Uno de los recursos estrella de esta norma serán las citadas zonas prioritarias, que podrán ser barrios o municipios completos en los que se tomarán “todas las medidas que sean posibles” para “contrarrestar” la pérdida de población y el abandono que sufren algunos inmuebles, que empiezan a quedarse vacíos por su antigüedad. La Junta se esforzará, como ha adelantado Díaz, en que todo este parque se actualice y regresen las familias: “Será una manera de darles una nueva vida a los barrios”, ha esbozado.
El coloquio ha tenido lugar en el Real Círculo de la Amistad ante un auditorio lleno. Entre los asistentes estaban el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y el director general de Grupo Joly, Tomás Valiente.
Tajante contra la Ley de Vivienda del Gobierno central
Las áreas prioritarias surgen como contraposición a las zonas tensionadas que incluye la Ley de Vivienda del Gobierno central, contra la que la consejera se ha mostrado muy crítica por el intervencionismo que supone a la hora de regular los precios. Ha incidido en que Andalucía no las aplicará y ha puesto como ejemplo Cataluña, donde este recurso ha tenido un efecto contrario al que perseguía, pues “están subiendo los alquileres y el precio de la venta”.
La Ley de Vivienda de Pedro Sánchez -ha insistido- “nació sin consenso con las comunidades autónomas ni con el sector, pero sí estuvo apoyada por los grupos más radicales del arco parlamentario”. A su juicio, se trata de una norma “intervencionista que está retirando viviendas del mercado”, con efectos contrarios a los propósitos que perseguía y que está ocasionando problemas a las familias vulnerables y a los jóvenes, “incapaces de encontrar una vivienda que puedan pagar para poner en marcha su proyecto de vida”. Al mismo tiempo, ha lamentado que está ocasionando inseguridad jurídica a los pequeños propietarios, que “tienen miedo a que sus inquilinos les dejen de pagar el alquiler y se conviertan en inquiocupas“.
Por el contrario, la consejera ha defendido que está “absolutamente centrada” en resolver el problema de la vivienda asequible, que ha situado como un asunto “prioritario” para el gobierno de Juanma Moreno y que “también debería serlo para Pedro Sánchez, pero no lo es”. Como muestra, ha destacado que en 2025 su Consejería contará con un presupuesto de 526 millones para promoción de vivienda y 300 millones para incentivos fiscales, lo que suma 800 millones de euros; esto supone un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior y duplicar la cuantía con respecto al último presupuesto del PSOE en la Junta.
Plan de choque para poner en carga 20.000 viviendas
De manera paralela, Rocío Díaz ha recordado que la Junta prepara un plan de choque que se pondrá en marcha “en cuanto técnicamente sea posible” con una serie de “medidas excepcionales” que persiguen poner en carga 20.000 viviendas en suelo dotacional y terciario que no sea de uso sanitario ni educativo para destinarlas al alquiler asequible. La consejera ha explicado que la futura norma permitirá, por ejemplo, que edificios comerciales que ahora se encuentra en desuso, “como un gimnasio”, se transformen en viviendas.
Al mismo tiempo, ha recordado los esfuerzos de la Junta de Andalucía para fomentar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), con medidas como el incremento del precio del módulo, porque “necesitamos hacer atractiva la construcción de VPO entre los promotores“. En este sentido, la consejera ha reivindicado la colaboración público privada y los “continuos diálogos” con el sector para lograr incrementar el parque, “tan necesario para que bajen los precios”. En este apartado, ha sido especialmente crítica con el Gobierno central, pues el Tribunal Constitucional ha anulado tras el recurso presentado por la Junta de Andalucía los artículos referentes a vivienda protegida, al entender que se extralimita porque es competencia autonómica.
De otra parte, ha destacado el Programa 6 del Plan Eco Vivienda, encaminado a construir en suelo público vivienda asequible en alquiler, y ha reivindicado la inversión en rehabilitación, pues ha recordado que Andalucía cuenta con un parque envejecido, que ronda los 40 años. En este sentido, Díaz ha puesto en valor el paquete de medidas lanzado por su departamento, con 500 millones para hacer posible la rehabilitación y que los pisos “sean mucho más sostenibles y mejoren la eficiencia energética”. Hasta el momento, la Junta ha actuado en 80 barriadas de 25 municipios andaluces y más de 10.000 viviendas, entre ellas las del Parque Figueroa, en Córdoba capital. “¿Es suficiente? Seguramente no, pero nos hemos puesto a analizar seriamente dónde están los problemas”, ha reflexionado la dirigente autonómica.
El foro también ha abordado los problemas surgidos con el pago del bono del alquiler joven en Andalucía. Rocío Díaz ha excusado que la tramitación ha sido “farragosa”, pues el Gobierno central “no dio las herramientas necesarias”. “No se pusieron de acuerdo con las comunidades, lo sacaron adelante sin contar con nosotros y por eso ha pasado lo que ha pasado”, ha explicado la consejera, quien ha recordado que ha solicitado dos medidas a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Una es que habilite una herramienta informática “única” y otra es una partida presupuestaria para contratar personal para la tramitación. “Pero, de nuevo, no hemos sido escuchados y no nos han dado solución a los problemas planteados, por lo que haremos lo que esté en nuestra mano para ser lo más ágiles posibles”, se ha comprometido.
Los efectos de la DANA
La consejera ha aprovechado la ocasión para enviar el pésame a los familiares y amigos de las víctimas de la DANA, que ha calificado como una “absoluta tragedia”. Aunque las consecuencias del temporal en Andalucía no han sido ni mucho menos como en Valencia, ha recordado que para su Consejería ha sido “una semana complicada” por los problemas surgidos en distintas provincias andaluzas, con más de 300 incidencias en la red viaria.
Precisamente, el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta semana un paquete de medidas con un presupuesto de 75 millones de euros para paliar los daños, de los que 11 se destinarán a la reparación de una decena de carreteras. Díaz ha dado las gracias a los 36 equipos de conservación, que “han estado sin dormir y haciendo turnos para que las afecciones fueran las menos posibles e intentar recuperar la movilidad cuanto antes”.
Actualmente, siguen cerradas al tráfico tres carreteras de la red autonómica: una en Málaga, que se abrirá en cuanto baje el agua que ahora la mantiene anegada; otra en Córdoba y la última en Almería. Esta última, la variante de Serón (A-334), será la “más compleja” de arreglar, pues las lluvias se llevaron 30 metros de sección y hay que establecer un desvío alternativo que obligará incluso a hacer expropiaciones. El objetivo es construir un puente de un solo vano, así como subsanar otros daños como un deslizamiento de talud en el kilómetro 33,7 y la rotura de la vía de servicio del margen izquierdo del kilómetro 43,5.
En el caso de Córdoba, el desprendimiento de rocas sobre la calzada en el kilómetro 5 de la carretera autonómica A-421, entre Villafranca de Córdoba y Adamuz, obligan a una actuación de emergencia, mediante el saneo controlado del talud, su protección mediante un sistema de estabilizado formado por red de cables y la reposición de elementos de seguridad, cunetas y firme.
Pendiente del convenio de la Variante Oeste
Ya en clave local, la consejera de Fomento ha repasado algunos de los proyectos que su departamento impulsará en Córdoba próximamente. Uno de los principales es la Ronda Norte, infraestructura con un coste total de 35 millones de euros y que cuenta con una primera partida de dos millones en el presupuesto autonómico de 2025. Díaz ha destacado que esta obra será “fruto del diálogo continuo y constante” con el resto de administraciones y con los propios vecinos, pues ha asumido que “no es un proyecto fácil”.
Otra de las “grandes iniciativas olvidadas” que se encuentra incluida en su agenda es la Variante Norte. La Junta y el Ministerio la desbloquearon recientemente tras 14 años de espera, y Díaz ha recordado que la Junta asumirá un tramo, mientras que el Gobierno central se ha comprometido a la segunda fase. La consejera no ha querido concretar cuándo se firmará el convenio, aunque ha confiado en que “cuanto antes haya nuevas noticias”. “Confiamos en que la voluntad sea real y que el Ministerio asuma su parte”, se ha dirigido a Óscar Puente.
Al ministro, precisamente, ha apremiado a fechar las comisiones técnicas acordadas tras una reciente reunión en Granada en la que tuvo la oportunidad de presentarle los proyectos pendientes en cada una de las provincias de Andalucía. En el caso de Córdoba, aparte de la citada variante, continúan pendientes el desdoble de la carretera N-432 para convertirla en la autovía Badajoz-Córdoba-Granada y el metrotrén, como se ha referido al tren de Cercanías que recorre los municipios de la Vega del Guadalquivir y hace varias paradas en la capital. Díaz ha instado al Gobierno a que lo declare de interés público para ampliarlo a las localidades que lo esperan desde hace años y a poner en marcha los apeaderos que estaban previstos en el Parque Joyero y en la avenida de Fátima.
La consejera también se ha preguntado “qué pasa” con el baipás de Almodóvar y con el corredor central. En este sentido, ha reclamado “con datos objetivos” la inversión que “le falta a Andalucía”, que la Administración de Juanma Moreno cifra en 1.522 millones de euros al año. “Con todo este dinero -ha expuesto la consejera-, se podría por ejemplo arreglar el firme de los 1.500 kilómetros de carreteras autonómicas que tenemos, pero no podemos hacerlo por la infrafinanciación que sufrimos”.