• El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública asegura en el Foro Joly Andalucía que el “Primer Plan Estratégico de Justicia” pretende crear en los próximos años más de una veintena de nuevas sedes judiciales en Andalucía con una inversión de 700 millones

• La iniciativa incluirá contratos de alquiler para sedes judiciales con Ayuntamientos y entidades privadas.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado este jueves en el Foro Joly Andalucía que la Junta de Andalucía está diseñando el Primer Plan Estratégico de Justicia de la historia de Andalucía, con el que se pretende crear en los próximos años más de una veintena de nuevas sedes judiciales y para el que se buscará, por primera vez, la financiación con fondos europeos. Este plan tendrá un coste de unos 700 millones y se financiará en un 25% con la venta de los edificios que dejen de utilizarse, mientras que otro 25% se articulará con acuerdos de concertación de obra pública con la colaboración del sector privado, otra parte contará con la colaboración de los Ayuntamientos, un 20% a través de arrendamientos reforzados, y un 5% se financiará con los fondos europeos para llegar a las zonas donde más se necesitan las infraestructuras judiciales, como las zonas rurales de la comunidad autónoma.

Durante su intervención en el Foro Joly Andalucía, patrocinado por Martín Casillas, el consejero de Justicia ha anunciado que su departamento está preparando el Primer Plan Estratégico de Justicia de la historia de Andalucía, que llevará aparejado un plan de infraestructuras que abordará definitivamente el problema más visible que tiene la Administración de Justicia. El objetivo del plan, ha afirmado, es abordar en una primera fase la puesta en marcha de una veintena de sedes judiciales, todo ello teniendo en cuenta que la comunidad se han levantado “24 sedes judiciales en 26 años” desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia.

El consejero ha recordado que con un presupuesto para Justicia en el que se han asignado para 2023 unos 8,5 millones de euros para nuevas inversiones, la solución al problema pasa por plantear estas alternativas de financiación, dado que con este presupuesto se tardaría “100 años en cubrir el coste” del ambicioso plan de infraestructuras judiciales que ha anunciado.

Esa financiación, ha indicado Nieto, se obtendrá de varias formas, entre ellas con la venta de las sedes judiciales actuales que queden en desuso, como ocurrirá en Sevilla con el traslado a la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, pero también con la colaboración “publico-privada” y, de la misma forma, recurriendo a los “fondos europeos”, que hasta ahora estaban vetados pero que el consejero cree que se podrán activar al menos para una parte de las construcciones que deben realizarse y que, según ha indicado, podrían financiar el 5% de este plan.

De la misma forma, ha explicado que se recurrirá a la firma de convenios con ayuntamientos con capacidad económica para que los Consistorios construyan las sedes y la Junta pague un alquiler, y en este sentido ya está negociando con varios ayuntamientos. Un último punto de este plan incluirá contratos de arrendamiento reforzado a largo plazo con la iniciativa privada, que podrían ser de 20 o 25 años.

 El consejero se ha referido a la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla como el ejemplo con el que la Junta puede ser líder y ha afirmado que Sevilla tendrá el campus judicial más moderno y eficiente de España y será el “buque insignia” de la Justicia en Andalucía y en el que ha apuntado que el reto será realizar un “traslado modélico” de los órganos judiciales que está previsto que se inicie en junio próximo.

El coste en comunicaciones postales es de 10,5 millones

Nieto ha destacado que su departamento se ha marcado como uno de sus principales objetivos acabar con la “ineficiencia en el funcionamiento de la Justicia” y en este sentido ha puesto como ejemplo que sólo en las comunicaciones postales Andalucía se gasta cada año 10,5 millones, una cantidad que, según ha ironizado, no emplea ni la multinacional del comercio Amazón.

En este sentido, el responsable andaluz de Justicia ha afirmado que no es posible que se mantenga este gasto en comunicaciones postales, por lo que la Consejería se ha propuesto “rebajar en un 50%” dicha cantidad, ha aseverado Nieto, que ha puesto otros ejemplos como los 2,5 millones que la Consejería destina a la compra de papel, fotocopias, fax y burofax.

Por último, el consejero ha expuesto los tres “grandes retos” que debe afrontar Andalucía edn los próximos años y que, según ha referido, pasan por contar con “una Justicia ágil, rápida y que funcione bien; una Andalucía vertebrada, y una Administración Pública eficaz y modélica”.

C. Morán Madrid

El Gobierno ha abierto la mano para que las empresas de servicios que trabajan para la Administración también puedan revisar el precio de sus contratos para repercutir los sobrecostes relacionados con la escalada de la energía y de las materias primas. A instancias del Ministerio de Hacienda, el Grupo Socialista en el Senado ha pactado una enmienda con el resto de partidos políticos (excepto PP y Ciudadanos) para modificar la ley de Contratos del Estado.

La principal novedad es que la revisión de precios se amplía a todos los contratistas del Estado, no solo a “los de obras, armamento y equipamiento”. El Gobierno ha accedido a que la actualización de los presupuestos se puede repercutir a los contratos de menos de cinco años de duración “siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear supere el 20% de dicho presupuesto”, dice la enmienda.

La disposición acordada en el Senado, que debe ser ratificada por el Congreso, añade que “la revisión solo puede afectar a la fracción del precio del contrato a la que representa dicha participación”.

Para que las empresas puedan solicitar la revisión de precios el pliego debe indicar “el peso de cada materia prima, bien intermedio o suministro de energía con participación superior al 1% y su respectivo índice de revisión de precios”.

La otras gran mejora de Hacienda a través de la enmienda pactada en el Senado es que las revisión se podrá realizar a partir del primer año del contrato (antes eran dos años) . Para admitir la actualización, tiene que haberse ejecutado un 20% del trabajo.

La modificación de la ley de contratos afecta a todos los contratos que liciten ayuntamiento, autonomías y Administración central una vez entren en vigor los cambios. Quedan excluidos de la mejora los contratos vigentes.

Según la información facilitada por Hacienda a Bruselas, la contratación pública representa el 12% del PIB nacional, es decir, más de 100.000 millones de euros al año.

Beneficiados

Se trata de una medida que no afecta por igual a todas las empresas que prestan servicios públicos. En el caso de los operadores de transporte público, las Administraciones suelen contratar este tipo de servicios con concesiones a largo plazo, que no quedan afectadas por esta modificación. Si entrarían los servicios de autobús discrecionales y especiales con menos de cinco años de duración.

La modificación acordada en el Senado no tiene un carácter extraordinario como ocurrió el año pasado con la revisión de precios de la obra pública. Esta actualización de los costes de los contratos finalizó el pasado mes de marzo y no se ha renovado. Consistía en un aumento del pago de hasta el 20% del valor del contrato para aquellos trabajos donde los sobrescostes superasen el umbral del 5%.

Los reequilibrios de los contratos de servicios afectados por el Covid y posteriormente por el impacto de la guerra en Ucrania han sido un elemento constante de discusión entre las empresas y las administraciones concedentes, reticentes a reconocer este encarecimiento.