La gerente de CEACOP, Ana Estella, expone la situación y problemática del sector en estos momentos. Puedes escuchar su intervención (a partir del minuto 6) en #Andaluciacapital #ONDACERO
Nos ocupa los #precios de los materiales, la #revisión de los contratos, la pérdida de #clasificación de las #pymes, la falta de mano de obra… Estamos trabajando en ello. Acompañamos a las empresas.
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El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato para el mantenimiento de las líneas de alta velocidad que integran el corredor sur, con una inversión de 145 millones de euros (sin IVA). Tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por uno más.
El contrato abarca las tareas de mantenimiento de las vías, los aparatos de vía y la infraestructura (la plataforma, los puentes y los viaductos, entre otras) de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla, la LAV Córdoba-Málaga y la LAV Antequera-Granada.
Las actuaciones se enfocarán al mantenimiento preventivo, destinado a garantizar indicadores óptimos de estado y prestación de servicio de la línea, así como al correctivo, en caso de incidencia. Todas ellas son claves para mantener los altos estándares de fiabilidad de estas infraestructuras y responder con agilidad a sus necesidades.
Las líneas que conforman el corredor sur de alta velocidad seguirán disponiendo de equipos y medios especializados para atender al alto grado de complejidad técnica y alcance que presentan las labores de mantenimiento y conservación.
Estos trabajos contarán con la participación de un amplio equipo y material especializado y se gestionarán desde cuatro bases de mantenimiento de Adif: las de Mora (Toledo), Calatrava (Ciudad Real), Hornachuelos (Córdoba) y Antequera (Málaga).
Adif licita este contrato de mantenimiento y conservación mientras avanza en los trabajos de renovación integral de la LAV Madrid-Sevilla, para mantener los altos estándares de fiabilidad y calidad que viene prestando desde hace treinta años. A estas actuaciones se destinará una inversión de 650 millones de euros, de los que ya han sido movilizados 580 millones.
Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que persigue el fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.
La construcción vuelve a dar la voz de alarma. El incremento de los costes de los materiales no cesa y muchas compañías, especialmente las pymes, están empezando a tener serios problemas para sobrevivir. En 2022, de hecho, las disoluciones de compañías del sector se dispararon un 17%, hasta superar las 6.300, según los datos recopilados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Además, el pasado ejercicio, las compañías dejaron desiertas 2.032 licitaciones de obras públicas por valor de más de 900 millones de euros al no ajustarse los presupuestos de las administraciones públicas a los costes reales de ejecución que calculaban las compañías.
Para tratar de hacer frente al problema de los costes, el Gobierno aprobó en marzo del pasado ejercicio un sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas, sometido luego a diversas revisiones. Pero según denuncia la CNC, el mecanismo, tal y como está concebido, no ha funcionado, como así evidencian los datos de insolvencias y proyectos sin contratistas. No obstante, la patronal cree que, con las debidas modificaciones, puede hacerlo. Por ello, su presidente, Pedro Fernández Alén, ha pedido hoy que el mecanismo provisional se prorrogue con mejoras “sine die” ante la incertidumbre de la situación actual y que, más tarde, se convierta en permanente en la Ley de Contratación Pública.
Las empresas no concursan por la falta de rentabilidad derivada de la inflación y el incremento del coste de la energía y combustible tras la guerra de Ucrania y la crisis de suministros en la pandemia
Más de 160 contratos de servicios y obras por importe superior a los 25 millones de euros se quedaron sin adjudicar en los últimos dos años en la provincia de Almería, según un reciente estudio que ha elaborado la empresa tecnológica DoubleTrade sobre las licitaciones públicas. La carestía del combustible y del transporte en general que disparó el precio de los materiales de construcción, la crisis global de suministros y otros frenos empresariales vinculados a la pandemia y la guerra de Ucrania como el incremento del coste de la energía han sido determinantes a la hora de dejar desiertas un buen número de actuaciones porque su rentabilidad no estaba clara para los contratistas. Y cuando no salen las cuentas, crecen los riesgos y la viabilidad económica peligra, los concursos se quedan en blanco sin ningún tipo de concurrencia y se tienen que volver a tramitar tras una revisión de los precios al alza o pasan a un cajón hasta que la situación económica sea más favorable.
En el último año fueron un total de 80 los contratos de servicios y obras que quedaron desiertos en la provincia por la falta de interés empresarial y suman un importe de 14,2 millones de euros, si bien algunas de las actuaciones se han vuelto a licitar poco después como ocurrió, entre otros ejemplos, con la reforma del edificio municipal Puente del Río en Adra licitada sin éxito el pasado año por 181.181 euros y cuyas obras se iniciaban hace unos días una vez que se han adjudicado en segunda instancia con inversión de 280.000 euros.
En el listado de licitaciones que se quedaron desiertas en 2022 aparece el arrendamiento de un inmueble en la capital por parte de Diputación para la ubicación de un establecimiento destinado a la promoción de los productos de la marca Sabores Almería por casi 248.000 euros, el suministro de los vehículos renting del Ayuntamiento de El Ejido por 438.692 euros, un catering para el personal de la Plataforma Solar del Ciemat por importe de 38.136 euros, más de dos millones en servicios financieros para el crédito a largo plazo que necesitaba el Ayuntamiento de Mojácar para la ejecución de la segunda fase de la variante costera, la limpieza de colegios y dependencias municipales de Carboneras por 910.937 euros, el mantenimiento de las instalaciones del acuartelamiento Los Arcos y Centro de Transmisiones de Felix por parte del Ministerio de Defensa, al igual que material de electricidad para la base militar Álvarez de Sotomayor en Viator, el servicio de recogida y captura de animales abandonados en Berja (49.586 euros), el transporte aéreo de helicóptero para el personal necesario en el proyecto de restauración, consolidación del Muelle y Acantalilado de la isla de Alborán de Tragsa (232.359,84 euros), más de 1,1 millones para el suministro de combustible del parque automovilístico de la Diputación, cerca de 28.000 euros para el suministro de fertilizantes en la Finca Experimental de UAL-Anecoop y 36.322 euros de la Empresa Municipal Almería Turismo para el proyecto de entoldamiento de calles.
Algunas licitaciones se ofertaban a cero euros como los servicios de cafetería y restaurante de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, la explotación del cine municipal de Huércal-Overa o el chiringuito de la piscina de Bayárcal y otras disparaban su valor en relación a licitaciones anteriores como el servicio de restauración y cafetería de la residencia logística militar La Misericordia que en 2021 salió a concurso por 16.000 euros y al año siguiente por nada menos que 475.103. El estudio de DoubleTrade cifra en poco más de 11 millones los que se dejaron de invertir en las 80 actuaciones que se quedaron desiertas en 2021 en la provincia, entre las que figuran las obras de rehabilitación de la casa consistorial de Vera (320.410 euros), las de ahorro energético en la Audiencia Provincial (361.207) y 3,3 millones de un centro social de la Junta en la capital.
El Ejecutivo explica que Tragsa se encarga ahora de la reformulación del proyecto, que tendrá 20 meses de ejecución
Montilla y Aguilar de la Frontera recuperan el proyecto del parque fluvial del río Cabra
Seis municipios del sur de Córdoba unen fuerzas contra las inundaciones y la degradación del río Cabra
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que esperan licitar en “un plazo máximo de seis meses” el proyecto de restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra, a su paso por el municipio egabrense y contar para ello con unos tres millones de euros.
Así lo ha manifestado Ribera en la Cámara Baja tras ser preguntada por el senador y alcalde egabrense, Fernando Priego (PP), sobre cuándo tiene previsto firmar el Gobierno el nuevo convenio que espera el Ayuntamiento, “una vez que han dejado caducar el primero”; cuándo va a estar el proyecto actualizado para iniciar la obra, y qué presupuesto y plazo de tiempo tienen previsto para licitar la actuación.
Al respecto, la ministra ha reconocido que “este proyecto tiene muchos años de historia a sus espaldas” y “la primera vez que se firmó el convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) fue en enero de 2019”, si bien ha lamentado que “la ejecución del proyecto se malogró“.
Sin embargo, ha aseverado que “este Gobierno y la CHG están comprometidos con el éxito de un proyecto que tiene por finalidad que los vecinos puedan disfrutar del cauce del río en 4,5 kilómetros enormemente deteriorados“, todo ello “a pesar de que la mejor manera para evitar el deterioro del cauce del río en los núcleos urbanos es que los ayuntamientos ejerzan sus competencias y lo mantengan limpio”.
No obstante, Ribera ha recordado que “más de la mitad de los expedientes de expropiación fueron remitidos al jurado provincial de expropiación, que ya ha definido las cuantías a pagar”, y “como consecuencia del parón de la pandemia y la baja en la presentación de ofertas que resultaron adjudicatarias hubo que reformular el proyecto“, ha advertido, para agregar que “el contratista renunció”.
De este modo, la ministra ha indicado que “en estos momentos Tragsa reformula el proyecto“, que espera que “pueda ser licitado en un plazo máximo de seis meses, con 20 meses de ejecución y 16 de conservación adicionales, para que la recuperación de las riberas, el paisaje, la extracción de basuras, la recuperación de los taludes y la restauración fluvial -que forma parte de las prioridades en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, que habían quedado olvidadas en los años anteriores-, puedan devolver el esplendor de ese tramo de río y el disfrute para los vecinos”.
También, ha agregado, “contará con área de recreo y con servicios de interpretación de la naturaleza”, señalando que “la primera estimación en términos de inversión supera los tres millones de euros, adicionales a los 1,3 ya invertidos, con un millón comprometidos en expropiaciones y 300.000 euros comprometidos o ejecutados sin demasiado éxito por el contratista anterior”.
Mientras, Fernando Priego ha subrayado que el de Cabra es “uno de los ríos más contaminados del sur de Europa”, de ahí “la necesidad de afrontar en serio este proyecto, desde un punto de vista medioambiental para recuperar su flora y fauna y la calidad de su cauce, desde un punto de vista urbanístico para reconciliar la ciudad con su río y que los ciudadanos puedan disfrutar de sus zonas verdes, y desde una perspectiva turística y cultural”.
Al hilo, ha apuntado que “llevan más de diez años trabajando desde el Gobierno, el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el impulso de este proyecto”, recordando que “con el anterior Gobierno del PP se consiguió la inclusión en el Plan Hidrológico Nacional, se redactó el proyecto, se hizo la declaración de impacto ambiental y se dotó de presupuesto de Estado con un millón de euros en 2019 para iniciar las obras“.
Igualmente, ha asegurado a indicado que “con el Gobierno de Sánchez se llegó a la firma del convenio entre las partes implicadas con un ámbito temporal de cuatro años, que terminó el 14 de enero sin haber podido realizar la obra”, al tiempo que ha reconocido que “han existido problemas desde el punto de vista de las expropiaciones, ya resueltos, y un rescate de la obra por incumplimiento del contratista, que está resuelto desde el año 2021”, pero “desde ese año no se ha avanzado absolutamente nada”.
Además, ha remarcado que la ministra “incumple” con las respuestas que le ha dado en diferentes preguntas parlamentarias sobre los plazos y actualización del proyecto, entre otros aspectos que le ha citado, advirtiendo de que el proyecto ha estado “fuera” de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y 2023 y han votado en contra de las enmiendas del PP a tal efecto.
La actuación tendrá un plazo de ejecución de 24 meses y permitirá mejorar su capacidad hidráulica
La planta fotovoltaica de la comunidad de regantes Genil-Cabra comienza a funcionar
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado por un importe de 2.097.812,12 euros el contrato de obras para la mejora del canal principal de la zona regable del Genil-Cabra, en el término municipal de Puente Genil.
La actuación, que tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, permitirá aumentar la eficiencia del transporte de caudales y mejorar la capacidad hidráulica de la estructura central de la zona regable, según informa la CHG en una nota.
En la actualidad, el canal tiene considerablemente disminuida su capacidad hidráulica debido a la acumulación de sedimentos en el mismo, prácticamente en los seis primeros kilómetros, que se inician en el bombeo del embalse de El Cordobilla.
Esto ha supuesto el empeoramiento en el funcionamiento de los equipos de filtrado, debido al aumento del espesor de limos en el canal, que se ha incrementado en los últimos años debido a los cambios de los usos del suelo; en concreto, por un notable incremento de superficie de olivar en la cuenca aportadora.
Las actuaciones que se plantean en el proyecto se localizan en el tramo del canal principal del Genil-Cabra, entre el embalse de Cordobilla y el cruce de la carretera A-318 (Autovía del Olivar), coincidiendo con el inicio del sifón.
Los trabajos están encaminados al incremento de la sección útil del canal para consecuentemente elevar el transporte de caudal y mejorar la calidad del agua, por lo que se evitarán las obstrucciones en las estaciones de filtrado y el atascamiento de los goteros.
Para la mejora de la eficiencia hidráulica del canal principal, se ha ideado la extracción de lodos mediante un equipo de excavación que los evacuará, al tiempo que se recuperará el funcionamiento original de las tomas de todas las estaciones de bombeo afectadas.
Es necesario destacar que el proyecto a desarrollar plantea la recuperación completa de la sección hidráulica, por lo que se han de extraer todos los depósitos acumulados a sección completa en cada sección de canal en la que se actúe. Por ello y en primer lugar, se realizará una batimetría completa de todo el canal desde el punto kilométrico 0+000 hasta el 20+250 (inicio de sifón), para verificar el volumen de lodo acumulado y planificar adecuadamente las actuaciones más prioritarias.
La zona regable del Genil-Cabra abarca 40.085 hectáreas repartidas entre las provincias de Córdoba y Sevilla, de las que 37.000 son consideradas útiles para el riego. La captación de agua para esta zona regable se realiza en el embalse de Cordobilla, que se alimenta, a su vez, del de Iznájar, a través del río Genil. El canal principal, sobre el que va a actuar ahora la CHG, tiene una longitud de más de 30 kilómetros y abastece a cada una de las estaciones de puesta en carga de la red.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Mitma la licitación del contrato para varias de estas vías con una duración de cuatro años
Granada solo podrá tener un tren más a partir de junio: es la línea de AVE más saturada de España
El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar, a través de Adif, el contrato para el mantenimiento de las líneas de alta velocidad que integran el corredor sur, con una inversión de 145 millones de euros (sin IVA), que abarcará el mantenimiento de las vías de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Antequera-Granada, además de la de Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga. Tendrá una duración de cuatro años, prorrogable por uno más.
Las actuaciones se enfocarán al mantenimiento preventivo, destinado a garantizar indicadores óptimos de estado y prestación de servicio de la línea, así como al correctivo, en caso de incidencia. Todas ellas son claves para mantener los altos estándares de fiabilidad de estas infraestructuras y responder con agilidad a sus necesidades.
La LAV de Granada, punto en el que se une con el corredor de Córdoba y Málaga, es, además, la más saturada a nivel nacional, de ahí que Renfe tenga limitado el número total de trenes que pueda ampliar sobre los actuales.
De esta forma, frente a los 26 surcos posibles de Granada están los 278 entre Valencia y Reus-La Boella, del mismo tipo y longitud similares. Pero es más, con la puesta en marcha del cuarto Avant con Sevilla y si Renfe finalmente programa el Alvia Almería-Granada-Madrid, habría que sumar cuatro surcos más que harían que la línea, a partir de junio, se quede con tan sólo dos surcos, es decir, un único servicio de ida y vuelta.
La Junta de Andalucía acepta cofinanciar las obras de las canalizaciones de los embalses Béznar-Rules y pide una reunión al Gobierno para tratar de desbloquear una infraestructura que espera la Costa Tropical desde hace 20 años. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, solicita al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, un encuentro para abordar la planificación de la ejecución del primer tramo -el desglosado número 9- cuya construcción debería empezar en mayo.
La administración andaluza demanda además tratar en ese encuentro el estado de cada uno de los tramos pendientes con la intención de agilizar su construcción. Ahora mismo solo hay dos de los 11 desglosados que conforman las canalizaciones en tramitación, del resto aún no se han puesto en marcha los proyectos constructivos.
Este nuevo talante que ha adoptado la administración andaluza ayudará a solventar el conflicto sobre la financiación y se acerca más a la postura que habían mantenido Juanma Moreno y los suyos hasta las últimas semanas. El rechazo de los regantes de sufragar el 20% que no quedaba cubierto por los fondos europeos dejaba en el aire la firma del convenio y abría la disputa entre administraciones. El desglosado número 9 está valorado en aproximadamente 61 millones de euros y las subvenciones cubren prácticamente la totalidad del primer proyecto, a excepción de 11 millones de euros.
El Gobierno elabora el informe de contestación de las alegaciones para que en abril se pueda aprobar técnicamente el proyecto, finalizar el convenio y licitar de una vez por todas las obras. Hasta que Junta y Gobierno alcancen un acuerdo, hay cuatro frentes abiertos y cuatro posturas, con algunos lugares comunes, en la discusión por la financiación de las obras de las canalizaciones de Béznar-Rules.
Han pasado dos décadas desde que se acabaron de construir los embalses y las canalizaciones no se han ejecutado
Antes de que la Consejería de Agricultura tendiera su mano al ministerio, Diputación y Subdelegación pedían que moviera ficha. La Junta, con evasivas y un condicionante, aseguró hace dos semanas que no tenían problema en financiar parte de la obra si se lo pedía el Gobierno directamente. Un gesto que se ha interpretado como un alarde de vanidad por el resto de implicados, que exigían más implicación y un cumplimiento de las promesas. Con anterioridad, el Gobierno andaluz se había mostrado dispuesto y había reiterado que no tenía problemas en costear parte de la infraestructura.
El secretario general de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramiro Angulo, y el delegado de Gobierno de Granada, Antonio Granados, han mantenido recientemente una reunión con el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, para tratar esta problemática. Sobre su posible implicación en la financiación del proyectos, Angulo no se pronunció, pero sí se ha sumado a la petición que han hecho los regantes y la Diputación sobre que se aborde la redacción del resto de tramos pendientes. El secretario ha pedido que la administración general del estado incluya a la Junta de Andalucía, administración que gestiona las cuencas mediterráneas, en la comisión técnica que se encarga del seguimiento del proyecto «para agilizar la ejecución de las canalizaciones de Rules.
Por su parte, la Subdelegación del Gobierno incidía ayer en que le toca a la administración andaluza sentarse a negociar con los regantes. «La Junta tendría que reunirse con los regantes para tratar el tema de su aportación económica ya que el Gobierno tiene comprometida la suya. Insistir en que la Junta cumpla con la palabra dada por su presidente de arrimar el hombro y apoyar a los regantes de la costa Tropical y no utilice excusas para intervenir en una cuenca que es de su competencia», aseguraba a IDEAL la subdelegada, Inmaculada López Calahorro.
Puntos de acuerdo
Ahora queda ver si el Ministerio de Transición Ecológica acepta el encuentro o espera que el ‘Sí’ de los andaluces vaya por delante. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dijo con claridad el miércoles pasado en la sesión del Senado que el asunto de la financiación es una cuestión que debían de resolver los regantes y la Junta, que el Gobierno «no iba a entrar ahí».
Mientras tanto, la Diputación busca los puntos en común y tirar si es necesario a quien corresponda de las orejas para solucionar el conflicto. El presidente, José Entrena (PSOE), se presentó voluntario como intermediario entre Junta y Gobierno. En la misma línea, el equipo de gobierno de la Diputación de Granada llevará al próximo pleno para su aprobación una moción en la que propone instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que asuma el 20% del desglosado 9 de las conducciones de Rules y exigirá al Gobierno de España a que proceda, de manera urgente, a la licitación de la redacción de los proyectos del resto de los desglosados que completan las canalizaciones «que tan necesarias son» para la Costa Tropical.
Enmienda del PP
Los populares tampoco se han quedado atrás. El grupo popular, con la intermediación de la consejera granadina Marifrán Carazo, ha presentado una enmienda para modificar una Proposición no de Ley del PSOE dirigida al parlamento andaluz. Además de la petición de los socialistas de demandar aportación económica a la Junta y al Gobierno para sufragar la parte de los regantes, demandan que se finalicen el resto de proyectos pendientes.
Una vez ejecutadas, las canalizaciones supondrán una inversión estimada de al menos 250 millones de euros y permitirán garantizar el agua en la Costa Tropical, consolidar los regadíos existentes y acabar con la sed de más de 16.000 hectáreas que van desde Albuñol hasta La Herradura, pasando por Los Guájares. Esta infraestructura y su proyecto está lleno de compromisos, acuerdos, posturas compartidas y sentido común. Solo falta un poco de voluntad para que el agua llegue a los campos y acabar así con la espera de los agricultores.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la agilización, a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de Interés Estratégico en Andalucía, del IFMIF-Dones, por su contribución al empleo estable y de calidad, así como al aprovechamiento y potenciación de los recursos naturales y económicos bajo el principio de sostenibilidad.
El IFMIF-Dones, que se establecerá en Escúzar, es una infraestructura científica de relevancia internacional que se proyecta construir con una inversión global de 862,47 millones y cuya misión principal es probar, validar y calificar los materiales que se utilizarán en las futuras plantas de energía de fusión nuclear.
Además, la Junta le otorga al proyecto un carácter estratégico y lo considera una oportunidad para convertir a la comunidad en un referente nacional e internacional del conocimiento y de la investigación. Por ello, lo promueve en colaboración con el Gobierno central, aportando ambas administraciones al 50% un presupuesto global de casi 33 millones de euros procedentes de recursos propios y de Feder.
Tanto el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Universidad, como el Ministerio de Ciencia e Innovación han constituido el consorcio encargado de promover la implantación de la actuación. Así, se ha consignado en los presupuestos de 2023 una cuantía de 5,3 millones dirigida a continuar impulsando el Ifmif-Dones.
Esa inversión se enmarca en la política de apoyo de la Junta a infraestructuras que resulten claves para desarrollar investigación de vanguardia, así como para el fomento de la innovación y la transición tecnológica en actividades productivas esenciales para la comunidad.
De ese importe global, 501.000 euros se destinarán al consorcio y el grueso de la aportación (4,89 millones) se transferirá a la Universidad de Granada (UGR) para sufragar las líneas de trabajo ya en marcha. Esa cuantía dirigida a la UGR se suma a los más de 5,5 millones aprobados en las cuentas autonómicas de 2022 y a los 4,02 millones aportados en 2021.
Previamente, el Ejecutivo autonómico ya transfirió a la universidad granadina, entre 2019 y 2020, un total de 1,83 millones para financiar otras acciones relacionadas con esta instalación. En suma, la Junta de Andalucía tiene comprometida una inyección económica de 14,46 millones con la UGR a través del convenio firmado con esta institución académica a finales de 2021.
Esa dotación se emplea para poner en marcha diversas líneas de trabajo que incluyen, entre otras, la compra de unos 4.500 metros cuadrados de terreno para albergar un centro de investigación Ifmif-Dones-UGR, la compra de prototipos o el coste del equipamiento de los laboratorios de realidad virtual y Lipac. También se sufragará un programa de formación predoctoral en el ámbito del proyecto IFMIF- DONES, entre otras actuaciones.
El proyecto se llevará a cabo en tres fases que se completarán a lo largo de 34 años. La primera, de construcción, tendrá una duración estimada de nueve años y, una vez concluida, comenzará la fase de operaciones, que se prolongará durante 20 años, desde 2030 a 2050. En dicho periodo se realizarán experimentos sobre irradiación de los materiales de interés para respaldar el diseño de una futura planta de generación de energía mediante fusión nuclear de forma continuada denominada DEMO.
También se desarrollarán ensayos en diferentes áreas de la física, la medicina o la industria, de corta duración y que podrían llevarse a cabo en paralelo. A partir del cese de las operaciones, se iniciará una nueva fase orientada a la clausura y desmantelamiento de las instalaciones, cuya duración se estima en unos cinco años.
El acelerador tendrá un importante impacto en la actividad económica tanto nacional como regional como consecuencia de los gastos que se acometerán para su desarrollo, ya que elevará la demanda de bienes y servicios de forma directa, indirecta e inducida en la mayoría de los sectores y, por tanto, provocará un aumento de la producción, el empleo y el Valor Agregado Bruto (VAB).
No obstante, puesto que está liderado por la Unión Europea, de esa incidencia se beneficiarán diferentes países europeos, España y, más concretamente, Andalucía. En el caso del conjunto nacional, su producción de bienes y servicios aumentará en 6.133 millones (79% del total generado por el proyecto), lo que elevará el VAB en 2.752 millones, estimándose en 687 millones el aumento regional.
De igual modo, esta instalación científica tendrá repercusión también en las empresas, no sólo por el incremento de la demanda de bienes y servicios, sino por el conocimiento que les reportará, posibilitándoles innovar con el consiguiente aumento de sus beneficios y de su valor de mercado.
Al margen de esos impactos, existen otros igualmente relevantes en el ámbito de la investigación en tecnología de fusión que justifican la ejecución del IFMIF-Dones, ya que de esa experiencia se derivará la base de datos de materiales que se creará con la información obtenida en los experimentos de irradiación. En la esfera medioambiental, contribuirá, igualmente, a promover el avance científico relacionado con el desarrollo sostenible.
Además, con esta instalación, la comunidad liderará un nuevo modelo energético ante la actual crisis climática, ya que la fusión nuclear es una fuente de energía limpia, segura, sostenible y con capacidad de producir las cantidades suficientes como para abastecer las necesidades de grandes núcleos de población y está basada en un combustible inagotable.
Por otro lado, en cuanto al capital humano, se producirá una proyección profesional de los investigadores andaluces y se mejorará la cualificación y experiencia de estudiantes de posgrado que realicen tesis doctorales relacionadas con la fusión en la Universidad de Granada y en el resto de instituciones académicas de la región.
A todo ello se suma las consecuencias positivas que tendrá esta infraestructura en la imagen y visibilidad de Granada, que fortalecerá su capacidad para atraer a investigadores y tecnólogos, así como a empresas innovadoras.
La finalización de la presa de Alcolea centra los objetivos que emprende Coprehu tras la constitución del Consejo Territorial de Regadíos, en el que insisten en potenciar la vía público-privada
Los regantes reivindican la presa de Alcolea por el agua “de calidad” que se “despilfarra” en el Odiel
La finalización de las obras de la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros son la prioridad. Ambas, enmarcadas en más actuaciones para reforzar el sistema general de agua de la provincia de Huelva, centran el nuevo impulso que se va a dar desde la Comunidad de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu) ante el Gobierno estatal y la Junta de Andalucía. A las dos administraciones se va a solicitar la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros con la consigna decidida de llevar a término las dos obras con la participación directa de la empresa pública Acuaes o sin ella. Y con un modelo de colaboración público-privada, si se da el caso en varias de ellas.
Coprehu tiene la encomienda de estas acciones tras la reunión del Consejo Territorial de los Regadíos de Alcolea y el Acuífero Niebla como órgano consultivo de la promotora, que ha aprobado un documento estratégico para la cooperación público-privada en los proyectos de regadíos del Canal de Trigueros.
Este mismo órgano, además, aprobó un presupuesto de 40.000 euros para que el grupo técnico de Coprehu trabaje, reactive y actualice el plano de demandas de agua para adaptarse a las 22.000 hectáreas de la unidad agraria Alcolea-Andévalo, con la admisión de las nuevas solicitudes de altas y también las bajas por el arrendamiento de tierras para la instalación de plantas fotovoltaicas.
La principal tarea que ha asumido Coprehu es la solicitud a la Dirección de Acuaes, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Secretaría General de Aguas de la Junta de Andalucía que se convoque de forma urgente la Comisión de Seguimiento de Alcolea y el Canal de Trigueros. Según ha informado Coprehu, se pedirá la finalización de la presa de Alcolea, y en caso de renunciar Acuaes, “mediante una adenda consensuada al Convenio de Regulación de 2007 se encomiende ejecutar la finalización de la obra a la Junta de Andalucía, trasladando el proyecto y los 72,5 millones de euros que aportó el Estado por su 50% y el crédito de KutxaBank avalado por la Junta de Andalucía”.
Se ha instado, además, a que los representantes de Coprehu, junto a la Comunidad de Regantes Corehu y otros usuarios, como Aiqbe, Giahsa y Aguas de Huelva, además de compañías mineras y empresas turísticas, promuevan un nuevo convenio de regulación público-privado para impulsar las actuaciones de las presas de Alcolea, Coronada, Pedro Arco, Corunjoso y la ampliación del Andévalo, además del tramo del Canal de Trigueros que conecta la presa de Alcolea con las balsas del Anillo Hídrico. De esta forma, se asegura desde Coprehu, se reforzaría con más agua el sistema general de Huelva, y todos los usuarios beneficiarios participarían en la financiación abonando el canon de agua para recuperar el 50% de todos los costes de las actuaciones mencionadas.
En la reunión del Consejo Territorial de regadíos se aseguró que la situación actual es “muy favorable” para finalizar la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros con sus redes de riego, como obras básicas para dar garantía de suministro y uso a los municipios de Gibraleón, Huelva, San Juan del Puerto, Trigueros, Beas, Bonares, Niebla, Villarrasa, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, Paterna del Campo, Manzanilla, Valverde del Camino, Calañas, La Zarza, El Cerro de Andévalo y Alosno.