El Ayuntamiento de Huelva saca a licitación, por una cuantía de 1.992.156 euros, la redacción del proyecto constructivo que defina las obras de reforma integral del edificio grande de la Casa Colón, sirviendo como base para ello el anteproyecto de actuaciones en la Casa Colón redactado por el estudio de arquitectura Sethis.  Se trata de contratar el equipo técnico para la redacción de proyecto y estudio de seguridad, así como dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras. El Consistorio se ha propuesto habilitar el emblemático edificio como parte integrante de la propuesta turística El Legado Británico y posibilitar en el mismo el alojamiento de espacios expositivos y de difusión del valor histórico de dicho legado británico de la ciudad.  Las empresas interesadas tienen hasta el 11 de noviembre para presentar sus propuestas. El periodo estipulado de ejecución son tres meses.

La denominada Casa Grande es el edificio principal del conjunto arquitectónico, inaugurado en 1883 como Hotel Colón, que está conformado además por dos pabellones (Levante y Poniente) y el Palacio de Congresos construido posteriormente en el solar del desaparecido Pabellón Norte, donde estaba el salón comedor. La Casa Grande tiene planta en forma de H y cuenta con semisótano, planta baja, planta principal y una torrecilla que se eleva sobra el ala oriental, compuesta a su vez por un sotabanco y un mirador.

El Gobierno insiste en que el proyecto el aeropuerto Cristóbal Colón “no reúne las condiciones que establece la normativa para que un aeropuerto pueda y deba ser considerado de interés general, ya que no se cumplen actualmente”, toda vez que ha señalado que “la eventual infraestructura aeroportuaria proyectada en Huelva no existe hoy en día, se trata de un proyecto que no ha sido autorizado hasta la fecha”.

Así ha respondido el Gobierno a varias preguntas formuladas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. El ejecutivo aclara, en primer lugar, que “la eventual infraestructura aeroportuaria proyectada en Huelva no existe hoy en día, se trata de un proyecto que no ha sido autorizado hasta la fecha por el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible”. Al respecto, apunta que la situación de este proyecto “difiere, por tanto, de la de aeropuertos ya construidos y en funcionamiento, cuya autorización, certificación y apertura al tráfico fueron emitidas en su día bajo la legislación que en cada momento estuviera en vigor”.

En este sentido, el ejecutivo remarca que “teniendo en cuenta que todavía no cuenta con la autorización de establecimiento”, en el caso del proyecto de aeropuerto en Huelva, cuya declaración como de interés general se produjo en 2009, “se ha reevaluado el cumplimiento, a fecha de hoy, de las condiciones establecidas en la normativa”.

Así, en la respuesta, el Gobierno indica que tras dicho análisis, “se ha constatado que las condiciones que establece la citada norma para que un aeropuerto pueda y deba ser considerado de interés general no se cumplen actualmente“, por lo que “la decisión sobre si el proyecto ha de ser autorizado o no compete a la Junta de Andalucía, en virtud de su Estatuto de Autonomía”.

“Mantener la declaración de interés general a este proyecto de aeropuerto, no solo resultaría contrario a la normativa, sino que desvirtuaría el régimen competencial que establece la Constitución Española y el estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía y privaría a la Junta de la posibilidad de ejercer sus competencias plenas”, han subrayado.

“Tramitación más sencilla”

El pasado mes de julio, la subdelegada en Huelva, María José Rico, informaba de que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, daba “un importante paso para agilizar la tramitación del aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva” al quitar la calificación que mantenía hasta ahora como “de interés general”, por lo que asegura que “le va a dar a la Junta capacidad para decidir sobre esta propuesta”.

En ese entonces, Rico afirmaba que “de este modo estamos dando vía libre a una tramitación más sencilla, más ágil y más rápida, administrativamente hablando, tal y como viene demandando toda la provincia”, algo que valoraba como “una buena noticia para Huelva”.

“El Ministerio, en cumplimiento de la normativa de aplicación a la calificación de los aeropuertos civiles, ha analizado la inviabilidad de considerarlo como un aeropuerto de interés general, por considerar que no reviste actualmente las condiciones para mantener esta calificación que inicialmente se le dio. Por ello también va a suponer una ventaja de agilidad en lo que es la tramitación del mismo, por cuanto no se le van a exigir una serie de requisitos como se venía haciendo en caso de considerarlo interés general, como por ejemplo es el plan director”, destacaba la subdelegada.

Aeropuerto

Por otro lado, el pasado 25 de julio se presentó institucionalmente el Aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva donde se dio a conocer sus nuevos accionistas, la Caja Rural del Sur, Grupo AZVI y Avoris (Barceló), que mostraron su confianza en la viabilidad de esa obra de infraestructura, entendiéndola imprescindible para el ‘despegue’ de la provincia.

La propiedad del aeropuerto, originalmente formada por la Diputación Provincial de Huelva y la Cámara de Comercio, ha evolucionado con el tiempo. En 2015, Huelva Desarrollo y Progreso del Grupo Lyncis se unió como accionista, y en 2019, esta última adquirió el cien por cien del accionariado por indicación del Ministerio de Fomento.

Finalmente, los accionistas señalaron que el aeropuerto tiene capital privado “porque el Estado no ha querido hacerlo público” y Huelva “tiene el mismo derecho que el resto de España a tener aeropuerto”, al tiempo que apuntaron que “Huelva no tiene nada que ver con otros aeropuertos fallidos como el de Ciudad Real” y “en el peor de los casos, si falla el proyecto, el Estado es responsable subsidiario” pero “es mucho mejor que si se hace de forma pública”, por lo que creen que “no hay excusa” para que no sea de interés general.

Asimismo, explicaron que el aeropuerto tiene una inversión de cien millones de euros e iría ubicado en Gibraleón, colindando con Cartaya, algo que “han decidido los distintos ministerios” de seis alternativas planteadas, por “cuestiones ambientales”.

Colaboración

Por otro lado, el pasado 5 de septiembre, representantes del Gobierno, la Junta de Andalucía y de la sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón se reunieron para avanzar en el proyecto del aeropuerto. Para ello, han anunciado que, a petición de los promotores, ambas administraciones firmarán un convenio de colaboración para ayudar a desbloquear el avance de esta infraestructura –de capital completamente privado– que no estará lista a corto plazo, según han indicado desde la propia sociedad, que considera que debe ser “estratégico” para el Gobierno.

Así, el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señaló que el Ministerio ha acudido a la reunión para “tratar de aportar soluciones” y “para sacar adelante el futuro aeropuerto Cristóbal Colón”, que está sujeto a una declaración de interés general “que se hizo bajo una normativa distinta a la que posteriormente se modificó” y el Gobierno cree que “esa misma declaración es la que viene imposibilitando su propio desarrollo desde hace más de 15 años”.

Asimismo, destacó que el Ministerio de Transporte se ofrece a “acompañar en todo el proceso, tanto al promotor como a la Junta, para posibilitar que este aeropuerto salga adelante tanto en lo relativo a los servicios que tengan que prestar los distintos centros del Ministerio en el futuro aeropuerto como en el propio desarrollo del procedimiento”.

“Por parte del promotor se nos ha ofertado esa posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre las administraciones y el propio promotor, en el que se recojan estas voluntades. Veremos el convenio, veremos el texto y con la mejor de las voluntades y tratando de sacar adelante este proyecto nos pondremos a trabajar en ello”, ha remarcado.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas para los españoles. Los obstáculos para alquilar o comprar un lugar donde vivir no dejan de crecer. Bajo este panorama, los ciudadanos piden casas a precios asequibles. Para paliar esta situación, la Junta de Andalucía ha sacado a concurso una parcela en el municipio de Algarrobo para impulsar la promoción de 48 viviendas protegidas a través del sistema de permuta de suelos. Estas se ubicarán en una parcela que cuenta con una superficie de 4.217 metros cuadrados en Mezquitilla, que es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

En abril de 2023, la Junta activó los trámites para poner en marcha esta promoción urbanística. Respecto al terreno, este fue adquirido hace más de una década en un acuerdo entre la entidad pública y el consistorio. Las empresas interesadas podrán ofertar sobre el valor del suelo, con un precio de salida de 508.000 euros y hasta el máximo legal establecido. En beneficio de los compradores de las viviendas, los pliegos incluyen criterios sociales para valorar las ofertas, como la reducción del importe de arras o señal para la compra, la flexibilidad en el pago de la entrada y la reducción del precio de venta de las viviendas y anejos vinculados.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha visitado el solar donde se edificará esta promoción residencial, acompañada de la directora general de AVRA, Susana Cayuelas, y la alcaldesa del municipio, Natacha Rivas.

“El municipio está trabajando en 104 VPO”

La consejera de la Junta ha explicado que esta promoción del Algarrobo es “un buen ejemplo”, ya que se levantarán 48 nuevas viviendas protegidas en la localidad “después de una década de parálisis a través de la colaboración pública-privada”. Así, Díaz ha añadido que “el Gobierno de Juanma Moreno está empeñado en revertir la situación y en poner más viviendas asequibles en el mercado”. Respecto al lugar, la consejera ha destacado que la promoción se lleva a cabo “en una zona en la que, hasta ahora, solo se han construido viviendas en régimen de renta libre”.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, ha comentado que “el municipio está trabajando en un total de 104 VPO, de las cuales 28 ya han sido adjudicadas”. En este contexto, ha expresado que “el parque de vivienda protegida es una prioridad para el municipio y que la Junta ha mejorado las condiciones para los promotores, facilitando la construcción de estas viviendas. La licitación se realizará mediante un nuevo modelo de permuta, lo que hará que sea más atractivo para las empresas constructoras”.

“Esperamos que haya muchos licitadores y que pronto podamos adjudicar estas 48 viviendas, permitiendo que más familias de Algarrobo accedan a un hogar”, ha afirmado la alcaldesa. Rivas ha recordado que los interesados en acceder a estas viviendas, deben estar empadronados en el municipio y pueden inscribirse, o actualizar sus datos, en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el Ayuntamiento, la Tenencia de Alcaldía de Algarrobo-Costa o por sede electrónica. 

El plazo de presentación de ofertas de la convocatoria del suelo de Algarrobo se iniciará a partir de su publicación en BOJA y permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2025.

El precio de la vivienda, un problema

El problema de la vivienda ha persistido durante el tiempo, pero ahora se ha convertido en un tema de discusión cotidiano. En el último barómetro de opinión de la Fundación Centra publicado esta semana, el 8,7% de los andaluces consultados consideran el acceso y el precio de la vivienda cuando se les pregunta por el principal problema que existe actualmente en Andalucía. Esta cifra supone casi el doble que la registrada en el barómetro de junio, en el que el 4,7% de los andaluces señaló como problema más importante el acceso y los altos precios. Hace un año, sólo un 1,5% consideró que la vivienda, la vivienda cara, era el principal problema en Andalucía.

Los obstáculos para alquilar o comprar un lugar donde vivir no dejan de crecer. Es lo que percibe la sociedad y es lo que refleja una multitud de estudios e informes sectoriales, que avisan de un “sobreesfuerzo” para hacer frente al gasto del alquiler de una vivienda en los hogares con menores ingresos, entre los que destacan los formados por jóvenes, y en las zonas donde se concentra la actividad económica y turística, según explica un reciente informe del Banco de España.

Algarrobo espera generar 830 nuevas plazas de aparcamiento

Más aparcamientos para Algarrobo. El Ayuntamiento ha aprobado un Plan Municipal de Aparcamientos y de Movilidad Sostenible que permitirá, a priori, la creación de 830 nuevas plazas de aparcamiento. “Estas acciones buscan hacer de Algarrobo un municipio más accesible, seguro y sostenible, respondiendo a las necesidades actuales de nuestros vecinos y visitantes”, ha comunicado el Ayuntamiento.

Algarrobo, municipio de la Axarquía con un total de 6.773 habitantes censados, desarrollará un plan de aparcamientos que, se espera, —siempre y cuando se permita la implantación—, proporcionará unas 830 nuevas plazas, lo que es equivalente a un 12% del total de la población. Para satisfacer la demanda en diversas zonas del municipio, el plan incluye una serie de actuaciones estratégicas, algunas de estas requieren la colaboración público-privada, “con el fin de maximizar el impacto positivo”, ha asegurado el Ayuntamiento en un comunicado oficial.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Vivienda y Regeneración Urbana, va a iniciar la licitación para contratar el servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obras para la construcción de un edificio de viviendas protegidas en el distrito Centro. Se trata del proyecto para el impulso de diez nuevas viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de venta en la avenida de La Rosaleda.

El presupuesto base de licitación asciende a 98.706 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución es de seis meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución y el de la dirección de obras coincidirá con el de la obra, cuyo plazo se establecerá en la contratación de la misma, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

La parcela donde se llevará a cabo está promoción de cinco plantas, que se hará “íntegramente con recursos municipales”, según informa, es de propiedad de la Sociedad Municipal de Viviendas y tiene una extensión de 220 metros cuadrados.

Así, el Ayuntamiento de Málaga ha señalado que continúa con el cumplimiento del Plan de Vivienda y Suelo municipal para el periodo 2023-2027. Actualmente, se encuentran en construcción o promoción un total de 2.224 viviendas protegidas en distintos regímenes, de las 4.100 que prevé el Plan.

En concreto, 1.041 viviendas protegidas están en fase de construcción. De ellas, 1.006 se corresponden con la primera y la segunda fase de desarrollo del sector Universidad, en el que el Consistorio construye 476 VPO (financiadas en su mayor parte con fondos municipales: un 55,93% del total del coste de construcción) y otras 530 en colaboración con Lagoom Living, que resultó adjudicataria de un concurso público para la cesión de cuatro parcelas valoradas en más de 13,5 millones de euros y cuyas obras comenzaron en el mes de julio. Las 1.006 viviendas de Universidad estarán entregadas antes de que finalice el 2026.

Por otra parte, se encuentra en fase de adjudicación el concurso para la transmisión de 13 parcelas municipales en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, 606 y 562 viviendas respectivamente, para que los promotores privados construyan otras 1.168 viviendas protegidas y en distintos regímenes. Mediante este procedimiento, el Consistorio explica que obtendrá un mínimo de 135 nuevas viviendas terminadas que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

Además, el Ayuntamiento detalla que están a punto de finalizar las obras de las 35 viviendas que ha construido en régimen de venta en la avenida José María Garnica; y de comenzar las de las cinco viviendas previstas en calle Haití (distrito Cruz del Humilladero).

Por último, indica que también avanza en la contratación del proyecto para convertir 78 locales de los bajos de la promoción de Soliva en alojamientos para personas mayores o personas con movilidad reducida. Igualmente, el Ayuntamiento continúa con los trámites, por un lado, para la expropiación del edificio de la calle Mendizábal en el distrito Centro para dedicarlo, tras su rehabilitación, a alojamientos del mismo tipo; y por otro, para la construcción de otros 16 alojamientos en la calle Gómez Ocaña en el distrito Cruz del Humilladero.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la obtención de un suelo ubicado en la barriada de Soliva oeste en el distrito de Puerto de la Torre para la construcción de mil nuevas viviendas protegidas.

Esta actuación, según explica, se enmarca en la estrategia municipal de poner a disposición suelo para la construcción de vivienda protegida a precio asequible. En concreto, el importe de la cifra de suelo que está actualmente en marcha, puesto a disposición por el Ayuntamiento para la promoción de vivienda protegida, alcanza casi los 66 millones de euros.

El Ayuntamiento incide en que lleva construidas y entregadas 5.339 viviendas VPO desde el año 2000, de las que 2.549 son en régimen de alquiler y 2.790 son en propiedad, lo que ha supuesto una inversión de más de 500 millones de euros. 

Las aguas sépticas no son inodoras, ni incoloras ni insípidas. Estas características, nada inocentes, afectan de igual modo al medio ambiente y al ser humano, como integrante del medio que es. Las aguas residuales, repletas de materia orgánica e inorgánica indeseadas, contaminan los acuíferos, los ríos y los estuarios, afectando a los ecosistemas. Si son abundantes, los vertidos sin tratar pueden matar especies vegetales, peces y otros vertebrados que no sólo le sirven de alimento directo a los hombres sino que son parte esencial de la cadena trófica de los animales de los que se sirve indirectamente el género humano. Las leyes obligan al tratamiento de las aguas residuales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es implacable ante su aplicación. Pende la amenaza. La Junta de Andalucía está acelerando las obras de infraestructuras de tratamiento de las aguas ante el apercibimiento de una nueva sanción de la justicia comunitario.

Un número de núcleos urbanos de España incumple reiteradamente la normativa europea en materia de recogidas de las aguas residuales. La Comisión Europea presentó en 2022 una demanda al TJUE. Fuentes comunitarias informan de que se trata de un “procedimiento en curso” y confirma que en Andalucía constan 16 incumplimientos de la Directiva 91/271/CEE. Por la misma infracción, pero en el pasado, España se ha enfrentado a sanciones de 90 millones de euros. Que haya finalmente una nueva multa dependerá de la acción de las administraciones en pro del cumplimiento de la normativa medioambiental. 

Preguntadas a las administraciones por las obras en marcha para impedir el pronunciamiento negativo del tribunal comunitario, nada puede saberse del Ministerio para la Transición Ecológica acerca de las obras de su competencia pues nada responde. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural señala de que las obras en “los municipios que están en los expedientes sancionadores son prioritarios” y que la administración andaluza está “corriendo todo lo posible no sólo porque los andaluces requieren de agua de calidad, sino también porque las sanciones, cuando lleguen, si es una obra de interés general del Estado las pagaría el Estado” y, el resto, “declaradas de interés por la comunidad autónoma”, lo pagaría la Junta.  

La citada Directiva 91/271/CEE tiene por objetivo proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas residuales urbanas de origen doméstico e industrial. Conforme a la directiva, los núcleos urbanos han de disponer de las infraestructuras necesarias para recoger y tratar las aguas residuales urbanas, eliminando o reduciendo los efectos indeseados en el momento en que desembocan a las masas de agua que dan cobijo a numerosas especies vegetales y animales.

El problema es la contaminación. Las aguas residuales sin tratar pueden portar bacterias y virus que conllevan un riesgo para la salud y contribuir a la corrupción de los lagos, ríos, suelos, costas y aguas subterráneas. Pueden contener además nutrientes indeseables, como el nitrógeno y el fósforo, capaces de causar un daño en las aguas dulces y marinas. Esto se debe, según informa la Comisión Europea, a que estos elementos favorecen la proliferación de algas que asfixian otras formas de vida. Ésta es la razón por la que la normativa comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas obliga a los Estados miembros a establecer un tratamiento de los vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de más de dos mil habitantes (o equivalentes) y un tratamiento más sofisticado en las aglomeraciones urbanas de más de diez mil habitantes.

Obras pendientes de la Junta o del Gobierno central

Aparte de las actuaciones pendientes en Matalascañas, Barbate y Alhaurín el Grande, cuyas depuradoras siguen sin entrar en funcionamiento, según señala Ecologistas en Acción, el TJUE ha apercibido a España por la infracción de 16 núcleos urbanos. La Junta de Andalucía los enumera, pudiendo estar en fase de redacción de los proyecto o ya en ejecución. Son los casos de Almodóvar del Río, Rambla y Montalbán y Posadas (Córdoba); Genil-Cubillas (Granada); Jódar, Martos y Torredonjimeno (Jaén); Medio Andarax (Almería); Trebujena (Cádiz); Lora del Río y Alcolea del Río-Villanueva del Río (Sevilla), cuya gestión corre a cargo de la Junta de Andalucía. A cargo del Estado está la ejecución un proyecto para eliminar nitrógeno y fósforo en el Condado de Huelva y una planta en Guillena (Sevilla). Las infraestructuras de San Roque-Los Barrios (Cádiz) y la planta de Moguer, Palma del Condado, Beas, San Juan del Puerto y Trigueros (Huelva) dependen de las administraciones central y autonómica. La de la estación de Estepa (Sevilla) es responsabilidad de la administración local.

Estado de las infraestructuras

De los 16 núcleos urbanos andaluces señalados por la Comisión Europea por el incumplimiento de la normativa de tratamiento de aguas residuales, seis están aún sin iniciar, en fase preparatoria de licitación o en el curso de la redacción de los contratos: Almodóvar del Río y Posadas (Córdoba), el núcleo Genil-Cubillas (Granada), Trebujena (Cádiz); Alcolea-Villanueva del Río (Sevilla); y Jódar (Jaén). De ellos diez corresponden a lugares donde las obras, ya sean de agrupación de vertidos o de estaciones de depuración, están en ejecución o ya funcionando, según la información de la Consejería de Agricultura. Son los casos de Lora del Río, Guillena y Estepa (Sevilla), Martos y Torredonjimeno (Jaén), Medio Andarax (Almería), Rambla Montalbán (Córdoba), Condado de Huelva, San Roque-Los Barrios (Cádiz) y Moguer y otros (Huelva).

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2025 será el más alto de la historia. Con un montante de 48.836 millones de euros, crece un 4,4% respecto al año anterior, y supone un 40,5% más respecto a 2018, el último impulsado por el anterior Gobierno socialista tal y como ha desvelado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. “Haremos un gran esfuerzo en sanidad pública, educación y empleo”, dijo el presidente, además de recordar que el mismo “estará abierto a las aportaciones de los partidos”.

El Consejo de Gobierno aprobará el martes el proyecto de Ley de Presupuestos e, inmediatamente la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, los entregará en el Parlamento para iniciar su tramitación y que se puedan aplicar a partir del próximo 1 de enero. “Andalucía preserva de nuevo la estabilidad para seguir avanzando”, escribía Juanma Moreno. La previsión de crecimiento de la economía andaluza incluida en los presupuestos es del 2,4%, mientras que la Airef, la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal, ya la sitúa en el 2,5%.

Las políticas sociales copan el grueso de la inversión, ya que seis de cada diez euros se destinarán a gasto social, con el objetivo de reforzar la sanidad y la educación. A estas grandes áreas se suman se suman la vivienda y el empleo, dos prioridades para el Ejecutivo andaluz.

Las cuentas andaluzas contemplan 800 millones de euros como suma de bonificaciones fiscales y recursos para facilitar el acceso de los andaluces a una vivienda, ya sea en la modalidad de compra como de alquiler, aumentando las deducciones en las declaraciones de la renta. En el caso de la compra, la subida es de un punto, por lo que se pasa de un 5% al 6% en la deducción, mientras que para los alquileres el límite de 600 euros sube hasta 900 euros, que será de hasta mil euros en los casos de violencia de género y para las personas con discapacidad.

También se incluye una partida de 25 millones de euros para ampliar los avales que se conceden para la compra de una vivienda para andaluces, unos avales que se podrán conceder hasta los 40 años. Otra de las principales novedades de las cuentas públicas para el año 2025 pasa por la gratuidad de la escolarización para los niños de 2 a 3 años. El Gobierno andaluz ha anunciado además que se destinarán más de 6.000 millones de euros en apoyo del tejido productivo y la creación de empleo, un 5,5% más que en el pasado ejercicio.  

El pasado jueves, la consejera Carolina España se reunió con representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento para darles cuenta de las prioridades del proyecto de Ley de Presupuestos. Serán “unas cuentas prudentes en el gasto”, que se elaborarán bajo la hipótesis de una regla de gasto de 3,2%, que se comunicó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). “Serán unos presupuestos realistas, centrados en dar respuesta a los problemas de los andaluces y que sacarán la máxima eficiencia de los recursos con los que cuenta Andalucía“.

 Los plazos

Las comparecencias de los consejeros en comisiones parlamentarias para informar sobre los presupuestos arrancarán el jueves 31 de octubre, y los grupos podrán presentar enmiendas a la totalidad hasta el 5 de noviembre. El debate de totalidad será el 13 de noviembre, y el final los días 18 y 19 de diciembre.