El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que el convenio remitido por el Ministerio de Transición que exige a los regantes de la Costa Tropical un aval de casi ocho millones para llevar a cabo el desglosado tres de las canalizaciones de la presa de Béznar-Rules, es solo un borrador sobre el que se puede negociar y debatir. Una aclaración que llega después de que la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo mostrase su malestar por las condiciones reflejadas en el escrito para poder llevar a cabo dicho tramo del proyecto.

Fernández ha explicado a preguntas de los periodistas que el documento que han recibido los regantes de Guadalfeo de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), es un borrador sobre el convenio para gestionar la financiación de esta infraestructura hidráulica.

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo representa a 48 comunidades de regantes de la Costa Tropical; sin embargo, las obras de este tramo afectan a 24 comunidades cuya superficie asciende a 3.350 hectáreas. El desglosado 3 se entronca con el ya en construcción, el desglosado 9, y será el encargado de llevar el agua a Almuñécar, La Herradura y el valle del Río Verde, una de las zonas que más padece la sequía en la Costa.

Sobre el aval que se recoge en el documento, el delegado del Gobierno en Andalucía ha señalado que es la forma “normal” de trabajo de ACUAES con las comunidades de regantes y ha incidido en que, como borrador, existe la posibilidad de discutirlo y resolver las dudas que existan.

“Hay una mesa en la que se sientan a dialogar y ACUAES ya pidió saber de qué cuestiones hablar con los regantes”, ha recordado a la vez que insiste en plantear ese tema y cualquier otro en la mesa técnica.

Fernández ha asegurado que ACUAES está a la espera de conocer las dudas y consideraciones sobre el borrador del convenio para que se pueda firmar, ya que es un requisito para que avancen las canalizaciones de agua desde la presa.

Desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo han explicado a este periódico que tras recibir el borrador del convenio lo remitieron a su gabinete asesor para que estudiase los distintos puntos a tener en cuenta, y que tras conocer algunas cuestiones que les ha causado sorpresa por no tratarse en las reuniones previas mantenidas en Madrid, esta misma semana mantendrán una reunión con la representación de los regantes y posteriormente remitirán el borrador al Ministerio con todas sus inquietudes.

El aval no es el único punto que no ha gustado a los regantes, en el documento, al que ha tenido acceso Granada Hoy, se plantea la creación de una mesa de trabajo formada por dos vocales de ACUAES, uno de la Junta y otro de la Comunidad; o la necesidad de solicitar el 50% del presupuesto total a una entidad bancaria a devolver a 25 años, por lo que habría que sumar a la cantidad final los intereses bancarios.

Desde los regantes recalcan que llevan mucho tiempo reclamando esta infraestructura y que no se van a dar por vencidos, ni van a permitir que se dé un paso atrás en la construcción de las canalizaciones ahora que por fin han comenzado. “No vamos a permitir que se haga una obra que no beneficie a los regantes por su alto coste”.

• El contrato actual será resuelto tras la paralización de las obras por causas ajenas a la Junta de Andalucía

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado que procederá a licitar un nuevo contrato para continuar con la construcción del Consultorio Local de Santiponce, después de que la empresa adjudicataria solicitara la resolución del acuerdo vigente debido a la suspensión prolongada de la obra.  

“Las obras del Consultorio Local de Santiponce se iniciaron el 14 de junio de 2023, tras formalizarse un contrato con la empresa adjudicataria por importe superior a 3,2 millones de euros”, ha dicho la consejera de Salud, Rocío Hernández.  

Sin embargo, la ejecución de la obra tuvo que ser paralizada debido a la detección de un cable de media tensión que ocupaba el terreno donde se estaba edificando, lo que imposibilitaba su continuidad sin riesgo para los trabajadores.  

Hernández ha explicado que esta situación “se produjo de forma ajena a nuestra responsabilidad, ya que los datos que nos aportó la distribuidora estaban equivocados a causa de que, como se demostró posteriormente, desconocía el trazado real de la línea y remitió una planimetría errónea supuestamente contrastada”.  

No obstante, el encargo de las obras de desvío tuvo lugar a través del Acuerdo Marco de Obras por la Central Provincial de Compras el pasado octubre de 2024 y “ya se encuentran finalizadas”, ha asegurado la consejera.  

Por otro lado, la empresa adjudicataria de las obras del consultorio solicitó el 9 de abril de 2024 la resolución del contrato, acogiéndose al artículo 245 de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a la suspensión de la obra por un periodo superior a ocho meses. “Se está tramitando dicha resolución, a pesar de nuestros intentos para retomar la negociación”, ha lamentado Hernández.  

Ante esta circunstancia, será necesario tramitar un nuevo contrato para la ejecución de las obras, lo que implica necesariamente una nueva licitación. Aun así, la consejera ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la localidad: “Nuestro objetivo es que dispongan lo antes posible de un consultorio acorde a sus necesidades, por lo que le aseguro que estamos muy pendientes de esta situación para sacar a licitación la obra en el momento en el que se resuelva el contrato actual”, ha afirmado.

La Diputación de Jaén invertirá más de 1,2 millones de euros en la adecuación de la JA-7201, carretera que comunica Huesa con la población de la Estación de Quesada. Estos trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, supondrán la reforma integral de casi seis kilómetros de esta vía, según ha explicado este miércoles el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, durante la presentación de este proyecto en la que también ha participado el alcalde hueseño, Ángel Padilla.

“Hablamos de otro ejemplo más del compromiso que mantiene la Administración provincial con los casi 1.500 kilómetros de carreteras de nuestra provincia”, ha afirmado Reyes, que ha estado acompañado por el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea. Los trabajos consistirán en la mejora de la totalidad del firme, que se encuentra “estructuralmente agotado”, así como de los accesos públicos existentes.

De igual forma, se construirá una nueva cuneta triangular y se renovará la señalización tanto horizontal como vertical, además de los captafaros, hitos kilométricos y las barreras metálicas de seguridad. “Llegar hasta el último rincón de la provincia y que las personas cuenten con infraestructuras dignas es nuestro principal cometido”, ha señalado el presidente de la Diputación, quien ha recordado la inversión de 23 millones de euros prevista en 2025 en materia de carreteras.

En este sentido, Reyes ha destacado el “esfuerzo complementario de más de diez millones en este año que permite actuar en estas vías de comunicación provinciales que son fundamentales para el desarrollo de los territorios”.

Por su parte, el alcalde ha valorado la labor emprendida por la Administración provincial en el acondicionamiento de las infraestructuras viarias de su titularidad que permite “garantizar la fijación de la población al territorio, así como el desarrollo socioeconómico en los pueblos“. “Desde el Ayuntamiento de Huesa queremos dar las gracias, una vez más, a la Diputación por ese trabajo incansable para hacer realidad las necesidades de los núcleos rurales”, ha manifestado Padilla.

• La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha señalado la importante inversión de 13,7 millones de euros desde 2020

La Junta de Andalucía ha señalado la importante inversión realizada en la modernización del Hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda (Jaén), con más de 13,7 millones de euros desde 2020. Así lo ha indicado este miércoles la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, en comisión parlamentaria, según ha informado el Gobierno autonómico.

• Se espera que una vez operativa la ampliación de la línea 2 de metro facilite más de 4,7 millones de viajes adicionales

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Junta de Andalucía han firmado un préstamo de 150 millones de euros para financiar la ampliación de la línea 2 del Metro de Málaga entre las estaciones de Guadalmedina, en el centro de la ciudad, y la futura estación del Hospital Civil.

El proyecto comprende la construcción de 1,8 kilómetros de infraestructura subterránea y tres nuevas estaciones de metro, según ha informado el BEI en un comunicado.

Se espera que una vez operativa la ampliación de la línea 2 de metro facilite más de 4,7 millones de viajes adicionales al año en la red de metro de la ciudad.

l BEI ha señalado asimismo que la operación favorecerá el uso de transporte público en detrimento del vehículo individual, y contribuirá a reducir los tiempos de los desplazamientos en la ciudad, la congestión en el tráfico y la polución atmosférica.

La operación está alineada con la política de financiación del transporte sostenible del BEI y contribuye de forma significativa a la acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental, una de sus ocho prioridades estratégicas para el periodo 2024-2027, consolidando así su marca como Banco del Clima de la UE, ha explicado.

La renta per cápita de Andalucía se sitúa por debajo de la media de la UE, por lo que la operación contribuirá a su vez al fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial de la UE, según el BEI.

El personal de la delegación de Hacienda en Málaga no está especialmente contento con la deriva de las obras en el edificio que era su sede y oficina hasta que en 2019 les repartieron a todos por distintos espacios alquilados mientras se ponían solución a los múltiples deficiencias estructurales del inmueble.

En un documento presentado por la Junta de Personal de la Agencia Tributaria en Málaga y remitido al secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, denuncian que cuando se les anunció que tendrían que salir del edificio se les anució que sería para siete años, pero que seis años más tarde aún no ha empezado la obra, más allá de la redacción de proyectos y la demolición de espacios interiores. La Gerencia de Urbanismo concedió la licencia de obras en el verano de 2023.

“Durante las más de 1.550 jornadas laborales solo se han realizado dos actuaciones“, destacan, además denuncian que han sido “siete años de ausencia de transparencia y con avances mínimos en el proceso de ejecución y finalización de la obra, prevista con holgura para siete años”.

Además señalan que en abril de este año deberán comenzar a prorrogar los contratos que firmaron para siete años con las oficinas en las que se encuentran. En caso de que finalicen en 2028 las obras –lo que supondrían tres de prórroga– el gasto en alquileres se elevaría a 22 millones de euros.

Atendiendo a estas cuentas y a los más de 28 millones que figuran en el proyecto como inversión prevista –a falta de que se adjudique– “creemos que la movilización de 50 millones de gasto público debe servir para algo más que para proyectar espacios de trabajo en un edifico de oficinas sin considerar el facto humano”, consideranto que los cambios “reducirán la productividad por distracción y disconfort”.

Además, apunta que cada año que se prorrogue los alquileres supondrán al ente público un gasto de 2,2 millones de euros. “Creemos que hoy, a un año vista del comienzo de la obra, podríamos estar haciendo uso del edificio sin menoscabo de la seguridad y en las mejores condiciones laborales”, dicen en su escrito al presidente de la Agencia Tributaria, a la vez que le achacan que en los seis años que lleva en el cargo ha tenido “tiempo suficiente para que con una gestión prudente y ágil se hubieran realizado todas las actuaciones necesarias para tener finalizada las obras“.

Además, piden que se adopten “las medidas necesarias para que la ejecución de la reforma no se dilate más en el tiempo“, pero también le instan a que se ponga a disposición de la Junta de Personal el proyecto y se puedan efectuar “las alegaciones que consideramos oportunas” para efectuar cambios.

Con los cambios ahora planteados, indican, se eliminan 100 despachos “saludables“, se reduce “en un 40% las plazas de garaje y no ubica el salón de actos en el semisótano, permaneciendo en la tercera planta”.