Medio centenar de embarcaciones de recreo se concentraban este domingo en el puerto deportivo de Carboneras, como ya hicieran en diciembre del pasado año, para protestar contra la modificación del proyecto de reordenación que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía adjudicaba a una UTE liderada por Construcciones Tejera, que pasaría a denominarse Marina San Andrés SA, el 1 de octubre de 2019. La Asociación de Afectados entiende que los cambios que se autorizaron en verano de 2021, como consecuencia del incremento de la demanda de atraques del puerto pesquero, es perjudicial para el sector náutico-deportivo porque se reducen el número de amarres dejando a más de 60 barcos fuera del recinto portuario, además de incrementarse los precios. 

Una nueva movilización que contaba con embarcaciones del Club Náutico Isla de San Andrés, el Club Náutico La Gaviota y la asociación Jubilados del Mar, así como con el apoyo del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, en una protesta conjunta contra lo que consideran una “situación injusta” por la falta de transparencia del procedimiento en una modificación contractual que sólo beneficia a la mercantil y por el estado de abandono y falta de limpieza generalizada de las infraestructuras que ya se concesionaron antes del inicio de unas obras que deberían haber comenzado hace cinco años. Pero no quisieron hacer público, al menos en esta nueva jornada de reivindicaciones, que el recurso de medidas cautelares presentado por la Asociación de Afectados del Puerto de Carboneras en agosto para evitar que comenzaran la actuación había sido tumbado por la justicia días antes. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la suspensión cautelar del inicio de las obras de remodelación del puerto deportivo de Carboneras a la espera de que se resuelva la demanda inicial contra el contrato firmado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Marina San Andrés SA. El alto tribunal andaluz trasladaba a las partes, mediante el auto 502/2024 de 11 de octubre, que la suspensión del acto administrativo impugnado por la Asociación de Afectados del Puerto de Carboneras conllevaría una “grave perturbación del interés general” y, sin embargo, la continuidad del plan de los trabajos previsto por la concesionaria no haría perder su “finalidad” al recurso que sigue abierto contra la modificación del acuerdo. 

La Asociación de Afectados del Puerto de Carboneras había reclamado la paralización cautelar de las obras y de venta de derechos de amarre, así como la nulidad del contrato, dando pie a la licitación de un nuevo proyecto (y la devolución de lo percibido hasta ahora) porque considera que esta corrección de la concesión modificaba sustancialmente el acuerdo que se firmó el 26 de septiembre de 2019, entre otros motivos porque la nueva infraestructura supondría expulsar a 65 embarcaciones. El TSJA ha separado la pieza de medidas cautelares mientras se tramita la demanda interpuesta contra el acuerdo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y Marina San Andrés SA permitiendo el inicio inminente de las obras, si bien cabe la posibilidad impugnación mediante recurso de casación.

Asociación sin legitimidad

Marina San Andrés alegó contra la medida cautelar la inexistente legitimación de la asociación para instar a la paralización de las obras o a la licitación de un nuevo contrato cuando no se impugnó la adjudicación ni la modificación del contrato en vigor que fue ratificado, además, el 27 de septiembre por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (resolución 421/2024) tras el estudio de las prescripciones del proyecto y estudio de viabilidad aprobados el 16 de mayo de 2024. “No concurren requisitos legales para la medida cautelar”, esgrimían en su escrito al TSJA y recordaban que las embarcaciones deportivas ahora instaladas no ostentan ningún derecho a disponer del amarre, sino que cuenta con derecho de contratación preferente, detallando que no se va a expulsar a un importante número de ususarios como denuncian y son unos pocos que pueden instalarse en marina seca. 

No tienen derecho a exigir un precio

“La obra de un contrato público no impugnado, constituye un acto administrativo firme y consentido”, esgriman y, además, explican que tampoco ha sido objeto de impugnación la resolución de modificaciones del contrato 2018/322 en el que se estipulaba un plazo concesional de 39 años y 9 meses y una retribución anual de 100.500 euros (IVA excluido). La mercantil asegura que tampoco tienen derecho a exigir un determinado precio de los amarres y los que han expuesto cuando hablan de incremento de tarifas son previos a la adjudicación del contrato y no tienen validez. “Una embarcación de 6 metros de eslora de un puesto de atraque por 20 años era en julio de 2023 de 39.000 euros y ahora tendrá un precio de 21.413 euros“, detallan en su argumentación esgrimida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada.  

Un “número indeterminado” de barcos

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) alegó ante el TSJA que la paralización sólo persigue el beneficio particular de la asociación compuesta por un número indeterminado de embarcaciones contrarios a la nueva reordenación del puerto y del coste de los amarres e iría en perjuicio del sector pesquero que se vería privado de la ampliación del muelle pesquero en un total de 30 metros, la ejecución de un nuevo muelle adosado al dique de 60 metros de longitud y 6 de ancho para servicio del sector pesquero, la ejecución de un nuevo muelle perpendicular al muelle de ribera de 70 metros de longitud y 9 de ancho para atraque de embarcaciones pesqueras y la ejecución de 2 talleres industriales para atender las necesidades de los pescadores de la localidad. 

Aumento de flota pesquera

Este organismo dependiente de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul reitera que el expediente de modificación se inició el 20 de julio de 2021 por un aumento de la flota pesquera que obligaba a una nueva ordenación de los espacios del puerto reduciendo el dirigido a las embarcaciones deportivas y la revisión del plan económico-financiero de la concesión. En cuanto a la polémica, la Agencia Pública asegura que el proyecto de obra originario y el modificado conllevan un aumento notable de puestos de atraques náutico-deportivos con respecto al número de amarres existentes. A los del proyecto hay que sumar otros 51 para las embarcaciones de 6 metros de eslora que serán ejecutados por la APPA y otros 15 a las artes menores. Se redujo de 260 a 217, lo que supone 43 menos, pero sigue siendo una cifra muy superior a los que estaban autorizados antes de licitarse el contrato que eran 88. 

• Los trabajos incluirán la impermeabilización de la cubierta, la colocación de nuevas lamas en las ventanas y la reparación de instalaciones, entre otros trabajos

La Junta de Andalucía invertirá 313.000 euros en la reforma integral de la escuela infantil La Atunara, en La Línea, centro que ha visitado este lunes la delegada territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Isabel Paredes, que ha destacado que esta actuación “es una clara muestra de nuestro compromiso con la mejora de los espacios educativos, garantizando que nuestros niños y niñas puedan desarrollarse en un entorno seguro, moderno y de calidad”.

El plazo de licitación de las obras estará abierto hasta el 29 de octubre y ha señalado que “la mejora de la escuela infantil La Atunara no solo representa una inversión económica, sino una inversión en el futuro de nuestros pequeños, en su desarrollo y en la creación de oportunidades desde la primera etapa educativa”.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación es la encargada de licitar las obras de reforma general de este centro educativo por un importe de 313.070,58 euros, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses tras la firma del contrato.

Los trabajos consistirán en la impermeabilización de la cubierta y la reparación de los desperfectos ocasionados por las humedades y goteras en el interior del edificio. También se sustituirán las placas de policarbonato de la montera del patio interior por vidrios de seguridad y se demolerá un castillete de escalera en mal estado. Las rejas de tramex existentes en las ventanas serán reemplazadas por celosías de lamas orientables antivandálicas, se realizarán repasos de enfoscados en la fachada y se llevará a cabo un pintado general del centro.

Además, se mejorarán los pavimentos de las aulas exteriores, se renovará la puerta de la entrada principal y un tramo del cerramiento y se reparará tanto la red eléctrica como la de saneamiento.

Esta actuación, de la que se beneficiarán los 87 niños y niñas matriculados en la escuela infantil La Atunara, forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado este lunes el colegio Pablo de Olavide de Prado del Rey, junto a la alcaldesa de dicha localidad, María Vanesa Beltrán, para avanzar los detalles de la licitación de las obras para mejorar y recuperar el área deportiva del centro.

Mercedes Colombo explicó que “el objetivo de la intervención es solucionar el problema de hundimiento de las losas de hormigón de las pistas deportivas, como consecuencia de la existencia de fugas de agua en la red de saneamiento del centro”. Y avanzó que los trabajos prevén la demolición completa de las losas de hormigón del área deportiva, la construcción de un drenaje en el muro de contención de las pistas y la sustitución completa de la red de saneamiento.

Asimismo, se ejecutará una nueva losa de hormigón armado en las pistas deportivas, con sus respectivos marcajes de líneas. Por último, se llevará a cabo la reparación de la grieta del muro de hormigón armado que contiene el área afectada.

La delegada informó que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha publicado ya la licitación de obras de reforma de las pistas deportivas de dicho colegio de educación primaria (CEPR) por un importe de 163.130,34 euros y con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 30 de octubre.

Mercedes Colombo afirmó que “esta actuación, de la que se beneficiarán los 138 niños y niñas matriculados en el colegio, forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación”.

Por su parte, la alcaldesa pradense Vanesa Beltrán destacó la importancia de esta actuación que garantiza la seguridad de los escolares en estas pitas y que normalizará la práctica. Dijo que ya en 2019 se inició el expediente para iniciar las obras, pero por el Covid el concurso quedó desierto. “Es una reivindicación de muchos años y la Junta vuelve a preocuparse por los problemas de nuestros vecinos y en concreto, por nuestros niños”, dijo.

La regidora de Prado del Rey añadió que la propuesta económica de la licitación se ha mejorado y aprovechó para agradecer la labor del profesorado del centro y la implicación de la AMPA del mismo.

• Las cuentas para 2025 dibujan inversiones por casi 15 millones de euros

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha dado este lunes algunas pinceladas del presupuesto de la entidad para 2025, que irá a un consejo rector extraordinario el próximo miércoles. Las cuentas dibujan ya proyectos de calado para la ciudad anunciados hace muy poco, como son las remodelaciones de las avenidas Ollerías o Gran Vía Parque.

En líneas generales, según ha detallado Torrico, el presupuesto de la GMU para el año que viene subirá casi un 22% con respecto al de 2024 con más de 27 de millones de euros. Entre los objetivos de la Gerencia para 2025 está el de redactar un plan que sirva para abordar el relevo generacional en Urbanismo, pues se prevé un gran número de jubilaciones, incluidas las de varios directivos.

Inversiones

En materia de inversiones, que es el capítulo que establece los proyectos a ejecutar por la Gerencia el año que viene, suben un 46% con respecto a este 2024 hasta rozar los 15 millones de euros, la mayoría procedentes de transferencias directas del Ayuntamiento.

Entre esas inversiones, Urbanismo prevé actuar en varios edificios municipales, como es el antiguo cuartel de Lepanto, la sala museística de Caballerizas, la pérgola de los jardines de Duque de Rivas, el pósito de la Corredera o la fachada del estadio del Arcángel.

Un montante importante de dinero se llevará el soterramiento eléctrico del recinto ferial de El Arenal, una obra que empezará en 2025 y que tiene un presupuesto de salida de 750.000 euros.

Anillo verde

En cuanto a actuaciones medioambientales, se seguirá trabajando en el anillo verde de la ciudad con la previsión de ejecutar ya obras en los parques de Poniente-Miralbaida y el de Chinales-Mirabueno. También se trabajará en la conexión de los distintos parques y en la naturalización del río Guadalquivir.

Vía pública

Dentro de las actuaciones en vía pública destaca el inicio de los proyectos para remodelación de las avenidas de Ollerías y Gran Vía Parque, aunque también se vuelve a incluir el acceso del polígono de Las Quemadas con la A4 (proyecto altamente demandado), la tercera y última fase de la remodelación de la avenida de Trassierra o intervenir en la calle Claudio Marcelo una vez acabe la reforma del Templo Romano.