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Málaga: El Diario Oficial de la UE publica la licitación del carril BUS-VAO de acceso a Málaga por la A-357

  • El proyecto incluye ampliar 2,3 kilómetros de vía con un carril que se destinará como plataforma reservada para el transporte público

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y el perfil del contratante de la Junta de Andalucía han publicado la licitación del contrato para la redacción del proyecto y la construcción de una plataforma BUS-VAO en el acceso a la ciudad de Málaga por la carretera del Guadalhorce (A-357). La intervención, que supondrá la ampliación de calzada de dos a tres carriles en dirección a la capital malacitana para usar este tercer carril para autobuses y vehículos de alta ocupación, ha salido a concurso con un coste de 8,7 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation en materia de movilidad. Las empresas interesadas en ejecutar estos trabajos tienen hasta el 19 de julio para presentar sus ofertas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y ViviendaRocío Díaz, ha hecho especial hincapié que esta intervención se desarrollará “en una de las vías con mayor densidad de tráfico”, con cerca de 74.000 vehículos al día. Al respecto, el proyecto de carril BUS-VAO supondrá, a su entender, una llamada “a favor del transporte público y a seguir avanzando en esa búsqueda de introducir alternativas más sostenibles frente a los atascos y la contaminación que produce la dependencia del coche privado”. Al hilo de ello, ha recordado que también hay reservada una partida de estos fondos europeos para ampliar el carril BUS-VAO ya existente en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) sobre la carretera A-357 hasta el enlace del Cortijo Jurado.

El tramo que recoge el contrato abarca desde el tramo final de la autovía del Guadalhorce (A-357) a la altura de la glorieta de acceso al Hospital Clínico y a la Universidad (kilómetro 67,5), hasta su prolongación en la entrada de la ciudad coincidiendo con la intersección con la avenida Juan XXIII. La longitud aproximada del tramo proyectado es de 2,3 kilómetros.

El contrato incluye, en primer lugar, la redacción del proyecto de construcción de las obras para el acondicionamiento general de carretera mediante ensanche general de la plataforma para alojar el carril BUS-VAO y, posteriormente, su ejecución. Con esta actuación, la calzada pasará a de dos a tres carriles en sentido de circulación dirección Málaga, pudiendo ser utilizado este tercer carril como plataforma reservada. Desde el enlace con la MA-20 hasta el final de la actuación, la calzada tendrá cinco carriles.

La ampliación de la plataforma se realizará principalmente hacia el interior ocupando la mediana, salvo en algunos casos en el que el ensanche se realizará por su margen exterior, para lo que se diseñarán las ampliaciones de estructuras. Cuando exista una única estructura para ambas calzadas, a priori no será necesario realizar ninguna ampliación o refuerzo de la misma., como es el caso del paso superior sobre la glorieta junto al enlace con la MA-20.

En concreto, el proyecto contempla la ampliación del paso superior sobre la Glorieta donde confluyen las avenidas de Dr. Manuel Domínguez y María Zambrano ocupando el espacio entre calzadas, al igual que se hará con los tres pasos superiores en el enlace con la MA-20. Además, en el paso superior sobre la Avenida Almogía se ampliará el tablero en voladizo.

La carretera A-357 de Campillos a Málaga por el Valle del Guadalhorce tiene su inicio en las estribaciones de la Serranía de Ronda (Int. A-384, Campillos), atraviesa el embalse del Guadalhorce y a continuación discurre por la Hoya de Málaga y el Valle Bajo del Guadalhorce hasta enlazar con la A-7 en las proximidades de la ciudad de Málaga. Esta carretera tiene una longitud de 69 kilómetros y conecta los núcleos de población que se asientan a lo largo del Valle del Guadalhorce con la capital y la costa.




Cádiz. Barbate: El Gobierno declara la urgente ocupación de los terrenos de la nueva depuradora de Barbate

  • El proyecto de incluye la instalación de los colectores generales, la estación de bombeo y la estación depuradora de aguas residuales (EDAR)

  • El Gobierno autoriza la creación de la depuradora de Barbate

El Consejo de Ministros ha acordado la ejecución de las obras para ofrecer “una solución global y estable a largo plazo” al saneamiento y depuración de las aguas residuales procedentes de los núcleos urbanos de Zahara de los Atunes y Barbate, con la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Así, el Gobierno ha acordado que se declara “la urgente ocupación” de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de colectores generales, la estación de bombeo y propia estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Barbate-Zahara de los Atunes.

La ejecución de las obras ha sido encomendada a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas España SA (Acuaes), en virtud de la modificación número del Convenio de Gestión Directa, aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de agosto de 2022 y formalizado el 11 de octubre de ese mismo año, figurando en el epígrafe A.3.09.

El proyecto tiene por objeto dotar a las aguas residuales generadas en los citados núcleos de un tratamiento secundario adecuado en cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en la Directiva 91/271/CEE, y en su transposición a la normativa estatal, desarrollando una nueva depuradora con capacidad suficiente para las nuevas necesidades y para las previsiones de crecimiento futuras.

El proyecto incluye una instalación de tratamiento para agua regenerada que cumple con el Reglamento de la UE 2020/741, de 25 de mayo de 2020, para calidad A de las aguas regeneradas. Además, se ampliarán y mejorarán las instalaciones de la red de colectores existentes, a fin de dotarla de capacidad para transportar los nuevos caudales hasta la nueva instalación, ha explicado el Gobierno.

Está previsto la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para los núcleos de Zahara de los Atunes y Barbate, que incluirá un tratamiento terciario que permita la reutilización de las aguas residuales, y una nueva impulsión de agua residual de Barbate a la nueva EDAR, así como adecuación de la actual Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) 11 de marzo.

También se renovará parte del colector que lleva las aguas residuales de Zahara de los Atunes a la EDAR por un nuevo colector que funcione íntegramente mediante impulsión desde la EBAR de Zahara de los Atunes, así como adecuación de esta a las nuevas condiciones del sistema.

El proyecto incluye un nuevo colector que conecte al sistema general y que preste servicio a la barriada de El Cañillo, ya que en la actualidad existen puntos de vertido no conectados a la red general de saneamiento de Barbate en esta zona. También se llevará a cabo la demolición de la actual EDAR y posterior restauración de la parcela.




Cádiz. El Puerto de SantaMaría: El Consejo de Ministros autoriza la celebración del contrato de obras para construir la nueva Comisaría de El Puerto

  • El presupuesto base de licitación sin IVA asciende a 12.556.641 euros, con un procedimiento de adjudicación abierto

  • La nueva infraestructura se ubicará en una parcela de la Angelita Alta, en la calle Tren de Rota

  • La construcción de la nueva Comisaría de El Puerto comenzará en diciembre de este año

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. (SIEPSE), la celebración del contrato para la ejecución de las obras de la nueva Comisaría local de la Policía Nacional ubicada en El Puerto de Santa María.

El anuncio de la construcción de la nueva Comisaría, así como la presentación del proyecto para edificar unas nuevas y modernas instalaciones en terrenos de la Angelita Alta, fue dado a conocer durante un acto celebrado en el mes de marzo pasado, con la asistencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, así como  la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), Mercedes Gallizo, además de distintas autoridades locales y provinciales y representantes vecinlaes de la Flave, que desde hace años reivindican este nuevo equipamiento. 

La construcción de este centro se enmarca dentro del ‘Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025’, que se aprobó mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019, para la reforma y construcción de comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil y edificios singulares de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), por un importe total de 600 millones de euros, para su ejecución en siete años.

Según ha anunciado en una comparecencia conjunta tras el Consejo de Ministros que ha autorizado la puesta en marcha de la contratación, la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, acompañada por el propio ministro Fernando Grande-Marlaska, el importe del presupuesto base de licitación, sin IVA, asciende a 12.556.641,66 euros (el presupuesto total sería de unos 15,85 millones de euros).

La adjudicación del contrato de obras se tramitará mediante procedimiento abierto. La autorización concedida este martes es preceptiva conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el valor estimado del contrato superior a los 12 millones de euros.

Como se ha señalado anteriormente, la nueva Comisaría de El Puerto se construirá en la calle Tren de Rota de la Angelita Alta, en una parcela cedida en el año 2008 por el Ayuntamiento portuense a instancias del movimiento vecinal y de la Flave, junto al Sindicato Unificado de Policía (SUP), que reivindicaron esta infraestructura, debido a que las instalaciones de la actual Comisaría están obsoletas por su antigüedad y se han quedado pequeñas para los más de 300 funcionarios policiales que prestan servicio en El Puerto de Santa María.

Según adelantó en la presentación realizada en marzo el ministro Grande-Marlaska las obras de la nueva comisaría portuense comenzarán en el mes de diciembre de 2023 y se prolongarán hasta mayo de 2025.

 



Córdoba. Villafranca: El Ayuntamiento modifica el proyecto del futuro museo de Artes y Costumbres de Villafranca

  • Se ubicará en el antiguo palacio de los mayordomos de los Duques de Medinaceli y su reforma alcanza los 818.000 euros

La Comisión de Patrimonio de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía, ha dado el visto bueno a la modificación del proyecto de rehabilitación de la Casa Palacio de los Mayordomos de los Duques de Medinaceli, de Villafranca de Córdoba. Iniciadas las obras, la nueva dirección técnica ha considerado necesario ajustar el proyecto al estado real del edificio, sin que afecte a su volumetría, fachadas o cubiertas, excepto por la ubicación de la maquinaria de climatización o estructura interior.

Su reforma alcanza una cuantía de 818.000 euros. De dicha cantidad, 540.000 euros los aporta el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, y el resto (278.000 euros) el Ayuntamiento villafranqueño. El alcalde, Francisco Palomares (PSOE), dijo al inicio de las obras que esta subvención del Estado procede del 1,5% Cultural.

El proyecto plantea la rehabilitación completa del edificio como equipamiento municipal, ya que albergará el futuro Museo de Artes y Costumbres oficina de turismo, y contempla la conservación de la configuración general del inmueble con algunos cambios en la distribución interior, consolidándolo y dotándolo de las instalaciones y acabados acordes al nuevo uso.




Málaga: Smassa aprueba la revisión de precios de las obras del aparcamiento de Pio Baroja de Málaga

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa), celebrado este martes, ha abordado, entre otros asuntos, las propuestas de aprobación definitiva de las revisiones excepcionales de precios de dos obras, en concreto la de la reparación del aparcamiento de La Marina y la de las obras del parking de Pío Baroja, sobre el que también se ha aprobado el contrato modificado de las actuaciones.

Así, el Ayuntamiento ha informado de que se ha abordado la actualización de precios, por un lado, del proyecto de obras de edificio de aparcamiento bajo rasante Pío Baroja y, por otro, de las obras de adecuación, reparación, mejora y la adecuación de la mejora de la iluminación del aparcamiento municipal de la plaza de La Marina.

Ambos casos están amparados en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras; y en Real Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que la Junta de Andalucía aprobó medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos.

 
 

La aprobación inicial de ambas revisiones ya recibió luz verde por parte del consejo el pasado 16 de mayo, han indicado desde el Consistorio a través de un comunicado. En el caso del aparcamiento Pío Baroja, se ha aprobado aceptar la revisión excepcional de precios del contrato de esta obra por un importe de 348.412,29 euros.

Obras en el aparcamiento de La Marina

En cuanto a las actuaciones de reparación y mejora del aparcamiento de la plaza de La Marina, se ha dado luz verde a la revisión excepcional del precio de dicha obra por un importe de 98.473,65 euros.

Para el cálculo de ambas cantidades se ha tomado como referencia el Real Decreto 1359/2011 que establece la fórmula 812 de ‘obras de edificación general de alto componente de instalaciones’ para estos supuestos y los índices oficiales de revisión de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, también se ha aprobado, de forma definitiva, el contrato modificado de las obras del aparcamiento Pío Baroja, cuya aprobación inicial recibió luz verde por parte del consejo el pasado 16 de mayo.

Dicha modificación del contrato, cuyo importe asciende a 1.243.310,20 euros, “se produce por la necesidad de ejecutar una serie de actuaciones no sustanciales y no derivadas de errores u omisiones del proyecto y por motivos de seguridad para solventar incidencias por causas sobrevenidas de la obra”, lo que ha requerido la adaptación técnica y administrativa del proyecto inicial.

Entre esas situaciones están “diferencias de tipología entre el suelo encontrado y el previsto, la aparición de un aljibe en la zona sur de la parcela, nivel freático durante la excavación, la modificación de acabados de los casetones de acceso peatonal al aparcamiento, el cambio del sistema constructivo del muro pantalla en la zona del aljibe o la modificación de la potencia de la batería de condensadores”.

Informes periciales

Por último, se ha dado cuenta de los informes periciales realizados por Álvaro Rodríguez Rodríguez, arquitecto, y por Ángel García Vidal, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ambos profesionales colegiados por sus respectivos colegios profesionales.

Entre las conclusiones del informe emitido por el arquitecto se alude a “las certificaciones emitidas y la obra que hay realmente ejecutada, determinando si en las mismas se ha incurrido en algún tipo de irregularidad y, en su caso, el contenido y alcance de esta; concretando, si en base a las referidas certificaciones la Smassa ha pagado un importe distinto al que le correspondería en relación a la obra ejecutada”.

Así, en cuanto a la cuestión de si Smassa ha pagado un importe distinto al que correspondería respecto de lo ejecutado; “es indudable que no”. “Lo abonado hasta la certificación de febrero, que es la que este perito puede sancionar, concuerda con la obra realizada”, señala.

Por su parte, las conclusiones del dictamen realizado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos determinan que “en cuanto al análisis de las certificaciones emitidas, tomado como referencia la certificación número 20 de febrero de 2023, se ha verificado y comprobado in situ mediante las tres visitas realizadas a la obra en marzo de 2023, que no existe ninguna desviación entre las partidas certificadas y la obra realmente ejecutada, respondiendo el importe de la certificación a los trabajos realizados hasta la fecha por la contrata”.




Sevilla: OHLA se adjudica la construcción de dos plantas fotovoltaicas en Sevilla capital por 60 millones

  • Tendrán capacidad de 52,8 y 34,9 MW respectivamente, y durante su puesta en marcha se crearán 200 empleos

  • Endesa recibe la autorización para una planta de 50 MW entre La Rinconada y Carmona

OHLA suma a su cartera un nuevo proyecto fotovoltaico en Sevilla, por un valor de cerca de 60 millones de euros, para la construcción y puesta en marcha de dos plantas fotovoltaicas que contarán con una capacidad instalada conjunta de 87 MW (52,8 y 34,9 MW respectivamente). Ambas estarán ubicadas en el municipio de la capital, aunque la compañía no ha especificado el emplazamiento exacto.

La producción de ambas instalaciones será de unos 187 GWh/año, lo que permitirá abastecer a aproximadamente a 20.000 hogares. Su construcción también contribuirá a evitar la emisión de 50.000 toneladas de CO2 anuales a la atmósfera, según informa la empresa en una nota.

El contrato contempla, además de las dos plantas, la infraestructura de evacuación, que consiste en una subestación elevadora de 30/132 kV y una línea de 132 kV con tramos aéreos y enterrados.

Se trata de un proyecto EPC que incluye la ingeniería, el suministro de equipos y materiales, la construcción y puesta en marcha de todo el proyecto, así como las gestiones con los organismos afectados para la conexión a red y puesta en operación comercial.

Con la participación de OHLA en esta iniciativa, se generarán aproximadamente 200 empleos locales.

OHLA cuenta en su cartera con cerca de 30 proyectos de energías renovables en Europa, América y Asia que suman una potencia instalada de cerca de 1.400 MW, lo que permitiría abastecer a aproximadamente 560.000 hogares al año.

En España, donde gestiona cerca de 900 MW, la compañía se adjudicaba recientemente la construcción de una planta fotovoltaica en Mérida de 100 MW y avanza en la ejecución de cuatro proyectos que suman más de 500 MW.

En Sevilla, además de los proyectos adjudicados, ha llevado a cabo el parque fotovoltaico Zafra (50 MW), en Alcalá de Guadaíra, y la planta termosolar Arenales en Morón de la Frontera (50 MW), con tecnología de almacenamiento de sales.

 
 

En Latinoamérica, donde gestiona cerca de 530 MW, ha construido el parque fotovoltaico La Jacinta Solar (65 MW), en Uruguay, o la planta fotovoltaica Perote II (120 MW), en México. Por su parte, en Chile ha llevado a cabo la instalación Fotovoltaica La Huella (87 MW), el parque eólico La Estrella (50 MW), y la recientemente inaugurada planta fotovoltaica Coya (200 MW).




La Junta de Andalucía inicia la revisión del POTA, “desfasado” tras 17 años sin modificaciones

  • La redacción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, a cargo de Manuel González Fustegueras, se alargará por un periodo de 32 meses y tendrá un coste de 2,6 millones de euros
  • Andalucía, la comunidad favorita de los españoles para mudarse
  • Juan Espadas le pide cita a Juanma Moreno para trasladarle “una propuesta concreta” sobre Doñana

El Consejo de Gobierno ha anunciado este martes el inicio de los trabajos para la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que lleva 17 años en vigor sin modificaciones y que desde la Junta se ha calificado de “desfasado”. Ya el pasado mes de marzo se conoció que el urbanista y arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras ganó el concurso de asistencia técnica del nuevo POTA. 

Fustegueras, que redactó, entre otros planes, el de Sevilla, concursó con una unión temporal de empresas denominada Andalucía Ordenación Territorial, que incluye la suya, Territorio y Ciudad, y dos empresas catalana y de Castilla y León, especialistas en ingeniería y en análisis topográfico.

El nuevo plan se ha iniciado con la adjudicación del contrato de apoyo técnico para la redacción del mismo, que tendrá un coste de 2,6 millones de euros y una duración de 32 meses, según confirmó la consejera de Fomento, Rocío Díaz. 

Esta revisión del POTA quiere dar continuidad al “afán de renovación del marco legislativo en materia de ordenación del territorio” en la comunidad, ha informado en rueda de prensa el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha recordado la aprobación en la pasada legislatura de la ley del suelo Lista y el posterior reglamento.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha dicho que el POTA estaba “desfasado” y ha garantizado que se hará con la máxima participación, para alcanzar un texto “con el mayor consenso posible”. Díaz ha explicado que al plazo que se ha propuesto la Junta para la redacción de este plan, “32 meses”, hay que añadir la tramitación parlamentaria.

 

Desafío de legislatura

La meta del Gobierno andaluz en este “desafío de legislatura” es contar con la participación de todos los sectores implicados, especialmente los ayuntamientos, “que son los que desarrollan los planes urbanísticos”. En este sentido, la consejera ha apuntado que sólo 135 municipios de los 785 que tiene Andalucía (el 17,1%) han aprobado con el POTA vigente planes generales de ordenación urbanística.

Por ello, uno de los objetivos del nuevo POTA será acabar con “la maraña administrativa”, facilitando así el incremento de las inversiones. “Queremos que sea un modelo constructivo, que ayude a la vertebración de Andalucía”, ha afirmado Rocío Díaz. 

El POTA vigente, que se aprobó en 2006, se concibió antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, y como un desacelerador de la construcción. Uno de sus criterios más polémicos fue el conocido como 40-30, que impedía un aumento del suelo urbanizable más allá del 40% y un crecimiento de población de más del 30% en los primeros ocho años. Para muchos municipios pequeños y de interior con capacidad de crecer eso constituía un freno.

Su revisión servirá, según ha explicado este martes la consejera, para planificar cómo será el territorio andaluz en los próximos años dando respuesta a retos como la sostenibilidad, la demografía, la movilidad y el cambio climático, además de establecer un marco de coordinación de las políticas sectoriales que se despliegan en Andalucía.




Huelva: La Junta y los regantes muestran su disposición a acabar la presa de Alcolea

  • Firman una adenda al acuerdo de mayo por el que el Gobierno andaluz se compromete a ejecutar las obras, que están al 23% y paralizadas desde hace más de seis años

  • Presa de Alcolea: una herida abierta en el futuro de Huelva

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural está dispuesta a hacerse cargo de la financiación para concluir la presa de Alcolea, de competencia estatal, una obra “clave” para el futuro hídrico de Huelva, y aprovechar recursos hídricos fundamentales en plena sequía.

Así lo ha remarcado este martes la consejera del ramo, Carmen Crespo, quien ha participado junto a la Asociación de Promotores de Regadío de Huelva (Coprehu) en la firma de una adenda al acuerdo que alcanzaron en mayo por el que se ofrecen al Estado para asumir la ejecución de las obras.

Agentes sociales y económicos, así como instituciones de la provincia de Huelva se han sumado al documento para impulsar la terminación de esta infraestructura, que tiene su Declaración de Impacto Ambiental aprobada y que está paralizada desde hace años al 23% de su ejecución.

La consejera ha calificado de “histórico” la rúbrica de la adenda y ha agradecido a los firmantes “su apoyo a la que es, sin duda, una infraestructura imprescindible para el presente y, sobre todo, el futuro hídrico de la provincia onubense”.

“No podemos permitirnos, en un contexto de sequía pertinaz y estructural, desaprovechar más de 160 hectómetros cúbicos de agua de las lluvias de diciembre al no tener la presa finalizada”, ha recalcado.

Crespo ha señalado la importancia del paso adelante que han dado la Junta y Coprehu ante “la desidia y dejación de competencias por parte del Estado ante una infraestructura hidráulica que es crucial para la economía de toda la provincia”.

Por otra parte, ha puesto de relieve la necesidad de que el Gobierno de España ponga en marcha medidas específicas para proceder a la restauración ambiental de zonas degradadas por pasivos mineros o escombreras.

Para ello, la consejera ha solicitado que “se declare esta actuación de interés general del Estado para que pueda facilitarse su financiación a través de fondos de la Unión Europea, por ejemplo, con Next Generation”.

Se han adherido en la adenda el Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Cámara de Comercio de Huelva, Freshuelva, la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, así como Interfresa, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Asaja, COAG, UPA, Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía, Ovipor, UGT y la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva.

Hace unos días, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguraba en una entrevista a este periódico que tras la paralización de Alcolea están las “dudas acerca de la calidad de las aguas, cargadas de metales pesados”. “Si se encontrara una solución técnica, creo que es una alternativa” para incrementar los recursos hídricos en Huelva, pero, insistió, “tiene una duda suficientemente razonable como para tener mucho cuidado con el empleo de ese agua”.

 



Sevilla: La reactivación de la ronda SE-35 de Sevilla llega a la Comisión Europea

 

La amenaza de varias entidades de Alcosa de denunciar el proyecto de la SE-35 ante Europa se ha cumplido. El eurodiputado del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán Crespo, que es también miembro de Anticapitalistas, ha requerido a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la reactivación por parte del Ayuntamiento de Sevilla del proyecto de la ronda SE-35 a pesar del dictamen medioambiental negativo que formuló esta misma institución europea sobre este proyecto en 2015. . 

La pregunta con solicitud de respuesta escrita se presentó el pasado 25 de mayo a instancias de la Coordinadora Ciudadana del Parque Alcosa (la FEA), que batalla desde hace años contra esta carretera cuyo proyecto inicial atraviesa el Parque Tamarguillo, una zona verde pagada con fondos europeos (Feder).

La Comisión tiene un plazo máximo de 2 meses, que se cumplen el 25 de julio, para responder a esta pregunta.       

En el texto, Urbán pregunta a la Comisión Europea qué medidas va a tomar ante la reactivación de este proyecto de carretera que no tiene en cuenta la resolución que en su día emitió la institución y que “pone nuevamente en peligro el cumplimiento de la Directiva 2011/92/UE”. “¿Qué medidas piensa tomar la Comisión Europea ante la propuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de reactivar la SE-35, que soslaya la resolución que ya adoptó en su momento la Comisión Europea y que pone nuevamente en peligro el cumplimiento de la Directiva 2011/92/UE?”, reza el texto que puede verse en la web del Parlamento Europeo. 

En el texto se explica que el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en abril de 2023 reactivar el antiguo proyecto de varios tramos de la autovía conocida como SE-35. Y agrega que “se trata de un antiguo proyecto que ya fue sancionado por la Comisión Europea (petición n.º 0559/2009) por incumplimiento de la Directiva 2011/92/UE tras un exhaustivo seguimiento de las actuaciones del Ayuntamiento”. 

En la pregunta se expone asimismo que el Ayuntamiento cometió varios errores al plantear la construcción de esta carretera. En el escrito al Parlamento Europeo se detalla que “en primer lugar, no presentó el preceptivo estudio de impacto ambiental y, posteriormente, intentó esquivar los pertinentes controles, razón por la cual recibió amenaza de sanciones comunitarias“. Y se añade que “tras varios requerimientos de la Comisión y dado el dictamen medioambiental negativo de la UE, el Ayuntamiento suspendió el proyecto de autovía en 2015. Hoy ese proyecto vuelve a estar sobre la mesa”.

Afección al parque municipal y a los humedales de Sevilla Este

La Coordinadora Ciudadana La FEA recalca la afectación de esta carretera sobre un parque municipal consolidado y sobre los humedales de Sevilla Este, lo cual cobra especial relevancia en el presente estado de emergencia climática.

Para entidad vecinal, la inversión pública de casi 40 millones de euros “responde a los intereses y demandas de la clase empresarial que especula con estos suelos”, no sólo para los desarrollos urbanísticos de San Nicolás Este y Oeste, sino también del Higuerón Norte, el Higuerón Sur y Buen Aire, donde están previstas miles viviendas y proyectos de índole industrial y logístico en los últimos suelos de valor agrícola de la ciudad. La entidad acusa a la Gerencia de Urbanismo de “poca capacidad de negociar plegándose a las presiones e intereses de los empresarios que quieren hacer negocio rápido y sin concesiones, ni a la ciudadanía, ni a la naturaleza. “Con la cantidad de suelo industrial disponible y polígonos infrautilizados que existen, Sevilla necesitaría parques agrícolas, en lugar de más parques industriales en esta parte de la ciudad” – han reconocido.

La entidad vecinal agrega que el proyecto de urbanización de Santa Bárbara afecta a los suelos inundables que ocupaban las llanuras de inundación de los arroyos que recorrían gran parte del territorio entre Parque Alcosa, Sevilla Este y Torreblanca, y que mantienen espacios como la laguna del Sapo, uno de los últimos testigos de un territorio rico en biodiversidad y naturaleza, reconocido por unanimidad del propio Ayuntamiento en Pleno el pasado mes de febrero.

Al proyecto de urbanización de 3.000 viviendas en Santa Bárbara se presentaron alegaciones con laintención de que dicho proyecto contemple el valor de estos humedales y se integren de forma racionaly respetuosa salvaguardando sus valores ambientales, haciendo justicia a las zonas verdes para la saluddel vecindario y el bienestar de todas las personas que viven y vivirán en estos barrios del Este.

La organización vecinal lamenta que “el Ayuntamiento trata de soslayar elementos primordiales para hacer una ciudad habitable con un futuro deseable para todos y todas, engañando a la ciudadanía y es por ello que, la FEA y la Plataforma SAVE! van a luchar”.

Con la intención de dar a conocer y tratar de salvaguardar estos humedales del Este y su inclusión en el Anillo Verde del Este, se ha creado la Plataforma SAVE! (Salvemos el Anillo Verde del Este!) que está llevando a cabo iniciativas de investigación y de divulgación de los valores naturales y la ecología de este singular paraje.

EN 2015 SE ANULÓ POR CARECER DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

En 2015, el Ayuntamiento de Sevilla anuló la tramitación del proyecto constructivo de la SE-35, con 29 kilómetros y seis carriles, por varios motivos.

El primero, que no lo sometió a evaluación de impacto ambiental e incumplió la directiva comunitaria 2011/92/UE. El dictamen de Europa no dio otra opción que anularlo todo y volver a empezar ante los reiterados incumplimientos de la ciudad a los serios toques de atención de Europa, sobre todo desde 2014.

Segundo, la Comisión señaló que la vía era metropolitana al superar los límites de Sevilla por Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Gelves, por lo que no bastaba que la infraestructura se incluyera en el PGOU de la ciudad. Requería un estudio ambiental global, no de tramos aislados.