La Universidad de Granada ya tiene licencia para dos grandes intervenciones que proyecta la institución docente en la ciudad. Una es la piscina de Fuentenueva y otra la primera licencia para intervenir en la Azucarera de San Isidro, el que será el quinto campus de la UGR en la ciudad, el campus UGR Sostenibilidad. Son dos proyectos clave del Plan Estratégico 2031, el diseñado para la celebración del quinto centenario de la Universidad.

Así se ha dado a conocer este lunes en Comisión Municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, donde el responsable de licencias ha informado de la licencia concedida en el informe del último mes como actuación destacada en el área por la envergadura de los proyectos. 

Campus UGR Sostenibilidad

La licencia para la intervención en la Azucarera de San Isidro, el gran proyecto de la Universidad que llevará a crear un nuevo espacio universitario en la ciudad, es para la adaptación de una nave almacén de esta instalación a laboratorio. 

Esta es la primera licencia que se da para un proyecto en la Azucarera en lo que será el primer paso para la puesta a punto de este espacio situado en la entrada de la ciudad y abandonado desde hace 40 años que se convertirá en un eco campus sostenible en sus más de 100.000 metros cuadrados adquiridos por la UGR en 2021 por 2,7 millones para levantar un centro investigador, un campus sostenible y un entorno singular. 

Las primeras adaptaciones previstas quedaron fijadas en la adecuación de algunas naves para instalar los primeros grupos de investigación, concretamente la Unidad de Investigación de la Madera Estructural de Andalucía de la Universidad de Granada (UIMA-UGR) del profesor Antolino Gallego.

Piscina de Fuentenueva

También se ha dado licencia para la reforma de la piscina de Fuentenueva, una obra que se arrastra desde hace años y que estará subvencionada. 

La Consejería de Fomento recibió ocho ofertas para la ejecución de las obras, que ya se pueden iniciar con la licencia y que forman parte de las obras de compensación del Metro de Granada a través de un convenio de la Junta con la UGR. La intervención tendrá un presupuesto de 4,6 millones y un plazo de ejecución de 13 meses. La intervención en la piscina busca la renovación energética de todo el conjunto, el aprovechamiento máximo y la mejora de la zona de vestuarios, así como la cubrición de la piscina. Sobre esto último, se usará un elemento que garantice altos niveles de eficiencia energética en temporada de invierno y la posibilidad de apertura en verano.

Será una estructura permanente de madera laminada encolada, que es lo idóneo tanto para exterior como para ambientes con alto grado de humedad, como es el interior de una piscina cubierta. A ello se suma una piel textil consistente en colchones independientes colocados entre cada una de las vigas de madera laminada. Con este proyecto, se generarán espacios para nuevos usos y la renovación completa de la imagen actual de la piscina. Se parte del análisis exhaustivo de las instalaciones existentes para entender su funcionamiento y proponer otras de mayor eficiencia, con un consumo menor y con un bajo mantenimiento.

De esta forma, se va a eliminar el uso de las gradas, que en la actualidad carecen de sentido, y se generarán otros espacios que podrán albergar una sala multiusos que, relacionada con la planta baja a través de una nueva escalera y ascensor, servirá de galería de observación, gimnasia y sala de calentamiento. En cuanto a la urbanización exterior, se plantean actuaciones en la zona de acceso peatonal encaminadas a facilitar la accesibilidad con planos suavemente inclinados que permitan el acceso cómodo y fácil a las instalaciones, eliminando la separación entre calzada y acera en una plataforma compartida por peatones y vehículos ocasionales (carga y descarga, emergencias, etc..), una vez que esta zona ha quedado fuera del uso rodado de vehículos desde el paso del Metro de Granada.

La actuación incluye otras mejoras del equipamiento relacionadas con la eliminación de barreras arquitectónicas, con la instalación de un elevador móvil de piscina para los bañistas con algún tipo de discapacidad. Además, se añaden nuevas instalaciones de protección contra incendios, de megafonía, de control de accesos, así como nueva instalación eléctrica, de climatización y de depuración.

Ampliación de Rovi

Por otro lado, Urbanismo ha informado también de otra licencia importante para la ciudad como la que se ha otorgado a Rovi para ampliar su planta en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), una ampliación que se hará sumando un nuevo módulo al existente y que supone la consolidación del proyecto de Rovi en la ciudad.

Casa Agreda

También en el área de Urbanismo se ha informado, a pregunta del PSOE, sobre el proceso de los trámites de la reforma de Casa Agreda. Según ha informado el director general de Urbanismo, Ignacio Belda, el equipo redactor del proyecto que salió vencedor del concurso de ideas está ahora mismo preparando “un faseado” del proyecto a petición del propio Ayuntamiento para tener más fácil el acceso a la financiación. El proyecto tiene un presupuesto de 7 millones de euros y se considera “difícil” ejecutarlo “del tirón”, por lo que se ha pedido que antes de enviar a Cultura el proyecto básico para su visto bueno, se divida por fases para poder ir avanzando en las mismas. 

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la firma del contrato para la ejecución de la nueva agrupación de vertidos y Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Esta nueva infraestructura hidráulica, que persigue el objetivo de alcanzar el ‘vertido cero’ en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema y que beneficiará a una población de 3.866 habitantes, ha sido adjudicada con un presupuesto de 5,5 M€ y un plazo previsto de ejecución de 24 meses.

Grazalema dispone en la actualidad de una EDAR construida en 1986, dotada de un sistema de tratamiento de aguas residuales obsoleto, incapaz de alcanzar los parámetros de vertido adecuados a pesar de haberse realizado diversas labores de mejora en la infraestructura originaria. A través del convenio firmado el pasado mes de febrero entre el Ayuntamiento de la localidad, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y la Junta de Andalucía para impulsar estas obras, el Gobierno andaluz asume su ejecución y desbloquea una intervención que ya fue declarada de interés de la comunidad en el año 2010.

El proyecto hidráulico de la agrupación de vertidos y EDAR de Grazalema, que tratará un caudal de 966 metros cúbicos diarios, contempla la ejecución de una red de colectores de cuatro tramos, con una longitud total de 1,8 kilómetros. Estas nuevas conducciones, de diámetro variable según los trayectos, permitirán dirigir el agua residual desde los pozos de la red de saneamiento hasta la nueva EDAR, construyendo para ello 96 nuevos y remodelando 30 ya existentes, así como la ejecución de 41 imbornales. Asimismo, se incluye el colector emisario, de 630 mm de diámetro, que con una longitud de 160 metros transportará las aguas tratadas hasta el punto de vertido en el río Guadalete.

La nueva EDAR de Grazalema contará con una línea de agua, integrada por la zona de llegada de agua bruta y sus pozos, el bombeo de este agua, un equipo de tratamiento compacto, desbaste de emergencia, medida del caudal a tratamiento biológico a través de un reactor con aireación mediante difusores y eliminación de fósforo y nitrógeno, la recirculación interna mediante bombas axiales, su decantación secundaria y un laberinto de cloración, y la medida del agua tratada.

En la línea de fangos, se someterán a una fase de espesamiento por gravedad, seguida de la deshidratación mediante centrífuga y el almacenamiento de los fangos deshidratados en contenedor metálico. Para finalizar, se ejecutarán obras de mejora sobre la conexión eléctrica de la EDAR de Grazalema, que contará con un nuevo centro de transformación prefabricado de 250 kVA tras el desmantelamiento del anterior.

Informe de la situación de sequía

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento también del nuevo informe sobre la evolución de la situación de sequía en Andalucía, que señala que, a fecha de 11 de marzo, se ha producido un incremento de 312 hm3 de las reservas embalsadas (+2,60%) hasta los 3.362 hm3, lo que supone el 28,10% de la capacidad total (11.966 hm3). Comparando con la situación de hace un año en estas mismas fechas, se registran 217 hm3 menos, ya que los recursos almacenados eran 3.579 hm3.

En cuanto a las distintas cuencas, en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se ha producido un incremento de 235 hm3 (+2,90%) hasta los 2.300 hm3, lo que representa el 28,60%, siendo su capacidad total de almacenamiento de 8.030 hm3. A fecha de 8 de marzo se registran 226 hm3 más que hace justo un año, cuando los recursos almacenados eran 2.074 hm3. En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas el agua embalsada ha aumentado en 22 hm3, hasta alcanzar los 250 hm3, lo que representa el 21,70% de su capacidad, que asciende a 1.152,83 hm3. En un año, el descenso ha sido de 200 hm3, ya que los recursos almacenados eran 450 hm3.

La demarcación Guadalete-Barbate registra una subida de 45 hm3 (+2,70%), llegando al 20,10% de su capacidad, con 332 hm3 embalsados, siendo la capacidad total de almacenamiento de 1.651 hm3. Hace un año disponía de 205 hm3 más, con 494 hm3. Por último, la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 480 hm3 de recursos hídricos, estando al 43% de su capacidad tras un incremento de 10 hm3 (+0, 90%). Hace justo un año había 81 hm3 más que en la actualidad, con unos recursos almacenados de 561 hm3.

• Teresa Ribera ha pedido “prudencia” a la Junta en sus peticiones de infraestructuras hídricas y recuerda que si no hubiesen desechado la desaladora de Mijas hace una década “hoy tendríamos mayor capacidad”

• Espera no tener que acudir al transporte de agua en barcos, “pero es importante estar preparados”

• Gobierno y Junta abren una guerra por las competencias sobre las desaladoras de Andalucía

• La Junta aprueba la obra para que la desaladora de Marbella pueda producir hasta los 20 hectómetros cúbicos

Después de dimes y diretes sobre quién se hacía cargo de la redacción del proyecto de la desaladora de La Axarquía, el Gobierno se encuentra trabajando ya en los pasos previos al mismo. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado esta mañana en Málaga que a petición de la Junta de Andalucía, el Ejecutivo central está en diálogos con las centrales de usuarios de la zona. 

La necesaria infraestructura hídrica cuenta con el presupuesto –el Ejecutivo la señaló de interés general y dispuso 100 millones de euros para acometer la obra– y localización, que la Junta de Andalucía señaló junto al río Vélez el pasado mes de enero, como publicó este periódico. Por lo que sólo quedaba la redacción del proyecto para que puedan comenzar la obra que, parece que finalmente caerá del lado del Ejecutivo, según se destila de las últimas palabras de Ribera.

La ministra de Transición Ecológica ha subrayado que, a diferencia de lo que ocurrió con las desaladoras de Cataluña, “que los proyectos estaban ya llevados a la práctica y la ubicación estaba ya definida”, en el caso andaluz no ha sido así. Cabe recordar que el acuerdo para desarrollar las desaladoras –tanto la de la Axarquía como la de Almería– sólo se firmó que la Junta debía señalar la ubicación, sin acordarse sobre papel ningún extremo acerca de la redacción del proyecto, por lo que, siendo una obra de interés general del Estado, compete al Ejecutivo central la redacción del mismo. 

Asimismo, Ribera ha señalado que “nos ha pedido que asumamos nosotros la interlocución con los posibles usuarios y es lo que estamos haciendo, desde Aquamed estamos teniendo conversaciones con las comunidades de regantes”. A esto ha añadido que “hay que pensar cuál es la petición que nos llega desde la Junta, si es para uso de riego o abastecimiento en una zona poblada y poder activar cuanto antes esas obras”. 

Mientras llegan las desaladoras –que en los escenarios más favorables ya se ha señalado desde el Gobierno que no estarán antes de 2027–, Ribera ha pedido “prudencia“: “Hay que trabajar con escenarios realistas y prudencia, las lluvias de estos días han ofrecido un cierto alivio a la situación, pero evidentemente hay que ser cautos“. 

También le ha pedido “prudencia” a la Junta en cuanto a las peticiones que eleva a su ministerio. Ha detallado Ribera que la Junta le hizo tres peticiones, apoyo en esa desaladora en Fungirola-Mijas, un incremento de la capacidad de desalación en Almería y contribución a las medidas de emergencia en el supuesto de que, en efecto, viviéramos un episodio de sequía que se prolongara hasta el verano y que pusiera en peligro el abastecimiento en zonas urbanas.

“Y respondimos, obviamente, positivamente a las tres”, ha especificado a la vez que aseguraba que no lo hacían porque fuera competencia del Estado, “que no lo es”, sino por que “en supuestos de emergencia es capital ofrecer todo el apoyo que corresponda a quien esté en una situación de necesidad, incorporando el mensaje de que hay que prepararse, es decir, creo que esta es una lección también de cara a tomarse en serio esta actividad con suficiente anticipación“, esto último el dardo para la Junta ligada a la prudencia. 

Aquí, ha retomado la infraestructura de Fuengirola-Mijas. En 2008, cuando la disminución de las precipitaciones por el cambio climático se hizo evidente a la vez que siguió aumentando el consumo, el Gobierno central y la Junta acordaron construir una desaladora entre Mijas y Fuengirola para producir 20 hectómetros cúbicos. Se adjudicó sus construcción a una unión temporal de empresas formada por Sacyr, Sadyt y Construcciones Vera. En 2012, el ministro Miguel Arias la dejó en un cajón por lo que juzgó como un precio inasequible y una dudosa sostenibilidad. 

Al respecto Ribera ha señalado que hoy “tendríamos mayor volumen de agua disponible, mayor seguridad hídrica” y que este es uno de los proyectos que la Junta de Andalucía reclama a su ejecutivo. 

Espera no tener que acudir al transporte de agua en barcos, pero “hay que estar preparados”

Una vez que las desaladoras tardarán años en llegar por mucho que se aligeren los plazos, el primer punto crítico que se marca en el calendario es el verano. Y en el horizonte, si sigue sin llover, la oportunidad de traer agua en barcos sigue cobrando fuerza. “Están los equipos técnicos trabajando, tanto de la Junta como del Ministerio, y evidentemente confiamos en que no llegue a resultar necesario, pero creo que es importante estar preparados por si fuera así”, ha señalado Ribera.

Sobre el cómo sería esa operación, ha detallado: “A lo que nos hemos comprometido es a poner a disposición de la Junta agua desalada, nosotros asumimos el coste de la desalación y de llevar el agua de la planta de desaladora hasta el barco”. A esto se suma la parte de la Junta, a la que corresponde “la identificación de los barcos y la descarga de esos barcos para integración en los sistemas de abastecimiento de la zona de Málaga”.

• El informe de CEACOP 2023 refleja que el Ejecutivo central fue el mayor inversor en obra pública. En Andalucía, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4). Tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, entre ellas Huelva con un repunte del 31%. 

La inversión en obra pública en Andalucía durante 2023 volvió a crecer por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo muy inferior al del ejercicio anterior. Así, el volumen económico del conjunto de todas las administraciones repuntó hasta los 3.548 millones de euros, lo que supone un 3,3% más con respecto a 2022, cuando la subida registrada fue del 23%, según recoge el informe que elabora anualmente el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP).

En esta ocasión, es el Gobierno central el organismo más inversor con 1.350 millones (38% del total), por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones respectivamente. El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales (137 millones) y las universidades (33 millones).

En Andalucía, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El podio lo completan Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones. A corta distancia se sitúan Granada (477,8) y Almería (422,7). El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4) ligeramente por delante de Córdoba (296,2), mientras que en último lugar vuelve a aparecer Jaén con 175,9 millones.

En términos interanuales, solo tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, situándose también Cádiz en cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. 

Solo el Ejecutivo central ha incrementado la inversión con un alza del 37%, mientras que el resto ha reducido sus partidas.

En términos relativos, el mayor retroceso se da en las universidades (-34%), diputaciones (-21%) y los consistorios (-15%), mientras que la reducción en el caso de la Junta es del 2,3%.

El presidente de CEACOP, Carlos López Navarrete, valora positivamente este nuevo crecimiento, pero advierte de que “todavía estamos muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media anual entre 2006 y 2009, sobre todo, si consideramos el factor inflación, que supone un 43% desde 2006. Teniendo esto en cuenta, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 56% del periodo mencionado”.

En cualquier caso, el aspecto más negativo que se desprende del informe de CEACOP es la decreciente participación de la empresa andaluza en los contratos adjudicados. En 2023 apenas alcanzó un 52% del importe total, es decir, tres puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior y muy lejos del 75% que reclama el sector regional.

Un hecho que, en gran medida, se debe a la política que viene aplicando el Gobierno central desde hace años: en la misma línea que en 2022, apenas otorga el 23% de sus adjudicaciones a compañías andaluzas. Poniendo el foco exclusivamente en la rama de consultoría el porcentaje es del 34%. Por el contrario, ayuntamientos y diputaciones confían a las firmas regionales más del 70% de sus obras y la propia Junta lo hace en un 66%, si bien este guarismo se reduce al 50% en proyectos de ingeniería.

El gerente de CEACOP, Arturo Coloma, defiende que “estas cifras deben mejorar de manera significativa, más aun teniendo en cuenta, por un lado, las magníficas compañías andaluzas con las que contamos y, por otro, que la mayoría de comunidades autónomas apoyan de manera decidida a su tejido empresarial, porque lo consideran prioritario para generar riqueza y empleo”.

Igualmente, expresa el “rechazo frontal” de la asociación “a que se admitan ofertas temerarias, ya que supone poner en riesgo la inversión a realizar, fuerzan la competencia con bajas excesivas dificultando las condiciones del sector y pueden, además, suponer la introducción de un criterio de subjetividad en las adjudicaciones al poderse admitir o no las justificaciones de temeridad que se presentan”.

Ranking provincial

Poniendo la lupa sobre las inversiones en las ocho provincias andaluzas, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. El podio lo completan Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones. A corta distancia se sitúan Granada (477,8) y Almería (422,7). El sexto lugar lo ocupa Huelva (298,4) ligeramente por delante de Córdoba (296,2), mientras que en último lugar vuelve a aparecer Jaén con 175,9 millones.

El fuerte repunte de Cádiz se debe en su totalidad a la enorme inversión efectuada por el Gobierno de la Nación, al pasar de 146,2 a 510,7 millones de euros. Entre los principales proyectos sobresalen una nueva terminal de contenedores en la capital, el enlace de Tres Caminos en San Fernando, la renovación de la línea ferroviaria Boadilla-Algeciras y obras portuarias y de instalaciones en el puerto de Algeciras, así como las depuradoras San Roque-Campo de Gibraltar y Barbate-Zahara de los Atunes.

En términos interanuales, solo tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, situándose también Cádiz en cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. Por el contrario, donde más empeoran los números es en Jaén y Málaga, con un desplome en ambos casos del 22% en lo que se refiere a inversión recibida. Por último, Sevilla retrocede un 17%, Córdoba el 16% y Almería un 12%.

• Un informe de la patronal Ceacop refleja que el Gobierno central lidera estas inversiones y sus actuaciones son las que más crecen con un 37%

La inversión en obra pública mantiene su músculo en Andalucía y durante el pasado año 2023 volvió a crecer por tercer año consecutivo con 3.548 millones de euros movilizados en infraestructuras, lo que supone un aumento del 3,3%. Pese a esta subida, el ritmo de crecimiento de la obra pública en la comunidad sufre una importante caída, ya que en el año 2022 el aumento fue de un 23%. Así se desprende del informe anual del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), la patronal de las pequeñas y medianas constructoras.

Este balance sitúa al Gobierno central como el organismo líder en inversiones con 1.350 millones, lo que supone un 38% del total, por delante de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que suman 1.012 y 968 millones, respectivamente.

El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales, con 137 millones y las universidades, con 33 millones. Solo el Ejecutivo central incrementó su inversión durante el ejercicio pasado con un alza del 37%, mientras que el resto de administraciones redujeron sus partidas en obras.

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En términos relativos, el mayor retroceso se registra en las universidades, con una caída de la inversión del 34%, la diputaciones, con un 21% menos, y los consistorios, con un descenso del 15%, mientras que la reducción en el caso del Gobierno andaluz es del 2,3%. Pese al nivel de crecimiento continuado en obra pública de los últimos años, desde CEACOP se subraya que todavía se está muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media anual entre 2006 y 2009, justo ante de la última gran crisis económica.

Según el informe, la realidad es que la inversión actual apenas supone el 56% de ese periodo de explosión económica previo a la crisis en el que la construcción vivió su momento de esplendor.

Desde una perspectiva provincial, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros, seguida de Málaga y Sevilla, con 512,4 y 492,9 millones, respectivamente. A corta distancia se sitúan Granada, con 477,8 millones, y Almería, con 422,7. El sexto lugar lo ocupa Huelva, con 298,4 millones, ligeramente por delante de Córdoba, con 296,2, mientras que en último lugar sigue manteniéndose como la provincia con menos inversión Jaén, con solo 175,9 millones.

Cádiz es la provincia que registra un mayor crecimiento debido a la enorme inversión efectuada por el Gobierno de la Nación, al pasar de 146,2 a 510,7 millones. En términos interanuales, solo tres provincias mejoran sus cifras con respecto a 2023, situándose también Cádiz en cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. Por contra, Sevilla retrocede un 17%, Córdoba el 16% y Almería un 12%, siendo Jaén y Málaga las que experimentan un mayor desplome con un 22% menos de inversión.

Por último, desde CEACOP se critica la decisión de no prorrogar el sistema de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras y la insuficiente modificación de la Ley de Contratos del Sector Público que, a su juicio, no resuelve la problemática de las situaciones sobrevenidas de subida de precios, lo que no va a frenar la actual sangría de licitaciones desiertas que solo en 2022 dejaron sin adjudicar en Andalucía el 5% de las obras licitadas, uno 240 millones que se dejaron de invertir.

• La nueva dársena portuaria pasará a contar con una explanada de 40 hectáreas y con una línea de atraque de 1.100 metros, 500 más que la que tiene ahora Concasa en el Reina Sofía

En septiembre de 2011, este periódico publicó en exclusiva la noticia de que la isleña Magdalena Álvarez, en aquel entonces vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), se trasladaría desde Luxemburgo para estampar su firma en el contrato de concesión del préstamo que, desde hace ya muchos meses, esperaba ansioso el puerto de Cádiz para poder iniciar la obra de una nueva terminal de contenedores.

Días después, la ex ministra socialista de Fomento trajo  bajo el brazo los 55 millones de euros necesarios para hacer realidad la primera fase de esta importante e histórica ampliación del puerto de Cádiz.

Este dinero permitió al entonces presidente de la Autoridad Portuaria, el socialista Rafael Barra, pasar del dicho al hecho. Tanto es así que su plan era, nada más recibir el dinero de Europa,  dar  a conocer, ya con los 55 millones en la cartera, el nombre de la UTE de empresas que se iba a encargar de acometer la obra del que iba a ser el puerto del siglo XXI.

En el momento en el que se firmó el contrato con los representantes de esta UTE ganadora del concurso se inició ya una cuenta atrás que finalizó con la puesta de la primera piedra del nuevo muelle de contenedores.

Empezó la obra y Europa se repensó su apuesta por esta magna infraestructura. Tanto es así que quedó totalmente paralizada. Bruselas dudaba sobre si dar su ayuda económica, indispensable para la obra o no darla, en un momento en el que la necesidad de la obra  se justiticaba en la saturación que sufría la terminal Reina Sofía, donde en aquel entonesse movían unos 100.000 contenedores”.

El proyecto se consideraba clave para la economía gaditana y para la propia capital, que ganaría unos 18.000 metros cuadrados de suelo, permitiendo la reordenación del tráfico de cruceristas.Las obras, adjudicadas en su momento a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada al 50% por Acciona y FCC, comprendían, en una primera fase, el desarrollo de una superficie de 22 hectáreas, una longitud de muelle de 590 metros, un dique de abrigo de 320 y un calado de 16. Implicaban además el dragado de 4,3 millones de metros cuadrados.

Sin embargo, dudas posteriores de la CE sobre las ayudas paralizaron su concesión, un retraso que generó mucha incertidumbre sobre un proyecto en el que, al parecer, Europa no se quería coger los dedos ante el mal uso de dineros de la UE que se destinaron, por ejemplo, a la construcción de un aeropuerto en Castellón que nunca llegó a tener aviones.

• Ecologistas en Acción, Somos Vega Somos Tierra y AUCA Santa Fe reafirman su oposición al macroproyecto fotovoltaico ante la afección a los espacios protegidos de la zona y “la amenaza de expropiaciones forzosas”

• Primeros pasos para expropiar los terrenos de la gran planta fotovoltaica de la Vega de Granada, con una extensión de 200 campos de fútbol

La gran planta fotovoltaica que está proyectada en la Vega baja de Granada, la denominada como planta Fotovoltaica Ence Atarfe I, II y III y que tendrá una extensión de casi 200 campos de fútbol, tendrá un conjunto amplio de medidas preventivas y correctoras destinadas a minimizar las afecciones ambientales.

Según el estudio de impacto ambiental de esta gran zona de placas solares, que ocupará una superficie de 155 hectáreas, además se establecerá un programa de vigilancia aplicable a todas las fases de los proyectos (ejecución, explotación y desmantelamiento), “con la finalidad de cerciorar el cumplimiento de las leyes vigentes y de que se llevan a cabo las medidas”.

Este estudio de impacto ambiental, consultado por Granada Hoy, ha sido realizado por Ingeniería GTA, una empresa externa tanto a la Junta de Andalucía como a Ence Energía y Celulosa, y era un requisito obligatorio previo a autorizar de forma definitiva la construcción de las tres fases de la planta. El pasado 11 de diciembre de 2023 la Junta de Andalucía autorizaba oficialmente las tres fases y dos meses después, el pasado 6 de febrero, se publicaba el primero de los anuncios de utilidad pública de las tres fases. Los propietarios de los terrenos afectados pueden recurrir esta declaración, y si las alegaciones finalmente son desestimadas, la Junta iniciará la expropiación para la instalación de los módulos solares.

Las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción Granada, Somos Vega Somos Tierra y AUCA Santa Fe han anunciado que el pasado 27 de enero presentaron un recurso de alzada contra la concesión de autorización administrativa, denunciando que el macroproyecto “afecta a espacios de nuestro patrimonio natural como la Zona Especial de Conservación La Malahá incluida en la Red Natura 2000, el Parque Periurbano Dehesa de Santa Fe perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y el Bosque Isla inventariado la Dehesa de Santa Fe”.

Sin embargo, tal y como señala el estudio de impacto ambiental, analizando los principios de sostenibilidad y teniendo en cuenta su interferencia con algunos elementos del medio, “se puede afirmar que, la valoración ambiental global de los efectos de los proyectos es compatible y viable“, y que no se dan afecciones a ninguno de estos espacios.

“Las instalaciones no se ubican sobre espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 u otros Espacios Naturales Protegidos de la RENPA. Sin embrago, se encuentra en las inmediaciones del Parque Periurbano Dehesas de Santa Fe y de la Zona de Especial Conservación (ZEC) La Malahá, no previéndose ninguna incidencia directa. Igualmente, no se incluye dentro del ámbito de aplicación de los Planes de Conservación y Recuperación de determinadas especies amenazadas, ni en ÁreasImportantes para la Conservación de la Biodiversidad (IBAs). Tampoco en Zonas Importantes para las Aves Esteparias de Andalucía (ZIAE) ni en áreas prioritarias delimitadas para la reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las aves (Orden 4 de junio de 2009)”, reza el estudio.

En general, la zona en la que se van a instalar los alrededor de 201.000 módulos de recepción de rayos solares se trata de una zona bastante antropizada, dada la intensidad de las labores agrícolas durante los últimos años, principalmente el cultivo del olivar y de los chopos. “Por ello, el ámbito de actuación carece de vegetación natural mediterránea y, en consecuencia, no presenta un hábitat idóneo para la alimentación, reproducción y nidificación de especies faunísticas”, según el estudio.

La ubicación en la que se instalarán las placas solares será en el margen izquierdo de la carretera autonómica A-385, que une Santa Fe con Otura, entre el Cortijo El Ánima y la localidad de La Malahá, cercano a la Dehesa de Santa Fe. Esta zona es en su mayoría de cultivos, principalmente olivos. La vía es muy usada para acceder hasta Escúzar y su parque tecnológico por su conexión con la A-338.

Las organizaciones medioambientales valoraron en su momento como “muy deficiente” la Evaluación de Impacto Ambiental, en lo que respecta a flora y fauna. La mayor parte del proyecto se ejecutará sobre parcelas de olivares de secano, de regadío o tierras de labranza, lo que según los ecologistas conllevará la eliminación total de esa vegetación actual. “Eso supondría cancelar una gran zona de liberación de carbono capturado por esos árboles, así como la cantidad de dióxido de carbono que dejaría de secuestrarse por la eliminación de esta vegetación, además de la pérdida de la actividad agrícola y puestos de trabajo vinculados a ella”.

Impactos identificados y posibles afecciones

Según el estudio de impacto ambiental, los impactos de mayor magnitud sobre las variables ambientales que se han identificado son, durante la fase de construcción, los correspondientes a la alteración de la calidad suelo y las aguas, la producción de ruidos, la eliminación de vegetación y la pérdida/alteración de hábitats para la fauna.

Durante la fase de explotación, los impactos más significativos serán la alteración de lacalidad del suelo y la intrusión de nuevos elementos en el paisaje. Por último, los impactos negativos más relevantes en la fase de desmantelamiento consistirán en la alteración de la calidad del suelo.

Respecto a la red hidrológica superficial, el estudio del impacto ambiental señala que la gran planta fotovoltaica no incidirá sobre el Arroyo Salado, como si denunciaron en su momento las organizaciones medioambientales. No obstante, la linea de evacuacion de la electricidad generada si cruzara tanto de forma aérea como soterrada varios arroyos, como el Barranco de Aurora, el Arroyo Salado, el río Genil”y otros cauces innominados tributarios de los anteriores”.

En cualquier caso, se repetará el Dominio Público Hidraúlico y su zona de serviodumbre “con el objeto de no causar daño al drenaje natural de las aguas ni a terceros”. Unicamente el vallado y algunos paneles fotovoltaicos se instalaran sobre zona de policia (100 m), por lo que la empresa tendrá que solicitar una autorización de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir para poder construirlas.

Repercusión en el medio ambiente a costa de la agricultura

Por otro lado, el estudio ambiental destaca la repercusión positiva que este proyecto tendrá sobre los efectos del cambio climático, ya que con su desarrollo “se evitará la emisión de gases de efecto invernadero que serían necesarios para producir esa misma energía a partir de combustibles fósiles como petróleo, carbón o gas natural”.

Por ello, el estudio asegura que la instalación de la gran placa fotovoltaica es de interés público, “ya que su desarrollo creará empleo a nivel comarcal y/o regional, y supondrá un impulso para el desarrollo del sector de las energías renovables en Andalucía, esencial para la adaptación al cambio climático”.

Ecologistas en Acción Granada, Somos Vega Somos Tierra y AUCA Santa Fe, sin embargo, denuncian lo contrario, y es que la instalación de los paneles solares en sus tres fases derivará en la pérdida de la actividad agrícola y puestos de trabajo vinculados a ella en esta zona, suponiendo una repercusión negativa.

Las tres organizaciones medioambientales consideran que la transición energética no puede llevarse a cabo “a costa del daño a la biodiversidad, los paisajes, el patrimonio natural y agrícola o los suelos fértiles, favoreciendo la especulación de las grandes energéticas en contra de la agricultura familiar y de los pequeños agricultores que cuidan y protegen la Vega, anulando su vocación de despensa de alimentos de Granada y su Área Metropolitana, de donde más de 500.000 personas que habitan en ella pueden alimentarse”.

“La Vega de Granada tiene un potencial agrícola que supone un valor estratégico para la necesaria relocalización encaminada a la soberanía y autonomía alimentaria”, han remarcado las tres asociaciones.

Para ellas, la transición energética debe ser una oportunidad para primar un modelo de generación más distribuida y próxima a los puntos de consumo, “lo que evitaría las largas e impactantes líneas eléctricas”, y que implicaría además “la reducción de nuestro elevado consumo energético mediante políticas decrecentistas acompañadas del impulso de la soberanía energética mediante el autoconsumo e instrumentos colectivos como las comunidades energéticas”.

“Amenaza de expropiaciones forzosas”

Por otro lado, las tres asociaciones medioambientales han alegado que la declaración de utilidad pública solicitada por la Junta de Andalucía para que el proyecto siga su tramitación conlleva la expropiación de un total de 243 parcelas, de las que 232 se incluyen en el proyecto Atarfe I, siendo en su mayor parte parcelas pertenecientes a la Vega de Granada, en muchos casos suelos agrícolas de enorme valor agronómico.

Como ya publicó Granada Hoy el pasado 22 de febrero, el proceso se encuentra actualmente en información pública de sus tres fases, por lo cual los propietarios de los terrenos afectados, así como otros interesados, pueden recurrir esta declaración. Si las alegaciones finalmente son desestimadas, se iniciará la expropiación para la instalación de los módulos solares. En total, ambos procesos afectan a 243 parcelas, de las cuales 140 pertenecen al término municipal de Santa Fe, 67 a Atarfe, 26 a Pinos Puente, 6 a Vegas del Genil y 4 a Las Gabias. Entre los propietarios hay empresas y particulares, e incluso carreteras o vías de comunicación de titularidad pública de los ayuntamientos o de la propia Junta.

“Se produce además una situación de saturación de proyectos similares en la zona con las plantas previstas en Las Gabias, como Las Gabias I (117 hectáreas), Cortijo Blanco (75 hectáreas), y Crisadar (82 hectáreas.)”, han criticado los ecologistas.

El pasado martes 27 de febrero se llevó a cabo una asamblea de afectados por la línea de alta tensión de evacuación Atarfe I en la sede de la Comunidad de Regantes de Santa Fe, donde se acordó presentar alegaciones y la oposición frontal a la línea de alta tensión, así como a las tres plantas fotovoltaicas que componen el macroproyecto.

Estas tres organizaciones rechazan la fragmentación de estos proyectos, una táctica que según denuncian “va dirigida a evitar la tramitación por parte del Ministerio y ocultar el verdadero tamaño de los mismos”, así como la expropiación forzosa, “un procedimiento autoritario e injusto de desposesión territorial en beneficio de grandes empresas que se regula por una norma pre-constitucional: la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa”.

“En los tiempos que corren debería redefinirse el interés general, la utilidad pública, para evitar atropellos contra el verdadero interés público”, han denunciado Ecologistas en Acción Granada, Somos Vega Somos Tierra y AUCA Santa Fe.

Así es el proyecto

Cada uno de estos tres “semi proyectos” de Ence Atarfe I, II, y III no supera los 50 MW, acogiéndose el plan de construcción a la tramitación a través de la Junta de Andalucía y no a través del Ministerio de Transición Ecológica. El nombre de “Atarfe” lo recibe porque, aunque esta localidad se ve sólo ligeramente afectada por la instalación de las placas solares, la evacuación de la electricidad generada se hará por la subestación de Red Eléctrica Española de 220 KW que se situará en él.

Dos de las tres plantas de Ence tienen en total 49,9 MW cada una, mientras que la tercera llega hasta los 33 MW. Pese a estar divididas, estarán unidas en el mismo terrero y suman prácticamente 133 MW de potencia instalada en conjunto.

• La población serrana sufre problemas sistemáticos en el suministro de agua potable, de ahí la necesidad de una estación como la que va a construirse en Puerto Moral

La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, ha abierto un periodo de información pública relativo al Proyecto constructivo de la ETAP Sierra de Aracena y Picos de Aroche y las infraestructuras de conexión con el embalse de Aracena y la red de abastecimiento en alta, que se ubicará en Puerto Moral.

El anuncio de información pública ha sido publicado en el BOJA de este viernes. En él se recoge que la Dirección General de Infraestructuras del Agua, mediante Acuerdo de 17 de febrero de 2023, procedió a la apertura de un periodo de información pública relativo a este proyecto, pero “se presentaron distintas alegaciones al proyecto, las cuales han sido atendidas parcialmente”. En consecuencia, se procede a la apertura de un nuevo periodo de información pública de 30 días hábiles desde su publicación.

• Los promotores esperan poder anunciar antes del verano los primeros nombres de empresas que se instalarán en al área

• La Junta anuncia que el Puerto Seco de Antequera será inaugurado este mes

• Finaliza la mejora de dos vías del acceso al Puerto Seco de Antequera

Los alrededores de Bobadilla han sufrido una importante transformación en los últimos meses para dar origen al Puerto Seco de Antequera, una infraestructura que  está llamada a convertirse en uno de los grandes nodos logísticos de Europa y un pulmón de creación de empleo. Tras años de retrasos y anuncios, el proyecto es ya casi una realidad y está previsto que en las próximas semanas sea inaugurada la primera fase. En total, se proyectan tres. Un área llamada a ser la capital logística de Andalucía.

Los antiguos terrenos agrícolas se han transformado en enormes viales de doble sentido previstos para soportar el tránsito de vehículos pesados que deberán trabajar en la zona.

Un millón de metros cuadrados en los que se espera que se instale una amplia variedad de empresas para operar desde este punto. Logística e industria son los principales aspirantes a instalarse en la zona, aunque no se descarta la llegada de otro tipo de empresas relacionadas otros sectores como el agroalimentario o la refrigeración.

De momento, aunque no se conoce oficialmente el nombre de ninguna de las posibles empresas interesadas, desde el Groupe Idec esperan poder anunciar antes del verano los primeros nombres y no descartan que durante estos meses o en el último trimestre del año se puedan iniciar las obras de construcción de las primeras instalaciones, según indicada su responsable de Desarrollo, Maite Palomino.

Los promotores ya han presentado una solicitud de licencia de obras al Ayuntamiento de Antequera para 42.000 metros cuadrados que les permiten tener disponibilidad inmediata en caso de que llegue un cliente que necesite una implantación rápida en el espacio. Una cifra que representa un pequeño porcentaje de la primera fase en la que se han desarrollado un total de un millón de metros cuadrados.

El funcionamiento del área se espera que se pueda alcanzar en un corto espacio de tiempo la creación de unos 1.000 empleos, lo que dependerá también del características de las empresas que lleguen. Una cifra que a largo plazo, una vez desarrollada en su totalidad, se calcula que pueda dar lugar a entre 8.000 y 10.000 empleos, algo que desde Idec esperan conseguir en un plazo de unos diez años. Es el tiempo que se han fijado para completar el desarrollo de las tres fases en las que está dividido el proyecto.

En este sentido, han explicado que desde hace un tiempo la firma está participando en Francia en proyectos de reindustrialización con la construcción de fábricas de placas fotovoltaicas o baterías, por lo que no descartan que se pueda entrar también en este sector en el caso de Antequera.

Además, el área cuanta con sus propios sistemas de producción de energía que le permite ofrecer a sus clientes un precio garantizado para el suministro eléctrico por un periodo de diez años, un hecho que considera que les convierte en un espacio muy atractivo para empresas que tienen un gran consumo.

Precisamente, la creación de puestos de trabajo es otro de los aspectos que se han destacado, ya que se considera que el proyecto tendrá un gran beneficio sobre la denominada España vaciada con beneficios inmediatos sobre las poblaciones que se encuentran en sus proximidades más allá de la propia.   

Además, sus promotores defienden las ventajas de las instalaciones al estar situadas en un enclave estratégico para el transporte de mercancías por ferrocarril. Algo que pueden hacer desde ya sin necesidad de esperar a que finalicen las obras de construcción de los dos corredores europeos. Y es que está situada junto a la línea de ferrocarril que llega hasta el puerto de Algeciras. A ello se suma que también tiene conexión ferroviaria con el puerto de Málaga. “Desde el Puerto Seco se puede llegar por tren a toda Europa y evitar polución en el Mar Mediterráneo”, señalan desde Idec.

Precisamente, este transporte es el que se está potenciando desde Europa debido a su menor contaminación, además de la cada vez más importante falta de conductores para el transporte por carretera.

Estos hechos unidos hacen que esta infraestructura tenga una posición privilegiada de cara a su crecimiento. Además, existen unas “buenas previsiones” para este proyecto.

También se trabaja ya en el proyecto para que cuente con una estación intermodal y el desdoblamiento de la carretera que une el área con las autovías A-92 y A-45.

Por otra parte, se inicio la tramitación del proceso administrativo de cara al desarrollo de la segunda fase.