• Los ayuntamientos y los ministerios son los que más concursos dejaron en el aire en 2022 por falta de licitadores
• Cádiz es la provincia andaluza con el importe de los concursos desiertos más altos, seguida de Sevilla

La inversión en obra pública en la provincia tiene su cara y su cruz. Si atendemos al dinero consignado por las distintas administraciones (ministerios, ayuntamientos, Diputación, Universidad y Junta) nos encontramos que el importe de 2022 superó al de 2021 un 17%. Las administraciones destinaron a obra pública en Cádiz el pasado año 432,9 millones de euros frente a 370,8 millones en 2021. Así se desprende de la memoria anual del Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Entre los datos que aporta el informe destaca que Cádiz fue la cuarta provincia andaluza que registró la mayor inversión en infraestructuras el año pasado.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Un total de 76,8 millones de euros de inversión no se ejecutaron en la provincia por quedar la obra desierta. Los ayuntamientos y los ministerios fueron los que más adjudicaciones dejaron sin resolver debido al rechazo de las empresas. Según la patronal, no resultaba rentable acudir al concurso. El aumento de los costes de la energía y de las materias primas han puesto muy cuesta arriba para algunas firmas su participación en los concursos públicos de obra que abren las administraciones.

Cádiz no es una excepción y junto con Sevilla es de las provincias más afectadas por estas actuaciones. De hecho, la palma se la llevan ayuntamientos y ministerios, que dejaron sin ejecutar 31,1 millones y 36, millones, respectivamente. Le siguen las universidades, con 5.9 millones y la Junta, con 2,8 millones.

La convocatoria de concursos públicos de obras se mira con lupa entre las empresas aspirantes. Un error de cálculo o una baja temeraria pueden llevar a la ruina. Los empresarios destacan que muchos de los concursos que se convocaron en el último trimestre del año 2021 no recogían el incremento de costes de la inflación, lo que hacía muy difícil aspirar a ellos y obtener rentabilidad. «En cada concurso había antes diez o doce licitadores, mientras que hoy apenas se presentan uno o dos», destaca Ana Estrella, gerente de Ceacop, que recuerda que el precio de los materiales se ha disparado un 40%. En su opinión, este incremento dañará seriamente la tesorería de estas pymes, en su mayoría empresas familiares, si no se revisan los precios de las futuras licitaciones.

El Ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo, dejó desierta la obra del contrato de Asistencia técnica para la Obra de rehabilitación del ámbito de actuación de los antiguos depósitos de tabaco, con un presupuesto: 5,5 millones de euros.

Igualmente, el Consistorio de Chiclana dejó si efecto el concurso para la ejecución de las obras de construcción de 18 viviendas protegidas en régimen especial en venta, 19 garajes y 3 trasteros, en calle Las Delicias, con un presupuesto de 1,5 millones.

Por lo que respecta al Gobierno de la nación, los ministerios dejaron desiertas varias obras. Una de ellas fue la ejecución de edificio y urbanización para el centro de excelencia de sistemas navales, con un presupuesto de 19,3 millones. También quedaron desiertas las actuaciones necesarias para la implantación de la nueva envolvente para la línea de paneles planos en el astillero de San Fernando, con un presupuesto de 9,3 millones. Otra de las obras que quedó desierta fue el proyecto de sustitución y mejora de los elementos de atraque y defensa en la alineación interior del Muelle Isla Verde y Muelle de Galera, con un presupuesto de 2,4 millones de euros.

En cuanto a competencia de la Junta, fueron tres obras las que quedaron desiertas en Cádiz. Por un lado, la ampliación de 6 aulas para Infantil y Primaria en el CEIP Los Arcos (Algeciras), por importe 932.701,52 euros. También, de ejecución de 4 naves industriales independientes y sin uso definido en San Fernando, con un presupuesto de 629.998,70 euros. Los concursos desiertos también afectaron a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. En este caso quedó desierta la obra para el tratamiento térmico del agua en el centyro IFAPA de Los Toruños, por un presupuesto de 604.910,2543 euros.

El origen de esta ausencia de aspirantes en los contratos públicos lo encontramos en el revés económico que ha propinado a Europa la guerra de Ucrania, que ha desencadenado una escalada de los precios de las materias primas. El 1 de marzo de 2022, el Gobierno central aprobó por un período de un año un real decreto de revisión precios ‘excepcional’ en contratos públicos de obras (3/2022) afectados durante 2021 por un aumento de costes superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%. En abril de 2022, la Junta de Andalucía aprobó otro decreto de revisión de precios que complementaba el nacional, ya que éste había dejado fuera determinadas materias primas, obras de menos de cuatro meses de duración, los contratos de conservación de carretera y los de mantenimiento de edificios.

Como el Gobierno central no ha renovado su decreto ni aprobado otro instrumento de revisión de precios, Ceacop entiende que tanto ese decreto como el andaluz siguen vigentes para las obras que arrancaron antes del 2 de marzo de 2023. Sin embargo, para las posteriores no hay mecanismos de revisión de precios porque la ley de Desindexación de la Economía Española de 2015 desapareció y no se han renovado el decreto de 2022«, denuncia Ceacop.

Las empresas andaluzas de la construcción piden que los contratos de obras públicas salgan a precios de mercado, así como que se articulen fórmulas para revisar las obras licitadas y que no se trabaje a pérdidas, indica Ana Estella, que asegura desconocer si se están paralizando obras públicas en curso, aunque sí confirma que se están abandonando contratos antes de iniciarlos al no poder asumir los sobrecostes por incremento de los precios de los materiales, la energía, etcétera.

Como anécdota de la situación que se vive en los concursos públicos por lossobre costes, la Ceacop señala en su informe que hubo dos obras en Cádiz quedaron desiertas varias veces y finalmente fueron adjudicadas. Es el caso de la ejecución del proyecto básico y de ejecución de reforma para la implementación de accesos adaptados en la Facultad de Ciencias Económicas la UCA, con un presupuesto de 188.224,85 euros, y de la Construcción por parte del Ayuntamiento de Cádiz de 16 viviendas protegidas e n la calle Santiago, 11 de Cádiz con un presupuesto de 1,8 millones de euros.

INFRAESTRUCTURAS

Temor empresarial por los efectos de la inflación

Según Ceacop, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública formado por 250 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la obra pública, el aumento de las materias primas y la inflación han dejado desiertos algunos concursos. De hecho, obras públicas por 237,8 millones de euros han quedado sin adjudicar en Andalucía en 2022. La provincia con el importe mayor de obras desiertas es Cádiz, con 76,8 millones de euros, seguida de Sevilla, con 48,1 millones de euros y Málaga (44,1 millones). También han quedado sin adjudicar importantes obras en Huelva (18,1 millones), Córdoba (12,1), Almería (12,8) y Granada (12,2 millones de euros).

Nacho P. Santos. Madrid

El acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Gobierno con ERC y Bildu respecto a la ley de vivienda desbloquea una norma que llevaba más de un año enquistada en el trámite parlamentario y que supone una de las grandes promesas del Ejecutivo de coalición en esta legislatura.

Con medidas que intervienen el mercado, como topes de precios, o una mayor protección a los inquilinos y una rebaja del requisito para ser considerado como gran tenedor, la futura ley, que verá la luz a lo largo de mayo cuando sea aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado, ya ha sido rechazada por el sector inmobiliario, que advierte que las medidas acordadas provocarán una reducción de la oferta y, con ello, una subida de los precios.

A continuación, se detallan las claves más determinantes de la futura ley:

Topes al alquiler: ¿cómo son?

Una de las principales novedades del acuerdo y que había supuesto uno de los mayores puntos de discordia entre el PSOE y el resto de socios son los topes a las subidas de los alquileres en el momento de su renovación. La nueva ley eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. En su lugar, durante 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y de 2025 en adelante se creará un nuevo índice, aún pendiente de formular –tarea que deberá realizar el Instituto Nacional de Estadística (INE) antes de finalizar 2024–, “más estable e inferior a la evolución del IPC”. Por otro lado, al margen de los topes, se establece también una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de alquiler en caso de situaciones acreditadas de vulnerabilidad social.

¿A qué alquileres se aplicarán los topes?

Estos topes se aplicarán a cualquier alquiler, tanto para viviendas de grandes tenedores como de pequeños propietarios, y tanto si están en zonas tensionadas como si no.

¿Qué son las zonas tensionadas?

El nuevo acuerdo amplía la definición de zonas tensionadas que el Gobierno había incluido en el proyecto inicial. Esta definición es importante para que municipios y comunidades autónomas puedan declarar estas zonas, cuya unidad mínima será el distrito censal, en las que se podrán aplicar otras medidas más restrictivas. Las áreas tensionadas se declararán cuando se cumpla una de estas dos condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada –la propuesta inicial del Gobierno era de cinco puntos–.

¿La declaración de zona tensionada es automática?

No. Si un distrito censal cumple con alguna de las dos condiciones señaladas no pasará automáticamente a ser declarada como zona tensionada, ya que es competencia de las comunidades autónomas aplicar dicha declaración y decidir si se aplican las medidas establecidas en la ley.

¿Qué supone declarar una zona como tensionada?

La declaración de zona tensionada permitirá regular y topar todos los alquileres, ya sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos. Los topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios en el caso de los grandes tenedores. Asimismo, se podrán aplicar los límites del índice de referencia de precios a las nuevas viviendas que no hayan estado alquiladas en los últimos cinco años.

¿Cuántas viviendas hay que tener para ser gran tenedor?

El acuerdo del viernes cambia la definición de la figura de los grandes tenedores, a quienes se podrá aplicar medidas más restrictivas que no afectan a los pequeños propietarios. Por ejemplo, en el caso de los grandes tenedores el precio del nuevo contrato tendrá que estar vinculado a un índice de contención de precios fijado por el Gobierno y que aún se tiene que crear, mientras que en el caso de los pequeños tenedores el tope es sobre la renta del año anterior. Mientras que en el proyecto inicial se definía como gran tenedor al propietario de diez viviendas, el nuevo acuerdo permite a las comunidades autónomas reducir esta cifra a cinco.

¿Qué conlleva ser considerado gran tenedor?

Se podrán aplicar medidas más restrictivas que no afectan a los pequeños propietarios. Por ejemplo, en el caso de los grandes tenedores el precio del nuevo contrato tendrá que estar vinculado a un índice de contención de precios fijado por el Gobierno y que aún se tiene que crear, mientras que en el caso de los pequeños tenedores el tope es sobre la renta del año anterior.

¿Qué ocurre con los gastos y honorarios inmobiliarios?

La nueva ley hará que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos que obliguen a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente. Otra novedad es la eliminación de las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley en caso de existir un acuerdo al respecto entre las partes.

¿Hay novedades sobre desahucios?

La nueva norma prohibirá los desahucios sin fecha y hora predeterminada e incluye nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de 2 años, además de estipular el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables. Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional. También se reconoce la posibilidad de utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias.

¿Se penalizan los pisos vacíos?

El nuevo acuerdo anunciado el viernes no introduce ninguna medida nueva en este sentido, pero el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que llevaba más de un año en barbecho en el Congreso de los Diputados ya contemplaba que los ayuntamientos puedan aplicar sobre las viviendas vacías un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El sector de la construcción atraviesa un momento complicado. Entre 2020 y 2022, construir o rehabilitar una vivienda ha sido más caro que nunca debido a la escalada inflacionista de materiales como el aluminio o la madera. La reactivación del sector tras la pandemia ha estado en gran parte condicionada por la alta demanda de las industrias pesadas encargadas de su elaboración y el estallido de la guerra en Ucrania, lo que ha terminado por encarecer este tipo de materiales un 26,7% con respecto a 2019, según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

Los metales han sido por tradición un valor refugio para los inversores que, sin embargo, se ha visto lastrado por el parón de la demanda de China. El final de las restricciones a causa de la política de ‘covid cero’ del país asiático ha supuesto un balón de oxígeno para los mercados de materias primas, aunque según un estudio de CaixaBank, su precio no se estabilizará hasta entrado el 2024.

• Negocia cambios en la ley de desindexación para restaurar un sistema obligatorio y bajar la carencia
• Busca fórmulas para evitar que las constructoras dejen desiertos contratos por más de 7.000 millones

El Gobierno, a través de los ministerios de Transportes, de Hacienda y de Asuntos Económicos, aborda cambios normativos y legislativos para instaurar un sistema estable y predecible para la revisión de los precios en las obras públicas, según indican fuentes gubernamentales. El Ejecutivo mantiene desde hace unas semanas negociaciones con las constructoras para definir los detalles y evitar así la amenaza de que queden desiertos este mismo año contratos públicos, fundamentalmente de las Administraciones locales y autonómicas, por alrededor de 7.000 millones de euros, o incluso de abandono de proyectos en curso.

Este riesgo deviene del vencimiento, el pasado 1 de marzo, y la decisión del Gobierno de no prorrogar el mecanismo de revisión de precios en los contratos públicos de obra que Moncloa instrumentó un año antes –desde el 2 de marzo de 2022– a través del Real Decreto-ley 3/2022 para hacer frente en la inflación. Desde entonces, los nuevos proyectos, fundamentalmente de aquellos titularidad de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, salen a licitación sin una fórmula a la que acogerse. Los contratos de los entes dependientes del Estado sí la tienen recogida en sus pliegos de contratación, caso de Adif, el mayor inversor en el desarrollo de infraestructuras en España, o la Dirección General de Carreteras (DGC).

En un contexto en el que la inflación aún se mantiene en niveles elevados y sin previsión de caídas sustanciales, el sector de la construcción urge una respuesta a una problemática que, más allá del impacto para el tejido empresarial, pone en riesgo el uso de una parte de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, perdiendo así la oportunidad de mejorar la red de infraestructuras, de toda índole, del país.

El grupo de trabajo ad hoc promovido por Transportes, Hacienda y Asuntos Económicos tiene sobre la mesa varios planteamientos, entre los que también se recogen soluciones transitorias ante la coyuntura actual. Las opciones que se plantean atañen por ahora a los contratos públicos de obra. El sector también reclama que se implementen medidas adicionales de revisión de precios para los contratos de servicios adscritos a infraestructuras, que fueron excluidos del ámbito del RD-ley 3/2022. Por el momento no hay nada aprobado, pero la expectativa es que se implemente en las próximas semanas.

De acuerdo con fuentes conocedoras, Transportes, Hacienda y Asuntos Económicos exploran varias medidas que están ahora en estudio y afectan tanto a las obras en curso como, con un mayor calado, a las futuras. Así, por un lado, se plantea que la revisión excepcional incremente su alcance desde el límite del 20% respecto al precio de adjudicación del contrato que está contemplado en el RD-ley hasta el 30%. Con este aumento se buscaría resolver los sobrecostes en que están incurriendo las constructoras, superiores al 20% referido. En concreto, según los cálculos sectoriales, el impacto promedio que han tenido las obras acogidas –prácticamente todas las que están en ejecución– al mecanismo articulado el pasado año se sitúa en el entorno del 26%-27%. Este escenario está propiciando unos márgenes en los proyectos exiguos, cuando no negativos. Descartada la prórroga del RD-ley 3/2022, esta modificación podría instrumentarse a través de una orden ministerial o de otro Real Decreto-ley.

El periodo de carencia

En paralelo, el departamento que dirige Raquel Sánchez ha trasladado una medida orientada a recuperar un sistema de revisión de precios obligatorio en la Ley de desindexación de la economía española. Hasta su aprobación el 30 de marzo de 2015 todos los órganos de contratación tenían la obligación de incorporar fórmulas para revisar los precios. A partir de entonces, desapareció dicha obligación y su inclusión quedó a su arbitrio, teniendo además que justificarlo. Esto ha llevado a que la mayoría de entes locales y autonómicos ignoren esta posibilidad. De este modo, el planteamiento discurre por reestablecer la obligatoriedad, aunque con excepciones, de manera que se permitiría a los órganos de contratación la no inclusión de la revisión previa justificación.

La Ley de desindexación de la economía determina, igualmente, que la revisión de precios en los contratos del sector público Rauqendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización –la mayoría de las obras tienen periodos de ejecución inferiores–. En este punto, el Gobierno está considerando rebajar el plazo de carencia actual de dos años bajo determinadas circunstancia. El sector de la construcción pide que dicha carencia se reduzca a seis meses. También está en discusión desde cuándo se contabiliza dicho periodo. La norma establece en la actualidad que se inicie desde la formalización del contrato y se estudia que comience desde la presentación de las ofertas. No se descarta que esta modificación pueda implementarse a través de una orden ministerial y emerger así como una solución transitoria, dadas las urgencias que exponen las empresas.

• En breve plazo se iniciará el proceso de licitación para la conversión del edificio en un centro cultural y en una residencia para estudiantes 

• Valcárcel, aún pendiente del convenio

• “Nos hemos dejado la piel reivindicando un edificio digno”

La Universidad de Cádiz avanza en uno de sus proyectos más relevantes en cuanto a la mejora y ampliación de sus equipamientos: la recuperación de la antigua sede de la Escuela de Ingeniería.

Frente a la lentitud, que se cuenta por años, en el proyecto de transformación del viejo Valcárcel en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación, en un proceso en el que están implicadas varias administraciones, el proyecto de la calle Chile avanza cumpliendo el calendario previsto por la propia UCA.

El proyecto es ambicioso. Por lo pronto supone salvar de la ruina o del abandono un notable edificio que está clausurado desde que Ingeniería se trasladó al Campus de Puerto Real. El plan de la UCA es convertir el inmueble en sede de una residencia universitaria y en un centro cultural directamente relacionado con la Universidad pero abierto a toda la ciudad.

El proyecto se plantea como una colaboración público-privado. De esta forma, una parte del futuro complejo, la residencia para los estudiantes, será de gestión privada, y la otra, el centro cultural, estará gestionado por la UCA con el objetivo de abrirlo a toda la ciudadanía.

Desde la Universidad se indica que en las últimas semanas se está trabajando en la redacción del pliego de condiciones para la adjudicación de este proyecto, primero en lo que es la obra de remodelación y transformación de todo el edificio y, después, la propia explotación de la residencia.

Este avance contrasta con la lentitud a la hora de culminar el texto del convenio para el proyecto en Valcárcel, en el que están implicados la UCA (que fue la primera institución en trasladar sus propuestas para este documento), la Junta, el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación Provincia. En este caso, siguen celebrándose reuniones entre los técnicos de estas administraciones, sin que se haya cerrado una fecha para contar con este proyecto ya culminado.

En cuanto a la recuperación, para nuevos usos, de la Escuela de Ingeniería, el procedimiento inicialmente contempla, pendiente de conocer el documento de licitación actualmente en redacción, una concesión administrativa de uso de parte del edificio por un periodo de 40 años (+ 10) a favor de la empresa inversora.

Por su parte, la empresa se responsabiliza de la ejecución y financiación al 100% del proyecto de toda la obra. Terminada las actuaciones, disfrutará del uso y gestión como residencia universitaria de la parte correspondiente por el tiempo estimado, mientras la UCA dispondrá de un espacio adecuado a su plan de actividades para la puesta en marcha de su Centro Cultural Abierto.

El anteproyecto contempla también una serie de espacios de uso compartido en planta baja: patio y parking interior al aire libre, salón de actos, vestíbulo, recepción y cafetería.

El Centro Cultural Abierto UCA contará con tres plantas que integrarán de forma armónica distintos espacios para múltiples usos culturales: exposiciones, conciertos, cine, teatro, talleres formativos, presentaciones, debates, cursos, local de ensayo, etc. Esta nueva infraestructura complementará y reforzará las potencialidades del edificio Constitución 1812, epicentro de la acción cultural UCA.

Todos los espacios del futuro Centro Cultural Abierto UCA en el antiguo edificio de la ESI podrán ser utilizados por la ciudadanía para el desarrollo de actividades de carácter cultural. En una primera descripción general aproximada, en la planta baja se ubicarían el vestíbulo y el salón de actos (ambos de uso compartido con la residencia universitaria). En las plantas primera, segunda y tercera se distribuirán distintos espacios culturales: sala de exposiciones y espacios para presentaciones, talleres formativos, cursos, encuentros, locales de ensayos, etc.

En un principio, la Universidad de Cádiz podría trasladar a estos nuevos espacios la actividad de sus distintas escuelas de formación (Música Moderna y Jazz, Escuela de Formación Teatral, Escuela de Cine, Escuela de Danza, Escuela de Fotografía, Escuela de Flamenco y Club de las Letras), además de la Coral de la UCA y los diversos grupos de teatro.

En todo caso, como ha precisado el rector, Francisco Piniella, este reimpulso a las infraestructuras UCA “no constituye un fin en sí mismo. Es un medio para servir tanto a la comunidad universitaria, como a la sociedad en general.

• La provincia rompe la barrera de las 65.000 compañías y supera los datos de 2008

• La creación de sociedades mercantiles arranca 2023 con un aumento del 15% hasta marzo

• La economía sumergida hace pagar 1.209 euros de más a cada gaditano

• “Chiclana es el segundo municipio de España en empresas microgacela”

Rememorar la crisis de la primera década del siglo XXI provoca inquietud. La sola mención a la burbuja inmobiliaria, a Lehman Brothers, a las hipotecas subprime y a todos los coletazos que provocó aquel batacazo financiero hace temblar más de una pierna. Y una de las consecuencias que no hemos conseguido superar hasta ahora, quince años después, ha sido el peso empresarial en la provincia gaditana.

El año 2022 se cerró con 65.560 empresas, una cifra histórica. El listón estaba situado en aquel nefasto 2008, con 64.505 empresas registradas según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A partir de ese año los números rojos reflejan una bajada en el número de compañías que no cesó hasta 2014, tocando fondo en las 56.944 empresas. La recuperación paulatina no se ha visto frenada ni por la crisis sanitaria provocada por la Covid, ya que las medidas como los ERTE ayudaron a que no se cerraran tantas empresas y el número de estas no paró de crecer, aunque a menor ritmo. A nivel andaluz, esta recuperación del número de compañías a niveles previos a la crisis financiera se produjo al cierre de 2020.

Las obras que transformarán Los Llanos del Cristo en Puente Genil están a punto de empezar. Esta semana se firmaba el contrato entre el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la constructora para el comienzo de la intervención en Los Llanos del Cristo, lo que, en palabras del regidor, supone «un gran avance para Miragenil». Este acto supone el punto de arranque sobre el papel del inicio de los trabajos, que se producirá en los próximos días, incluidos en el proyecto Regeneración paisajística y adecuación urbana para la mejora de la accesibilidad de Los Llanos del del Cristo, una actuación conjunta entre el Ayuntamiento de Puente Genil y la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que se ha adjudicado la intervención a la empresa Construcciones y Contratas Cabello por 651.225 euros. Esta iniciativa está financiada al 50,51% por la Consejería de Fomento y al 49,49% por el Ayuntamiento de Puente Genil. 

Cuando se acomete de una obra de envergadura, en el amplio sentido de la palabra, como la construcción del aerogenerador experimental más potente de España, las dificultades se presuponen y además se suman imprevistos, como llevarse por delante una rotonda de la autovía. Le pasó al trailer de transporte de carga especial que trasladaba hasta Guadix una de las tres aspas de 70 metros de longitud del gran molino de Cuerva y arrasó con la glorieta de la salida 304 de la autovía A-92 porque el giro con la pala de esas dimensiones era imposible.

La reparación de la rotonda la asumió la empresa eléctrica granadina, por supuesto y es tan solo una anécdota entre el rosario de dificultades que han superado los trabajos de construcción del aerogenerador de Guadix, dirigidos por la joven ingeniera granadina Beatriz Jaldo, jefa de EPC (Engineering Procurement Construction, en español proyectos llave en mano) de Renovables de Cuerva.

La construcción de un aerogenedor es un proyecto a largo plazo que comienza mucho tiempo antes con la planificación y el estudio y dos años antes con la instalación de una torre de medición en el emplazamiento.

En el caso del parque eólico experimental de Guadix, las obras sobre el terreno empezaron en septiembre de 2021 con la construcción de los viales y caminos asfaltados que permiten acceder al molino. Después se acometió la plataforma de treinta metros de diámetro de hormigón y acero, la cimentación que se hunde tres metros y medio bajo tierra y la construcción de la línea de media tensión, de cinco kilómetros, que combina tramos subterráneos con otros aéreos y conecta con la subestación accitana de Endesa, donde se vierte la energía.

La fase culminante de las obras, el ensamblaje de la máquina de cien metros de altura que llegó por piezas, fabricadas en China, Portugal y Alemania, se llevó a cabo con una grúa de 120 metros que también hubo que montar sobre el terreno y en un tiempo récord, en una semana de febrero de 2022. Y es que, por motivos de seguridad, para realizar estos trabajos tan complejos no puede haber viento de más de cinco metros por segundo, ni una ligera brisa, cuestión harto difícil en una zona donde se instala el molino precisamente porque a diario sopla fuerte el viento.

«Tuvimos mucha suerte porque encontramos una ventana de una semana en la que no había viento y tuvimos que apretar para montar el aerogenerador sí o sí en esos días. Fueron jornadas de 20 horas diarias de trabajo, con mucha tensión y coordinando a muchos profesionales pero estamos muy orgullosos«, valora Beatriz Jaldo.

A las órdenes de esta ingeniera granadina de 28 años trabajaron en las fases pico de la construcción hasta cincuenta técnicos y operarios, todos hombres. El sector está muy masculinizado pero en la compañía eléctrica granadina se ha apostado por el talento femenino con tres jóvenes ingenieras al frente de sus áreas de Desarrollo, EPC de Renovables y Operación y Mantenimiento.

Beatriz, que lleva dos años en Cuerva, confiesa que la Ingeniería de Caminos no era su gran vocación pero como quería hacer una carrera técnica y quedarse en la Universidad de Granada, se matriculó en Ingeniería Civil. Nada más terminar la carrera comenzó a trabajar en el sector de las renovables.

La máquina está ya produciendo energía y funciona a la perfección. «Casi siempre está en pico de producción, va fenomenal», concluye con una sonrisa mientras mira hacia arriba, orgullosa, a su ‘criatura’.

• El edificio se construirá junto a la antigua Escuela Náutico Pesquera, donde hay un espacio superior a 4.000 metros cuadrados

• El servicio de Urgencias de Huelva se ubicará en el nuevo Centro de Salud del Molino

El proyecto del centro de salud del Molino en Huelva capital, cuya licitación no se hará efectiva hasta 2024, contempla más de 40 consultas para atender a una población superior a las 20.000 personas. Así lo recoge el informe de número y distribución de estancias previstas, al que ha tenido acceso este diario, que cifra en 13 las consultas médicas y en otras 13 las de enfermería, pasando de 11 a 13 cupos. 

El área pediatría contará con al menos seis consultas para pediatría y enfermería pediátrica, lo que elevaría a cuatro los cupos. A ellas se le unirá una sala pequeña diferenciada para la lactancia.