Dos meses ha tardado el Ayuntamiento en virar su posición: de cerrar filas entorno al gerente de Urbanismo, José Cardador, a anunciar este lunes que será sustituido por José María Morente, hasta ahora Coordinador de Vivienda y Urbanismo. Parece que este es el último de los coletazos del gran terremoto que se desató en febrero, cuando la concejala del ramo, Carmen Casero, anunció una reestructuración en el ente. Sólo queda en la cúpula uno de los jefes de departamento, Javier Pérez de la Fuente al frente de Arquitectura e Infraestructuras.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado en una nota de prensa este cambio, entre otros movimientos en las estructura directiva y no deja a Cardador fuera del holding municipal, sino que lo traslada a Movilidad, donde ocupará el cargo de director general. Antes del Consejo Rector de la Gerencia en julio, los trabajadores se concentraban por cuarta vez en lo que va de año para pedir su cese. La oposición de izquierdas hacía lo mismo. Casero se negaba en rotundo: “Su trabajo es correcto, legal, legítimo e impecable y es una persona honesta”.

Este lunes, en una decisión que debe ser ratificada el viernes en Junta de Gobierno Local, se anuncia que dejará su cargo a Morente, fichaje del alcalde para este mandato con el que se pretendía ayudar a agilizar los trámites. En estos momentos, el Ayuntamiento trata de poner remedio a un tapón que ellos mismos han reconocido para justificar la destitución de la que fuera jefa de Licencias. Dos informes distintos certifican que, al menos, las licencias de obra tardan el doble (196 días) de lo que pueden dilatarse por ley.

Este plazo de seis meses se extiende hasta el año según confirmaron fuentes de Urbanismo a este periódico. Es el mismo plazo que ofrecen promotores y constructores o arquitectos cuando se les cuestiona. No es el único embudo que sufren las licencias en Urbanismo, hay expedientes que pueden retrasarse hasta tres años esperando informes sectoriales de Cultura.

Los trabajadores, a la vez que pedían que se destituyera del cargo a Cardador, aseguraban que faltan manos en la Gerencia: sólo tres personas se hacen cargo del 90% de las licencias de obra que se tramitan, asegura. Y la carga de trabajo no disminuye, hasta julio de este año –es decir, en seis meses completos y algunos días del séptimo mes– se solicitaron en la capital 1.337 licencias de obra, según ha podido comprobar este periódico. En todo 2023, entraron 1.350, sólo 13 más. El ritmo, se puede decir, es prácticamente del doble.

De los seis nombres de la cúpula de Urbanismo que empezaron el mandato sólo queda uno

Seis nombres empezaron el mandato en la Gerencia de Urbanismo en mayo de 2023. En febrero de este año se anunció la caída de tres, uno de los puestos quedaría amortizado con la reestructuración proyectada. Las otras dos jefas clave, la de Licencias, Leonor Muñoz, y la de Planeamiento, Elena Rubio –que ha accedido a dirigir la Unidad Aceleradora de Proyectos–, eran destituidas y se les buscaría reemplazo. Sí contaban con Juan Muñoz Argüelles al frente de Gestión Económica y Recursos Humanos, pero decidió irse por su propio pie al Ayuntamiento de Mijas.

Quedaban, entonces, antes de este lunes, dos nombres: el del propio José Cardador, al frente de la Gerencia, y Javier Pérez de la Fuente en el departamento de Arquitectura e Infraestructuras. El único nombre propio que se mantiene tras la limpia. Este mes de agosto seleccionaron al nuevo jefe de Licencias, José Gémez, que ya formaba parte de la plantilla. En Planeamiento y Recursos Humanos aún está abierto el proceso para nombrar las jefaturas.

José María Morente, quien releva a Cardador, mantendrá el sueldo que tenía como Coordinador, de 100.000 euros anuales. Es arquitecto con 37 años de experiencia en administraciones públicas, empleado de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) desde 1987, dejará de ser coordinador general de Urbanismo y Vivienda, puesto que no se cubrirá. Morente ha pasado por el Ayuntamiento de Ronda, la Delegación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Benahavís y el Ayuntamiento de Marbella –donde llegó a ser director general–. Fue director general de Urbanismo en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, donde presidió el comité de expertos para la simplificación normativa y administrativa en la elaboración de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Otros cambios para tratar de acelerar los trámites

Para tratar de mejorar, al menos la parte que compete a Urbanismo, además de la reestructuración, se anunció que se implementaría la colaboración con los colegios profesionales y otras entidades privadas, las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU). Así, las figuras que sean recogidas y los cuatro colegios profesionales con los que se firmó un convenio (Arquitectos, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, de Ingenieros Industriales y de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales).

Las privadas podrán tramitar los documentos y los colegios revisar que todo es correcto. La idea es que a los técnicos les lleguen “limpios” los documentos. Casero defendió que con este sistema en Madrid las licencias tardan “semanas” en expedirse. Lejos de los seis meses o el año que tardan ahora en la Gerencia de Urbanismo.

No es esta la única propuesta, en manos del equipo de Gobierno, que también plantea una Unidad Aceleradora de Proyectos, una Oficina de Supervisión de Proyectos y otra de Atención al público. Con todo esto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró este verano que pretendían ser “líderes en emisión de licencias”.

• Las actuaciones están incluidas en un plan que pretende conseguir el máximo rendimiento de las instalaciones

La Junta de Andalucía invertirá 2,46 millones de euros en el Plan de Optimización de Centros Ifapa en la provincia,con el objetivo de conseguir el máximo rendimiento de las instalaciones.

La presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), Marta Bosquet, junto al delegado de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha presentado este Plan en nuestra provincia, “que no solamente contempla actuaciones de mejora y rehabilitación en los centros, sino que con él vamos a ser capaces de desplegar todo el potencial investigador y formativo del IFAPA para fortalecer a los productores y técnicos del sector agrícola, ganadero y pesquero de Andalucía”.

El plan va a beneficiar a los cuatro centros que existen en la provincia de Córdoba, en la capital, Hinojosa del Duque, Palma del Río y Cabra, especializados en distintas áreas y que dan respuesta práctica a las necesidades de los productores, estableciendo sinergias con empresas, entidades y otros organismos de I+D+i agroalimentarios.

• El futuro plan urbanístico de Córdoba tiene como uno de sus ejes centrales la vivienda

El futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), en el que ya trabaja Urbanismo y que sustituirá al PGOU de 2001, tiene como uno de sus ejes centrales la vivienda y, dentro de ésta, la VPO. Una de las claves de trabajo que ya se han marcado desde la Gerencia de Urbanismo para trabajar en este sentido tiene que ver con el déficit de vivienda protegida que existe actualmente teniendo en cuenta la alta demanda, que no deja de crecer. El PGOM recogerá medidas, por lo tanto, para la puesta a disposición en el mercado de VPO, ya sea en régimen de compra o alquiler. Lo hará, dice Urbanismo, en suelos calificados como equipamiento comunitario público o de uso dotacional privado.

El plan de objetivos del PGOM recuerda en este sentido que ya hay reservados suelos para hacer VPO. En este caso, se habla de las actuaciones de transformación urbanística del Cordel de Écija (entendida como actuación unitaria) y de Ciudad de Levante (cuyo modelo particular de ordenación redefinirá el PGOM). Se detalla también que este Plan General de Ordenación Municipal establecerá, para las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización y de reforma interior, la reserva de suelo para vivienda protegida que sea necesaria de acuerdo con los planes de vivienda municipal y andaluz, sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica estatal y en la legislación urbanística andaluza.

A modo de resumen, lo que dice el plan de criterios del PGOM es que dicha herramienta urbanística establecerá directrices para la planificación en materia de vivienda protegida, estableciendo determinaciones generales para su localización de acuerdo con el principio de cohesión social, y para la cuantificación de la reserva de vivienda protegida en actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano y en suelo rústico. Para tener este PGOM aprobado, eso sí, habrá que esperar al menos tres años.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha apostado este lunes por replantear la viabilidad de la línea férrea Guadix-Baza-Lorca “no al margen ni como alternativa” al Corredor Mediterráneo sino como complementaria y trabajar con los municipios implicados desde ese planteamiento.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el subdelegado ha recalcado que el estudio informativo que descarta por el momento la reapertura de esta conexión ferroviaria no lo hace el Gobierno sino la empresa que ha ganado el concurso público para ello y por tanto se debe “aceptar lo que dice, analizarlo bien y actuar en consecuencia”, ha dicho.

“Lo que dice el estudio informativo es que en este momento no hay el número de pasajeros ni de mercancías que justifiquen la rentabilidad social y económica de una línea con ese coste”, pero el subdelegado opina que estos datos van a cambiar con el desarrollo del Corredor Mediterráneo y ello puede hacer viable esta infraestructura.

“Hoy partimos de una previsión determinada de pasajeros y de mercancías, pero ahí creemos que no se ha incluido todo lo que va a significar el que se pueda ir en tren desde Algeciras hasta la frontera de Ucrania en tren, tanto pasajeros como, por supuesto, mercancías. Y ahí es donde creo que hay que replantear la viabilidad” de la línea, ha sostenido Montilla.

Incide así en que “no podemos plantearla al margen del corredor mediterráneo, ni puede ser alternativa al corredor mediterráneo, sino que hay que plantearla como complementaria del corredor mediterráneo y, en esa lógica, trabajar” con las asociaciones y los municipios implicados.

La Diputación de Huelva participará en el Plan de Estaciones de Transferencia de Biorresiduos de Andalucía (PlanetA), dotado con cuatro millones de euros para toda la comunidad autónoma. Las estaciones de transferencia de residuos de Linares de la Sierra y El Campillo se beneficiarán de este programa aprobado por la Junta de Andalucía y financiado dentro del Programa FEDER 2021-2027, que pretende mejorar las estaciones de transferencia de biorresiduos y apoyar a las entidades locales.

Según se ha aprobado en el transcurso de la última Junta de Gobierno, el organismo provincial se acogerá a este Plan para la ejecución de los proyectos de adaptación de las estaciones de transferencia de residuos de Linares de la Sierra y El Campillo a la recogida separada de biorresiduos.

Las obras de renovación de la red de abastecimiento de la calle Berdigón de Huelva comienzan una vez quedó ejecutado el primer tramo de la calle en el verano del pasado año. Los trabajos recién iniciados persiguen renovar ahora la segunda fase del proyecto, que sustituirá la actual red por una nueva conducción de poietileno de 390 metros de longitud y con diámetros de 160 y 110 mm y 39 acometidas.

Con un presupuesto de 149.145 euros, las obras tienen un plazo de ejecución inicial aproximado de ocho semanas. Para causar las menores molestias a los vecinos y no entorpecer la actividad comercial de la zona en período navideño, la ejecución de las obras se dividirá en distintos tramos y serán pausadas en las fechas festivas que se inician el último fin de semana de noviembre. De esta manera, el primer tramo comienza este lunes hasta final de noviembre y el resto de las actuaciones se restablecerán el 7 de enero.

Para Felipe Arias, presidente de Aguas de Huelva, “el objetivo de estas actuaciones es evitar de forma preventiva la aparición de averías fortuitas, sobre todo en tramos de calle con alto nivel histórico de incidencias, así como mejorar notablemente la calidad de las redes de suministro, dando una mejor respuesta a la demanda de agua de los vecinos”. Así, esta actuación de trata de una obra integrada entre las once actuaciones aprobadas por el Ayuntamiento de Huelva para este año 2024 en distintos barrios de la ciudad, que pretenden mejorar el servicio de suministro y alcantarillado de los ciudadanos. Concretamente, este año sustituirán 1.990 metros lineales de red por nuevas conducciones de polietileno, unas 155 nuevas acometidas, y una inversión total prevista para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la capital durante este año 2024 que asciende a un total de 1.130.030 euros.

En todos los casos, durante el período de tiempo de ejecución de las obras se conectarán tuberías provisionales que suministrarán el agua a los vecinos. Para ello, se procederá a hacer cortes puntuales programados que serán avisados a los vecinos mediante cartelería en portales, avisos vía SMS a los usuarios dados de alta en la aplicación de Servialertas de Aguas de Huelva, web y redes sociales de la empresa, etc.

De otro lado, cabe indicar que Aguas de Huelva concluyó en el mes de septiembre los proyectos desarrollados en el Paseo Santa Fe, Alfonso XII, Miss Withney y Miguel Redondo. Así, en el Paseo Santa Fe, en los números pares, la nueva red de suministro cuenta ahora con una longitud de 140 metros y tuberías de polietileno de 110 mm de diámetro, más unas 13 acometidas. Las obras se iniciaron a finales de junio. Además, en el Paseo Santa Fe también se ha actuado en los números impares, obras que han ha conseguido renovar una longitud de 140 metros lineales y tuberías de polietileno de 110 mm de diámetro, con la instalación de un total de 8 acometidas. En total, ambas actuaciones han supuesto una inversión de 97.251 euros.

Por su parte, en Alfonso XII se ha renovado una longitud de 70 metros lineales con tuberías de polietileno de 110 mm de diámetro, con la instalación de un total de 14 acometidas. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 30.600 euros.

En lo que respecta a la calle Miguel Redondo, hay que recordar que en enero finalizaron las obras del primer tramo desde la avenida de Italia hasta la Calle La Paz con un presupuesto de 73.607 euros, donde se sustituyeron 250 metros en ambas líneas de fachada, por canalizaciones de 160 mm y 110 mm respectivamente y 24 acometidas. Además, se han ejecutado ahora las obras de un segundo tramo presupuestado en 106.400 €, donde se han sustituido 290 metros de las antiguas redes desde la calle La Paz hasta la Calle Arquitecto Pérez Carasa, en ambas líneas de fachada, por dos nuevas tuberías de 160 mm y 11O mm respectivamente, más la instalación de un total de 28 acometidas.

Finalmente, en la Avenida Miss Withney se han realizado actuaciones de mejora y renovación desde el número 1 al 53, que ha contado con un presupuesto de 154.951.59 euros y se ha logrado sustituir 660 metros lineales de polietileno de 110 mm e instalar unas 29 acometidas.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado a las empresas de CEACOP el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que movilizará 1.500 millones de euros para construir o reformar sedes en el 100% de los 85 partidos judiciales de Andalucía.

El anuncio se producía en el marco de los Encuentros CEACOP, que aglutinó a compañías del sector de la construcción, empresas relacionadas con su actividad, colegios profesionales y a representantes institucionales.

El consejero ha detallado que se prevé más de 160 actuaciones que generarán 18.000 empleos a tiempo completo, un retorno fiscal de casi 400 millones para la Administración Pública y una aportación al PIB andaluz de más de 1.100 millones.

“Es una oportunidad que hay que gestionar bien y que tenemos que aprovechar” ha subrayado, tras resaltar que “mejorando la Justicia también podemos generar economía, empleo y actividad para un sector, el de la construcción, que en Andalucía tiene una implantación muy fuerte, capaz de competir con otros territorios y que tiene que ser un aliado para el desarrollo de nuestra tierra”.

Nieto ha destacado que CEACOP es “una de las grandes patronales” de Andalucía y “un referente en materia de construcción que está generando un modelo de empresa que nos hace ser competitivos”. Por ello, ha agradecido a su presidente, Carlos López, la oportunidad de estrenar estos encuentros para dirigirse a los empresarios del sector, a quienes ha pedido “confiar en la Consejería de Justicia” y en el proyecto que ha puesto en marcha.

Financiación del Plan

La Consejería de Justicia ha recurrido a tres fórmulas para la financiación del plan. Por primera vez se destinarán fondos europeos a obras en edificios judiciales, así como la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones. La Consejería ya ha suscrito nueve protocolos y convenios con entidades locales para que éstas asuman la construcción de edificios municipales a cambio de ceder su uso a la Consejería de Justicia durante 30 años cobrando un canon anual con el que no solo recuperarán la inversión, sino que obtendrán un beneficio. Con esta fórmula ya están en marcha proyectos como el de Roquetas de Mar (Almería). La tercera vía para la financiación es la colaboración público-privada. El consejero ha puntualizado que esta es la fórmula que va a permitir desbloquear grandes proyectos que llevan décadas en el cajón como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jaén y Huelva.

Durante el encuentro, Nieto ha citado otros proyectos fuera de las capitales cuyas obras ya se han adjudicado como la construcción de la nueva sede de Órgiva (Granada) -a la que concurrieron 13 empresas- o la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

En otras se están ultimando los proyectos de ejecución, con la previsión de iniciar las obras durante 2025, como los nuevos edificios judiciales de Algeciras (Cádiz), Huércal-Overa (Almería) y Villacarrillo (Jaén), la reforma de los juzgados de Montilla (Córdoba) o adecuación de los edificios B, C, D, E y F del campus de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de Sevilla (que se ha sacado a licitación de manera conjunta por 1.879.491 euros).

“El reto es que todas las obras del Plan de Infraestructuras Judiciales estén al menos iniciadas en 2030“, ha afirmado el consejero, quien ha incidido en que es una oportunidad no solo para grandes constructoras y consultoras de obra pública, sino también para medianas y pequeñas empresas.

Prueba de ello es que más de 60 empresas han concurrido a las licitaciones convocadas hasta ahora, por lo que a juicio del consejero hay interés en el sector gracias también a la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece Andalucía.

El presidente de CEACOP ha agradecido al consejero que haya inaugurado estos encuentros y ha destacado su exposición, ya que ha reconocido que las infraestructuras judiciales son grandes desconocidas para el sector. Ha coincidido con el consejero en que suponen una oportunidad y ha abogado por lograr que sean empresas andaluzas quienes desarrollen los importantes proyectos previstos para que la inversión se quede en Andalucía.

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REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

EUROPA PRESS. El Plan de Infraestructuras Judiciales creará 18.000 empleos y aportará más de 1.100 millones al PIB andaluz

EL ECONOMISTA. Los juzgados de Andalucía son el nuevo negocio para las constructoras: 1.500 millones hasta 2030

DIARIO DE CÁDIZ. La defensa del consejero de Justicia de la colaboración público-privada que hará posible la Ciudad de la Justicia de Cádiz

ABC. El Plan de Infraestructuras Judiciales creará 18.000 empleos y aportará 1.100 millones al PIB

HUELVA RED. El Plan de Infraestructuras Judiciales creará 18.000 empleos y aportará más de 1.100M al PIB andaluz

En 2021 la Corporación Municipal de Rincón de la Victoria aprobó la cesión a la Diputación de una parcela de casi seis mil metros cuadrados en la calle Sierra de Ronda, para la construcción del nuevo Parque de Bomberos del municipio. Tres años después, las obras se han puesto en marcha en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Los trabajos cuentan con una inversión de 4,3 millones de euros por parte de la Diputación de Málaga.

Se levantará en una parcela de unos 5.700 metros cuadrados en la urbanización Parque Victoria, en la calle Sierra de Ronda, al norte de la autovía A-7, con un plazo de ejecución de 18 meses.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha informado este lunes de la finalización de la primera fase de las obras de mejora de la desaladora de Marbella, que ha pasado a producir de 6 a 12 hectómetros cúbicos y que triplicará la producción inicial llegando a los 20 hm3, previsiblemente, en el primer trimestre del año, una vez finalizada la segunda fase. Así lo ha indicado Fernández-Pacheco, quien ha visitado este lunes las dos obras de emergencia que acoge esta planta incluidas dentro de la Estrategia Sequía Plus.

Por un lado, se está llevando a cabo una actuación para recuperar la capacidad inicial de 20 hm3, con una inversión 4.353.351,39 euros, y, por otro lado, se están efectuando otras obras para mejorar la calidad del agua, por 2.995.887,40 euros. Según ha explicado el consejero, el Gobierno andaluz decidió asumir estas obras que son competencia del Ejecutivo central para “auxiliar a una comarca, la del Costa del Sol, que triplica población en verano y que supone un motor económico para la provincia de Málaga, para Andalucía y para el conjunto de España”. Así, tras destacar que la producción que va a alcanzar esta desaladora de Marbella supone entre el 15 y el 20 por ciento de las necesidades de la Costa del Sol, el consejero ha señalado también que la remodelación de este plan no sólo va a satisfacer las demandas de esta comarca frente la situación de sequía, sino que, “en caso de necesidad y ante posibles excedentes, también permitirá transferir recursos a la capital malagueña, al Campo de Gibraltar e incluso a la Axarquía”.

Para Fernández-Pacheco, la desalación es de las soluciones más satisfactorias frente a la falta de precipitaciones en un año hidrológico que finaliza el próximo día 30 y que no ha sido “nada bueno”. “Gracias a las obras de emergencia que llevamos a cabo hemos podido mitigar el impacto de esta falta de precipitaciones”, ha subrayado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para quien la actual situación de sequía merece medidas extraordinarias a corto, medio y largo plazo para abastecer de agua a la población y al sector de la agricultura.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco se ha referido a otras actuaciones en materia hídrica que benefician a la Costa del Sol y ha anunciado la finalización de la

mejora de la capacidad de la estación del bombeo Rojas, en Churriana, unas obras que duplican la capacidad de interconexión entre Málaga y la Costa del Sol Occidental,

incrementando la capacidad de la estación hasta los 500 litros por segundo en las dos direcciones. Para ello, se ha contado con una inversión superior al millón de euros, que va a permitir el mantenimiento de 12hm3 para esta nueva fase de la Autovía del Agua.

También ha avanzado que se está ultimando por parte del Gobierno andaluz la licitación por más de 37 millones de euros del proyecto y obra de la ampliación y mejora de la

Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Río Verde, en Marbella. Con esta actuación se va a mejorar tanto la calidad del agua como las conducciones de

una infraestructura fundamental para esta zona, que es de principios de los años 70 y que ha quedado “completamente obsoleta”. Con esta licitación, se va a duplicar la

capacidad de tratamiento, pasando de los 173.000 metros cúbicos al día a los 400.000. Asimismo, el Gobierno andaluz también ha finalizado la mejora de la interconexión entre

la Costa del Sol Occidental y Málaga tras una inversión superior al millón de euros que permite mayor capacidad de transferencia entre ambos sistemas en función de la

situación hidrológica de ambos y está en ejecución la obra de recuperación de los pozos del Bajo Guadalhorce con una inversión prevista de más de 15,4M€ y que aumentará la

garantía de abastecimiento de la ciudad de Málaga.

Una inversión en “bienestar y sostenibilidad de la zona”

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que en esta ciudad “el agua es mucho más que una necesidad básica, es un pilar que sostiene nuestra

actividad turística y nuestro motor económico”. “La obra que se está realizando no solo es una inversión en infraestructura, sino también en el bienestar y la sostenibilidad de

nuestra zona”, ha apostillado la regidora.

Muñoz ha puesto en valor “el esfuerzo conjunto de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, así como de la Mancomunidad de

Municipios de la Costa del Sol, a través de Acosol, que trabajan de forma incansable para que esta ampliación sea una realidad lo antes posible”.

Asimismo, el presidente de la Mancomunidad Municipios Costa del Sol Occidental y de Acosol, Manuel Cardeña, ha agradecido la “beligerancia” con la que la Junta ha puesto

en marcha estas dos obras de emergencia. “Desde la Mancomunidad y Acosol hemos puesto, además, un plan de inversiones en marcha para seguir realizando importantes

mejoras en todas nuestras infraestructuras y qué mejor manera de celebrar estos 30 años de aniversario de nuestra empresa pública del agua que con este plan de trabajo para seguir mejorando por el futuro hídrico de toda nuestra Costa del Sol Occidental”.

Arturo Coloma Pérez. Gerente CEACOP

Una de nuestras principales recomendaciones a la Administración Pública siempre ha sido defender la importancia de mantener y conservar lo ya construido, lo cual consideramos fundamental para no perder la inversión realizada en su momento, así como para que las infraestructuras que diseñamos y construimos sigan cumpliendo la finalidad para la que fueron creadas.

La red viaria andaluza, con más de 23.300 kilómetros, es la segunda en extensión de todo el territorio nacional, lo cual obliga a dedicar más recursos a su conservación. Desde CEACOP mantenemos una enérgica reivindicación para que se aumente el esfuerzo inversionista para preservar nuestras carreteras. Si bien se aprecia una recuperación del sector -aunque todavía no se han alcanzado ni de lejos los niveles de inversión previos a la crisis de 2008- el mantenimiento de nuestra red de carreteras actualmente es muy deficitario. Entre otras consideraciones, los fondos de recuperación europeos no han considerado la conservación de carreteras como actividad elegible a pesar de los indudables beneficios en la seguridad y en el ahorro energético que supone mantener la red en condiciones. La gran inversión en infraestructuras ha ido al ferrocarril y apenas han tenido una mínima cabida algunas renovaciones de firmes “disfrazadas” de eficiencia energética y sostenibilidad. La falta de planificación y de presupuesto asignado a nuestras vías durante estos últimos años ha dado como resultado que éstas se encuentren en un estado altamente deficiente, lo que supone un elevado y creciente riesgo para los conductores, además del sobrecoste que representa que no se hayan mantenido en buenas condiciones estas infraestructuras, ya que reparar es más caro que mantener. Es comentario popular el lamentable estado de las carreteras andaluzas por parte de muchos conductores que nos han visitado en los últimos tiempos.

La vida útil de una mezcla asfáltica es de 10 años, por lo que debemos hacer un trabajo de rehabilitación y conservación durante este ciclo. Entendemos que se deberían invertir del orden de 300.000 euros por cada kilómetro de autovía en ese periodo de tiempo. Llegados a este momento, cuantificamos por tanto en 400 millones de euros el presupuesto que se debe consignar anualmente a las carreteras andaluzas por parte de todas las administraciones para su correcta puesta a punto. Sin embargo, solo se está destinando una cuarta parte de la inversión necesaria.

Al inicio del verano, conocíamos la noticia de que el Gobierno central había adjudicado obras de emergencias por importe de 10 millones de euros para el “arreglo” en la A-49 en la provincia de Huelva y en la A-4 a su paso por Jaén y Córdoba. En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado tres millones de euros para ejecutar 217 actuaciones de rehabilitación en la autovía del V Centenario, entre los kilómetros 31,5 y 132,8, es decir, hasta la frontera con Portugal. En lo que respecta a la provincia de Jaén, son 303 actuaciones de rehabilitación del firme en la A-4 (entre los kilómetros 256,25 y 347), con una inversión de 4,6 millones. Mientras tanto, en Córdoba se han ejecutado 89 actuaciones en esta misma autovía (entre los kilómetros 374 y 435) por importe de 2,6 millones de euros.
Sin duda, estas vías presentan un estado lamentable y es necesaria su urgente intervención. Pero su mantenimiento no puede relegarse a contratos de emergencia, sino que deben ser actuaciones planificadas y presupuestadas. Como podemos apreciar, estas cantidades destinadas son muy inferiores a los mínimos que se deben considerar y en la práctica consisten en parchear allí donde hay baches importantes. Es decir, una operación de urgencia parcial y temporal impropia de una red moderna y en condiciones de uso conforme a su diseño, definición y prestaciones. Tampoco podemos olvidar que esta fórmula de contratación directa sin publicidad está impidiendo la libre concurrencia de todas las empresas.

Las inversiones deben destinarse a la mejora de pavimentos, equipamiento, mantenimiento de instalaciones y limpieza de vías a través de los contratos de conservación de carreteras, los cuales deben también contar con la financiación adecuada.
Desde CEACOP hemos trabajado para que la Junta de Andalucía, responsable de los contratos de conservación de carreteras de titularidad autonómica, reconociera la revisión del precio de los expedientes para compensar la subida de los costes, ocasionadas por la enorme e imprevisible inflación, ampliando los materiales incluidos en el Decreto Ley 4/22. Si bien no conseguimos todo lo solicitado a la Administración, también es cierto que ya se ha incluido en los futuros contratos una revisión que alcanza a los materiales destinados en las conservaciones.

En definitiva, necesitamos una política más decidida y sostenida de inversiones en conservación de carreteras que permita su máxima y adecuada funcionalidad y que evite un deterioro de las mismas, que supondrá a la larga un coste de reparación o reposición muchísimo más elevado, a la par que una continua molestia para los usuarios. Las partidas de conservación deben considerarse un “fijo” dentro de los presupuestos de las administraciones y no un mero “parche “como sucede hasta ahora.