El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las actuaciones en las sedes judiciales de Fuengirola (Málaga), Montilla (Córdoba), Huelva y Granada a las que la Junta de Andalucía destinará 7.406.594,89 euros para mejorar su eficiencia energética y accesibilidad y que están incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030, que apuesta por una justicia sostenible y humana y cofinanciadas con cargo a los fondos europeos del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep). Estas obras se suman a las ya ejecutadas en obras sedes judiciales como la de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

Es la primera vez que la Unión Europea acepta destinar fondos comunitarios a la rehabilitación de edificios judiciales. Andalucía ha recibido en total 85.622.400 euros del programa Pirep, enmarcado en los fondos europeos Next Generation y destinado específicamente a la rehabilitación de infraestructuras públicas, entre ellas, por primera vez, las dedicadas a la prestación del servicio público de Justicia.

La reforma del edificio judicial de Caleta en Granada se centrará en mejorar el aislamiento de las cubiertas en los patios, la mejora de los puentes térmicos, así como de los sistemas de climatización e iluminación, la instalación de placas fotovoltaicas, la mejora de los ascensores y la reforma de los aseos para garantizar su accesibilidad.

También se instalarán bucles magnéticos en los puestos de atención al público para facilitar la audición a las personas con implantes cocleares y señalización accesible para personas con discapacidad visual. El proyecto ha sido diseñado por el estudio Fresneda & Zamora Arquitectura y será ejecutado por Zima Desarrollos Integrales S.L. La inversión total asciende a 2.391.715,18 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de las obras es de ocho meses.

En el caso del Palacio de Justicia de Huelva, la inversión roza los tres millones (2.983.638,73 euros) para instalar un sistema de ventilación con recuperación de energía y placas fotovoltaicas, además de sustituir las carpinterías y acristalamientos para mejorar la eficiencia energética, y reparar las humedades de las cubiertas. Una de las actuaciones más importantes será en los calabozos, atendiendo así una de las reclamaciones más demandadas, dada la mala situación de éstos.

También se modernizarán los ascensores, se eliminarán barreras arquitectónicas y se instalarán bucles magnéticos en los mostradores de información y servicios de atención al público para facilitar la audición a los usuarios con implantes cocleares, así como señalética accesible para reducir también las barreras sensoriales. Los trabajos, adjudicados a la empresa Maracof S.L., durarán ocho meses y, al igual que en el caso de Granada, se trata de obras necesarias mientras se acometen los proyectos de las ciudades de la Justicia de ambas capitales.

También Maracof S.L. se encargará de ejecutar la reforma de los juzgados de Montilla (Córdoba) conforme al proyecto diseñado por Soluciones Técnicas BG20 Arquitectos S.C.P., que prevé sustituir la carpintería y el lucernario para mejorar la envolvente térmica del edificio, reparar las humedades, sustituir los sistemas eléctricos y de climatización, instalar placas solares para que el edificio genere gran parte de la energía que consume, así como iluminación LED.

Además, se acometerán obras para mejorar la accesibilidad del edificio para las personas con movilidad reducida, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, pero también para personas con discapacidad sensorial. Así, en las dos salas de vista se instalarán bucles magnéticos que aíslan los ruidos. En este caso la inversión ronda el millón de euros (967.402,95 euros) y el plazo de ejecución es de diez meses.

Por último, los trabajos en los juzgados de Fuengirola (Málaga) durarán seis meses y se centrarán en la instalación de placas fotovoltaicas y una nueva envolvente térmica mediante el aislamiento de la cubierta y la renovación de los sistemas de climatización e iluminación. También se mejorará la accesibilidad con un aseo adaptado por planta y la instalación de bucles de inducción en los mostradores de atención al público y de señalización accesible para usuarios con problemas visuales. En este caso también ha resultado adjudicataria la empresa Maracof entre las diez ofertas presentadas a la licitación pública y la inversión total supera el millón de euros (1.063.838,03).

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los andaluces. Para alcanzar este objetivo, la futura ley promoverá la construcción de viviendas a precio asequible, tanto en venta como en alquiler.

El Proyecto de Ley, que se ha sometido previamente a un importante proceso de diálogo y participación con el sector y con agentes sociales y económicos, incorpora buena parte de las medidas urgentes en materia de vivienda adelantadas con la aprobación, en el mes de febrero, del Decreto ley 1/2025, que ponía el foco principalmente en poner todo el suelo urbanizable disponible para la construcción de viviendas protegidas.

Así, el Proyecto de Ley recoge un abanico de iniciativas para el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible. Además de las líneas del decreto-ley, se creará la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Asimismo, se apostará por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones…) con ese mismo objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

La futura Ley de Vivienda de Andalucía buscará el equilibrio de la oferta en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, el Proyecto de Ley pretende optimizar la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos o de los promotores privados.

También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. Del mismo modo, pondrá el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.

El Proyecto de Ley también tendrá un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. En esa línea, se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La futura norma establece, de hecho, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.

Estas son algunas de las líneas de un Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que ya había tenido un primer avance en febrero. La futura norma incorporará varias de las medidas urgentes del decreto ley ya en vigor, salvo aquellas que son de carácter temporal (cinco años), como la posibilidad de aumentar la densidad y la edificabilidad en parcelas si hay compromiso de que sean protegidas.

El Decreto ley afronta la falta de suelo disponible para vivienda protegida con acciones como permitir que solares con uso dotacional privado o edificios para alojamiento turístico u oficinas se puedan destinar a viviendas protegidas, o la creación de una bolsa de suelo para vivienda, que se diseña en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes para mostrar la disponibilidad existente para construir viviendas a precio asequible.

Por último, la futura Ley de Vivienda de Andalucía contribuirá a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente, ya que deroga cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018. De igual manera, ha sido objeto de debate en la Mesa del Diálogo Social en materia de vivienda, en cumplimiento de las Medidas sociales y económicas para el impulso de Andalucía recogidas en el Pacto Social y Económico de marzo de 2023.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, además de recoger actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de un total de 195,232 kilómetros de carreteras. En la N-433, las actuaciones comprenderán desde la frontera con la provincia de Sevilla (km 61) hasta la frontera con Portugal, a la altura de Rosal de la Frontera (km 150); mientras, en la N-435 las obras abarcarán el tramo desde el límite con Badajoz (km 104) hasta El Campillo (km 169).

Junto a las carreteras relacionadas, será objeto del contrato la rehabilitación del firme de la carretera N-435 en varios puntos entre los kilómetros 129,400 y 166.

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha formalizado el contrato que permitirá la ejecución del Plan Plurianual de Asfaltado 2025-2028, con el objetivo de mejorar el estado de las vías urbanas, reforzar la seguridad vial y garantizar un mantenimiento preventivo y correctivo de la red viaria del municipio.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa FIRCOSA DESARROLLOS S.L., tras un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con un presupuesto anual de 1.000.000 de euros (IVA incluido) y un valor estimado total de 3.636.363,63 euros. La duración inicial del contrato es de un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que “este plan plurianual responde al compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de nuestras infraestructuras, garantizando a los vecinos una red viaria más segura, moderna y adaptada a las necesidades de movilidad de una ciudad en constante crecimiento” “Los trabajos ya se han iniciado y confiamos en garantizar el buen estado y mantenimiento de nuestras calles para ofrecer a nuestros vecinos servicios de calidad”, señala Amat.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, ha explicado que la prioridad de este plan es la reposición asfáltica de diferentes calles y vías del término municipal, atendiendo tanto a necesidades de mantenimiento como a la recuperación de la capacidad estructural de la calzada.

Objetivo: más comodidad y seguridad

Además, cabe destacar que el tráfico que soporta el tramado viario de Roquetas de Mar, mayor aún en época estival debido a la afluencia turística del municipio, provocan un rápido deterioro de las características funcionales del firme, comenzando por la pérdida de adherencia y llegando hasta el agotamiento estructural del mismo. Todo ello tiene una repercusión directa sobre las condiciones de comodidad y seguridad de la rodadura, sin olvidar asimismo la mayor emisión de ruido que se produce, lo cual tiene a su vez un impacto directo sobre la salud y la calidad de vida.

El Plan contempla además medidas de control de calidad, seguridad laboral y buenas prácticas medioambientales para asegurar una ejecución sostenible y responsable.

• El delegado de Gobierno en Andalucía explica que los 21 millones extra se deben a la subida de precios de los materiales y descarta obstáculos

El delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado este miércoles que el incremento en 21,5 millones de euros del coste de las obras de integración de las vías del ferrocarril a su paso por la capital almeriense no va a suponer “ningún tipo de incidencia” en cuanto al desarrollo de los trabajos, que se mantendrán en plazo.

Ese coste “se va asumir y, por lo tanto, se van a respetar esos tiempos, que creo que es lo más importante en definitiva”, ha manifestado el delegado a preguntas de los medios en Viator (Almería) aunque sin aclarar a qué obedece la subida del coste de la obra, que se eleva en conjunto hasta los 187.299.973 euros, impuestos incluidos,

Fernández ha señalado que se trata de una obra con cierta “complejidad” al darse exclusivamente en suelo urbano. “Imagino que tiene una serie de incidencias, de servicios afectados o de mejoras”, ha dicho en relación a la decisión que se haya podido adoptar para “considerar desde el punto de vista técnico que hay que incrementar el presupuesto”.

En esta línea, ha asegurado que dicho aumento presupuestario, que se aprobó a favor de Sacyr Construcción SAU el pasado 9 de julio por parte de Adif como licitador de la obra, “tendrá la cofinanciación que ya viene establecida por parte de las tres Administraciones que están trabajando en la integración” a través de la sociedad Almería Alta Velocidad, que celebra reunión de su consejo de administración el próximo lunes.

El subdelegado de Gobierno ya avanzó a finales de agosto la reunión durante este mes del consejo de administración de AAV, toda vez que lo situó como foro en el que abordar los desarrollos vinculados a las obras del soterramiento, tanto en relación a la creación de nuevos espacios como a los suelos del antiguo ‘Toblerone’ para los que el Ayuntamiento de Almería propone un palacio de congresos, entre otros equipamientos.

Del mismo modo, emplazó a la reunión de este órgano para abordar los posibles usos de la estación histórica de ferrocarril, una cuestión por la que también se ha mostrado interesada la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, quien el pasado mes de mayo solicitó al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión al respecto aunque, por el momento, sin obtener cita.

“Es una cuestión que se abordará y se consensuará”, aseguraba por entonces el representante del Gobierno en relación a las manifestaciones de primera edil. No obstante, por el momento no ha trascendido si los desarrollos derivados del soterramiento, el uso de la estación histórica o el aumento del gasto en la infraestructura formará parte de las cuestiones que aborde el consejo de administración.

La conexión del embalse de La Colada y Sierra Boyera continúa paralizada y la que ha sido, hasta el momento, la última reunión a tres bandas entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la Diputación de Córdoba -representada por técnicos de Emproacsa- y la Junta de Andalucía ha concluido sin acuerdo alguno. Este encuentro, celebrado en la sede de la CHG en Ciudad Real, no ha servido para dar ningún paso adelante.

La Junta de Andalucía fue la institución que solicitó este encuentro con el fin de presentar y explicar las propuestas técnicas del modificado del proyecto de la conducción definitiva entre La Colada y la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera, documento que, actualmente, está siendo redactado por la empresa adjudicataria de la dirección de obra. Hay que recordar que fue la CHG la entidad que dio seis meses a la Diputación de Córdoba para modificar el proyecto el pasado 1 de agosto. La misma entidad, que depende del Ministerio de Agricultura, aseguró el 17 de julio que no iba a conceder el permiso para ejecutar las obras que la Junta de Andalucía ya había adjudicado por 9,3 millones de euros en octubre del año pasado.

Al término de este nuevo encuentro, el delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, ha reconocido que el resultado ha sido “desilusionante” porque “nos hemos encontrado con una postura poco colaborativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se ha limitado a reiterar lo ya expresado en ocasiones anteriores: consideran la obra ejecutada por emergencia como definitiva y emplazan a la Junta a presentar el modificado cuando lo estime oportuno, para resolverlo en el trámite administrativo correspondiente”.

Desde la Junta de Andalucía, ha continuado, “consideramos que esta actitud se aleja del espíritu de diálogo y de búsqueda de puntos de encuentro que deberían presidir la relación entre administraciones, especialmente en un asunto tan sensible como es el abastecimiento de agua a más de 80.000 vecinos del norte de Córdoba”.

Acosta ha señalado que “nuestro único propósito era abrir un espacio de consenso técnico que permitiera a la Confederación realizar aportaciones y pronunciarse sobre el modificado antes de su finalización, de manera que pudiéramos avanzar con seguridad y agilidad. Por desgracia, no ha sido posible, y se mantiene la misma actitud que ya hemos percibido en los últimos meses”.

Pese a ello, la Junta de Andalucía seguirá trabajando “con firmeza para que esta obra fundamental se lleve a cabo con todas las garantías y en el menor plazo posible”, ha indicado. El delegado ha recordado que “el agua no entiende de trámites administrativos ni de diferencias institucionales. Estamos hablando de un recurso vital y de la seguridad hídrica de nuestros pueblos, y no vamos a desistir en nuestro compromiso con la ciudadanía”.

“Sin voluntad de diálogo”

Por su parte, fuentes de la Diputación de Córdoba han señalado a El Día de Córdoba que durante la reunión “no ha habido voluntad de diálogo, ni predisposición a buscar puntos de encuentro técnicos por parte de la representación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana”.

Durante el desarrollo de la misma, tanto la Junta como la institución provincial han explicado las líneas del proyecto modificado, “mientras que la CHG se ha limitado a emplazar a una decisión posterior, que se dará cuando se presente el proyecto de forma oficial”, han subrayado.

La Diputación, han continuado las mismas fuentes, “ha llevado a la reunión para que se consideren propuestas para el proyecto que inciden en la mejora sustancial de las aguas. Se trata de cuestiones fundamentales a las que no podemos renunciar como gestores de un servicio de calidad que se debe prestar a los ciudadanos”.

• El Gobierno andaluz busca revertir el revés que supuso la paralización de los trabajos por parte del TSJA. La planta tratará las aguas residuales de unos 250.000 vecinos.

La batalla judicial por la construcción de la EDAR Norte de Málaga está servida. La Junta de Andalucía acaba de presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra la paralización de las obras de la planta depuradora.

Fuentes de la Administración regional han confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga el paso adelante dado por el Gobierno autonómico, con el que pretende contrarrestar los efectos del fallo emitido a finales del pasado mes de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dio al traste con el avance de los trabajos.

El alto tribunal andaluz estimó en su resolución un recurso previo de la asociación de afectados de Vega de Mestanza, anulando la resolución por la que fue aprobado el anteproyecto de esta infraestructura en la zona del Valle del Guadalhorce.

La primera reacción de la Consejería de Agricultura, responsable de la actuación, fue la de analizar en profundidad el fallo, así como la posibilidad de iniciar nuevos pasos judiciales. Y es justo lo que hace ahora la Administración regional.

Desde la Junta se viene advirtiendo desde hace años del efecto negativo que la no construcción de esta planta depuradora tendrá para el entorno y las arcas autonómicas, por cuanto trae consigo una importante penalización económica por parte de la Unión Europea.

En concreto, la ausencia de esta estación hace que se sigan vertiendo sin tratar al río Guadalhorce las aguas residuales de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Torremolinos, así como parte de Málaga capital, con una población cercana a los 250.000 habitantes.

Así lo apuntaron meses atrás desde la Junta, que recordaron que la penalización fijada por Europa por la falta de tratamiento de estos municipios asciende a unos 1,3 millones de euros anuales.

La principal discrepancia expresada por los vecinos afectados es la localización elegida por la Junta para implantar esta infraestructura. 

De manera concreta, aludieron al incumplimiento de varias normativas, a la falta de competencia del Gobierno andaluz para aprobar el proyecto de la depuradora y que los terrenos sobre los que se pretendía levantar la planta están en zona inundable. 

A ojos del TSJA, la decisión de la Junta de decantarse por la alternativa final, en lugar de las otras analizadas, se justifica en razones exclusivamente económicas.

La sentencia pone en valor las particularidades ambientales de la Vega, recordando su inclusión como parte del Corredor Biológico Mundial debido a su “alto valor ecológico”. Es por ello por lo que el juzgado entiende que el análisis medio ambiental “debió de extenderse a las otras alternativas con la misma intensidad”.

• La norma, que ha sido aprobada por el consejo de gobierno, apuesta por la colaboración público privada para impulsar el parque residencial
• Se contempla también la creación de un órgano de lucha contra la ocupación ilegal

La futura Ley de Vivienda que ya tramita la Junta de Andalucía posibilitará la construcción de 40.000 viviendas en la comunidad autónoma. Al menos eso se desprende lo dicho por la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno.

Rocío Díaz ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno que esta norma que ha iniciado sus trámites , implicará la posible construcción de viviendas asequibles a partir de las bolsas de suelo ofrecidas por los municipios mayores de 100.000 habitantes, una posibilidad contemplada en el Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda.

Díaz ha explicado que en estos momentos son 49 los municipios inscritos para un cambio de uso del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, aunque ha puntualizado que «sabemos que hay más» por cuanto ha esgrimido que entre los trámites exigidos «se requiere un acuerdo de Pleno», para seguidamente apuntar que «hay suelo para construir casi 40.000 viviendas».

Los municipios acogidos, mayores de 100.000 habitantes, representan una población de más 4 millones de habitantes, según ha explicado la consejera, quien ha afirmado que el terreno ofrecido son 630 bolsas de suelos y representan 1,3 millones de metros cuadrados, 136 hectáreas.

«Es una buena noticia, pero no nos podemos parar aquí», ha apuntado la consejera de Fomento, quien ha informado de que el Decreto-ley 1/2025 establece un plazo de un año, que expira en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse a ese cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas.

n este punto ha asegurado que el Gobierno andaluz trabaja en la presentación de un portal informático sobre las bolsas de suelo para vivienda protegida mientras que ha defendido que «esta avanzadilla», en referencia a las previsiones del Decreto-ley 1/2025, «ha calado», por cuanto ha blandido «el respaldo de numerosos ayuntamientos que se han adherido a este Decreto-Ley».

Otro aspecto del que ha informado la consejera de Fomento ha sido los cuatro proyectos estratégicos sobre vivienda que en estos momentos estudia la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), iniciativa que también se contemplaba en el Decreto-ley 1/2025.

Con la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía Rocío Díaz ha defendido que «el objetivo principal es poner todos los medios a nuestro alcance para facilitar suelo», al tiempo que ha sostenido que la política pública de vivienda «no es un campo de batalla ideológico», antes de afirmar que «es un derecho».

La futura norma establece, de hecho, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.

Así, el Proyecto de Ley recoge un abanico de iniciativas para el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible. Además de las líneas del decreto-ley, se creará la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

Asimismo, se apostará por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones…) con ese mismo objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

La futura Ley de Vivienda de Andalucía buscará el equilibrio de la oferta en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, el Proyecto de Ley pretende optimizar la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos o de los promotores privados.

También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles, con la constitución de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía, que incentive, por ejemplo, la industrialización en la construcción de viviendas. Del mismo modo, pondrá el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica.

• Las obras, por un importe de 244.485,92 euros y una duración de 4 meses, mejorarán la accesibilidad y ordenarán las alineaciones

La transformación de una de las calles más anárquicas del distrito Casco Antiguo. El Ayuntamiento de Sevilla prepara una transformación significativa de la calle Santa Vicenta María. Esta vía, que conecta Virgen de los Buenos Libros con Alfonso XII será sometida a una importante mejora. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha adjudicado los trabajos a la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense por un importe de 244.485,92 euros.

La obra, con un plazo de ejecución de cuatro meses, se centrará en una superficie aproximada de 900 metros cuadrados y tiene como objetivo principal la mejora de la accesibilidad peatonal y la ordenación de las alineaciones de este viario. La intención es convertir la calle en un lugar cómodo, tanto de paso como de estancia, mejorando su conectividad con el entorno.

Un antes y un después para la accesibilidad y el pavimento

Actualmente, la calle Santa Vicenta María, presenta importantes deficiencias. Ninguno de sus acerados cumple con la normativa de accesibilidad, y en su extremo sur carece de acera junto a la Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC. La calzada exhibe adoquines de granito de Gerena muy irregulares, y los acerados están pavimentados con losas hexagonales de terrazo deteriorado y con numerosos hundimientos. Además, la banda de aparcamiento en cordón del lateral oeste dificulta la visibilidad y el paso peatonal.

La propuesta abordará estas problemáticas mediante la demolición de los pavimentos existentes y su completa renovación. Se contempla una plataforma única en todo el viario para garantizar la comodidad en momentos de alta afluencia peatonal, dada su ubicación en el centro histórico. Para la calzada, se reutilizará el adoquín de Gerena con una corriente central de granito rosa Monforte, solución ya adoptada en otras calles como Zaragoza; mientras que los acerados se delimitarán con bordillos de granito gris y baldosas de terrazo hexagonal con el logo del ayuntamiento. Las zonas de veladores tendrán solería de granito gris Quintana, y los pasos de peatones se ejecutarán con adoquín de piedra caliza y pavimento podotáctil de granito rosa Monforte para personas con deficiencia visual, cumpliendo con la normativa de eliminación de barreras urbanísticas.

Nuevas soluciones para aparcamiento e infraestructura

Una de las actuaciones más destacadas será la eliminación de la banda de aparcamiento en cordón del lateral oeste, que será sustituida por una nueva línea de aparcamiento junto a la alineación de naranjos existentes. Esta nueva zona podrá compartirse con tareas de carga y descarga o aparcamiento de motos, permitiendo establecer itinerarios peatonales accesibles en ambas márgenes del viario.

En cuanto al arbolado, se conservarán seis de los siete naranjos existentes y se realizará el trasplante de uno de ellos al extremo sur de la línea para crear espacio para una nueva farola, resolviendo así el problema de apantallamiento del alumbrado público nocturno.

El proyecto también incluye una mejora integral de las infraestructuras. Se instalarán nuevos imbornales en el eje de la calzada para el saneamiento, y aunque las redes de saneamiento y abastecimiento actuales se encuentran en buen estado, se propone la instalación de una tubería de riego para extender el servicio de baldeo en esta parte del distrito Casco Antiguo.

El alumbrado público será completamente renovado y reforzado, ya que el actual alumbrado mural es muy reducido, especialmente en la fachada este. Se colocarán nuevas luminarias sobre columnas, situadas en el eje de los naranjos, y se eliminarán dos cruces aéreos de calzada.

Finalmente, la calle será dotada de nuevo mobiliario urbano, incluyendo cubrealcorques de material reciclado, papeleras homologadas y señalización vertical.

“Con todas estas actuaciones, se busca mejorar la calidad paisajística y ambiental, generar un espacio inclusivo sin barreras arquitectónicas y reforzar la seguridad de los transeúntes”.

• La remodelación durará diez meses y será realizada por Fonsan Gestión y Construcción

Una modernización para el atraque de cruceros, yates y megayates. La Autoridad Portuaria de Sevilla ha adjudicado a la empresa Fonsan Gestión y Construcción S.L. la realización de la adaptación del muelle de las Delicias a nuevos usos con un presupuesto de adjudicación de 3.023.910 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de diez meses.

Uno de los principales objetivos de los trabajos es la modernización del muelle de las Delicias para prolongar 50 años más su vida útil. Los trabajos contemplan la adaptación y refuerzo de esa zona de la ciudad para facilitar el atraque, no solo de cruceros, sino también de yates y megayates, un sector del negocio impulsado por la institución portuaria. La actuación incluye la rehabilitación de los daños ocasionados por la corrosión en losas y vigas situadas en el cantil; la protección mediante pintado de las superficies de hormigón; y la reparación de juntas. Durante los diez meses de las obras, el muelle permanecerá operativo y en funcionamiento, por lo que la planificación de las obras se coordinará con las escalas de cruceros y a la oferta cultural, de ocio y gastronómica.

En paralelo, la Autoridad Portuaria acomete también la mejora de los accesos, zonas verdes e iluminación del muelle de las Delicias con el objetivo de aumentar su atractivo y uso por parte de la ciudadanía. Entre otras medidas, ha dispuesto una pasarela de madera entre la arboleda y vegetación de la avenida Santiago Montoto para ofrecer nuevas zonas de sombra al peatón. Asimismo, está reforzando el paseo peatonal del muelle con ocho pérgolas, también de madera, situadas en paralelo al vallado, y ha dispuesto una pasarela de tarima para facilitar el acceso sur, situado junto al Acuario de Sevilla. Respecto a la vegetación, ha reforzado las zonas verdes con especies autóctonas aportadas por la Diputación de Sevilla, entre ellas, especies arbustivas como la lavándula, teucrium, plumbago y romero.

La modernización de esa zona portuaria de atraque tiene un coste de tres millones

El muelle de las Delicias fue construido por la Junta de Obras de la Ría del Guadalquivir y del Puerto de Sevilla en los años 30 del siglo pasado. Desde su puesta en marcha, esta infraestructura ha experimentado numerosas transformaciones, siendo su uso original el de movimiento de mercancías y conectando con los muelles de Nueva York y Tablada. El muelle fue encargado a la Sociedad Construcciones Hormaechea y fue la segunda obra en importancia durante este periodo, tras la corta y muelle de Tablada. Tras mantener su uso como muelle para mercancía general durante más de 60 años, en los años 90 se planificó un cambio de usos, también portuarios, pero enfocados al atraque de cruceros. En concreto, en julio de 1994, con la aprobación del Plan Especial del Puerto, se planeó la urbanización del muelle de las Delicias para usos terciarios, ocio y servicios; abriendo el muelle a la ciudad y favoreciendo su acercamiento.

Hoy en día, el Muelle de las Delicias cuenta con una terminal de cruceros construida con 46 contendores high cube reciclados y dispone de aparcamiento subterráneo, locales de restauración, zonas ajardinadas y un acuario. Además, por su ubicación estratégica próxima al centro de la ciudad, es un escenario adecuado para la celebración de actividades culturales, deportivas, de ocio, entre otras áreas de interés de para la ciudadanía.