• Se cumplen dos años desde la paralización del proyecto que iba remodelar el solar del barrio y construir más de 300 viviendas

El Ayuntamiento de Almería anunció en 2021 la urbanización de un amplio solar en el barrio de Los Molinos, ubicado junto a la carretera de Alhadra y entre las calles Labradores y Cantareros. La puesta en marcha del proyecto, que tomó dos años de negociaciones entre la institución y los propietarios del terreno, reflejó una de las mayores demandas de la comunidad de vecinos debido, entre otras cosas, a la insalubridad que suponía el mantenimiento de la zona en cuestión.

El plan municipal dispondría de una inversión de 3 millones de euros y con el que se podrían fabricar alrededor de 328 viviendas, ya que el espacio disponible ronda los 55.200 metros. El organismo subrayó que la importancia del proyecto radica en la mejora de la conectividad de la barriada, con la reforma de nuevos accesos, y señales de tráfico

Meses después, a inicio de 2022, nueve empresas se presentaron a la licitación de las obras, a través de convocatoria abierta por la firma ‘Almería XXI’, con el objetivo de comenzar los trámites para la edificación del lugar. La adjudicación al final corrió a cargo de Construcciones Nila, que se comprometió a terminar los trabajos de cimentación en una duración de 11 meses.

Dos años después, el propósito urbanístico sigue prácticamente igual a cuando empezó. «Estamos enclaustrados», ha manifestado un vecino que prefiere no revelar su identidad. La superficie fue vallada con motivo de la remodelación, lo que ha provocado que los residentes, que utilizaban la parcela para dejar sus coches de forma habitual, aparquen en las inmediaciones de la misma, al otro lado de las barreras. «Supuestamente dicen que es culpa de un hombre que no se quiere ir», ha continuado explicando el individuo.

En relación a esto, la oposición ha comunicado que la paralización del proyecto se debe a «la mala gestión del PP», dado que el partido aprobó un contrato millonario cuando todavía había una persona ocupando la propiedad, y no existía constancia de la fecha exacta para su desalojo.

Un desarrollo frustrado

Las personas del barrio tienen que convivir con la frustración de no poder ver el desarrollo de la zona y, además, deben soportar la suciedad que acarrea el mantenimiento del solar. «Las calles se llenan de polvo, y cuando llueve, se crea barro que llega a la entrada de mi casa», ha aclarado.

José Miguel López tiene la costumbre de pasear cerca de la explanada todas las mañanas, y ha expresado que, en más de una ocasión, ve a la Policía multar a «los coches que dejan estacionados encima de la acera», lo que se debe, por una parte, a la falta de espacio que derivó del cerramiento que se hizo de la parcela, y por otra, a la restauración que se llevó a cabo hace un tiempo en la comarca, que hizo que las calles pasaran a ser todas peatonales, y dejó sin opción a los residentes de aparcar los vehículos en las avenidas próximas a sus casas.

Asimismo, López ha confesado que percibe «una sensación de inseguridad» en el lugar, y lo correcto sería que instaurasen «radares» para controlar la velocidad a la que circulan los coches, puesto que van «rápido en muchas ocasiones», y puede llegar a ser peligroso para los viandantes.

El barrio de Los Molinos ha crecido junto a Francisca Martínez, que camina por sus rincones desde que tiene uso de razón. Ha aludido a que la problemática va más allá del aparcamiento, sino que influye en el propio bienestar social de Los Molinos.

«Hay gente joven que estaba esperando poder comprar una casa, y ahora todo el proyecto se ha quedado en pausa», ha manifestado IDEAL. A su vez, la mujer ha denunciado que la zona necesita «más mano de obra», porque se acumula demasiada «suciedad»; y ha añadido que si una calle se mantiene limpia, es porque la adecentan los vecinos. «Es el barrio perdido de Almería», se ha lamentado.

El Ayuntamiento ha trasladado a IDEAL que el avance de las obras sigue sin novedad, y que está a la espera de que el juzgado emita la orden correspondiente para poder ejecutar el plan de edificación que se tenía planeado desde un principio.

Asimismo, ha clarificado que la insistencia del individuo en quedarse está dificultando la actuación municipal en relación a las obras.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado este sábado las obras de la conexión de agua desalada para el Poniente almeriense y el municipio de Roquetas de Mar, que cuentan con una inversión de 14 millones de euros y que finalizarán previsiblemente antes de que comience el próximo verano.  

Así lo ha indicado el consejero, quien ha destacado que estas obras, “de gran envergadura” y que se iniciaron en abril de 2023, avanzan “a muy buen ritmo” y se encuentran en estos momentos al 65 por ciento de ejecución. “En tan solo unos meses, esta zona va a contar con una infraestructura que viene a dar una respuesta a una demanda social y empresarial histórica”. 

El Ayuntamiento de Salobreña solicitará al Ministerio de Transición Ecológica la renegociación de los precios de las expropiaciones realizadas para la construcción de las canalizaciones de Rules, al considerar que no se ha ofrecido un precio justo por las tierras, así como para compensar a los agricultores de la zona que están sufriendo daños colaterales derivados de las obras en sus fincas.

Una propuesta presentada en el último pleno extraordinario del Consistorio de la Villa por el Partido Popular y que ha contado con el respaldo de toda la corporación municipal. La concejal del PP, María del Carmen Vílchez, ha explicado que ya en el anterior pleno municipal pusieron sobre la mesa el malestar que había entre los agricultores de la zona por los daños colaterales de las obras de las canalizaciones de Béznar-Rules, que afectan a unas 400 parcelas y más de 33 hectáreas de Salobreña, Molvízar y Vélez de Benaudalla.

En la moción, que se ha declarado institucional al contar con el apoyo de todos los grupos municipales, exponen que el 65% de las parcelas expropiadas por el Gobierno son propiedad de particulares, es decir, cerca de 260 fincas se ven comprometidas por la ejecución de la infraestructura. “A finales de 2023 se tramitaron las expropiaciones, pero los dueños no están de acuerdo y piden al Ministerio de Transición Ecológica, así como a las empresas y consultoras asociadas al proyecto, un precio justo para sus tierras. Dichas expropiaciones han ocasionado a la mayoría de los propietarios daños en riegos, pérdidas en árboles, terrenos explotados que quedan inútiles, lindes de las parcelas destruidas, muros de protección destrozados, inundaciones en cortijos y un sinfín de contratiempos que hacen que una obra histórica que esperaba el litoral desde hace veinte años, para estos agricultores se torne amarga”.

Además, inciden en que los agricultores no se oponen a la realización de esta infraestructura, pero si lamentan el perjuicio que están soportando en su patrimonio, recibiendo hasta un 80% menos por sus parcelas que cuando se expropiaron terrenos para construir la A-7. En aquel momento, las personas que vieron sus fincas afectadas percibieron hasta 60 euros por metro cuadrado; sin embargo, ahora reciben unos 12 de media, algo que se reduce hasta 4 euros en el caso de la expropiación forzosa por servidumbre, motivo por el que “exigen una revisión de los precios”. Los afectados presentan alegaciones al considerar que están muy lejos de los precios de mercado.

Por otra parte, resaltan que según los expertos y abogados consultados por los propios afectados “el procedimiento empleado para expropiar el terreno no cumplió con todas sus garantías. En muchos casos, sin antelación, se les citó en sus consistorios para que firmaran el acta previa de ocupación. En las jornadas en las que tuvieron lugar las citaciones se pretendía poner fin al procedimiento, también con la firma del acta de ocupación y de mutuo acuerdo, cuando no se habían delimitado con estacas las áreas afectadas”. Al hilo, añade que los afectados no contaron con la información necesaria, ni se explicaron en que se basaban las valoraciones, “se les convocó en una sala sin tiempo de reacción para que aceptaran o rechazaran una oferta que condicionasen sus vidas”. Resaltan que la cantidad que ofrecía Acuaes no tiene en cuenta el gasto que los agricultores tendrán que poner para poner de nuevo en funcionamiento sus fincas, ni el lucro cesante, ya que una vez concluyas las obras, se verán afectadas en una merma del dominio, no se podrán volver a plantar árboles por donde pasan las tuberías y las zonas por donde han transitado las máquinas tardarán en volver a ser útiles para el labrado.

El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha recalcado que se solicitó al PP realizar unos cambios para hacerla institucional al considerar que “el precio que se ha pagado, dista mucho de las expropiaciones que se realizaron en la A-7. También hay que tener en cuenta cómo se están ocupando los terrenos, que quedan inutilizados, no se pueden regar o se inundan constantemente”.

Beneplácito exprés. La Autoridad Portuaria ha recurrido a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida como la Lista, para sacar adelante la modificación puntual del plan especial del Puerto de Sevilla que afecta al suelo del nuevo distrito urbano portuario, comprendido entre los puentes de las Delicias y del Centenario. La fórmula escogida sortea al Pleno municipal, que ya el pasado marzo frenó la necesaria modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para levantar el barrio portuario argumentando los partidos de la oposición “la falta de consenso con los vecinos”. Ese entuerto aún no ha sido resuelto.

En la resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana por la que se ha acordado aprobar inicialmente ese plan especial para el distrito urbano, la Autoridad Portuaria fundamenta el uso de la Lista en que, “de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2a, corresponde a la consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo tramitar y aprobar los planes especiales que tengan incidencia supralocal y sus innovaciones”. 

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, el director general de esa dirección general de la Junta de Andalucía expone que “la persona titular de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda es la competente para formular y resolver sobre la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento”. No es la primera vez que se usa esta fórmula. El plan especial del Puerto de Sevilla fue aprobado por el Pleno municipal el 29 de julio de 1994. Le siguieron, entre otras, modificaciones como las que afectaron a la Dársena del Cuarto y la ordenación del Sector Suroeste; el plan especial de Protección Construcciones Aeronáuticas S.A.; o el estudio de detalle de varias parcelas de ese plan especial. Siempre para la zona logística portuaria.

La novedad ahora es que la modificación va más allá del Puerto, ya que afecta a la avenida de las Razas y se habla abiertamente desde el principio de conectar el Puerto con la ciudad y abrir zonas comerciales y equipamientos culturales. El presidente de la institución portuaria, Rafael Carmona, destacó en una de sus últimas comparecencias que “gracias al trabajo conjunto con la administración regional, damos un importante paso para facilitar la integración del Puerto en la ciudad e incorporar en el ámbito usos más urbanos”. El resultado es que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo quedan inhibidos de la ordenación de esos terrenos, limitándose a conceder las licencias de obras oportunas.

La aprobación inicial de la modificación del plan especial del Puerto supone un nuevo hito en el procedimiento administrativo que permitirá adaptar los usos del ámbito a los objetivos del master plan (diseño concreto del proyecto) del distrito urbano portuario. En total, la superficie que comprende el documento alcanza las 40 hectáreas de dominio público portuario, ocupando las áreas incluidas en la modificación más de la mitad, 23 hectáreas. 

En particular, la modificación del plan especial actuará sobre tres áreas de desarrollo cuyos usos en la actualidad son de carácter portuario comercial (operaciones portuarias, almacenamiento y grupaje, usos mixtos en muelles y concesiones o actividades logísticas). Estas pasarán a dedicarse a espacios libres y zonas vedes, como el parque del Puerto, la vía verde o la avenida de Guadalhorce; o para actividades económicas compatibles con el tejido urbano y equipamiento, en la zona del muelle de Tablada, tinglados y naves, o el distrito financiero junto al puente del Centenario. “Proyectamos la avenida de Guadalhorce como el eje principal en el conjunto patrimonial del distrito, con arboleda y sombras que faciliten el paseo y la concebimos como un bulevar”, apuntan desde la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La fórmula escogida evita un nuevo dolor de cabeza a Carmona, que ya vio como la pasada primavera se frenaba la tramitación de la otra pata imprescindible para sacar adelante el ambicioso proyecto del barrio portuario. La necesaria modificación parcial del PGOU no fue aprobada en la sesión plenaria debido a que los partidos de la oposición no se mostraron a favor argumentando “la falta de consenso con los vecinos”. Durante el debate, los portavoces reclamaron que a la hora de reordenar estos suelos “no se prioricen los usos lucrativos”, y acusaron al gobierno local del PP de gobernar para el interés “de unos pocos”. También se escucharon desde la bancada de la oposición que las movilizaciones de las asociaciones prueban que “no hay una amplia aceptación” de los términos de la propuesta. También apostaron por “llegar al mayor de los consensos”, acusando al gobierno municipal de “no escuchar a los vecinos” y “no atender” sus alegaciones. A la hora de la votación, la propuesta fue rechazada con los votos contrarios de Podemos-IU y Vox, la abstención del PSOE y el voto a favor del PP, que no goza de mayoría absoluta.

Los técnicos de Urbanismo no tuvieron en cuenta ninguna de las cinco alegaciones presentadas a un documento final que incluye algunas novedades, como la reserva de suelo para centros de salud y deportivos. Entre las alegaciones rechazadas, destacó la formulada por la asociación Palmera Agenda 2029. No se estimó su petición para alejar las nuevas viviendas que se levanten de las ya existentes. Respecto a que el documento definitivo no analiza la incidencia del proyecto sobre la movilidad y que no cuenta con estudio de tráfico, el servicio de planeamiento y desarrollo urbanístico indicó que “no se prevé ningún uso a desarrollar que pueda afectar a la movilidad actual del ámbito, por lo que no es innecesario un estudio de movilidad”.

En la nueva ficha de desarrollo prevista en la modificación se contempla 12.980 metros cuadrados de equipamiento educativo y 1.670 metros cuadrados para equipamiento de Servicios de Interés Público y Social (SIPS). Igualmente, se incluyen 18.000 metros cuadrados de espacios libres que se distribuirán a lo largo de todo el distrito portuario. En el texto se recoge que la Autoridad Portuaria deberá abonar casi 2,2 millones a la Gerencia por lo conocido como carga urbanística.

La idea es conseguir la integración definitiva entre el Puerto y la ciudad (ya avanzada con la modificación del planeamiento para los suelos de la cabecera Oeste del Batán) y abrir el campus universitario de Reina Mercedes a la avenida de las Razas, algo que no se ha conseguido realizar en la última década y media tal y como preveía el plan general de 2006. En concreto, el master plan elaborado por la UTE que componen el estudio de arquitectura Eddea y la consultora inmobiliaria CBRE, transforma una superficie de 40 hectáreas situadas entre los puentes de las Delicias y del Centenario que se articula en torno a un sistema de espacios libres, equipamientos y actividades económicas y usos residenciales.

Una torre de oficinas con una altura máxima de 18 plantas y 65 metros. Esta es una de las principales novedades que aparecen en la memoria de ordenación de la modificación puntual del plan especial del Puerto de Sevilla para el diseño del barrio portuario. El objetivo de la Autoridad Portuaria es crear un lugar atractivo para las personas y un espacio de calidad de vida abierto proponiendo un modelo que favorezca la integración, transición y conexión entre la ciudad y el Puerto, conectando los barrios del entorno con la dársena del río. Además, apunta que quiere “poner en valor y reactivar el sistema patrimonial de gran valor y coherencia y la memoria del lugar, relacionado con las actividades portuarias”.

En el documento al que ha tenido acceso este periódico, en la propuesta de modificación (que ya cuenta con el visto bueno inicial de la Junta de Andalucía) aparecen unas actuaciones singulares que se resumen en un edificio de envergadura. “La secuencia de elementos verticales que a modo de hitos van marcando el paisaje de la margen izquierda de la dársena a lo largo de la ciudad se ve interrumpido a partir del puente de Delicias hacia el Sur, donde aparece una configuración más horizontal hasta la llegada del puente del Centenario. Dada la longitud entre puentes, unos dos kilómetros, se establece una serie de zonas sobre las que podrá desarrollarse un volumen edificado que alcance una altura significativamente mayor que el resto”, argumentan los técnicos de la oficina técnica del distrito urbano portuario.

Las alturas de la edificación se mantendrán, bien en las condiciones establecidas por la normativa de protección, en el caso de aquellas catalogadas (grupos de tinglados y naves) o según las alturas máximas del entorno (nueve plantas). Hay excepciones. Para las zonas en las que se desarrollen actuaciones singulares en altura que “mejoren su presencia en la ciudad y focalicen la percepción”, el tope fijado es de 18 plantas estableciendo una secuencia de hitos en tres localizaciones concretas como son al Norte del muelle de Tablada, junto al puente de las Delicias (ubicación preferida), en el centro del nuevo barrio, o al Sur, cerca del puente de las Delicias y frente a la dársena del Batán, lo que asegura una visión privilegiada de la actividad portuaria. La torre puede ocupar una superficie de 3.622 metros cuadrados y una edificabilidad de 14.488 metros cuadrados.

La modificación del plan especial actúa sobre tres áreas de desarrollo cuyos usos en la actualidad son de carácter portuario comercial (operaciones portuarias, almacenamiento y grupaje, usos mixtos en muelles y concesiones o actividades logísticas). Estas pasarán a dedicarse a espacios libres y zonas vedes, como el parque del Puerto, la vía verde o la avenida de Guadalhorce; o para actividades económicas compatibles con el tejido urbano y equipamiento, en la zona del Muelle de Tablada, tinglados y naves, o el distrito financiero junto al puente del Centenario.

Dentro del distrito urbano portuario se limita la presencia del vehículo privado. La movilidad de vehículos de motor en el interior del ámbito estará restringida, únicamente servicios de abastecimiento y reparto, emergencias y otros vehículos autorizados, además del tráfico de vehículos relacionados con el abastecimiento a buques y con la terminal de cruceros (taxis, autobuses). Se dispondrán dispositivos para restringir el acceso a los vehículos de motor dentro del distrito, para su estancia por tiempo limitado, o mediante la fijación de horarios para los servicios de abastecimiento. A nivel interno se ha previsto la creación de una línea de transporte Norte-Sur a lo largo de la avenida de Guadalhorce y su prolongación. Dadas las características del barrio portuario, al tratarse de una configuración lineal y de espacios de tráfico restringido, se propone la creación de una línea de transporte autónomo (driverless bus), con base y recarga en el edificio de aparcamientos. “En cuanto a la conexión con la ciudad, la proximidad de las líneas de autobús y la futura línea 3 de Metro permiten la conectividad del distrito”.

Por último y respecto a los aparcamientos, en la memoria de ordenación se realiza una estimación partiendo de que las plazas en superficie serán muy reducidas en las zonas Norte y centro, en las áreas con edificaciones protegidas quedarán supeditadas a los criterios de protección, se ha considerado la posibilidad de ejecutar un parking subterráneo en Guadalhorce, y otro con dos plantas bajo rasante en las nuevas edificaciones y en las naves. El total es de 4.893 unidades.