• La patronal de la construcción rechaza que sólo se tenga en cuenta el precio en las adjudicaciones públicas
  • Pide cambios en el modelo para no perder la oportunidad que aún generan los fondos NextGen

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha decidido elevar su posición contra los planes del Ministerio de Transportes de implantar las subastas en la contratación de obras y servicios.

Tras la información publicada el martes por elEconomista.es, la organización que preside Pedro Fernández Alén ha elaborado una nota en la que manifiesta su defensa de “los concursos frente a las subastas en los procesos de adjudicación de obras públicas para garantizar la calidad, la transparencia y la libre concurrencia de las empresas en las licitaciones y, de esta forma, combatir la corrupción”.

La reforma de los pliegos de contratación de obras y servicios públicos en la que trabajan el ministro Óscar Puente y sus colaboradores contempla reducir el peso de los criterios subjetivos frente a los objetivos mediante fórmulas que fomentarían procedimientos automáticos. Con ello, el Ministerio busca ahuyentar prácticas ilícitas en la adjudicación de proyectos.

 

Puente ha dado mandato a la Dirección General de Carreteras (DGC) y a Adif para que diseñen un nuevo pliego administrativo. La primera ya ha esbozado un borrador para los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras y la propuesta discurre por otorgar un peso del 100% a la oferta económica en detrimento de la técnica, frente al 51%-49% actual. Por ahora, en todo caso, no hay nada aprobado y el sector demanda que haya una consulta pública para poder presentar sus observaciones.

“Lo que parecería un ahorro inicial podría convertirse en un gasto mayor y en un servicio más deficiente”

En su comunicado, la CNC asegura que “el actual sistema es el óptimo, ya que el concurso es una herramienta formidable en la lucha contra la corrupción al valorar globalmente las ofertas, pero que se debe aplicar rigurosamente en todas sus fases”. En su opinión, la necesidad de justificar técnicamente cada aspecto de la oferta y la existencia de una memoria que fundamente la puntuación, “otorgan al proceso una transparencia y un seguimiento que la subasta no puede ofrecer, en la que sabiendo qué precio ofertar se obtiene la adjudicación o se pueden concertar más fácilmente las ofertas”, alerta. De esta manera, la patronal afirma que “el concurso dificulta las prácticas colusorias y deja un rastro documental claro y fiscalizable, limitando la arbitrariedad y reforzando la rendición de cuentas”.

Más allá de sostener que los concursos ayudan frente a la corrupción más que las subastas, la CNC incide en que estos promueven “la excelencia y la competencia real entre las empresas, que no sólo deben competir en precio, sino en ingenio, calidad y soluciones avanzadas”. “Esto -agrega- redunda en una mayor seguridad para los contratos y en una mayor calidad para los usuarios”.

 

La patronal de la construcción, que agrupa a la práctica totalidad del sector, advierte de que la adjudicación basada únicamente en el precio más bajo, propia del modelo de subasta, “puede amenazar la eficiencia y la optimización de las infraestructuras, al fomentar prácticas como las bajas temerarias y la utilización de ofertas económicamente inviables”. En este punto, la organización alerta de que “lo que parecería un ahorro inicial podría convertirse en un gasto mayor y en un servicio más deficiente”.

Buscando una mayor objetivación de los criterios de adjudicación e incluso su automatización de cara a evitar complicaciones o irregularidades, la CNC propone, dentro del modelo de concurso, otros criterios para evitar dar un protagonismo excesivo al precio. Apunta, en este sentido, a “descuentos sobre tarifas oficiales; ajuste en la revisión de precios y en los plazos; mejora en la ejecución o entrega, en la puesta en marcha de equipos o instalaciones, o el de respuesta a incidencias; optimizar las garantías, en plazo o en nivel de cobertura; en las condiciones técnicas y de servicio, el consumo energético o eficiencia certificada, el nivel de ruido o vibración, la durabilidad, la disponibilidad de repuestos en ‘stock’ o el porcentaje de materiales reutilizables; y reducción de los costes de explotación o por uso y en los intervalos de mantenimiento y gastos de conservación”. Todo ello dependería de la tipología del contrato.

La CNC incide en que la existencia de una pluralidad de criterios objetivos también permite el uso de los “umbrales de saciedad”, un mecanismo que limita la puntuación adicional que se obtiene por ofrecer un precio excesivamente bajo. “Con estos umbrales se evitan ofertas de precio excesivamente reducidas que comprometen la calidad del bien o servicio, permiten una mejor relación calidad-precio y evitan las bajas temerarias”, explica.

Mala salud de la contratación pública

La organización defiende el concurso como una alternativa “inteligente y responsable”, que permite a la Administración valorar de forma conjunta criterios técnicos, medioambientales, sociales e innovadores, además del precio. Así, “se asegura que los contratos recaigan en la oferta más beneficiosa y en empresas con mayor solvencia”.

La patronal viene tiempo denunciando la mala salud que atraviesa la contratación pública. Frente a ella, “defender el concurso es sólo una parte de la solución”, afirma. Y es que, a su juicio, “resulta inútil abogar por un sistema de adjudicación más justo si, en paralelo, se permite que una parte cada vez mayor de la inversión pública se escape de las reglas de la libre competencia por culpa, fundamentalmente, del creciente abuso de los encargos a medios propios por parte de las Administraciones Públicas”, en alusión a la creciente entrega de proyectos a la empresa estatal Tragsa -circunstancia similar ocurre con Ineco en el sector de la ingeniería-.

La CNC ya presentó en julio una batería de propuestas para mejorar la eficiencia de las licitaciones públicas en España, aumentar la sana competitividad empresarial, simplificar la burocracia, racionalizar el gasto público y facilitar el acceso a las pymes.

Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, “España no puede permitirse el lujo de malgastar la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos en modelos de contratación ineficientes o en atajos que eluden la competencia. Es el momento de apostar decididamente por la calidad, la transparencia y la libre concurrencia para sanear y reformar un sistema del que depende nuestro futuro”.