• Gobierno, Junta y Ayuntamiento dan su conforme al convenio con la perspectiva de iniciar los contratos en abril 

El soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital almeriense ha salido, ya de forma definitiva, del atolladero político que durante semanas ha venido enfrentando al Gobierno y a la Junta de Andalucía. En una nueva reunión celebrada de forma telemática, los miembros de la Sociedad Almería Alta Sociedad, han dado su conforme a la última, y se espera que definitiva, propuesta de convenio con el beneplácito del Ayuntamiento de la capital, cuyos responsables, empezando por la alcaldesa, respiran ya aires de tranquilidad.

No es para menos porque desde que el 12 de enero la Consejería de Fomento enviara a los medios de comunicación una nota en la que anunciaba la disposición de la Junta a triplicar su aportación económica para sufragar las obras, con 4,8 millones, a cambio de asumir la construcción y la titularidad de la estación de autobuses y de su parking soterrado, las declaraciones de unos y otros han ido empobreciendo el pacto de diciembre hasta llegar al punto de rupturas varias, reconciliaciones y ultimátums.

No obstante, las perspectivas con las que la alcaldesa de Almería, María Vázquez, y la concejal de Urbanismo, Ana Martínez Labella, llegaban a las doce a la reunión telemática, celebrada por parte de los representantes municipales en Alcaldía, eran halagüeñas, ya que un encuentro urgente entre las administraciones suavizaba el patio político el pasado 17 de febrero con un preacuerdo que ha quedado materializado en esta nueva sesión.

A ella accedía la alcaldesa incluso con otro propósito añadido a la consecución de la aprobación del borrador del nuevo convenio, que adjudica la titularidad del parking a Adif y permite a la Administración autonómica financiar su parte correspondiente de las obras con fondos europeos. Fruto de esas buenas perspectivas y minutos antes de acceder al encuentro telemático, Vázquez manifestaba a los periodistas presentes su aspiración a un compromiso fechado para la licitación de las obras, procesos de contratación que deberían estar ya en marcha ante el riesgo de hacer irrealizable la fecha de 2026 para la llegada del AVE y la pérdida de los fondos europeos con los que cubrir parte de los 234,77 millones de euros: el presupuesto de esta segunda fase del soterramiento del canal de acceso ferroviario desde El Puche hasta pasada la avenida del Mediterráneo con la construcción, además, de la mencionada nueva intermodal con aparcamiento subterráneo.

La regidora ha concluido la reunión de la Sociedad Almería Alta Velocidad con “enorme satisfacción” por el acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Adif y Adif-Alta Velocidad, dando el visto bueno definitivo al texto del convenio para la ejecución y financiación de la segunda fase de la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería, sobre el que no se han especificado detalles salvo los trasladado el pasado mes.

• El tramo entre La Concepción y la Ballabona debía estar acabado en junio de este año

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha aprobado una ampliación de dos meses para la finalización de las obras de la Autovía del Almanzora en su tramo entre La Concepción y el enlace con la Autovía A-7 en La Ballabona tras dar el visto bueno a un modificado del contrato por un coste adicional de 1.752.463,40 euros sobre el presupuesto vigente, es decir, un 7,29 por ciento sobre el presupuesto de adjudicación.

Así consta en la resolución rubricada el pasado 3 de marzo por la secretaria general técnica de Fomento, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que fija en 25.805.397,77 euros el coste final de la actuación cuyos trabajos arrancaron en agosto de 2021 con la previsión de extenderse por 22 meses, si bien desde el inicio se hizo constar la necesidad de introducir algunas modificaciones.

En concreto, las modificaciones afectan a cambios en el trazado debido a omisiones en el proyecto de construcción de aspectos no previsibles durante su redacción así como a la subsanación de una serie de errores en el proyecto encamida a garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente.

En este sentido, desde la dirección de obras se propuso una serie cambios en el proyecto que obligaban a la suspensión parcial y temporal de los trabajos en los espacios afectados, el cual fue aprobado por la Consejería el 27 de diciembre tras solicitar a la UTE constructora acta de precios contradictorios.

La propuesta técnica encaminada a modificar el proyecto señalaba varios servicios de riego y electricidad que se localizaron una vez comenzadas las obras y que se ven afectado por la traza, lo que conlleva una “modificación puntual” del mismo para salvar dichas infraestructuras.

Esta solución se muestra como una opción “bastante más ventajosa para el interés público que la de reponer dichas servicios afectados”, ya que dichas reposiciones “afectan de una manera muy grave a la economía de la actuación, a su propia viabilidad técnica” así como al plazo de ejecución de las obras, que deben finalizar antes de que acabe 2023 para no comprometer los Fondos Feder con los que financian en un 80 por ciento los trabajos.

Además, las modificaciones de trazado prevén, de otro lado, mejorar las condiciones de seguridad vial “al ampliarse los radios de giro”. “Con unos ligeros encajes del trazado en planta de los ramales se evita la afección a unos servicios que en el momento de la redacción del proyecto no pudieron ser detectados ni por tanto evaluados con respecto a la dificultad y coste económico aparejado que conllevaría su traslado yreposición, entre otras repercusiones derivadas del incremento del plazo total”, resumen la propuesta.

En cuanto a la corrección de errores, se ha determinado la inclusión de medidas de estabilización de algunos de los taludes ejecutados, correcciones y ajustes en el diseño original de ciertos elementos estructurales, la inclusión de un cunetón de mayores dimensiones en uno de los desmontes, mejoras en la tipología de algunas de las barreras de seguridad proyectadas o la inclusión de canalizaciones no previstas por el proyecto para telecomunicaciones en el entorno del enlace con la Autovía A-7 y el cruce con la carretera AL-7106, entre otras.

• El proyecto mejorará la seguridad vial en una zona, “donde existen varios centros educativos y cuenta con un gran tránsito de escolares”

• Granada tendrá un nuevo paso subterráneo para tráfico y peatones

El equipo de gobierno municipal aprobará este viernes en Junta de Gobierno Local, el proyecto para la construcción de un paso inferior subterráneo peatonal accesible y de tráfico rodado en la calle Washington Irving, que, con una inversión de 1.487.001 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá garantizar la conexión de la Chana con las nuevas áreas expansión de la ciudad y el barrio de Albayda.

La ciudad acabará así con el muro de hormigón que en la actualidad impide el tránsito entre la calle Washintong Irving, en el barrio de la Chana, y la calle Actriz Fabiana Laura, situada en los Planes Parciales Oeste 1 y 2, áreas de expansión de la ciudad con nuevas edificaciones ya construidas y otras en proyección, a la vez que da respuesta a una demanda histórica de los vecinos. Así lo ha informado esta mañana el concejal de Urbanismo y Obra Pública en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, quien ha considerado la actuación de “vital” para la vertebración del barrio de la Chana y su conexión con las nuevas áreas de expansión de la ciudad, en tanto que “mejoramos la movilidad y la seguridad vial en la zona, pero además damos un paso más en el revitalización y modernización del barrio”.

Un proyecto complejo

Según ha explicado, la propuesta de actuación, que ha considerado de “cierta complejidad” dado que ha requerido la aprobación de Adif (Administración de Infraestructuras Ferroviarias), proyecta la prolongación del paso subterráneo actualmente existente, pero que cuenta con una barrera arquitectónica, que impide tanto la circulación vial como peatonal entre las calles Washington Irving y la calle Actriz Fabiana Laura.

• La solicitud del 50% del importe de la obra al Banco Europeo de Inversiones permitiría comenzar con la obra del tramo sur en 2024, mucho antes de 2028

• Esta opción la propuso la Comisión Europea en la visita de ‘Sevilla quiere Metro’ a Bruselas, mientras el Ministerio de Transportes debe aportar la otra mitad

• La línea 3 del Metro puede culminar su tramo sur (Prado-Valme) con financiación europea

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves una moción para instar a la Junta de Andalucía a pedir al Banco Europeo de Inversiones (BEI) el préstamo necesario para llevar la línea 3 del Metro hasta Bellavista, tal como recoge la propuesta que el grupo municipal de Ciudadanos ha defendido en el Pleno ordinario celebrado este jueves relativa al impulso de la creación de una red completa del suburbano y Cercanías. El Pleno también ha aprobado pedir al Ministerio y a la Junta que construyan el apeadero-intercambiador de Guadaíra previsto en la línea 1 del Metro, así como que el Ayuntamiento participe en la explotación de la línea 3 a través de Tussam.

En este sentido, el portavoz de la formación naranja Miguel Ángel Aumesquet ha abogado por realizar una “ejecución escrupulosa” de los plazos previstos para el tramo norte para que “puedan llegar más fondos europeos para el resto de los trazados pendientes por construir”. No obstante, “no se puede esperar a la finalización de aquel para poner en marcha la construcción del tramo sur”.

Por ello, ha esgrimido Aumesquet, el Gobierno central y la Junta de Andalucía “deben comprometer” la financiación del tramo sur cuanto antes “para no demorar su puesta en marcha”. Así, la administración autonómica “debería acudir al Banco Europeo de Inversiones para solicitar el 50% del importe de la obra —tal y como propuso la Comisión Europea en la visita de Sevilla Quiere Metro a Bruselas–, debiendo el Ministerio de Transportes aportar la otra mitad”.

En opinión de Ciudadanos, esto tendría dos consecuencias: en primer lugar una consecuencia “permitiría comenzar con la obra del tramo sur en 2024, mucho antes de 2028, que sería la fecha si se financiara con la siguiente convocatoria de fondos Feder, y reservar así el montante del siguiente programa europeo para la necesaria línea 2 a Sevilla Este”. De este modo, el préstamo del BEI es la “piedra angular” que posibilitaría el desarrollo del plan”. Una operación “imprescindible” también para el grupo municipal de Vox.

En cuanto a la línea de Metro actualmente en servicio, la línea 1, la propuesta incide en la necesidad de “potenciar aún más su utilidad” si se completara el apeadero-intercambiador de Guadaíra, en la variante ferroviaria de la Negrilla (bifurcación Tamarguillo-La Salud). En este sentido, se ha instado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -a través de Adif-, y a la Consejería de Fomento a que concluya su construcción.

La puesta en marcha de este apeadero permitiría el “transbordo efectivo” entre la línea C-4 de Cercanías -que da servicio a Sevilla Este, Padre Pío y Palmete- y la línea 1 del Metro, que conecta el Aljarafe con Montequinto. También daría servicio a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y al Palacio de Congresos y Exposiciones, “con una inversión mínima y un tiempo de ejecución breve”. “Una parada clave”, en opinión del portavoz popular Juan de la Rosa.

Que Tussam participe en la explotación de la línea 3

La moción de Cs también recoge que el Ayuntamiento de Sevilla colabore con el proyecto de la línea 3, y “por ello debería estudiar la posibilidad de contribuir con los gastos de explotación del tramo sur, puesto que su funcionamiento repercutirá en la demanda de Tussam en todas las líneas que discurren cercanas al futuro tramo sur”.

Todos los grupos políticos, excepto el PP que se ha abstenido, han respaldado la propuesta municipal para que la empresa municipal de transportes (Tussam) “participe” en la explotación de la línea 3 del Metro de Sevilla en los “términos a acordar con las administraciones públicas implicadas en el proyecto”. La petición la formalizó el alcalde Antonio Muñoz en el acto de inicio de las obras del ramal técnico del tramo norte de la línea 3 y la respaldó horas después el comité de empresa.

La representación de los trabajadores ha defendido recientemente que “solo una explotación desde lo público puede garantizar un Metro público y social que cubra las necesidades de la ciudadanía, dejando a un lado los márgenes de ganancias cuando las líneas son explotadas por fondos de inversión, cuya rentabilidad prevalece sobre el servicio”.

El comité de empresa ha recordado que la línea 3 es “íntegramente urbana” y que “según los estatutos de Tussam, aprobados por el Pleno, es ésta quien debe gestionar y explotar dicha línea”. En esta línea, la plantilla ha remarcado que los trabajadores están “profesionalmente preparados” para prestar un servicio “con parámetros de calidad y garantía”.

En última instancia, han hecho un “llamamiento” a “todas las asociaciones vecinales” para que “aúnen esfuerzos para que el Metro de Sevilla sea de los sevillanos, tanto de la ciudad como de los de su corona metropolitana”. La moción, presentada por el grupo municipal del PSOE, defiende que la línea 3 es una “oportunidad” para Tussam, ya que se trata de una infraestructura “netamente urbana en la que los 45 años de experiencia de la empresa pública y la explotación del tranvía son un valor añadido para la empresa”.

“Bajo este objetivo”, el alcalde ha hecho el ofrecimiento, “como ocurre en otras grandes capitales españolas, en los términos que se consensuen con las administraciones implicadas”. Para ello, el Pleno ha aprobado también un “compromiso estable” para contribuir mediante las “aportaciones presupuestarias” al mantenimiento de Tussam como empresa pública que gestiona y explota de forma directa el transporte público de la ciudad.

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha expresado su deseo de “huir de los reproches” en relación con el Metro, en cuanto a los gobiernos de España y autonómico y la responsabilidad o dejación de funciones de uno u otro, y ha destacado el “carácter reivindicativo” del alcalde con el Ejecutivo central en esta materia.

• La provincia escala al bronce en el ránking de la inversión en obra pública

Almería cerró el año 2022 escalando posiciones en el ránking de inversión de la obra pública en Andalucía. De estar situada en los últimos lugares del reparto de la tarta pública andaluza ha pasado a ostentar la medalla de bronce solo superada por las gigantes Málaga y Sevilla, pero superando al resto.

En cuanto a la distribución total por provincias, Málaga lidera el ranking con un 19,1% de los 3.434 millones de euros, seguida de Sevilla (17,4%), Almería (14,1%) y Cádiz (12,6%). Ya por debajo de los dos dígitos, aparecen Córdoba (9,4%), Granada (9,3%) y Huelva y Jaén, ambas con un 6,6%.

La inversión en obra pública en Andalucía ha vuelto a crecer de manera sostenida por segundo año consecutivo, a pesar de la difícil coyuntura económica. Así lo refleja el informe elaborado por Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública) a la que pertenecen varias empresas almerienses, que recoge que el importe de las adjudicaciones repuntó en 2022 un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros.

Poniendo la lupa sobre las distintas administraciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía acapararon casi el 64% del importe de las obras. En concreto, los consistorios mantuvieron su esfuerzo inversor y volvieron a ser, por tercer año consecutivo, el organismo con mayor aportación con 1.198,9 millones de euros, es decir, el 34,9% total. A continuación, se situó el Ejecutivo autonómico, al sumar 991 millones, lo que representa el 28,9%.

Por su parte, el Gobierno central fue responsable del 28,7% de los contratos de obras y consultoría que se han adjudicado en el conjunto de la región, con 986,6 millones de euros, siendo la segunda mayor cifra desde 2009, aunque, en opinión del presidente de Ceacop, Carlos López, “este montante sigue estando muy por debajo de las necesidades de la comunidad en materia de infraestructuras”.

El crecimiento experimentado en 2022 se apoya principalmente en los Ayuntamientos y la Junta, que aumentan sus inversiones en términos interanuales en un 17,4% y 0,27%, respectivamente; si bien es el Ejecutivo central el que presenta una subida mayor, con un 81% más de gasto en comparación con 2021, aunque sólo adjudicó el 23% del total a empresas andaluzas.

El resto de la inversión se reparte entre diputaciones, con adjudicaciones por importe de 174,6 millones y un aumento del 6,6% respecto al año anterior; universidades, con 50,7 millones y una bajada interanual del 21%; y otros organismos, que invirtieron un 125% más, hasta los 32,6 millones de euros. Al margen de los niveles de inversión, el presidente de la patronal advierte de que “la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio”.

En concreto, la asociación detalla que un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga.

“Los ayuntamientos son los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, porque cuentan con menor margen para modificar los presupuestos”, apunta la gerente de la entidad, Ana Estella.

Desde Ceacop se lamenta, igualmente, que empresas públicas como Tragsa o Ineco están siendo adjudicatarias de obras que han quedado desiertas, pero por importes superiores al de la licitación inicial.

• Ayuntamientos y Junta suman casi el 64% del importe de las adjudicaciones del pasado año | El Gobierno eleva un 81% los fondos, pero solo contrató el 23% a compañías andaluzas

La inversión en obra pública en Andalucía ha vuelto a crecer de manera sostenida por segundo año consecutivo, a pesar de la difícil coyuntura económica. Así lo refleja el informe elaborado por Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), que recoge que el importe de las adjudicaciones repuntó en 2022 un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros, aunque al margen de los niveles de inversión, el presidente de la patronal advierte de que un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021).