• Órganos internos bloquean iniciativas de la Secretaría General Técnica y advierten de que está en riesgo la seguridad de las infraestructuras

El Ministerio de Transportes ha chocado contra sus propios ingenieros y las principales asociaciones y profesionales en España por tratar de imponer una normativa de construcción que evita trasponer los códigos europeos y, aseguran, pone en riesgo la seguridad de las obras.

Transportes es el principal contratante de obra pública del Estado, con proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, vías de tren, viaductos, presas, puertos…El pasado 16 de junio, la Secretaría General Técnica, el núcleo en el que se apoyan la ministra y su subsecretario de Transports para la toma de decisiones y de donde emanan informes, estudios y tramitaciones del ministerio convocó a las comisiones de expertos en hormigón y acero para aprobar una nueva normativa sobre el uso de estos materiales en las obras públicas. En estas comisiones figuran como asistentes expertos del propio ministerio en seguridad ferroviaria o carreteras y vivienda, además de miembros de los ministerios de Trabajo y Transición ecológica, entre otros. 

El resultado fue que la propuesta del órgano de confianza de la ministra Sánchez recibió un inédito y sonoro rechazo por parte de los convocados, que alertan de que “la normativa actualmente en vigor en España está claramente obsoleta y es insuficiente y denuncian la cerrazón del Ministerio que se niega a adoptar los códigos europeos”. Es decir, los propios responsables técnicos de la seguridad en infraestructuras se oponen a las normas que el ministerio trata de sacar adelante.

Como consecuencia, 16 asociaciones y federaciones profesionales de ingenieros de todas las disciplinas que representan a miles de ingenieros y técnicos, empresas, catedráticos y arquitectos han firmado y remitido al Ministerio de Transportes y a Moncloa un manifiesto en el que exigen que se adopten de una vez por todas los eurocódigos -normas de proyecto que se emplean desde hace más de una década en la gran mayoría de los países europeos- que garantizan los máximos niveles de seguridad en la construcción y contra los terremotos.

En relación al riesgo que puede suponer un movimiento sísmico sobre las infraestructuras, el ministerio sí ha conseguido sacar adelante unas nuevas normas de seguridad que según los ingenieros tampoco se ajustan a los códigos vigentes en el resto de países de la Unión Europea. Si el ya inminente calendario electoral no lo impide, la norma podría aún ser aprobada.

La Asociación de Ingenieros de Caminos indica que la razón del núcleo duro del ministerio para rechazar la normativa europea y enfrentarse a la profesión es “la inviabilidad jurídica de la simple remisión directa a los eurocódigos en un reglamento español”. Sin embargo, fuentes del propio ministerio leen la negativa como “la herramienta de la Secretaría General Técnica para mantener la hegemonía sobre la profesión”. El órgano ha resistido las demandas de los profesionales y empresas del sector durante el mandato de tres ministros: Íñigo de la serna, José Luis Ábalos y, ahora, Raquel Sánchez.

Sea como sea, una de las instituciones más antiguas y relevantes de la profesión en España ya ha expresado públicamente “la gran inquietud” existente en la profesión por la falta de coherencia técnica de la normativa en proyecto, aprobada “sin criterio científico, sin avales técnicos y sin unanimidad “y “con los consiguientes riesgos para la seguridad de los edificios e infraestructuras y, lo más importante, para la seguridad de las personas en caso de que tenga lugar un terremoto”.

Los terremotos son infrecuentes en España aunque no improbables, como demuestra el caso de Lorca (Murcia) en mayo de 2011. Con una intensidad de 5,1 puntos en la escala de Ritcher -considerada moderada- un 80% de las viviendas resultaron dañadas y más de 1.000 tuvieron que ser demolidas mientras que otros 70 edificios construidos con las normas actuales sufrieron graves daños y colapsaron, según los ingenieros.

• El montaje del trazado que discurrirá sobre la CA 36 de acceso a Cádiz obligará a cortar el tráfico y desviarlo por el puente de Carranza

• Adif y Puertos del Estado cubrirán el sobrecoste del tren de La Cabezuela de Cádiz

Parece que la obra del futuro trazado ferroviario del tren de La Cabezuela va viento en popa. El puerto de Cádiz así como los empresarios que conforman su comunidad portuaria han tenido que esperar más de veinte años pero ya, por fin, atisban el final de la obra.

Aún habrá que esperar varios meses dada la complicación que conlleva una obra de esta magnitud que dirigen de manera subsidiaria Adif y la Demarcación de Carreteras . Ambas están coordinando estos días la colocación del tablero sobre el sobre el que discurrirá el tren en un futuro próximo. De hecho, una parte de ese tablero ya está colocado en su sitio, según indican fuentes de Adif, aunque aún restan los tramos que sortearán la carretera CA 36 de acceso a Cádiz.

De esta manera, una de las próximas actuaciones será colocar los tres tramos del tablero del viaducto que pasa por encima de la carretera/autovía. Esa actuación debe autorizarla la entidad gestora de la carretera para posteriormente coordinar con ellos las operaciones.

En ese momento, desde la Demarcación de Carreteras están ya preparando el dispositivo necesario para proceder al corte del tráfico en esa vía.

• Señalan que con la firma del convenio se inicia “un gran proyecto”, pero “hay mucho trabajo por delante” 

• Las administraciones ponen la ‘primera piedra’ simbólica para iniciar las canalizaciones de Rules

La firma del convenio de financiación de los primeros desglosados de la presa de Rules ha provocado alegría y felicidad a multitud de personas de la Costa y la provincia que ven como, después de años de luchas y reivindicaciones, se empiezan a dar los pasos necesarios en la dirección correcta para concluir una infraestructura que lleva décadas a la espera de ser concluida. Una rúbrica que permitirá, si no hay contratiempos, que las obras comiencen más pronto que tarde -una vez iniciadas cuanta con un plazo de ejecución de 37 meses- y que el resto de desglosados vengan a la menor brevedad posible. 

Una actuación necesaria que permitirá garantizar el abastecimiento a una población de 350.000 habitantes de la Costa Tropical y asegurar el suministro a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. 

No obstante, los agricultores piden prudencia y que las administraciones sigan trabajando en la misma línea para conseguir que todos los desglosados puedan ser una realidad “cuanto antes”. El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, asegura que están contentos “por el gran paso que se ha dado”, aunque cuando realmente serán “felices” será el día que “veamos esto finalizado y el agua llegue a todos los rincones de la Costa. Hemos conseguido en tres meses lo que nadie había conseguido hasta el momento: compromiso real y firmando. Ahora si surge cualquier contratiempo y por lo que sea, no sigue adelante, tenemos un documento en el que respaldarnos y pedir responsabilidades”.

Moreno incide que con la firma del convenio suscrito este viernes en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la presencia del presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la presidenta ejecutiva de Acuaes, María Rosa Cobo; la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada, María José Sánchez, además de la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López; el director general del Agua, Teodoro Estrela, se inicia “un gran proyecto, uno solo, no 11 proyectos, por lo que hay mucho trabajo por delante y hay que darle forma a todos los desglosados”.

Al hilo, explica que si se cumple la hoja de ruta firmada, y los distintos desglosados entran dentro de los planes hidrológicos venideros, “debería estar concluido, no como nos planteaban hace años de uno por año, sino que estaríamos hablando de que se redactarían una buena parte de los desglosados. No se puede olvidar que para que alguien pague por esta obra tienen que estar todos redactados y saber que nos va a costar, y eso tiene que ser como muy tarde en 2026”.

Por otra parte, ven complicado que el desglosado 3 pueda realizarse a tiempo. “En agosto de 2026 tiene que estar certificada la obra para que pueda entrar en fondos de Resiliencia, y saber lo que se acoge al 80% y lo que no. Vemos muy complicado que el desglosado 3 esté terminado para ese fecha, está claro que si se quiere se puede, pero es muy complicado por los tiempos”.

En esta línea, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció tras la firma que se está trabajando en la redacción del proyecto del desglosado 3, y “se abre un proceso por el cual Acuaes pone en marcha todo el proceso para la redacción de la totalidad de proyectos previstos”. Por lo que, será cuestión de tiempo que la siguiente fase del proyecto constructivo se presente y se puedan conocer detalles necesarios como su coste final. 

En 1993 se aprobó el proyecto de la presa de Rules y en 2001, tanto el sistema de Béznar- Rules como sus canalizaciones se declaran de interés general, tres años después finalizan sus obras, y en 2007 se inauguran tras una inversión millonaria. Aunque la lucha para su realización comenzó mucho antes, y las reivindicaciones son un constante por parte de la sociedad civil que reclama que el agua pueda regar los cultivos del litoral, es en los últimos años cuando se intensifica la lucha por conseguir las canalizaciones, algo que, según recalcan constantemente, “tendrían que haberse realizado a la vez que la presa”. 

El acuerdo

El acuerdo contempla que el 80% de la inversión sea cofinanciado por el MITECO con cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que la Junta de Andalucía abonará un 10% durante la construcción de las obras y el resto correrá a cargo de la Mancomunidad, que aportará, también durante la ejecución de las obras, un importe de 2,6 millones de euros. La cantidad restante (4 millones) será anticipada por ACUAES mediante la contratación de una operación financiera que será recuperada de la Mancomunidad una vez finalizadas las obras e iniciada la explotación de la infraestructura, en un plazo máximo de 6 años.

Firmado el convenio y una vez que el MITECO autorice el proyecto, ACUAES procederá a la inmediata licitación de las obras, trámite que ya ha sido autorizado por el Consejo de Administración de la sociedad mercantil, en respuesta a la urgente necesidad de que las obras se inicien a la mayor brevedad posible.

Las obras consisten en la ejecución de una red de conducciones que permitirán utilizar las aguas embalsadas en la Presa de Rules para llevarlas por gravedad hasta la ETAP de Palmares y a las diferentes comunidades de riegos situadas a la cota 200, así como permitir en un futuro la interconexión entre los sistemas de riego de las cotas 200 y 400.

El proyecto incluye la ejecución de dos conducciones paralelas de abastecimiento y riego en una longitud de 16,4 km cada una, con inicio en las proximidades de la Presa de Rules en el final del tramo actualmente construido bajo el vano del puente de la carretera A-346 (Órgiva – Vélez de Benaudalla) y final en el P.K. 16+400, en el que las conducciones se separan hasta finalizar en sus correspondientes puntos de entrega.

La conducción de abastecimiento, diseñada para transportar hasta 1.270 l/s, finaliza en la cámara de rotura proyectada junto a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Los Palmares, gestionada por la Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada.

Por su parte, la conducción de riego termina en la cámara de rotura de la interconexión de Palmares y previamente suministra las demandas de riego de las comunidades de regantes de Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Incluye esta tubería una toma para la futura conducción de riego a la cota 200 en la margen izquierda del Guadalfeo.

Asimismo, se acometerán las obras de un edificio de control y explotación en el término municipal de Vélez de Benaudalla, en la margen derecha del río Guadalfeo, en las proximidades de la Central Hidroeléctrica de Izbor, junto a la futura nueva estación de bombeo de la interconexión del Guadalfeo y sus instalaciones auxiliares.

• Antes de dos semanas concluye el plazo para presentar ofertas para la reforma del edificio

• Salud fija en el primer trimestre de 2024 el inicio de las obras del materno-infantil de Huelva

La Junta de Andalucía ha publicado la licitación de la contratación de las obras de reforma y ampliación del centro de salud de Ayamonte, adscrito al Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva Costa, con objeto de “facilitar una respuesta adecuada” a las demandas asistenciales de la provincia, por importe de 641.559 euros -IVA incluido-. El plazo para la presentación de ofertas concluye el 18 de julio.

Según recoge la memoria justificativa del contrato, dentro de la labor que el Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa está realizando para la modernización de las instalaciones, para “mejorar” la calidad asistencial al usuario, y que busca de unos espacios “más confortables” para “facilitar” la labor del personal sanitario y el “confort” de los pacientes, se plantea “la necesidad” de ampliación del centro de salud existente.

Para ello, se plantea una nueva dotación de cuatro consultas, una sala de educación maternal, aseo y zona de espera para el área de Pediatría a nivel de la planta Baja, y cuatro consultas más una sala de reunión y zona de espera a nivel de planta Primera. El nuevo edificio para la ampliación se planifica adosado a la fachada noreste del edificio principal existente.

La memoria señala que el objeto del contrato no se considera susceptible de división por lotes ya que “la correcta ejecución del contrato se dificultaría desde el punto de vista técnico” con dicha división, ya que “las prestaciones comprendidas en el objeto del contrato llevadas a cabo de forma separada pueden ir en detrimento del fin último que se pretende”. En este sentido, indica que constituye una obra completa.

Todo esto, según apunta, ya que el Servicio Andaluz de Salud, dentro de sus competencias, tiene como objetivo “fundamental”, la prestación “eficaz” de la Atención Sanitaria procurando conseguir un acceso “equitativo” a los recursos disponibles a toda la población de tal forma que “se aumenten los niveles de calidad de vida y bienestar social”, así como “garantizar la asistencia sanitaria pública a la población adscrita de forma continuada, para la consecución de los fines que como servicio público tiene establecido”.

Por otra parte, el pliego de prescripciones técnicas señala que las actuaciones de ejecución de las obras actuaciones “no perjudicarán las instalaciones existentes”, debiéndose planificar su ejecución “de manera que se evite o reduzca al mínimo las molestias e interacciones con el funcionamiento normal” de la actividad asistencial en el Centro de Salud.

El plazo de ejecución será de diez meses, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, toda vez que señala que el plazo previsto para el inicio de la ejecución de la obra se podrá posponer atendiendo a las necesidades asistenciales del Centro de Salud de Ayamonte.

Esta obras de adecuación de reforma y ampliación del centro de salud de Ayamonte están financiadas con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Fondos REACT-EU.

• El importe del modificado es de 670.420 euros y el plazo de ejecución de las obras se estima en seis meses

La Junta de Andalucía prevé retomar “este año” las obras para conectar el ramal ferroviario Vadollano-Linares con la línea Madrid-Cádiz de la red de interés general, paralizadas para adaptar un tramo de las instalaciones ferroviarias a una serie de condicionantes técnicos planteados por Adif. “Hemos terminado y contratado el modificado del proyecto, necesario para reanudar la obra, y ahora nos encontramos en reuniones técnicas con Adif para tramitar su ejecución, ya que se realiza en buena parte en suelos de la red estatal”, han explicado a Europa Press desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. En este sentido, la previsión es que estas obras de conexión del ramal con la línea Madrid-Cádiz de la red de interés general “se retomarán este año”, según las citadas fuentes, que han precisado que el importe del modificado es de 670.420 euros y el plazo de ejecución es de seis meses. En 2019 acabaron las obras del ramal ferroviario, que finalizaba en el perímetro de la estación de Vadollano, tras unos diez años de obras y varias paralizaciones. Su construcción supuso una inversión de 22,6 millones de euros. En octubre de 2020, se dio continuidad al proyecto con el inicio de los trabajos para unir el ramal con la red estatal, pendientes ahora. Fueron adjudicados por cinco millones de euros, cofinanciados al 80% por la Unión Europea a través del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020.