• Según CEACOP, un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022 con una pérdida de inversión de casi 240 millones

La inversión en obra pública en Andalucía ha vuelto a crecer de manera sostenida por segundo año consecutivo, a pesar de la difícil coyuntura económica.

Así lo refleja el informe elaborado por CEACOP (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), que recoge que el importe de las adjudicaciones repuntó en 2022 un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros.

Sin embargo, al margen de los niveles de inversión, el presidente de la patronal, Carlos López, advierte de que “la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio”.

En concreto, la asociación detalla que un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga. “Los ayuntamientos son los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, porque cuentan con menor margen para modificar los presupuestos”, ha apuntado la gerente de la entidad, Ana Estella, durante la presentación.

Además, ha señalado que “es inasumible que en una comunidad como Andalucía, con el déficit de infraestructuras que arrastra y con el peso poblacional que tiene en el conjunto de España, se queden sin ejecutar esas inversiones por el desequilibrio de precios, aun habiendo fondos disponibles; además de que se corre el riesgo de que esta situación provoque un cambio de tendencia en materia de licitaciones”.

‘La competencia pública desleal’

Desde CEACOP se lamenta, igualmente, que empresas públicas como Tragsa o Ineco están siendo adjudicatarias de obras que han quedado desiertas, pero por importes superiores al de la licitación inicial.

“Desde hace años están haciendo competencia desleal a las empresas no sólo dentro de España, sino en otros países, yendo en contra del espíritu de la ley de contratos del sector público. En el caso de Tragsa la situación es aún más grave porque ya hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública) que, salvo supuestos de estricta urgencia, no puede ejecutar contratos de obra en zonas o núcleos urbanos”.

En paralelo, el presidente de CEACOP advierte de un riesgo añadido: “Esta situación que se está produciendo amenaza el plan de recuperación diseñado al amparo de los fondos Next Generation, que, como es conocido, tiene como meta temporal 2026 y obliga a que los proyectos deben estar iniciados necesariamente en 2023. De momento, la asignación y puesta en valor de estos recursos están muy por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de transformación”.

Es por ello que la gerente de la entidad añada que “hay que mantener en el tiempo y reforzar los mecanismos de revisión de precios de las obras tanto de la Administración central como autonómica y hay que desligarlos de la lucha política, porque las empresas necesitan seguridad y certeza. El sector necesita seguir recibiendo oxígeno como motor de la economía, generador de empleo y vertebrador del resto de actividades como son la ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras, clave todo ello para la sociedad”.

Reparto por administraciones

Poniendo la lupa sobre las distintas administraciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía acapararon casi el 64% del importe de las obras. En concreto, los consistorios mantuvieron su esfuerzo inversor y volvieron a ser, por tercer año consecutivo, el organismo con mayor aportación con 1.198,9 millones de euros, es decir, el 34,9% total. A continuación, se situó el Ejecutivo autonómico, al sumar 991 millones, lo que representa el 28,9%.

Por su parte, el Gobierno central fue responsable del 28,7% de los contratos de obras y consultoría que se han adjudicado en el conjunto de la región, con 986,6 millones de euros, siendo la segunda mayor cifra desde 2009, aunque, en opinión del presidente de CEACOP “este montante sigue estando muy por debajo de las necesidades de la comunidad en materia de infraestructuras”.

De este modo, el crecimiento experimentado en 2022 se apoya principalmente en los ayuntamientos y la Junta, que aumentan sus inversiones en términos interanuales en un 17,4% y 0,27%, respectivamente. Si bien es el Ejecutivo central el que presenta una subida mayor, con un 81% más de gasto en comparación con 2021, aunque sólo adjudicó el 23% del total a empresas andaluzas.

El resto de la inversión se reparte entre diputaciones, con adjudicaciones por importe de 174,6 millones y un aumento del 6,6% respecto al año anterior; universidades, con 50,7 millones y una bajada interanual del 21%; y otros organismos, que invirtieron un 125% más, hasta los 32,6 millones de euros.

El Gobierno central solo contrató un 23% de las obras adjudicadas con compañías de la comunidad autónoma

En cuanto a la distribución total por provincias, Málaga lidera el ránking con un 19,1% de los 3.434 millones de euros, seguida de Sevilla (17,4%), Almería (14,1%) y Cádiz (12,6%). Ya por debajo de los dos dígitos, aparecen Córdoba (9,4%), Granada (9,3%) y Huelva y Jaén, ambas con un 6,6%.

Para el presidente de CEACOP, “los resultados obtenidos en 2022 son positivos en un año marcado por una coyuntura difícil por el alza desorbitado de los materiales, un hecho que se ha visto agravado por el aumento de los costes energéticos y la invasión de Ucrania”. En este sentido, resalta que “una vez más, se demuestra la capacidad del sector para reponerse y mantener el ritmo de creación de riqueza y empleo, con algo más de 200.000 personas ocupadas el pasado año”.

No obstante, López lamenta que, pese a la subida de las inversiones, el porcentaje de adjudicaciones a empresas andaluzas en 2022 se situó en el 55%, un punto porcentual menos que en el ejercicio anterior, “rompiendo así la tendencia positiva de los últimos años y muy lejos de nuestro objetivo de alcanzar el 60%”. “Este índice es especialmente bajo en el caso del Gobierno central, que tan sólo contrató un 23% de las obras con compañías de la región”, denuncia.

• La provincia ha sido en 2022, tras Málaga y Sevilla y con un 14,1% del total regional, la que más dinero recibió de las administraciones, en torno a 484,2 millones

La inversión en obra pública en Andalucía ha vuelto a crecer de manera sostenida por segundo año consecutivo, a pesar de la difícil coyuntura económica. Así lo refleja el informe elaborado por Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), que recoge que el importe de las adjudicaciones repuntó en 2022 un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros.

En cuanto a la distribución total por provincias, Málaga lidera el ranking con un 19,1% de los 3.434 millones de euros, con 655,9 millones de euros; seguida de Sevilla (17,4% y 597,5 millones), Almería (14,1% y 484,2 millones) y Cádiz (12,6% y 432,7 millones). Ya por debajo de los dos dígitos, aparecen Córdoba (9,4% y 322,8 millones), Granada (9,3% y 319,4 millones) y Huelva y Jaén, ambas con un 6,6% y 226,6 millones de euros.

Poniendo la lupa sobre las distintas administraciones, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía acapararon casi el 64% del importe de las obras. En concreto, los consistorios mantuvieron su esfuerzo inversor y volvieron a ser, por tercer año consecutivo, el organismo con mayor aportación con 1.198,9 millones de euros, es decir, el 34,9% total. A continuación, se situó el Ejecutivo autonómico, al sumar 991 millones, lo que representa el 28,9%.

Por su parte, el Gobierno central fue responsable del 28,7% de los contratos de obras y consultoría que se han adjudicado en el conjunto de la región, con 986,6 millones de euros, siendo la segunda mayor cifra desde 2009, aunque, en opinión del presidente de Ceacop, Carlos López, «este montante sigue estando muy por debajo de las necesidades de la comunidad en materia de infraestructuras».

De este modo, el crecimiento experimentado en 2022 se apoya principalmente en los ayuntamientos y la Junta, que aumentan sus inversiones en términos interanuales en un 17,4% y 0,27%, respectivamente; si bien es el Ejecutivo central el que presenta una subida mayor, con un 81% más de gasto en comparación con 2021, aunque solo adjudicó el 23% a firmas andaluzas.

El resto de la inversión se reparte entre diputaciones, con adjudicaciones por importe de 174,6 millones y un aumento del 6,6% respecto al año anterior; universidades, con 50,7 millones y una bajada interanual del 21%; y otros organismos, que invirtieron un 125% más, hasta los 32,6 millones de euros.

Para el presidente de Ceacop, «los resultados obtenidos en 2022 son positivos en un año marcado por una coyuntura difícil por el alza desorbitado de los materiales, un hecho que se ha visto agravado por el aumento de los costes energéticos y la invasión de Ucrania».

En este sentido, resalta que «una vez más, se demuestra la capacidad del sector para reponerse y mantener el ritmo de creación de riqueza y empleo, con algo más de 200.000 personas ocupadas el pasado año».

No obstante, Carlos López lamenta que, pese a la subida de las inversiones, el porcentaje de adjudicaciones a empresas andaluzas en 2022 se situó en el 55%, un punto porcentual menos que en el ejercicio anterior, «rompiendo así la tendencia positiva de los últimos años y muy lejos de nuestro objetivo de alcanzar el 60%». «Este índice es especialmente bajo en el caso del Gobierno central, que tan solo contrató un 23% de las obras con compañías de la región», denuncia.

Obras desiertas

Al margen de los niveles de inversión, el presidente de la patronal advierte de que «la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio».

En concreto, la asociación detalla que un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga. «Los ayuntamientos son los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, porque cuentan con menor margen para modificar los presupuestos», apunta la gerente de la entidad, Ana Estella.

Según Estella, «es inasumible que en una comunidad como Andalucía, con el déficit de infraestructuras que arrastra y con el peso poblacional que tiene en el conjunto de España, se queden sin ejecutar esas inversiones por el desequilibrio de precios, aun habiendo fondos disponibles; además de que se corre el riesgo de que esta situación provoque un cambio de tendencia en materia de licitaciones».

Desde Ceacop se lamenta, igualmente, que empresas públicas como Tragsa o Ineco están siendo adjudicatarias de obras que han quedado desiertas, pero por importes superiores al de la licitación inicial. «Desde hace años están haciendo competencia desleal a las empresas no sólo dentro de España, sino en otros países, yendo en contra del espíritu de la ley de contratos del sector público. En el caso de Tragsa, la situación es aún más grave porque ya hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública) que, salvo supuestos de estricta urgencia, no puede ejecutar contratos de obra en zonas o núcleos urbanos».

Fondos sin ejecutar

En paralelo, Carlos López advierte de un riesgo añadido: «Esta situación que se está produciendo amenaza el plan de recuperación diseñado al amparo de los fondos Next Generation, que, como es conocido, tiene como meta temporal 2026 y obliga a que los proyectos deben estar iniciados necesariamente en 2023. De momento, la asignación y puesta en valor de estos recursos están muy por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de transformación».

Es por ello que la gerente de Ceacop añade que «hay que mantener en el tiempo y reforzar los mecanismos de revisión de precios de las obras tanto de la Administración central como autonómica y hay que desligarlos de la lucha política, porque las empresas necesitan seguridad y certeza. El sector necesita seguir recibiendo oxígeno como motor de la economía, generador de empleo y vertebrador del resto de actividades como son la ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras, clave todo ello para la sociedad».

• Contará con una superficie de 2630 metros cuadrados repartidos en dos plantas y será construido bajo la Plaza Acuario

El Ayuntamiento de El Ejido ha diseñado el nuevo parking subterráneo bajo la Plaza Acuario, frente al colegio Ciavieja, con el que dotará de 145 nuevas plazas de aparcamiento al centro de El Ejido.

El alcalde asegura que se trata de una obra “muy necesaria, ya que con la creación de nuevas plazas pretendemos favorecer la dinamización de El Ejido, que vendrá a repercutir positivamente en el comercio y hostelería, ya que son muchas las personas que se desplazan hasta el centro de la ciudad para realizar todo tipo de gestiones”.

El parking ocupará una superficie total de 2.630 m2, estará compuesto por dos plantas sótano, en el sótano -1, que se situará a una cota de -3.30 metros, dispondrá de dos carriles en el mismo sentido en el que se ubicarán un total de 75 plazas de estacionamiento, de las que cinco son para personas con movilidad reducida. El sótano -2, se situará en la cota de -7 metros y dispondrá de dos carriles en el mismo sentido en los que se ubicarán un total de 79 plazas de las que cuatro se reservarán para recarga de coches eléctricos. El acceso de los vehículos se realiza por la calle Octavio Augusto y la salida por la calle Murgis.

El proyecto contempla la construcción dos núcleos de accesos peatonales desde el exterior, en uno de ellos se adaptan los aseos para personas con movilidad reducida y en el otro núcleo de acceso se incluye un ascensor. Dichos accesos se realizarán con paneles de vidrio a modo de pecera desde la propia plaza, haciendo con ello un guiño al nombre de la plaza. El parking tendrá una anchura de unos 19,80 metros y presenta una peculiaridad, se construirá con muros de contención y forjados de placa prefabricada por lo que no dispone de pilares intermedios que puedan dificultar el aparcamiento.

Una vez concluida la construcción del parking se realizará el nuevo acondicionamiento de la plaza para que esté en perfectas condiciones para su uso por parte de los vecinos.

La construcción de este parking bajo la Plaza Acuario viene a sumarse a la labor que ya está realizando el Ayuntamiento de El Ejido en la búsqueda de alternativas para aumentar las bolsas de aparcamientos en el centro de El Ejido con el fin de “garantizar que haya plazas disponibles tanto para los vecinos como para los visitantes”. Iniciativas como el asfaltado de solares sin edificar que está teniendo una gran aceptación entre los vecinos y visitantes al municipio, y que ha permitido crear más de 1.000 plazas de estacionamiento junto a lugares estratégicos como comercios, edificios y centros institucionales y colegios.

El Consistorio ejidense sigue trabajando en la recuperación de la concesión de explotación del parking subterráneo de la Plaza Villaespesa, que ampliaría en 90 plazas más el estacionamiento disponible.

Además, el Ayuntamiento está realizando un estudio para la implantación de la zona azul en el Bulevar con el fin de regular y facilitar el aparcamiento en esta vía a través de la rotación de vehículos. El alcalde detalla que “la finalidad es dotar de mayor agilidad a los estacionamientos en esta avenida”. La mecánica que se está estudiando es similar a la de otras ciudades, estableciendo franjas horarias para usar los aparcamientos que se dispongan durante un tiempo limitado.

• La obra, que la realizará Firmes y Carreteras S.L., supera el medio millón de euros de inversión y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses

• Aguas de Cádiz publica la licitación del mayor contrato para el mantenimiento de la red de saneamiento

La empresa municipal Aguas de Cádiz ha adjudicado la primera fase de las obras para la renovación de tuberías en el arquetón de paso de sifones bajo las vías del tren en la zona de la avenida Sanidad Pública a la empresa Firmes y Carreteras S.L. La presidenta del ente municipal, Ana Fernández, ha destacado que estas obras, que tienen una inversión de 525.553 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, se hacen gracias al canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de la ciudad. Fernández ha recordado que “gracias a este canon estamos realizando diversas actuaciones que redundan en la mejora del servicio a la ciudadanía”.

Durante el transcurso de las obras, será necesario el corte de tráfico de un carril de la avenida Sanidad Pública a su paso por la Estación de Bombeo, y en algún momento puntual, podrá extenderse a un carril de cada sentido. Para el tránsito de peatones se instalará una pasarela que dará solución provisional al paso por la acera.

Ana Fernández ha explicado que las tuberías sobre las que se van a actuar se instalaron en 2002, durante los trabajos del soterramiento de las líneas de tren. Años más tarde, en 2011, la construcción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Alcalde Juan de Dios Molina, trajo consigo la remodelación de algunas líneas en el interior de la arqueta de sifones de los ferrocarriles renovando las conexiones con esta nueva instalación de bombeo. 

Fernández ha señalado que “en estos 20 años, los tubos alojados en el arquetón han estado sometidos a un proceso de corrosión muy intenso que ha sido acelerado a causa de la atmósfera altamente agresiva en la que se encuentran y el tipo de material que lo componen. Una situación que se ha visto agravada por la falta de mantenimiento preventivo propio de la dejadez del PP en su gestión en el ámbito de Aguas de Cádiz”.  

La presidenta del ente municipal ha criticado que “una vez finalizado el soterramiento, hace ya más de 20 años, el PP no se preocupó del mantenimiento de esta infraestructura, a pesar de que es una de las más grandes y que, de haber sufrido un desperfecto, se habría dejado sentir en mitad de la ciudad”.

Ante esta situación, “desde el Equipo de Gobierno y desde la presidencia de Aguas de Cádiz tuvimos claro que había que actuar de forma planificada y responsable, y es por eso que en 2019 desarrollamos un Plan de Actuaciones de Mejora para hacer frente a esta problemática”. En este plan se recogieron diferentes actuaciones necesarias para su acondicionamiento como la limpieza de residuos metálicos y fangos acumulados en el fondo, la iluminación de los túneles, la instalación de un sistema de bombeo automático para el achique de la solera o la rehabilitación las paredes de los túneles, entre otras. Además, se han llevado a cabo campañas de medición de espesores en las tuberías, se ha implantado un programa de inspecciones semanales y de mantenimiento preventivo de válvulas y se ha acometido la renovación del revestimiento de dos líneas principales.

Realizadas todas estas actuaciones preliminares, ha avanzado Ana Fernández, “afrontamos uno de los hitos principales programados en el plan como es la renovación integral de las líneas en estado crítico”. De esta manera, se ha establecido como prioritaria la sustitución de las líneas L-4 de impulsión de pluviales y la L-5 de fecales de la tolva de Loreto, ambas recogidas en la actuación que se va a llevar a cabo en este contrato. Con la sustitución de estas tuberías por nuevas de polietileno, un material altamente resistente, se solventará el problema de corrosión de las mismas y se ofrece una vida útil de 100 años.

Por otro lado, con el objeto de facilitar las vías de acceso al espacio, se sustituirán las pesadas tapas de registro de acero por otras de material sintético, de GRP, material resistente a la corrosión y con superficie antideslizante para el tráfico rodado y peatonal.

Fernández ha precisado que “gracias a todas las actuaciones realizadas en los últimos años y a la que se contempla en este contrato que se llevará a cabo en las próximas semanas, la situación del arquetón de paso de sifones presentará una situación óptima para su posterior mantenimiento por el equipo operario de la empresa municipal”. 

• Pretenden mejorar la seguridad vial entre las intersecciones de Medina y Barbate con la nacional 340

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado, por un importe de 2,66 millones de euros, impuestos incluidos, las obras de Seguridad vial y adecuación de intersecciones con la N-340 desde las carreteras A-314, Vejer-Barbate, a la altura del kilómetros 36,700 y la A-396, Medina-Vejer, a la altura del punto kilométrico 35,500 de la nacional 340, y dentro del término municipal de Vejer.

Actualmente, la carretera nacional N-340, en este ámbito cuenta con varios accesos directos de propiedades colindantes, además de dos intersecciones con las carreteras de la Junta de Andalucía, la A-396 y la A-314, que presentan grandes retenciones en la época estival, cuando se produce la máxima afluencia de vehículos que acceden desde el interior de la provincia a Vejer, Barbate y Zahara de los Atunes con destino a la zona de playas de a Janda.

Además, el tramo de actuación de la N-340 se sitúa como continuación del fin de la autovía A-48 (Chiclana-Vejer), con el factor de riesgo que supone la transición de un tramo de autovía de 26 kilómetros de longitud a una carretera convencional con multitud de accesos.

Para mejorar la seguridad vial en este tramo de la red, se prevé realizar varias actuaciones. La primera de ellas la construcción de una glorieta en el punto kilométrico 36,300 de la carretera nacional N-340, en la intersección en T actual, con la carretera autonómica A-396, en dirección a Medina Sidonia.

Igualmente, se prevé la construcción de otras glorieta en el punto kilométrico 36,700 de la carretera nacional N-340, en la intersección en T actual con la carretera autonómica A-314 en dirección a Barbate.

Por otro lado, el proyecto contempla la ampliación de la calzada para la construcción de una vía de servicio unidireccional adosada al carril de la carretera nacional N-340 en sentido Cádiz para la reordenación de los accesos existentes entre ambas glorietas.

Todo ello se complementará con la iluminación del tramo de actuación mediante la instalación, en cada glorieta, de una columna con 4 proyectores y un total de 25 báculos en la vía de servicio y en la margen izquierda de la carretera nacional N-340 en las inmediaciones de las glorietas. La obra se complementará con la adecuación de drenaje, señalización, balizamiento y sistemas de contención.

Desde el Ayuntamiento de Vejer, que están coordinando la ejecución de este proyecto con los técnicos del  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), han apuntado que antes del verano comenzarán algunos trabajos de movimientos de tierra, aunque el proyecto propiamente dicho, no se ejecutará hasta pasado el verano, para no suponer un perjuicio más a los atascos que cada verano en producen en esos accesos.

• Las nuevas dependencias se construirán en una parcela de la Angelita Alta

• Interior contrata la redacción del proyecto de la Comisaría de la Policía Nacional para El Puerto

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará este viernes El Puerto para presentar el proyecto de la nueva Comisaría de la Policía Nacional.

A falta de la convocatoria oficial, la página web del Ministerio del Interior ya refleja esta convocatoria en la agenda del ministro,  a las diez y media de la mañana del viernes 17 de marzo.

• El plazo de ejecución es de 14 meses e incluye la remodelación de las zonas de endoscopias, radiología, traumatología, vestuarios y almacenes

• Radiografía del Hospital de Montilla: fuga de profesionales y “sospechas de desviación del presupuesto a Andújar”

• Así están las obras de los centros de salud y hospitales de Córdoba, según Salud

Tras años de espera y después de numerosas reivindicaciones y protestas, la Junta de Andalucía ha licitado al fin las obras de ampliación del Hospital de Montilla. Las obras han salido a concurso público por 4,3 millones de euros, tendrán un plazo de ejecución de 14 meses e incluyen la demandada remodelación de las zonas de endoscopias, radiología, traumatología, vestuarios y almacenes, según ha anunciado este miércoles la consejera de Salud y Consumo, Catalina García.

Durante una visita a Córdoba, la responsable autonómica ha reivindicado que esta obra, financiada con fondos europeos, muestran la “apuesta decidida” de la Junta por la “sanidad pública en Andalucía”, un hecho que -ha incidido García- “no es cuestionable”. La consejera ha subrayado asimismo la apuesta “decidida” de su departamento “por los profesionales del sistema público andaluz”.

El proyecto arrastra desde marzo de 2021, cuando el entonces consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, anunció en una visita a Montilla que la Junta de Andalucía tenía previsto acometer una ampliación del espacio asistencial con una inversión que superaría los cuatro millones de euros.

Dentro de las modificaciones del centro hospitalario, se encuentran la ampliación del edificio para dotar de mayor espacio a la hospitalización, aumentar la superficie de laboratorio, farmacia y endoscopias, además de la remodelación de la distribución de espacios en el área de Urgencias, que se consideran imprescindibles para dar cumplimiento a las necesidades sanitarias que se han ido produciendo en la comarca desde que abrió el centro, en febrero de 2004.

Según consta en la memoria de obras, consultada por El Día, “la mejora de las prestaciones sanitarias a la población andaluza pasa ineludiblemente por una potenciación y, en su caso, adecuación a las infraestructuras físicas en las que se desarrollan las diferentes actividades sanitarias, permitiendo así una mejora global de los estándares de calidad que se ofertan”. Por todo ello, “es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales necesidades sanitarias y por tanto se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no solo al mantenimiento y reposición de la red sanitaria existente, sino también para su mejora y ampliación”.

El Hospital de Montilla, situado en la zona de La Retamosa, abrió en febrero de 2004 y desde entonces ha contado con una plantilla media de 492 profesionales de todas las categorías sanitarias y no sanitarias, de los cuales el 70% son mujeres; la media de edad es de 44 años. Tras unos primeros años de gran satisfacción entre usuarios y trabajadores, la pandemia del Covid-19 evidendió las carencias de un centro sanitario que asiste a los vecinos de Montilla, Aguilar de la Frontera, Montalbán, La Rambla o Montemayor.

Y a finales del pasado mes de febrero el comité de empresa denunciaba “el abandono, la desidia, el olvido y la indiferencia” de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con el Hospital de Montilla y advertía de que el centro está sufriendo una “continua fuga” de profesionales sanitarios (facultativos, enfermeros, técnicos superiores sanitarios y técnicos en cuidados de enfermería) que se marchan a otros hospitales o a Atención Primaria en busca de una estabilidad y un futuro “más esperanzador”.

Los sindicatos exigieron que se cumplan “de inmediato” los acuerdos comprometidos, que se licite a la mayor brevedad posible el nuevo presupuesto para la reforma integral del Área de Urgencias, Consultas Externas, Laboratorio y Traumatología y que se acometa una reforma integral de la UCI, ya proyectada pero no licitada, así como de la zona de quirófanos, reanimación y endoscopias digestivas.

• La Corporación aprueba la entrada en vigor del Plan Más Provincia

El pleno de marzo de la Diputación de Córdoba ha servido para dejar constancia del compromiso que todas las organizaciones políticas tienen con las comarcas del norte de la provincia, puesto que se han aprobado por unanimidad sendas proposiciones relativas a mejorar las infraestructuras básicas del Guadiato y Los Pedroches, tales como abastecimiento eléctrico y de agua y carreteras. Otra propuesta, en este caso de respaldo a las movilizaciones por el mantenimiento de los servicios del hospital de Peñarroya, aunque se ha aprobado, no ha contado con el respaldo del Partido Popular.

• La Consejería de Fomento resuelve ampliar el plazo de inicio de las obras para evitar que se perdiera una ayuda de 6,8 millones de euros

• El Ayuntamiento de Granada volverá a sacar a licitación las obras de Santa Adela con un incremento de 1,7 millones y revisión de precios

La Junta de Andalucía ha concedido al Ayuntamiento de Granada una ampliación del plazo para el inicio de las obras de la segunda y la tercera fase de la rehabilitación de Santa Adela.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha informado de la resolución favorable de la administración regional a esta prórroga de seis meses, con la que evita que el Consistorio incumpla los plazos tras declarar desierta la licitación de las obras y, con ello, se pueda perder la subvención de 6,8 millones de euros que la Junta de Andalucía le otorgó para la demolición, urbanización y edificación de un bloque con 122 viviendas de VPO en Santa Adela.

“Los proyectos salen adelante por la voluntad política, trabajando duro y con lealtad siempre entre administraciones”, ha defendido Carazo, que ha recordado que fue la Consejería de Fomento la que, hace justo un mes, el 14 de febrero, nada más conocerse que el concurso de las obras de Santa Adela quedaba desierto “emplazó al alcalde a solicitar esta prórroga antes de que fuera tarde”.

“Hemos sido colaborativos, conocedores de que la demora de una segunda licitación supondría un grave perjuicio a esta rehabilitación y sobre todo, a las familias granadinas que esperan ese acceso a una vivienda digna y que no son culpables de los retrasos administrativos”, ha dicho.

La Consejería de Fomento, a través de su delegación territorial de Granada, comunicó el pasado 22 de septiembre al Ayuntamiento de Granada la concesión de esta subvención, de 6.802.000 euros para el barrio de Santa Adela, que fue uno de los proyectos beneficiarios en la convocatoria de ayudas de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana de Andalucía (Arrus) de la Junta.

En la resolución, se indicaba que tanto las obras de edificación como las de reurbanización deberían iniciarse en un plazo de seis meses. Al tener conocimiento de que había quedado desierto al no haber recibido ofertas, la Junta de Andalucía actuó con celeridad dada la importancia tanto de la obra como de la subvención, de las de mayor cuantía de esta convocatoria.

La resolución de la Delegación Territorial de Fomento propone que las obras de Santa Adela se puedan iniciar en un plazo máximo de 12 meses desde la notificación de la concesión de la subvención, es decir, seis meses adicionales “al haber concurrido circunstancias imprevistas en el procedimiento de adjudicación”. De igual manera, se amplía en seis meses el plazo máximo para la ejecución de las obras que no podrá exceder de los 36 meses desde la notificación de la resolución. Marifrán Carazo se ha mostrado confiada en que “no haya más contratiempos en la tramitación municipal y que todos podamos ver este mismo año las máquinas trabajar en Santa Adela”

La actuación en Santa Adela, con una inversión total de más de 13 millones de euros, tiene como gran singularidad que se interviene en viviendas privadas para construir viviendas públicas, demoliendo los antiguos edificios previo realojo temporal de los residentes. En el proceso, los vecinos afectados por estos trabajos son objeto, además, de medidas de acompañamiento social.

El empeño del actual Gobierno andaluz permitió que en octubre de 2019 se entregaran las llaves de 128 nuevas viviendas de Santa Adela a sus vecinos, resolviendo los retrasos que se produjeron en el mandato anterior por problemas de ejecución en el edificio. Además, de forma inmediata, en diciembre de ese año, se demolieron tres bloques más situados entre las calles Santa Adela, Pingarrón y Asturias para acometer la próxima fase del proyecto: la construcción de un nuevo edificio de 122 viviendas. En este caso no hubo que realojar familias como en las anteriores, ya que algunas vivían ya en los bloques construidos y otras se habían mudado a otro lugar.

Para atender la demanda existente en la rehabilitación de barriadas, la Consejería de Fomento lanzó por primera vez en Andalucía una convocatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes. La rehabilitación de Santa Adela fue una de las actuaciones beneficiarias de una convocatoria con más de 27 millones de euros en ayudas y que permitirá la rehabilitación de más de 3.000 viviendas en once barriadas andaluzas, como El Patio en Almería, Santuario, en Córdoba; Carranque, en Málaga, o Parque Alcosa y Pajaritos, en Sevilla.