- El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga emite un auto en que declara el concurso de acreedores de esta empresa de construcción de viviendas de lujo que se creó en la Costa del Sol y que tenía un ambicioso plan de expansión nacional
“Por el contrario, y a pesar de las noticias aparecidas en prensa, no necesitamos acudir a un proceso preconcursal, siendo el principal objetivo de esta compañía continuar con todos los proyectos en curso”. Han pasado aproximadamente cuatro meses desde que el CEO del Grupo Otero, Rubén Otero, remitiese esta carta a sus clientes y hace tan sólo un par de semanas el juzgado de los Mercantil número 2 de Málaga declaraba el concurso de acreedores que confirmaba el desplome de esta compañía especializada en la construcción de viviendas de lujo.
Según el auto emitido el pasado 23 de mayo, y al que ha tenido acceso El Confidencial, se acuerda la “disolución” de la sociedad y “el cese de sus administradores”, que son “sustituidos” por una administración concursal.
En la resolución se refleja que el procedimiento “ha sido instado por el propio deudor”, que “inicialmente ha solicitado la liquidación”; y se destaca que se “acuerda la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio”.
Los administradores, apoderados y representantes, “de hecho o de derecho”, del Grupo Otero tienen el deber de comparecer ante la autoridad judicial y la administración concursal “cuantas veces sean requeridos”. Están obligados a “colaborar e informar” en todo lo “necesario o conveniente” para el interés del concurso, “poniendo a disposición de la Administración del Concurso los libros, documentos y registros correspondientes”.
Esta obligación, acuerda la autoridad judicial, se extiende “a los cargos de la sociedad deudora que lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración de concurso”.
Los administradores, apoderados y representantes de la firma tienen la obligación de colaborar e informar a los administradores
Los acreedores, por su parte, disponen de un mes, contado desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la decisión del juzgado, para que comuniquen a la administración concursal sus reclamaciones a la constructora; mientras que el informe elaborado por los administradores designados deberá concluir en un plazo de dos meses.
El auto, además, recoge que se debe dar parte de la situación del Grupo Otero a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y también del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Cifras récord
La compañía encomendó su “reestructuración” a un bufete de abogados que anunciaba la “elaboración de planes de viabilidad futura” para tratar de contener a los acreedores. Proveedores de materiales y servicios, así como clientes, que comenzaron a asesorarme legalmente para emprender acciones en los tribunales.
En una misiva remitida a los afectados, en un porcentaje importante, pymes del ámbito de la construcción, se les emplazaba a una reunión —presencial o por videoconferencia— en la que serán informados de “propuestas concretas”.
Los representantes legales de Otero Builder SL, la mercantil con la que en 2017 comenzó a gestarse el grupo que después conformaron cinco empresas —OBC, Otero, Lagoom, Urbatech y Atrium—, inició una “reestructuración” de la compañía que ya ha sido “debidamente” comunicado al juzgado de lo Mercantil de Málaga.
El objetivo era “salvar la declaración de concurso ante la situación de insolvencia provocada directamente por los sobrecostes en obra”. Como en otras comunicaciones anteriores, se recurría a la presente coyuntura para justificar su caída súbita, aunque siempre obviaban que hechos como el aumento de precios de los materiales, la inflación y el conflicto de Ucrania, influyen severamente en el sector desde hace más de un año. No obstante, no impidieron que la empresa siguiese apostando una gestión expansiva, sin contracción del gasto, a lo largo de todo 2022. A lo que hay que añadir que la propia compañía informó de que había superado los 500 millones de volumen de negocio y en sus propios canales de información publicitaban cifras récord.
Grupo Otero se presentaba como “líder en la construcción de viviendas de lujo en la Costa del Sol”, eran muy importantes. “Más de 130 millones de euros en cartera de obras”, “190 unidades” de casas exclusivas por “250 millones”, “500 proyectos entregados” y el “objetivo” de edificar más inmuebles destinados a “alquileres asequibles”.
Pagarés devueltos
“¿Quién podía suponer lo que ha pasado?”, se preguntaban los propietarios de una de las empresas proveedoras, que se enfrenta al posible impago de 1,5 millones de euros. “Llevábamos más de siete años trabajando con ellos y nunca habíamos tenido un problema. Sólo el año pasado, en una decena de obras”, insistían, para recalcar su asombro por lo sucedido contando que “hemos colaborado en obras muy importantes”.
Relataron a este periódico que el pasado 25 de enero debían haber hecho efectivos pagarés `por 370.000 euros, pero que las obligaciones de pago fueron devueltas por el banco, una circunstancia que también les ocurrió en diciembre. “Entonces nos dijeron que había habido un contratiempo, que no nos preocupásemos y que se sumaría al importe que deberían satisfacer en febrero”. Pero cuando el segundo impago despertó las sospechas y pidieron nuevamente explicaciones, la respuesta les inquietó aún más: “Dijeron que había habido problemas financieros”.
Cuatro meses después, en los cristales de la sede principal de la compañía en la capital malagueña, cuelgan letreros de “se alquila”
“En aplicación de la cláusula cuarta del contrato —que no se describe en la carta remitida en este caso—, amparándonos en la doctrina del Tribunal Supremo y el principio de ‘rebus sic stantibus’ —figura jurídica que establece que un acuerdo será vigente mientras se mantengan las condiciones iniciales—”, afirmaba el CEO de la empresa, que defendía su postestad para aplicar un incremento al precio de las viviendas de lujo.
Y en este contexto de desplome de la empresa, se informaba a sus empleados que iniciaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conllevaba un “despido colectivo” ante su situación “absolutamente insostenible”.
La rumorología en torno a la presunta quiebra de la firma fue creciendo, al igual que las quejas de los empresarios consultados, que se que se quejan de la falta de información por parte del Grupo Otero. “Llamas y nadie sabe nada”, apuntaba uno de ellos. Cuatro meses después, en los cristales de la sede principal de la compañía en la capital malagueña, ubicada en la Alameda Principal, cuelgan letreros de “se alquila”.
Los clientes con casas a medio hacer y sin entregar también recibieron cartas en las que la firma les instaba a renegociar las cantidades de la compra aduciendo que “la evolución de los precios de las materias primas y la energía es difícilmente predecible, y trasciende del ámbito puramente económico hacia la geopolítica”, por lo que “ha supuesto un aumento de la inflación a nivel global desde mediados de 2021 al 2022.
“En aplicación de la cláusula cuarta del contrato —que no se describe en la carta remitida en este caso—, amparándonos en la doctrina del Tribunal Supremo y el principio de ‘rebus sic stantibus’ —figura jurídica que establece que un acuerdo será vigente mientras se mantengan las condiciones iniciales—”, afirmaba el CEO de la empresa, que defendía su postestad para aplicar un incremento al precio de las viviendas de lujo.
Y en este contexto de desplome de la empresa, se informaba a sus empleados que iniciaba un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conllevaba un “despido colectivo” ante su situación “absolutamente insostenible”.