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La falta de promotoras y su poco tamaño frenan la construcción de vivienda

| mayo 13, 2024
  • Desde el 2008 han cerrado 41.000 empresas y apenas hay 3.000 operativas

El cierre masivo de promotoras tras la crisis inmobiliaria y el escaso tamaño y capital de las que sobrevivieron, que las hace muy dependientes de un crédito bancario que se ha reducido, están frenando la construcción de inmuebles en España, según un estudio realizado por Renta4.

“La huella de la burbuja y la atomización del sector definen la oferta de promoción de vivienda en el país”, señala Javier Díaz, analista de valores de la firma, frenando los intentos de las administraciones públicas de impulsar la oferta para frenar la subida de los precios de compra y de alquiler.

Según los datos más recientes del INE, entre el 2008 y el 2020 cerraron 41.146 empresas promotoras (un 38%) y de las 65.229 que sobrevivieron, 51.133 (el 78%) no tienen ni empleados, y otras 11.110 (el 17%) cuentan con uno o dos. Solo 2.986 tienen más de tres empleados y, por tanto, verdadera capacidad operativa, apenas un tercio de las 8.508 que había en el 2008. Muchas, dice Renta4, son promotoras locales o regionales.

Según explicó el director de Suelo de Aliseda, Luis Alonso Plaza, en un foro celebrado esta semana en Barcelona, “la mayoría de las promotoras más pequeñas tienen ahora poca capacidad financiera”, por lo que necesitan créditos tanto para comprar el suelo como para financiar los gastos de construcción. En este contexto, la inmobiliaria, participada por Blackstone, ha sacado a la venta una cartera de suelos en la que ofrece a los promotores pagar solo entre el 5% y el 10%, y el resto al cabo de un año, “cuando ya habrán podido iniciar las preventas de los pisos y tengan por tanto acceso al crédito bancario”.

Unas 51.133 promotoras (el 78%) no tienen empleados y otras 11.110 (el 17%) cuentan solo con uno o dos

Beatriz Toribio, directora general de la patronal de los promotores APCE España, reconoce que hay pocas firmas que puedan comprar el suelo que necesitan “a pulmón”, es decir, con sus propios recursos. Según la sociedad de tasación CoHispana, el suelo supone de media el 23,6% del coste de una promoción, “pero en los grandes mercados llega al 40% del precio de los pisos”, matiza Toribio. “El suelo es caro porque hay poco, pero comprarlo es muy arriesgado: los trámites administrativos se eternizan y en todas las comunidades hay localidades con planes urbanísticos parados”. Por eso, asegura, “no hay capital nacional, pero tampoco internacional, que invierta en el desarrollo y la gestión del suelo”.

El Banco de España, en su último informe sobre el estado de la vivienda, ya advirtió que su construcción está condicionada “por la escasez de inversiones destinadas a la adquisición y la promoción de nuevo suelo urbano”, que atribuye a “la elevada incertidumbre asociada a la rentabilidad de estas inversiones y a las limitaciones en la disponibilidad de financiación para estas actividades”. Por ello, asegura, “la inversión con recursos propios no ha sido capaz de compensar la limitación en el acceso al crédito”, una restricción que el banco emisor “ve coherente con unas prácticas prudentes por parte de las entidades bancarias”. El crédito inmobiliario cerró el 2023 en 69.748 millones de euros, apenas un 20% de los 322.984 millones que alcanzó en el 2008, y cae ininterrumpidamente desde entonces.

La falta de fondos propios y la caída del crédito frenan la compra de suelo y el inicio de nuevas obras

La descapitalización de las promotoras frena especialmente la construcción para alquiler, según el Banco de España, “ya que el coste de capital de estas actividades, con un mayor riesgo asociado, es más elevado”. El impacto es mayor en la vivienda de alquiler social, “donde la no actualización periódica del precio del módulo, en un contexto de alza del coste de producción, presiona a la baja la rentabilidad esperada de los inversores privados”.

La consecuencia, lamenta el Banco de España, es que la construcción de vivienda nueva “está significativamente por debajo de la creación neta de hogares en el 2022 y el 2023, un hecho inédito en la historia del mercado inmobiliario español”, en el que siempre había habido sobreoferta de vivienda. A su juicio, en los dos últimos años el déficit ha sido de 375.000 viviendas, a las que se sumarán otras 225.000 en el 2024 y el 2025.



La Junta de Andalucía vende cuatro edificios para obtener recursos para el nuevo plan de infraestructuras judiciales

| mayo 13, 2024

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía venderá los primeros cuatro edificios judiciales que van a quedar en desuso al ser sustituidos por nuevas sedes judiciales. Los cuatro inmuebles que se pondrán a la venta son el centro de internamiento de menores infractores San Francisco de Asís en Torremolinos (Málaga), el centro de la misma tipología San Miguel en Granada, la que fuera sede judicial de Marchena, en Sevilla, y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga, donde se iba a ubicar el depósito judicial de vehículos, extremo que se ha descartado. Se han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones.

Los ingresos obtenidos con estas ventas irán destinados al plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023/2030), en el que la Administración andaluza calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Con la venta de patrimonio judicial en desuso, la Consejería de José Antonio Nieto espera lograr hasta 185 millones de euros, «cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios» han precisado fuentes de la Consejería de Justicia a Europa Press.

Las sedes judiciales que se van a poner a la venta son todas aquellas que sean en propiedad y que vayan a ser sustituidas por nuevas sedes judiciales con las inversiones previstas en el plan de infraestructuras judiciales 2023/2030. La Dirección General de Patrimonio es la propietaria de todos los inmuebles de la Junta de Andalucía. Por este motivo, se ha negociado que «en la medida de lo posible» los ingresos alcanzados con estas ventas «reviertan en la Consejería de Justicia para su inversión en la renovación de sedes judiciales o en todo caso se compense con alguna otra fórmula».

Los 185 millones de euros como parte de la renovación de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad (156 edificios) es una de las vías de financiación del plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023-2030). Entre los objetivos que persigue el Gobierno andaluz está la reducción de los contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, con un coste de 17,3 millones de euros, a no más de siete contratos y 1,8 millones para alquiler.

Además de los 185 millones de la venta de patrimonio, la Consejería prevé destinar más de 700 millones procedentes de la colaboración público-privada y pública-pública; alrededor de 170 millones de autofinanciada y alrededor de 45 millones de fondos europeos. Es el desglose ofrecido esta semana por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la comisión de Justicia en el Parlamento andaluz.

El plan incluye, además de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Esto va suponer que se actuará en 100% de los partidos judiciales andaluces, según lo expuesto por el consejero en línea con la presentación de este plan en San Telmo con Juanma Moreno hace dos meses.



Granada: «A nivel ferroviario, Andalucía es la gran olvidada, no nos pueden tratar así»

| mayo 13, 2024
  • La consejera espera que el acceso norte de Almería comience a ser una realidad en próximas fechas

Rocío Díaz cambió azulejos nazaríes por el asfalto masai y la Alhambra por las vías del metro. De dirigir el monumento pasó a ser la consejera de Fomento. En esta consejería lleva desde abril de 2023, visitando obras y planificando otras.

–Lleva más de un año en el cargo de consejera de Fomento. ¿Qué balance hace?

–Siempre digo que el balance no lo debo hacer yo, lo deben hacer los andaluces y el presidente Juanma Moreno, que es quien me eligió para asumir este reto. Para mí es algo importante, además como granadina, llevar una consejería inversora. En estos últimos días, la carta de Pedro Sánchez me ha hecho reflexionar sobre qué debe ser un servidor público. Y creo que no debe ser arrogante, tiene que estar cerca de los ciudadanos y anteponer el interés general al suyo. En eso yo me esmero cada día: intento escuchar, centrarme en lo que necesitan los andaluces y a partir de ahí tomo decisiones para intentar mejorar su vida, que de eso se trata.

–¿Cree que la política es una trituradora de personas?

–Lo que creo es que los servidores públicos tenemos que centrarnos en las personas. En la Junta intentamos trabajar con humildad, con escucha activa y tomando decisiones.

–¿Qué le aporta a usted personalmente la política?

–Para mí es vocación pública. Intento mejorar el día a día de los vecinos. Desde mi consejería llevamos algo importante como es articular el territorio y poner en marcha iniciativas que conecten a los pueblos y ciudades. Que la gente pueda ir con una frecuencia de autobús y metro al médico o a la universidad. Es una consejería que tiene mucho que decir en el día a día del ciudadanos: las carreteras, la vivienda… trabajamos en algo necesario y para mí es un auténtico reto.

–¿Cómo se gestiona una consejería con tantas obras?

–Con mucho orden, rigor, disciplina y con un equipo. Los proyectos no salen adelante sin ese valor humano. Tenemos una consejería en la que estamos continuamente planificando para mejorar. Hacemos que muchas empresas puedan trabajar y crear empleo con la obra pública.

–Las obras son un proceso largo, un camino tedioso por recorrer.

–Nuestras obras no son de hoy para mañana. A lo mejor lo vemos dentro de unos años, pero todo el proceso es necesario y hay que hacerlo. Las obras afectan al día a día de los vecinos como las ampliaciones de los metros. Se necesita un diálogo continuo con ayuntamientos, asociaciones, comerciantes y empresarios para intentar que la afección sea la menor.

–¿Hay demandas del Gobierno central en su ámbito que no se han cubierto?

–Hay muchísimas carencias. Lo primero es que a nivel ferroviario, Andalucía es la gran olvidada por el Gobierno de Pedro Sánchez. No nos pueden tratar así. Tenemos que seguir insistiendo en que hace falta sentarse para hacer una revisión del mapa ferroviario andaluz y falta mucho por invertir. El Gobierno central tiene las competencias en el media y larga distancia y nosotros metropolitanas. No puede ser que no se invierta aquí como se invierte en otras comunidades autónomas. El otro día el ministro Óscar Puente se encargó de tranquilizar a los catalanes, allí, en un foro diciendo que en Andalucía no se invertía y solamente se había ejecutado el 38%. Con lo cual eso debería hacer saltar todas las alertas. Nosotros reclamamos una reunión serena, con técnicos, con proyectos y papeles para abordar de una vez por todas, el déficit ferroviario de Andalucía. Lo que debe hacer el ministro es escuchar a los territorios y dejar de meterse en todos los charcos.

–Si logra reunirse con el ministro, ¿volverá a pedir la gestión de los trenes regionales?

–Nosotros ya dijimos que lo primero que hay que hacer es poner las infraestructuras que no están: el cercanías, el media distancia y el AVE, pues ya conocemos qué problemas tenemos. No podemos olvidar los problemas en las conexiones de las áreas logísticas ni los corredores ferroviarios. A día de hoy no existe el diálogo con el Gobierno de España.

«Estamos dispuestos a colaborar para que haya Cercanías en Almería»

 

-El plan de movilidad de Almería muestra la necesidad imperiosa de que Almería cuente con una solución de gran capacidad para conectar el Poniente con la capital. ¿No se plantea la Junta, un tren tranvía o un cercanías para la conexión entre Almería, El Ejido y Roquetas?

 

–El Plan de Movilidad de Almería analiza las necesidades e incorpora una batería de propuestas. Entre dichas medidas, está la de realizar un estudio de viabilidad en el que se valore la implantación de una línea de cercanías con el Bajo Andarax y otro estudio para definir cuál sería la mejor conexión ferroviaria para la zona del Poniente que permitiera mejorar además las líneas de Media Distancia. Los servicios ferroviarios dependen del Estado y su mejora y ampliación en Andalucía es una de las cuestiones que tenemos pendiente de plantearle al ministro de Transportes cuando podamos reunirnos con él y, si lo logramos, habrá mención expresa al caso de Almería. Estamos dispuestos a colaborar y participar en esas actuaciones desde el consenso.

 

–La A-92 debía haber llegado a Almería en 1992. A día de hoy sigue teniendo su final en Viator. ¿Para cuándo el Acceso Norte?

 

–Este Gobierno ha conseguido culminar la autovía del Almanzora, una obra que arrastraba décadas de retrasos, el desdoblamiento de la carretera Vera-Garrucha, la variante de Berja o la carretera de Pampanico, en El Ejido. Y vamos a seguir, porque queremos, estamos empeñados, en mejorar el estado de nuestras carreteras. Los presupuestos de la Consejería de Fomento recogen más de 78 millones de euros para Almería y buena parte de ellos van para mejorar carreteras, como la variante de Mojácar, la mejora de accesos a Alhama de Almería o la propia A-92. En el caso de la llegada del Acceso Norte a Almería, estamos trabajando en el proyecto para que este responda a los intereses de los vecinos de Viator, Huércal de Almería y Almería. La Resolución Denegatoria del Ministerio de 2021 nos obligó a empezar casi desde cero, pero en estos dos años no hemos desistido en encontrar una solución real a los problemas de acceso a Viator y al Polígono Industrial de La Juaida, a los que el Ministerio ha dado la espalda en sus obras de remodelación del enlace de la A-7. Tras los últimos informes recibidos, estamos muy cerca de cerrar este proyecto.

 

-Las concesiones metropolitanas están casi todas caducadas. ¿Habrá nuevos concursos?

–Cuando entramos en el Gobierno nos encontramos que muchas de las concesiones actuales se habían quedado obsoletas y no atendían las necesidades actuales de movilidad en Andalucía. Estamos trabajando para diseñar un nuevo mapa concesional del transporte público regular de viajeros, cuya redacción tenemos en licitación. Nuestro objetivo es contar con unas concesiones que, realmente, atiendan las necesidades del transporte tanto en nuestras áreas metropolitanas como en las zonas rurales.



Almería: Cuatro empresas concurren a la licitación de las obras de urbanización de la Plaza Vieja

| mayo 13, 2024
  • La mesa de contratación estudiará, a partir del jueves, las diferentes propuestas presentadas para la ejecución de un proyecto con una inversión prevista de 2,5 millones de euros

 

Cuatro empresas han presentado oferta al procedimiento de licitación de las obras de urbanización de la Plaza de la Constitución, una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas el lunes, 6 de mayo. Con una inversión total de 2.553.7991,02 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, esta obra vendrá a completar el conjunto de actuaciones que se vienen desarrollando en el ámbito de la Plaza Vieja, teniendo como principal referente la rehabilitación de Casas Consistoriales.

Será ahora la mesa de contratación, a partir del jueves fecha en la que se ha convocado la misma para la apertura de las ofertas presentadas, la encargada de analizar las propuestas para la ejecución de unas obras que el consistorio pretende acometer después del verano, como ha así ha emplazado la concejala de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera.

Las obras a ejecutar responden al diseño realizado por la mercantil ‘Ordaz Estudio de Arquitectura’, adjudicataria en su día de la redacción del un proyecto que, preservando la actual configuración de la plaza, mejorará en todos los aspectos la superficie de este emblemático espacio.

El proyecto de la Plaza Vieja tiene como objetivo reurbanizar esta plaza y los accesos a la misma, con una superficie total de actuación de 4.954 metros cuadrados. Actuación que, desde las necesidades de excelencia, el diseño y la funcionalidad que requiere un espacio que es epicentro de la ciudad, tendrá como aspectos destacables de su nuevo diseño el pavimento que presidirá la plaza, su vegetación o su renovada iluminación.



Córdoba: La modificación de la variante de Las Angosturas ya tiene estudio ambiental

| mayo 13, 2024
  • Abierto el plazo de información pública del expediente de autorización ambiental unificada que afecta al nuevo trazado diseñado para proteger los restos arqueológicos del cortijo de Los Cipreses

Hasta el próximo 10 de junio se encuentra abierto el período de información pública del expediente de autorización ambiental unificada que permitirá la continuación de las obras en el tramo modificado del trazado original de la variante de la A-333 a su paso por Las Angosturas, en el que aparecieron los restos de un complejo para la producción de aceite, fechado entre los siglos I y II de nuestra era.

Casi un año y medio después de que por parte de la Junta se anunciara la conservación de estos restos de gran valor histórico, se hacía necesaria una modificación en el trazado original de la variante que fuese compatible con la conservación, investigación y posible puesta en valor del citado yacimiento arqueológico del cortijo de Los Cipreses, lo que a su vez ha requerido de un nuevo instrumento ambiental, al considerarse por el órgano competente que se trataba de una modificación sustancial desde el punto de vista ambiental.

Desvío paralelo

La propuesta planteada permite independizar totalmente el trazado de la variante de la ubicación del yacimiento, proyectando realizar un desvío paralelamente a los restos arqueológicos de una longitud de unos 740 metros, comenzando en el punto kilométrico 3+200 y volviendo a entroncar con el trazado proyectado en el 3+940. Además, tanto un camino de servicio como una vía pecuaria se desviarían paralelamente a ambos lados de la nueva variante definida, para así no interferir con la zona arqueológica. Como se recoge en el proyecto, el presupuesto estimado de la modificación asciende a 1.495.679,74 euros, lo que supone un incremento del 17,08% sobre el presupuesto de ejecución material contratado.

A raíz de esta modificación y una vez sea ejecutada, los terrenos comprendidos entre los puntos kilométricos entre los que se acometerá el desvío y que se veían afectados por el trazado original, ya no serán de utilidad para la obra, por lo que, como medida compensatoria de la modificación, se propone la restauración de estos terrenos mediante la extensión de una cobertura vegetal y la realización de plantaciones.

Las obras no han parado

Durante la tramitación del estudio de impacto ambiental del tramo modificado, las obras en el resto de la variante no se han paralizado, aunque el ritmo de la intervención ha bajado en los últimos meses de manera considerable, llevándose a cabo de manera paralela los expedientes expropiatorios de los terrenos sobre los que se desarrollará el tramo modificado, así como otras obras de fábrica, entre las que destaca el viaducto sobre el arroyo de los Prados.

Una vez finalizado el periodo de exposición pública y de no presentarse ninguna alegación a la autorización ambiental unificada del tramo modificado, se procederá a su aprobación, dando paso a la ejecución del mismo y con ello a la conclusión de la obra.



Huelva: Más de un millón de euros para mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento de Huelva

| mayo 13, 2024

 

El Ayuntamiento de Huelva invertirá este año 1.130.030,94 euros en la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad. Se contemplan once actuaciones en distintos puntos de la capital onubense en las que se sustituirán 1.990 metros de canalizaciones por nuevas conducciones de polietileno así como unas 155 acometidas, intervenciones que se irán acometiendo una vez ya finalizadas las obras de renovación de la red del Barrio Obrero, que contó con un presupuesto de 850.000 euros y se llevaron a cabo en la transversal y en las calles A, B, C, D, E, F, G, H e I. Así lo manifestó el primer teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo y Medio Ambiente y presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias.

A través de la Empresa Municipal Aguas de Huelva, la Administración local comenzó la semana pasada la primera de las once actuaciones, las obras de renovación de la red de abastecimiento de la calle Alfonso XII, presupuestada conjuntamente con la renovación de la red del Paseo Santa Fe, en lo correspondiente a los número impares, por un importe de 68.048,7 euros, con un plazo de ejecución de un mes y medio. Se sustituirán las antiguas tuberías de los números pares de la calle Alfonso XII, la nueva red de suministro contará con una longitud de 120 metros y se instalarán unas 14 acometidas.

Arias indicó que “las redes de abastecimiento que se van a sustituir tienen un mayor riesgo de roturas fortuitas y un histórico elevado de averías como, por ejemplo, las acaecidas en el Paseo Santa Fe durante el pasado mes. Con estas actuaciones, se solucionan preventivamente estos problemas, mejorando la calidad de las redes de suministro, dando una mejor respuesta a la demanda de agua de los vecinos”.

Por su parte, Pedro Peña, gerente de Aguas de Huelva, explicó que “durante el periodo de tiempo de ejecución de las obras se conectarán tuberías provisionales que suministrarán el agua a los vecinos. Para ello, se procederá a hacer cortes puntuales programados que serán avisados a los vecinos mediante cartelería en portales, avisos vía SMS a los usuarios dados de alta en la aplicación de Servialertas de Aguas de Huelva, web y redes sociales de la empresa”.

Además de la calle Alfonso XII, se prevén para el mes de junio actuaciones de mejora y renovación del número 1 al 53 de la red de Avenida Miss Withney, que contará con un presupuesto de 154.951.59 euros, se sustituirán 660 metros lineales de polietileno y unas 29 acometidas, y la instalación de una nueva red de suministro en el Paseo Santa Fe, en los números pares, que tendrá una longitud de 140 metros, más unas 13 acometidas. En los números impares, se renovarán 140 metros lineales y se instalarán ocho acometidas, lo que supondrá una inversión de 60.531 euros.

En la calle Berdigón se renovará, en el cuarto trimestre del año, el segundo tramo de la actual red por una nueva conducción de polietileno de 390 metros de longitud y 39 acometidas, con un presupuesto de 149.145,82 euros. El primer tramo ya se sustituyó el pasado verano. 

En la calle Miguel Redondo. en la que el pasado mes de enero finalizaron las obras del primer tramo desde la avenida de Italia hasta Calle La Paz, donde se sustituyeron 250 metros en ambas líneas de fachada y 24 acometidas, contando para ello con un presupuesto de 73.607,77 euros, se van a ejecutar ahora las obras de un segundo tramo presupuestado en 106.400 euros, en el que se prevé sustituir 290 metros de las antiguas redes desde la calle La Paz hasta la calle Arquitecto Pérez Carasa en ambas líneas de fachada, más 28 acometidas.

En cuanto a la red de alcantarillado, ya se han finalizado las actuaciones junto al Convento Hermanas Oblatas en el santuario de la Cinta con un presupuesto de 39.338,59 euros. La salida de la antigua acometida tenía numerosas fugas de aguas residuales que provocaban serias afecciones en otras zonas, por lo que se ha sustituido por una nueva acometida.

En los próximos meses se ejecutarán obras en las redes de alcantarillado en la calle María Auxiliadora y en la Avenida Federico Mayo. Actualmente el colector existente en la calle María Auxiliadora pasa por debajo de algunas edificaciones, presentando atascos que no se pueden limpiar debido a la ausencia de registros. Por ello es necesario desviar la tubería actual e instalar una nueva tubería por el vial existente. El presupuesto para esta actuación es de 37.511,60 euros y el inicio de esta obra está previsto para junio.

En la Avenida Federico Mayo se contempla una intervención en julio, en la intersección con la calle Camarada Manuel Mª Carrasco, presupuestada en 58.739,83 euros. Existe un cruce en mal estado que se sustituirá por un colector.  En la Avenida Federico Molina, con un presupuesto de 86.756,10 euros, se realizará en el tramo de colector comprendido entre las calles Duque de Ahumada y Manuel Rodríguez Zamora, la tubería es de hormigón en masa y está en un estado bastante deficiente con pérdidas significativas de la integridad estructural, para el cuarto trimestre del año se programa su rehabilitación mediante tecnología sin zanja. 

También se harán actuaciones de bombeo en el Muelle de la Rio Tinto. Hay que sustituir dos bombas de aguas residuales, colocar una nueva bomba pluvial, así como llevar a cabo la mejora del accionamiento de la compuerta mural de la entrada de aguas residuales en la estación. El presupuesto asciende a 75.524.32 euros. La bomba pluvial con un presupuesto inicial de 106.000 euros aún está en fase de licitación.

Por otra parte, Aguas de Huelva ha adquirido dos nuevos equipos para la mejora del tratamiento del agua en la planta potabilizadora del Conquero, uno de ozonización, con una inversión de 90.781, 92 euros y un sistema de desorción, que posibilita la disolución de contaminantes durante el tratamiento de potabilización del agua, por 116.320 euros.



Jaén: José Antonio Nieto: “La Ciudad de la Justicia de Jaén se terminará en 2027”

| mayo 13, 2024
  • El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública hace una radiografía del sistema judicial en Andalucía y en la provincia con Diario JAÉN

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública preside en Jaén las primeras jornadas sobre colaboración público-privada en la región, en las que defiende la capacidad de diálogo de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno para generar confianza entre las empresas y abordar proyectos que mejoren los servicios de la ciudadanía.

—¿Por qué Jaén para las primeras jornadas sobre colaboración público-privada?

—Probablemente porque hay una cosa muy atípica, que es que la Consejería de Justicia, muy poco inversora en las últimas décadas, se atreva a poner en marcha una jornada con las principales empresas de Andalucía y de España para hablar de la colaboración público-privada en un sentido muy amplio. Es ‘Colaboración público-privada para mejorar el servicio público’, ese es el título de las jornadas. Y también es muy atípico que no se celebren en Sevilla, Málaga o en una provincia que históricamente haya tenido una capacidad tractora mayor. Jaén es una provincia con el mismo potencial que cualquier otra para que esa colaboración mejore el servicio público.

—¿Cuáles son los beneficios de que las empresas colaboren con la administración pública?

—Todo lo que se ejecuta por parte de la administración tiene un contrato. Desde construir un edificio hasta su mantenimiento, se hace entre la administración pública y una empresa, pero muchas veces con desconfianza, desde la distancia y la falta de diálogo, y luego los resultados son muy negativos. Nuestra prioridad es mejorar el servicio. En esa colaboración tiene que ganar todo el mundo, ese es el reto. Lo fundamental ahora es equivocarnos menos. El diálogo que generan estas jornadas nos ayudará a ordenar las pautas que deben ser prioritarias en los pliegos de licitación para centrarnos en el servicio al ciudadano. Por otro lado, no podemos sacar una licitación ni que suponga un problema económico para una empresa, ni que sea un chollo. Deben ser justos, en los que se pague lo que de verdad vale cada cosa. Tenemos que garantizar a los andaluces que son el centro de nuestra gestión y que usaremos todas las herramientas a nuestro alcance para darles el mejor servicio posible.

—¿Es una forma de democratizar más el acceso a los proyectos? ¿Ayuda a generar un clima de confianza para el inversor?

—Ha tocado dos temas clave, que son transparencia y confianza. No queremos abrir una negociación con las empresas en despachos desconocidos, sino que el debate sea público. No hay nada que ocultar. Primero, que las empresas confíen en la Junta de Andalucía, y segundo, que la administración confíe en el sector empresarial. La clave es que el ciudadano confíe en su Gobierno y en sus empresas. Eso es la base de la democracia.

—Hasta ahora, ¿se ha abordado algún proyecto en Andalucía al amparo de esta fórmula?

—La adquisición del Campus Palmas Altas, antigua sede de Abengoa en Sevilla, para la construcción de la Ciudad de la Justicia, se ha hecho por colaboración público-privada. Hubo intentos, se puso en marcha para carreteras en otra época, pero se diseñó mal. Faltó diálogo y confianza, la que tenemos y generamos ahora, y eso provocó, por ejemplo, que la A-7, una autovía muy importante para Andalucía, presentara una cantidad enorme de problemas que obligaron a que ese sistema de concesión de obra tuviera que rescindirse con perjuicios para las empresas y para la administración. Aprenderemos de esos errores de la etapa socialista al frente de la Junta de Andalucía para corregir, mejorar y tomar la dirección correcta, que es el servicio al ciudadano.

—Muestra de ese diálogo es la toma de contacto con las confederaciones y colegios profesionales. ¿Qué le trasladan?

—Me trasladan una evaluación muy positiva. En ese sentido, la sociedad jiennense es un ejemplo. A Jaén, cuando se le da un poquito de confianza y protagonismo, la reacción siempre es positiva. Desgraciadamente, a esta provincia se la ha tratado muy mal en muchos aspectos, también en materia de Justicia. La situación del Partido Judicial de Jaén es la peor de toda Andalucía. Hay trece sedes dispersas en la ciudad donde se ubican los órganos judiciales, así lleva muchísimo tiempo y esa no es manera de funcionar. Es malo para jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y es malo para el ciudadano. Cuando a uno le dicen que tiene un pleito en el juzgado de instrucción número 7, no sabe ni dónde está. Queremos que eso cambie y que Jaén sea ejemplo. Cuando empecé a tener información de cómo estaba la Justicia, no me creía la realidad de Jaén. Es un disparate. Todo esto empezó en Jaén y tiene que acabar con una experiencia de éxito en Jaén, que es su Ciudad de la Justicia, que sea un orgullo para los jiennenses y una garantía de buen servicio.

—¿Es importante la simplificación administrativa que abandera la Consejería de Antonio Sanz para favorecer la colaboración público-privada?

—Cuando concedo una entrevista, los periodistas siempre me preguntan: ‘Consejero, ¿y esto para cuándo?’. Cuando hay mucha burocracia, es imposible asegurarlo. Al final, uno cruza los dedos e intenta hacer el cálculo y que funcione. Eliminamos sobrecarga administrativa que no aporta nada y lo único que hace es retrasar los proyectos y, en ocasiones, hacerlos inviables. Para que el servicio público funcione bien necesita un tiempo corto. Eso hacemos todo el Gobierno con el consejero de la Presidencia a la cabeza, eliminar lo que no aporta valor. Hay mucha normativa, mucha burocracia vacía que ni defiende lo que tiene valor ni aporta nuevo, eso nos sobra. Hay una empresa, Sacyr, que se ha adjudicado recientemente un contrato de 170 millones de euros en Perú a través de un modelo muy parecido al que ponemos en marcha en Andalucía. Este tipo de empresas vienen a Jaén a reflexionar, a debatir y a intercambiar opiniones. El Gobierno de Juanma Moreno cree que Andalucía tiene un potencial enorme que no podemos frenar por desconfianza entre lo público y lo privado.

—Peco de lo que pecan mis compañeros. Consejero, la Ciudad de la Justicia, ¿para cuándo?

—El año pasado establecimos una hoja de ruta muy exigente. Tenemos el estudio de viabilidad. Se publicó en noviembre del año pasado, estuvo un mes en exposición pública, se hicieron alegaciones y se definió. Este año haremos el pliego de condiciones que nos permitirá lanzar la licitación. Se adjudicará en 2025. Es una obra de dimensiones muy importantes, así que calculo entre 24 y 30 meses de construcción, será casi imposible que pueda ejecutarse en menos tiempo. Generará picos de contratación de 500 trabajadores y una contratación media durante toda la obra superior a los 250, además de 60 contratos estables una vez se termine la Ciudad de la Justicia. Ese es el cronograma. Si adjudicamos en 2025, la fecha de finalización de la obra será en 2027, cuando Jaén tendrá por fin una Ciudad de la Justicia de primera, como tiene que ser y es esta provincia, que requiere y debe exigir lo mismo que tienen el resto.

—¿Compromete el proyecto un posible cambio de Gobierno?

—Espero que eso no ocurra en ningún caso, pero no. La legislatura concluye en junio de 2026. La adjudicación y el comienzo de las obras será el año que viene, por lo que, entonces, tendremos una estructura perfectamente definida, los jiennenses podrán pasar por allí y comprobar que lo de la Ciudad de la Justicia era de verdad. En 2027, cuando se celebren las elecciones municipales, estará prácticamente terminada. Esa es la pauta y estamos en condiciones de concretarla con la claridad con lo que lo hacemos. Hace poco se contrató una asesoría técnica que nos ayudará a analizar los aspectos económicos del estudio de viabilidad: qué va a aportar y qué cuesta. Eso nos servirá de soporte para el pliego de licitación y las empresas formularán sus ofertas. Tantos incumplimientos durante tanto tiempo dañan la confianza de los jiennenses en casi todo. La recuperan poco a poco y se dan cuenta de que este Gobierno no es como los anteriores, que hablaban y prometían mucho, pero hacían poco.

—Apuntaba que en Jaén hay trece sedes. ¿Cómo afecta al funcionamiento del sistema?

—Jaén es la que está peor en cuanto a dispersión. La mayoría de las sedes están en buen estado. En Cádiz, por ejemplo, hay cinco, algunas en muy mal estado. En Huelva hay tres, también con problemas muy serios de falta de espacio. Las tres queremos resolverlas de manera inmediata. Acometeremos la Ciudad de la Justicia de Marbella, cuya situación actual es pésima; haremos la Ciudad de la Justicia de Algeciras y la de Jerez de la Frontera, de forma que todas las ciudades con más de 150.000 habitantes tengan una Ciudad de la Justicia. Después haremos los complejos judiciales, que irán en las ciudades de más de 75.000 habitantes, y luego las sedes judiciales de los municipios más pequeños.

—En la horquilla entra Linares.

—Acometeremos la nueva sede judicial de Linares gracias a un acuerdo entre la Consejería y la Universidad de Jaén, que cede la antigua Escuela de Peritos. El proyecto supone una inversión de casi nueve millones de euros.

—¿Se agruparán las sedes de Linares en un solo edificio?

—Así es. En este momento tenemos 85 partidos judiciales en Andalucía distribuidos en 156 sedes, lo que arroja una media de dos por cada partido judicial. El objetivo es que sean 89 sedes judiciales más el edificio de la Real Chancillería de Granada, donde está el Tribunal Superior de Justicia y queremos que esté la Fiscalía Superior de Andalucía. El resto, vamos a unificarlo todo. En Sevilla hay seis sedes, habrá una; en Jaén, de trece a una; en Huelva, de tres a una; en Cádiz, se pasará de cinco a una… No solo lo agrupamos en un único edificio, sino que serán sedes con una infraestructura digital imposible de ofrecer en las actuales dependencias, en las que existirá la posibilidad de debatir internamente, de acuerdos, de deliberaciones entre órganos judiciales que ahora mismo son imposibles.

—¿Hay más previsto para Jaén?

—Además de Jaén y Linares, se acometerán los nuevos juzgados de Villacarrillo y Alcalá la Real. Se ejecutarán reformas muy importantes en Cazorla, La Carolina y Martos. Donde las sedes judiciales presenten buenas condiciones, como en Andújar, por ejemplo, se mejorará el servicio a las víctimas de violencia de género, se eliminarán barreras arquitectónicas y se instalarán sistemas de generación fotovoltaica para hacer más eficientes y sostenibles los edificios.

—El Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta de Andalucía prevé una inversión de 1.000 millones de euros.

—El documento económico comprende en torno a 1.500 millones de euros que se movilizarán a lo largo de la ejecución del plan. Las obras se ejecutarán entre 2024 y 2030, pero la financiación irá más allá. Por ejemplo, en Jaén, el canon se pagará durante 28 años. Es un proyecto muy ambicioso y, en estos siete años, invertiremos casi cuatro veces más de lo que se ha invertido entre 1997, cuando la Junta de Andalucía recibió las competencias en esta materia, y 2018.

—¿Cómo evalúa el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios?

—Es una auténtica traición, un acuerdo lamentable y un abuso por parte del Gobierno central del papel que tiene que jugar para la nivelación del servicio de justicia en España. El Ministerio se ha comportado como una comunidad autónoma, pero con el doble de dinero. El Estado se financia con aproximadamente el 50% de los impuestos como el de la renta, el IVA y el de sociedades, entre otros. Con ese 50% de los recursos que aporta Andalucía, establecerá un canon específico para los funcionarios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Baleares… que no tienen transferidas las competencias en Justicia. Con el 50% que le queda a la Junta de Andalucía, nos pide que equilibremos lo que el Ministerio ha cubierto con ventaja. Es un atropello y una práctica muy preocupante con vistas al futuro porque el Ministerio hace una absoluta dejación de sus funciones de nivelación.

—¿Cuál es la solución?

—Muy fácil, la que pedían los sindicatos inicialmente, que las subidas se hicieran en el complemento general y no en el específico. Eso nivelaría a todos los funcionarios de España. Luego, que cada comunidad autónoma establezca el complemento específico. En el caso de Andalucía, cumplimos y cumpliremos escrupulosamente el acuerdo que alcanzamos en 2018, lo que no haremos será taparle las vergüenzas al Ministerio de Justicia con un debate que no existe. Yo apuesto por la Justicia con una inversión como nunca la hubo para que los funcionarios trabajen en las mejores condiciones y los ciudadanos tengan un servicio de calidad.

—Considera necesaria y urgente la renovación del Consejo General del Poder Judicial?

—Considero necesario aplicar el sentido común en la Justicia en general. Creo que hace falta un gran pacto por la Justicia y un cambio radical en el enfoque y el tratamiento que le da el Gobierno de España. No se puede hablar así de los jueces desde la tribuna del Congreso de los Diputados, citarlos individualmente, acusarlos de corrupción… Es inédito en España y en el mundo. Eso no pasa en ningún otro sitio salvo en países como Venezuela, donde también se señala a los jueces, se los separa del servicio y mete en la cárcel. No es razonable que responsables del Gobierno hablen de ‘lawfare’ y de fachas con toga. Es inaudito. Los jueces y la Justicia necesitan respeto porque, si el propio Gobierno no la respeta, ¿qué ocurrirá con los delincuentes a los que se juzga? Esa falta de respeto y ese tratamiento discrecional y arbitrario que le da el Gobierno de España a la Justicia en este país tiene que terminar, y hacerlo cuanto antes.