidas”.

En el caso andaluz, ha subrayado la urgencia de varias actuaciones prioritarias: “En Andalucía consideramos necesarias ocho presas y, de ellas, tres son fundamentales: San Calixto, Alcolea y Cerro Blanco. Son infraestructuras proyectadas desde hace décadas y que siguen pendientes. No sólo aportan agua para afrontar sequías, también son esenciales para reducir el riesgo de inundaciones que amenaza de manera recurrente a miles de andaluces”.

Finalmente, ha puesto el foco en el impacto del cambio climático y en la necesidad de adaptar las infraestructuras ya existentes: “El cambio climático está radicalizando y acelerando los fenómenos extremos. Necesitamos modernizar y adaptar nuestras infraestructuras a los nuevos índices de seguridad, modernizar y adaptar las existentes y, siempre, conservar y mantener. De esta manera no solo se salvarán vidas, también se ahorrarán miles de millones de euros en daños evitados”.

Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha subrayado la importancia de las infraestructuras hidráulicas como herramienta de prevención: “Es inadmisible que se vuelva a producir un desastre humano, económico y material como el que aconteció en la Comunidad Valenciana el pasado año provocado por una DANA. Si se hubiesen atendido las recomendaciones técnicas y de inversión en infraestructuras hidráulicas que veníamos proponiendo en el Colegio de Ingenieros de Caminos se hubiesen salvado vidas”.

Carrillo ha precisado que, tras la DANA, desde la institución colegial se volvió a reclamar “un Pacto de Estado que garantizase la ejecución de las inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas en La Comunidad Valenciana y el Corredor Mediterráneo”, y se solicitó de nuevo que “los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tuviesen las más altas responsabilidades en el ámbito hidráulico para garantizar la prevalencia de los criterios técnicos sobre los políticos”. También se pidió entonces “la revisión de la Ley de Aguas, que trasladamos a distintas instancias administrativas y políticas”. “Es el momento de activar este mecanismo de democracia directa previsto por la Constitución que es la Iniciativa Legislativa Popular.  Es el momento de que prevalezca la ciencia, la técnica y la razón frente a la ideología y la política. Ahora, es el momento de la sociedad civil”, ha concluido el presidente.

Por su parte, Javier Machi, decano de la Demarcación de la Comunidad Valenciana del CICCP, ha apuntado que “los fenómenos meteorológicos como el de octubre de 2024 que azotó parte de Andalucía, Castilla-La Mancha y sobre todo la Comunidad Valenciana, no se pueden evitar. Pero podemos anticipar sus efectos y actuar de manera preventiva para mitigarlos”. El decano valenciano ha incidido además en la necesidad de coordinación administrativa: “Los planes desarrollados por las administraciones competentes van a tener que ser consensuados y gobernados coordinadamente”. Al propio tiempo, ha puesto de manifiesto que “tenemos que enseñar a las personas cómo comportarse, mentalización sobre dónde poner los hospitales, los parques, los centros de mayores, darles cultura de la prevención y de reacción ante la emergencia. Que los habitantes que estén sobre zonas de riesgo sean conscientes de ello, sabiendo convivir con el riesgo”.

José Luis Belmonte, miembro de la Comisión Promotora de la ILP, ha hecho un llamamiento a la implicación ciudadana: “Cada año, las riadas destruyen hogares y la sequía arrasa cosechas. Tres cuartas partes de España está amenazada por la desertificación y cuatro millones de personas viven en zonas de alto riesgo de inundación. En Málaga, la memoria de las riadas es larga: desde la tragedia de 1907 hasta los episodios recientes en Campillos en 2018. No podemos permitir que vuelva a repetirse una catástrofe como la DANA de 2024”. Ha remarcado la necesidad de ser muy claros en la necesidad de apoyos: “Esta iniciativa solo saldrá adelante con el apoyo firme de la sociedad civil. No hay detrás partidos, empresas ni grupos de interés que la impulsen. Somos ciudadanos comprometidos, sin presupuesto para campañas publicitarias, y dependemos únicamente del compromiso de cada uno de ustedes”. Belmonte ha recordado que la ILP necesita 495.000 firmas antes del 25 de febrero y ha pedido el apoyo expreso de medios de comunicación, instituciones y empresas, invitando a los presentes a sumarse con su firma a través de la web www.ilpleydeaguas.com.

Desde el consistorio malagueño, Penélope Gómez ha mostrado el apoyo de la institución a la que representa a “cualquier iniciativa que vaya en aras de la seguridad y la protección de las personas. Nos ofrecemos a ser un espacio de experiencia piloto, de colaboración y cooperación. Gracias por traer a Málaga un debate que nos interpela a todos como ciudadanos, representantes públicos y como sociedad”.

Arturo Campos, decano de CITOP Andalucía Oriental, ha destacado que es “muy importante el apoyo a la ILP para poder mejorar las infraestructuras que eviten desastres como los vividos en todo el territorio español. Desde nuestro colegio, podéis contar con todo el apoyo que podamos aportar”.

Ignacio Sánchez de Mora, presidente de ASICA y CÍES, ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que “sea necesario una ILP para proteger la vida. Os recomiendo que llevemos dos velocidades, las 500.000 firmas y el Congreso de los Diputados para lograr algo tan necesario”.

El secretario general de CEACOP, Arturo Coloma, ha defendido el papel del colectivo de los Ingenieros de Caminos, porque “no hacemos las cosas por criterios caprichosos, sino que nuestra prioridad son las personas”, y ha resaltado que “la sociedad no entiende de datos, entiende de emociones, y debemos hacer que la sociedad comprenda la gravedad de la situación”.

Mónica López, directora de la Escuela Técnica Superior de ICCP de la Universidad de Granada, ha puesto el foco en el respaldo de su institución a la Iniciativa, comprometiéndose “a seguir formando a profesionales que, gracias as leyes como esta, puedan contribuir al desarrollo sostenible, seguro y responsable de nuestra sociedad”.

Por último, Juan Manuel Rosillo, presidente de ACP Málaga, ha reafirmado el apoyo de su entidad a la ILP y ha concluido: “Me quedo con la reflexión de que la sociedad tiene que sensibilizarse y reclamar a los partidos políticos grandes acuerdos y pactos nacionales en áreas vitales como la defensa de la ciudadanía. Siempre estaremos ahí para fomentar esa sensibilización de la sociedad y ayudar para seguir creciendo como país”.

• El municipio figura como “seleccionado” en la resolución provisional publicada por el Ministerio de Hacienda, para poder ejecutar un ambicioso proyecto que incluye la construcción de viviendas, la adaptación del Mercado de Abastos y la creación de un Centro de Industrias Digitales e Innovadoras, entre otras iniciativas

El Ministerio de Hacienda ha publicado la resolución de la Dirección General de fondos europeos, por la que se resuelve “provisionalmente” la convocatoria para la asignación de senda financiera FEDER a planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible.

En esa resolución figura el Ayuntamiento de Puerto Real como “seleccionado”, en el grupo de ciudades intermedias, con una cantidad asignada de 8.961.678 euros, para una inversión de 10.543.150 euros. El Ayuntamiento de Puerto Real deberá aportar el 15% restante de la inversión: 1.581.472 euros.

“Estamos muy satisfechos con la resolución”, dice José Antonio Montilla, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puerto Real. El edil confirmaba a primera hora de esta mañana que ya se había recibido la notificación de Hacienda y que estaban contactando con el Ministerio para conocer más detalles del procedimiento y su próximo desarrollo, y resolver algunas dudas que han surgido.

Y es que, hay que recordar que el proyecto que presentó el Ayuntamiento, el Plan de Actuación Integrado (PAI) de Puerto Real, ‘Puerto Real Ciudad Viva 2025-2029’, estaba presupuestado en 15 millones de euros. Es un proyecto que, según se adelantó en su puesta de largo, se presenta como una respuesta integral a los desafíos identificados en el marco de la Agenda Urbana 2030 de Puerto Real, que constituye la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

El municipio solicitó una ayuda de 12.747.499 euros al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esto suponía el 85% del presupuesto total del proyecto, ya que el 15% restante (2.249.558 euros) deberían salir de los fondos municipales. “Una vez que tengamos claro el desarrollo de estas ayudas, veremos si es posible ejecutar el proyecto al completo con posteriores subvenciones o tendremos que priorizar para ajustarnos a la asignación obtenida”, explica Montilla.

El Objetivo General de PAI ‘Puerto Real Ciudad Viva’ se orienta a “impulsar Puerto Real como ciudad dinámica y referente de desarrollo urbano integral en la Bahía de Cádiz mediante estrategias inclusivas, sostenibles e innovadoras”. Y sus objetivos específicos son tres: Transformar Puerto Real en una ciudad inclusiva y sostenible que garantice el acceso a viviendas y la calidad de vida de sus habitantes; posicionar la ciudad como un polo de innovación y emprendimiento en la Bahía de Cádiz, fundamentado en el conocimiento y la cultura, que impulse la generación de empleo y la retención de talento; y revalorizar el patrimonio cultural y turístico para reforzar la identidad y competitividad de la ciudad.

De este modo, son tres los proyectos estratégicos, que se denominan: Vive, Emprende y Conecta.

Vive: Más viviendas para vivir

El acceso a una vivienda digna es prioritario en este Plan, especialmente ante las dificultades que enfrentan colectivos vulnerables como jóvenes, familias con bajos ingresos y mayores dependientes. Este proyecto, con un presupuesto total de 4.037.635 euros, se articula en torno a tres actuaciones clave: La construcción de 23 viviendas de alquiler VPO en una parcela de María Auxiliadora (3.387.052 euros), la rehabilitación energética de 12 viviendas en la calle Lazareto (544.118€) y el proyecto de ‘Smart vivienda’ (106.464€), con la monitorización de hogares para personas mayores.

Emprende: Ciudad de la Innovación y el conocimiento

El proyecto pretende impulsar la regeneración de la zona industrial y la recuperación del patrimonio. Para ello se plantea destinar una partida de 6.337.573 euros, entre 2025 y 2029. Puerto Real afronta el desafío de fortalecer su ecosistema innovador mediante el proyecto Puerto Real Ciudad de la Ciencia y el Conocimiento, alineado con la Agenda Urbana 2030 y el plan municipal Puerto Real +Ciudad. El proyecto configura un triángulo de innovación, conocimiento y desarrollo económico sostenible formado por tres actuaciones claves.

En él se incluye la rehabilitación de la sede del IMPRO como Centro Municipal de Desarrollo Económico y Tecnológico (1.974.184€ euros) y la creación del Centro de Investigación Bodegas Campuzano (956.820 euros), cuya parcela ya ha adquirido el Ayuntamiento.

En este proyecto destaca además la digitalización como elemento clave para la transformación económica de Puerto Real. La ausencia de un centro especializado en el municipio, limita la retención de talento. Por ello, se propone como fundamental la creación de un Centro de Industrias Digitales e Innovadoras, que se ubicará en el Polígono Industrial ‘El Trocadero’ (3.406.568 euros)

El CIDi busca consolidar al municipio como referente tecnológico, promoviendo startups, empresas digitales y formación avanzada. Ayudará a revitalizar una zona afectada por cierres industriales como Delphi y Gadir Solar, beneficiándose de futuras inversiones y conexión ferroviaria en 2025. Completa junto al IMPRO y Bodegas Campuzano la estrategia municipal de innovación y reactivación económica.

Conecta: Conservando el pasado, impulsando el futuro

Su objetivo, con una partida de 4.621.849 euros, es revitalizar el eje casco histórico-paseo marítimo, mediante la rehabilitación del Centro Cultural San José y la digitalización de servicios culturales. Las actuaciones previstas incluyen: Rehabilitación de la Iglesia de San José (350.677 euros), el acondicionamiento del Mercado Municipal (2.557.146€), las obras de ampliación y reforma del Teatro Principal (1.555.793 euros), y la rehabilitación del Centro Cultural Rosa Butler y Biblioteca (153.991€). A estos proyectos se suma la implementación de ‘Smart Cultura’, que con un presupuesto de 4.240 euros modernizará la gestión de visitantes en cuatro espacios culturales clave de Puerto Real: Mercado Municipal, Teatro Principal, Centro Cultural San José y Rosa Butler.

Las actuaciones de los 3 Proyectos del PAI de Puerto Real orientadas al beneficio de toda la población, se concentran en el Centro Urbano y el Polígono Industrial, áreas de alta densidad y actividad, que presentan desafíos como el envejecimiento y la desigualdad económica. En el Centro Urbano, hogar del 78% de la población, el Proyecto ‘Vive’ mejorará la eficiencia energética y el acceso a viviendas asequibles, mientras que ‘Conecta’ revitalizará el eje casco histórico-paseo marítimo. ‘Emprende’ diversificará la economía local mediante la reactivación del Polígono Industrial. En conjunto, el plan impulsa un desarrollo equilibrado basado en la regeneración urbana, la revitalización económica, la sostenibilidad y la inclusión social.

• Todos los proyectos previstos en esta operación están ya en desarrollo, menos el derribo de edificios como la Aduana o la Casa del Mar, aunque la burocracia de algunas administraciones ralentiza el calendario

Si retrocedemos en el tiempo en la historia de Cádiz, sin miedo a ver pasar los años, fue hace poco más de 4 décadas cuando se puso por primera vez sobre el papel un primer rediseño del espacio ferroviario de la ciudad.

Lejos aún la perspectiva de conseguir el soterramiento del tren y construir una nueva terminal, como la actual, este inmenso espacio entonces propiedad de Renfe iba a ser ocupado, además de por el equipamiento ferroviario, por una estación para los autobuses interurbanos, aparcamientos y unas pistas deportivas.

Pasado el tiempo, de aquel plan solo se ha realizado, aunque con un planteamiento muy diferente al de los años 80 del pasado siglo, la terminal de autobuses. De lo demás, nada. Todo lo contrario, lo que hoy se levanta en todo el entorno de la Plaza de Sevilla era inimaginable en los primeros ayuntamientos democráticos.

Con todo, este planteamiento del Plan Plaza de Sevilla cubierto ya el primer cuarto del siglo XXI tampoco acaba de completar el último dibujo de la zona, especialmente tras el convenio de 2008 entre todas las administraciones implicadas en el desarrollo de este suelo.

Al igual que el Hospital Regional, Valcárcel o la Ciudad de la Justicia, toda la operación incluida en lo que se llama Plan Plaza de Sevilla, ha vivido un intenso devenir que aún persiste: diferencias políticas entre las administraciones competentes, falta de financiación para ejecutar lo previsto, divergencias técnicas e incluso diferencias internas en las propias instituciones, han dilatado el desarrollo de este Plan.

Hoy en lista de espera siguen estado demasiadas obras. Sin embargo, la casi totalidad de las mismas están en la rampa de lanzamiento tras superar, eso sí, innumerables problemas administrativos.

En conjunto, entre las obras a ejecutar, hay una inversión prevista y pendiente que supera los 80 millones de euros.

El proyecto más caro

La operación más costosa es el futuro aparcamiento subterráneo. El coste previsto es de 20,7 millones de euros, para cerca de un millar de plazas.

Este proyecto extiende el futuro estacionamiento por todo el subsuelo del actual parking en superficie (entre la estación de Adif y la muralla de la Cuesta de las Calesas), hasta llegar a la fuente de la plaza de Sevilla y el edificio de la Aduana.

El Ayuntamiento está trabajando en el proceso de desafectación de este terreno. La intención municipal es que a lo largo del primer trimestre de 2026 se pueda sacar el concurso para la adjudicación de esta obra.

Junto a ello, esta operación incluye toda la remodelación superior, incluyendo la plaza de Sevilla y el peligroso giro del tráfico con dirección a la estación y a la avenida de Astilleros.

La obra incluye una gran zona verde, cuyo diseño se está elaborando actualmente y una nueva rotonda para el tráfico. El Plan Plaza de Sevilla incluye también la recuperación de la muralla de la Cuesta de las Calesas y la conversión del aparcamiento existente en esta vía en una gran terraza peatonal. El coste previsto del parque se eleva a 3,3 millones de euros.

La otra gran inversión es la remodelación de la avenida de Astilleros, habilitando dos carriles por sentido para los vehículos, un carril bici, las aceras peatonales y un paso para el tranvía metropolitano. El diseño ya está cerrado y la financiación se ha incluido en las cuentas municipales. El coste rondará los 13 millones de euros.

Aquí se encuentra una parcela municipal, pendiente aún de algunas alegaciones presentadas por Adif, donde el Ayuntamiento tiene que decidir su uso. Como ya adelantó este diario no se descarta ni la construcción de viviendas (algo que ya se permite tras retirarse del último convenio del Plan Plaza de Sevilla), un aparcamiento en superficie e incluso una zonas de ventas.

En manos públicas, en este caso de Adif, está el nuevo aparcamiento en superficie de la estación, junto a la entrada a la avenida de Astilleros. Esta semana ha comenzado su asfaltando lo que indica que se encuentra en su fase final.

Esta obra se une a los trabajos de mejora que se están haciendo en el edificio del vestíbulo de la terminal ferroviarias. Un edificio nunca abierto aunque se terminó de construir hace 20 años. Cuando estos trabajos culminen, el acceso principal al complejo ferroviario se hará por esta zona. Adif tiene que terminar también la urbanización del viario junto a la vieja estación de 1905 en el lateral de la Cuesta de las Calesas. En su conjunto la inversión ha rondado los 4 millones de euros.

Las dudas sobre el nuevo hotel

Sobre el edificio del vestíbulo, el Grupo Barceló tiene previsto construir desde hace años un hotel de 5 estrella, con una inversión anunciada en su día de 35 millones de euros.

El desarrollo de este proyecto se ha encontrado con numerosos problemas tanto en cuanto a la llegada al mismo de las redes de saneamiento y de electricidad, como los problemas puestos desde algunos departamentos del propio Ayuntamiento. Parece que todo esta casi solucionado, antes de que la cadena hotelera opte por abandonar el proyecto.

También se reactiva la recuperación de la histórica terminal ferroviaria de 1905. Ya se ha descartado la idea inicial de un mercado gastronómico. De la mano del empresario Rafael Casillas, promotor del Concert Music en Sancti Petri, se proyecta un gran complejo de restauración y de eventos de todo tipo, con un gasto inicial de unos 6 millones de euros.

Hay algunas obras que no están cuantificadas aun pero que son muy importantes para poder terminar el Plan Plaza. Con ellas, la inversión global rondará los 100 millones de euros. La más destacada, polémica y costosa de ejecutar es el derribo del edificio de la Aduana.

Protegido por la Junta hace más de una década, nos encontramos ahora con el acuerdo de todas las administraciones y partidos políticos para revertir esta protección, y proceder a su derribo.

Sin embargo, aquí se está chocando con la lentitud de modificación del expediente que está en manos de la Junta. En este sentido, el Ayuntamiento mantiene su objetivo de tirarlo y recuperar, así, la fachada histórica de la estación del tren.

Hay que derribar también los edificios de la Casa del Mar y Sanidad Exterior, que se reubicarían, según el planteamiento inicial del Plan Plaza de Sevilla, en una parcela de la Autoridad Portuaria vecina a estos edificios (y hoy utilizada como aparcamiento).

Sí se tiene la posibilidad de derribar ya la trasera del edificio de la Aduana, que funciona como almacén no afectado por la protección de la Junta.

El Ayuntamiento tendrá que asumir en su momento los costes de estos derribos, aunque negocia con el Gobierno central para evitar la construcción de una nueva sede para Aduana, con la idea que ocupe el edificio actual de la Subdelegación. En todo caso, entre un tema y otro, más dinero para invertir lo que elevaría todo el coste pendiente en Plaza de Sevilla hasta los 100 millones de euros.

La Universidad de Córdoba (UCO) tiene por delante numerosos proyectos en el ámbito de infraestructuras a lo largo de los próximos años. A falta de conseguir la financiación más que necesaria para poder ponerlos en marcha se encuentran varios de ellos, como el nuevo edificio del Vial Norte, que servirá para ampliar la Facultad de Ciencias de Trabajo, o la reforma de la antigua Zona Militar de la Compañía, junto a nueva fase de la urbanización del Campus de Rabanales.

A la espera de que llegue el dinero, la secretaria general de la UCO, María Luisa Rodríguez Copé, ha presentado la memoria anual del curso 2024-2025 en el que quedan recogidas todas las obras que se llevaron a cabo. Entre ellas, las propias tareas de mantenimiento y remodelación en el Campus de Rabanales, donde se han atendido 2.302 incidencias y/necesidades de mejora. Asimismo, se han acometido numerosas acciones para la mejora de la Granja Universitaria de Rabanales y se ha puesto en funcionamiento el equipo de Altas Presiones Hidrostáticas. Paralelamente, se ha encargado el presupuesto para la reforma de la planta, con el objetivo de la modernización de las instalaciones técnicas y la adecuación higiénica.

• Las iniciativas de Ximenez, Escribano, Indra, Cunext, Aviserrano y otras suman una fuerte demanda de mano de obra a medio plazo

Córdoba asiste al desarrollo de grandes proyectos privados o públicos en diferentes sectores de actividad que llevan aparejada una fuerte creación de empleo a medio plazo. De este modo, las expectativas son halagüeñas para la provincia y las sociedades o instituciones promotoras explican que en algunos casos la generación de puestos de trabajo será inmediata y se verá en los próximos meses, mientras que en otros dependerá de una evolución de los trabajos ligada, siempre, a los diferentes trámites. La nota positiva es que los proyectos avanzan, suman más de 3.345 puestos de trabajo futuros y son, además, tractores de empleo en otras empresas y actividades.

La BLET

Agentes económicos y sociales coinciden en subrayar el revulsivo que la Base Logística del Ejército de Tierra General Javier Varela supondrá para la industria y, en general, el tejido productivo cordobés. Según informa el Ministerio de Defensa, contará con alrededor de 1.700 profesionales para su funcionamiento. Espera que comience a operar en 2029 y que sus 30 instalaciones alcancen la capacidad operativa final en 2032. En julio del año pasado tuvo lugar la primera convocatoria de la oferta de empleo público, que contó con 180 plazas.

Escribano

Ligadas a este macroproyecto del Ejército han surgido iniciativas como la de Escribano, fabricante de sistemas complejos de defensa y seguridad. En la actualidad, está llevando a cabo labores de ampliación de su fábrica en el parque científico y tecnológico Rabanales 21, y cuenta con 125 trabajadores en Córdoba. El objetivo es llegar a 150 empleos. Recientemente, también ha actualizado maquinaria de última tecnología, según informa la compañía. En su centro cordobés desarrolla y fabrica una parte del Silam, un lanzacohetes nuevo para el Ejército español. La compañía contempla una inversión global de 29,5 millones de euros en Córdoba para implantar la fabricación de sistemas de armamento complejo para la defensa. Además de mejorar instalaciones y adquirir equipamiento, esta actuación comprende la construcción de una nave nueva.

Santa Bárbara

Santa Bárbara Sistemas es la unidad de negocio española de General Dynamics European Land Systems (Gdels), que se dedica a la fabricación de equipos originales de sistemas de defensa terrestre, la integración de sistemas y la provisión de servicios. Desde su Centro de excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), fundamentalmente, ejecuta los programas de mantenimiento, reparación y actualización de vehículos terrestres de defensa. En 2025 ha abierto un centro en Rabanales 21, que será el nexo entre la futura BLET y la planta de Alcalá de Guadaíra, según afirma el director del centro sevillano de Santa Bárbara, Plácido Puentedura. Ahora cuentan con cinco profesionales en Córdoba y prevén llegar a 20 en 2028.

Así, este centro se ha especializado en soluciones de apoyo al ciclo de vida y sus profesionales darán servicio en áreas como la resolución de obsolescencias, la adaptación de diseños de repuestos a tecnologías de fabricación avanzada, el diagnóstico y la reparación de sistemas completos. Otro objetivo clave es el desarrollo de la cadena de suministro local y, en este sentido, Plácido Puentedura subraya las colaboraciones ya establecidas con empresas locales.

Indra

La multinacional tecnológica Indra confirma que continúa trabajando en sus proyectos en Córdoba. En julio pasado se conoció que pretende invertir 56 millones de euros en los próximos dos años y generar 250 empleos. Indra ya tiene presencia en la capital a través del centro de su filial Deuser en Tecnocórdoba. No obstante, en enero del año 2026 prevé abrir una fábrica de radares en el polígono industrial de Las Quemadas. Además, se ha apuntado a las instalaciones de Deuser en el antiguo recinto ferial de San Carlos como una futura segunda ubicación de la compañía para el desarrollo de su actividad.

Aviserrano

En otro sector, la agroindustria, se enmarca la actuación de Aviserrano en el parque empresarial Nuevas Poblaciones de La Carlota. El grupo sevillano construye una planta de procesado avícola a la que ha destinado alrededor de 70 millones de euros. Para ello, dispone de una parcela de 190.000 metros cuadrados, donde levanta una nave de 80.000 metros cuadrados. El resto del terreno se destinará a otras actividades empresariales. Espera inaugurar esta nueva planta entre abril y mayo de 2026. En cuanto a la generación de empleo, Aviserrano recuerda que la cifra inicial ronda los 500 nuevos puestos de trabajo «para cubrir las primeras necesidades de la planta de producción en sus diferentes salas». Prevé llegar a 1.000 empleos en la primera fase del proyecto. De este modo, señala que «no tenemos previsión para completar la actividad y la plantilla, puesto que iremos paso a paso para garantizar la correcta evolución de la planta».

Ximenez

El pontanés Grupo Ximenez estima que su ampliación de instalaciones conllevará la creación de unos 120 empleos, que se sumarán a sus alrededor de 600 profesionales actuales. El proyecto, que incluye tres actuaciones, necesita una inversión de ocho millones de euros. Su director de Operaciones, Francisco Jaén, explica que la reforma de las oficinas todavía no ha concluido, pero se encuentra «muy avanzada». De otra parte, el grupo construye un centro logístico también en Puente Genil, pero no puede concluirlo por la presencia de una línea de Endesa en el terreno de la nave que está edificando. «Hay que desmontarla y hace casi tres años que se solicitó, pero aún no se ha hecho», lamenta. Una vez que esto ocurra, la obra podría finalizar en unos dos meses.

Cuando el centro logístico esté listo, Ximenez abordará una tercera iniciativa. Se trata de la construcción de 36.000 metros cuadrados de naves en Aguilar de la Frontera, con objeto de almacenar grandes estructuras y materiales de diferente tipo, e instalar un taller para la fabricación de las grandes estructuras. «Este proyecto es bastante ambicioso y podría durar tres años», detalla Francisco Jaén. Las tres actuaciones supondrán un incremento significativo de la superficie de Ximenez, que responde al «crecimiento elevado» registrado en la empresa en los últimos años.

Cunext

Otro proyecto de alto impacto en Córdoba, por su trascendencia para la industria y para las exportaciones de la provincia, es la fábrica de cobre verde que Cunext construye en la carretera de Granada, a cuatro kilómetros de sus instalaciones actuales junto al Parque Joyero. Las edificaciones están a punto de ser concluidas y han comenzado la instalación de maquinaria. También han iniciado la urbanización interior de la parcela y esperan que las instalaciones empiecen a operar en el primer trimestre de 2026.

Esta nueva planta generará unos 80 empleos y a su ejecución se destinarán 130 millones de euros. La actuación complementa la inversión de 100 millones que, de forma paralela, desarrolla en sus instalaciones actuales en Córdoba.

Palma Plaza

El parque comercial Palma Plaza abrirá sus puertas, previsiblemente, durante el próximo puente de diciembre en Palma del Río. No obstante, David González, CEO de Gestión y Desarrollo Deal, avanza que Burger King podría iniciar su actividad a mediados de noviembre. Esta hamburguesería, el supermercado Aldi y las tiendas Action (bazar) y Pepco (bazar y textil) generarán en torno a 60 puestos de trabajo. El proyecto dispone todavía de un local de 500 metros cuadrados libre.

Magtel

En materia energética, el proyecto de Magtel para producir hidrógeno y sus derivados a gran escala en la provincia sigue adelante. El director de Hidráulica y Medio Ambiente del grupo, Arturo Buenaventura, confirma que está en una fase preliminar de diseño y de análisis de alternativas, y también están planteando un esbozo de su implantación. El grupo estima que la planta podría estar construida en unos cinco años y que generaría más de 20 empleos anuales.

Hitachi

Urbanismo ha aprobado los cambios urbanísticos que posibilitarán la ampliación de la fábrica de Hitachi Energy en Córdoba. Esto permitirá incrementar la capacidad de fabricación de transformadores e incorporar dos líneas nuevas, la producción de las cubas de transformadores de potencia y la fabricación de reactancias de potencia. La inversión rondará los 80 millones de euros y se generarán 75 empleos.

• Se hará por la fórmula de mutación demanial externa y ahora se abre a información pública para alegaciones

El Ayuntamiento de Granada ha dado otro paso importante para ceder a la Junta de nuevo la parcela junto al edificio del Cubo que será sede de un edificio judicial para completar la futura Ciudad de la Justicia. La parcela se cederá a la Consejería de Justicia (hace décadas se hizo lo mismo pero con Cultura para el futuro teatro escénico, que finalmente se descartó, por lo que volvió a manos municipales) y se ha abierto ahora la fase de información pública para alegaciones a este trámite de mutuación demanial externa de la parcela, cuyo uso fue solicitado formalmente por Justicia para este fin en mayo del año pasado.

La parcela pertenece al inventario de inmuebles del patrimonio municipal (dominio público) y se destaca que “la necesidad e interés público perseguido con ello es indudable dada la histórica condición de Granada como capital judicial de Andalucía, albergando entre otros órganos judiciales al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a la Fiscalía Superior de Andalucía”. Ahora, con el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, la Junta de Andalucía apuesta por la unificación de los órganos judiciales en un solo complejo que será conocido como Ciudad de la Justicia de Granada, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, gestión y accesibilidad para todos sus usuarios. Con dicho proyecto la Junta de Andalucía persigue, entre otros, los siguientes objetivos: unificar los diferentes órganos judiciales en un solo edificio o complejo, lo que facilitaría la gestión y el acceso a la justicia; mejorar la eficiencia agilizando los procesos judiciales y optimizando el uso de los recursos; garantizar la accesibilidad, facilitando el acceso a la justicia tanto para profesionales como para ciudadanos y, en definitiva, crear un símbolo que visibilice a la ciudad de Granada como referente de la administración de justicia en Andalucía.

Este proyecto precisa un espacio en el que desarrollarse, y junto a la adaptación del edificio del Cubo, se precisa esta parcela, adyacente al mismo.

La cesión sería por un plazo en principio indefinido en tanto que el bien en cuestión sirva para la prestación del uso y servicio público para el que se destina. La fórmula será la de mutación demanial externa, que no altera la titularidad del bien ni su carácter demanial, es decir, el Ayuntamiento de Granada seguirá conservando la titularidad del mismo y su carácter demanial, produciéndose únicamente una transferencia del uso y, por tanto, del fin público al que se encuentra afecto. Una fórmula que, se reconoce, tiene una “dificultad”: “notamos una patente ausencia de reglas procedimentales por las que guiarnos puesto que el procedimiento de la mutación demanial externa no se halla ni legal ni reglamentariamente recogido en norma alguna. No obstante, asemejándose lo interesado a una transferencia de uso y por tanto del fin público al que se encuentra afectado el inmueble de una Administración Pública a otra -en este caso la Junta de Andalucía-, sin mediar contraprestación económica alguna, creemos que podría estarse a lo dispuesto por los artículos 50 a 53 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante RBELA) para las cesiones gratuitas de bienes patrimoniales de las entidades locales a otras Administraciones o entidades públicas (artículo 26 apartado a de la LBELA)”.

El trámite de información pública estará abierto durante un plazo de veinte días. Después se necesitará tambén el acuerdo del Pleno municipal.

En su inscripción, la parcela está destinada a equipamiento comunitario, con unos 6.500 metros cuadrados, y permite una construcción máxima de dos alturas.

Se continúa así el trámite para este proyecto después de que a final de 2024 se aprobara la cesión de la parcela después de que ya en mayo del año pasado se dejaran sin efecto “ante la falta de cumplimiento” los expedientes administrativos adoptados en 2006 por los que se transmitía a la Junta de Andalucía una parcela en el P-9 y PP-S1 mediante mutación demanial subjetiva para la construcción de un espacio escénico en la ciudad.

• Se construirá en la mediana que queda entre la línea del AVE y la antigua línea convencional, que servirá de vía de acceso a la instalación

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) construirá una base de mantenimiento en Pinos Puente para dar servicio a la línea de Alta Velocidad Granada-Antequera. La empresa pública que gestiona la red de ferrocarriles españoles ha licitado esta semana el contrato de Servicios para la redacción tanto del proyecto básico y como de construcción de esta base, que servirá como apoyo a la que ya hay en Antequera, y que se instalará en terrenos de la localidad de Pinos Puente. Su función será, entre otras, de mantenimiento de trenes, así como de almacenamiento y premontaje de vías, así como habilitar una zona de acopio de materiales que ahora mismo no hay en la provincia, donde estos se acumulan en la mayoría de casos junto a las vías o en antiguas estaciones abandonadas.

La ubicación exacta quedará fijada después de la redacción del proyecto básico, pero la intención del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y que recoge el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, es que se construya en la mediana que resultó de las obras del AVE en la llamada curva de Pinos Puente, la parcela que queda entre la Línea de Alta Velocidad y la vía convencional Granada-Bobadilla, ahora sin tráfico de trenes. La parcela escogida está frente al Centro Logístico de Cariño y limita en sus extremos con la autovía GR-43 y el río Velillos en el otro. Hasta ahora, el mantenimiento de la LAV de Granada se hacía desde la base de Antequera-Santa Ana, que a su vez se encarga del mantenimiento de la línea Córdoba-Málaga, por lo que se alivia su carga de trabajo.

La base tendrá que estar conectada con la Línea de Alta Velocidad, por lo que contará con una vía pasante con desvíos de conexión con la LAV de 350 kilómetros por hora por vía directa, y del 80 por la desviada. La propia LAV, además, será objeto de obras, lo que provocará en su momento afecciones al tráfico ferroviario, ya que se prevé colocar un escape entre las vías 1 y 2. Y es que el esquema de vías propuesto por Adif contempla darle vida al trazado de la línea convencional en ese punto, y convirtiéndola en ancho estándar, servir, a través de los desvíos correspondientes, como acceso a la base de mantenimiento. Como lectura de fondo, es otra palada más de tierra a la línea convencional Granada-Bobadilla, ya condenada al desmontaje con el proyecto de duplicación de la línea del AVE.

La base de mantenimiento de Adif contará asimismo con un edificio de oficinas y varias naves, una para material móvil con puente grúa, y otra que servirá de almacén para el mantenimiento de infraestructura. Esta nave estaría compartimentada en tres recintos, uno para vía, otro para energía y otro para CMS (control, mando y señalización), contando las dos primeras con acceso ferroviario.

Se instalá asimismo una zona de acopio de balasto y muro cargadero en el extremo del lado de Zujaira. También contará una losa de transferencia, montaje, acopio y premontaje de desvíos con bipórticos; dos vías en topera con acceso a depósito de gasoil para el material móvil, zona pavimentada para circulaciones rodadas y estacionamientos; y la urbanización y cerramiento con un camino de acceso aglomerado desde las infraestructuras viales existentes. Asimismo se proyectará un vial perimetral exterior y se preverán puntos de recarga de vehículos eléctricos. Las obras también adecuarán el camino de servicio ubicado en la margen sur de la plataforma de Alta Velocidad entre el rio Velillos y el camino del Alitaje.

Así, la base tendrá que tener, según el pliego, un equipamiento mínimo formado por una estación de transformación para suministro de energía eléctrica, así como la conexión a la red existente, torres de iluminación (ya que estas bases suelen trabajar en horario nocturno), o depósitos de combustible y agua, este con reserva para incendios. Asimismo, Adif obliga a la adjudicataria a comprobar y recalcular “en caso de ser necesario” los viaductos de la línea convencional sobre el rio Velillos y sobre el rio Cubillas, ya que se tendrían que adaptar al paso de trenes AVE o de Mercancías con un cambio de ancho de vía.

La licitación tiene un presupuesto base de 769.776,94 euros sin impuestos y mediante procedimiento abierto. El plazo de presentación de ofertas será electrónico y estará abierto hasta el próximo 22 de octubre a las 13:00 horas. El plazo de ejecución de la redacción del proyecto básico y de construcción será de 18 meses.

• Este centro atenderá las necesidades médicas de Lepe, Ayamonte, Sanlúcar del Guadiana, Villablanca, San Silvestre de Guzmán, El Granado, hasta Isla Cristina, Lepe y Cartaya

El Ayuntamiento de Lepe ha adjudicado, por valor de 386.975 euros, la ejecución del sistema de depuración de aguas residuales del Hospital de la Costa Occidental, aprobado por la Junta de Gobierno Local en enero de 2025, donde se incluye, además, el mantenimiento y explotación por un periodo de seis meses. El contrato será cofinanciado por la Diputación Provincial de Huelva, que aporta 360.000 euros.

Así lo recoge la documentación de la licitación, que señala que las obras han sido adjudicadas a la empresa Cyclus ID, S.L. y el plazo de ejecución del contrato será como máximo de cinco meses, a contar desde el día siguiente al acta de comprobación de replanteo y se contempla un plazo mínimo posterior como “periodo de explotación” de seis meses.