Los riesgos se han moderado, pero el contexto internacional podría relanzar los precios

Pablo Cerezal. Madrid

La Comisión Europea dio ayer varias buenas noticias en sus Previsiones Económicas de Invierno bajo un título que parece toda una declaración de intenciones: La economía de la UE se prepara para evitar la recesión, pero los vientos de cara persisten. La primera, una revisión al alza del PIB generalizada en todo el Viejo Continente para este año que eleva el pronóstico del PIB nacional en cuatro décimas, al 1,4%. La segunda, que Europa en su conjunto y prácticamente todos los países que la componen sorteará la recesión, entendida como dos trimestres consecutivos en contracción (ver información a la derecha). La tercera, un recorte de la inflación, que resulta crucial para mantener el consumo y para empezar a ver el final de las subidas de los tipos de interés. “La economía europea está demostrando ser resiliente frente a los desafíos actuales. Hemos podido evitar la recesión”, resumió el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.

La mejoría de las perspectivas de la economía española es notable, si bien algo más limitada que la del conjunto de la eurozona. En concreto, Bruselas elevó cuatro décimas (frente a seis en la unión monetaria) sus previsiones de crecimiento del PIB español para este año, hasta el 1,4%, un avance que irá seguido de otro incremento del 2% en 2024, la misma cifra que la establecida en el anterior documento, de noviembre. Esta revisión al alza, que comparten en mayor o menor medida todos los países de la UE salvo la República Checa, Finlandia, Estonia y Lituania, se debe a que “diversificación de las fuentes de suministro de gas y la fuerte caída de su consumo han dejado los niveles de almacenamiento por encima del promedio de los últimos años, y los precios mayoristas del gas han caído muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra. Además, el mercado laboral de la UE sigue funcionando con fuerza, con la tasa de desempleo en su mínimo histórico del 6,1%”. Por ello, “la confianza está mejorando y las encuestas [de actividad empresarial] de enero sugieren que la actividad económica también está lista para evitar una contracción en el primer trimestre de 2023”.

Además, este mayor vigor de la economía no reforzará la espiral inflacionista. De hecho, el Índice de Precios de Consumo (IPC) también se modera de forma generalizada en la mayor parte de los países europeos. Por ejemplo, España, que registró una inflación del 8,5% en promedio en 2022, moderará esta cifra hasta el 4,4% en este año, quedando entre los países con menores presiones inflacionistas de Europa. Esta moderación se debe principalmente al descenso de la factura energética derivado del abaratamiento del gas y el petróleo en los mercados internacionales, lo que reduce también el coste de producción de numerosos bienes y servicios. Sin embargo, “la inflación subyacente [la que excluye la evolución de la energía y los alimentos por considerarse más volátiles] aún no ha tocado techo”, debido a que los fabricantes seguirán repercutiendo progresivamente el encarecimiento de los costes de producción, que ahora han absorbido en gran medida mediante una reducción de sus márgenes de beneficios. Esto podría llevar a una mejora del poder adquisitivo de los europeos en los próximos trimestres, aunque “solo gradualmente”, advirtió el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, lo que impulsará el consumo.

Con todo, Bruselas advirtió de que parte de la mejoría en las cifras de crecimiento se debe a que el cierre del ejercicio ha sido más positivo de lo esperado inicialmente, lo que deja la economía en una mejor posición para este año. Por ejemplo, en el primer trimestre, la Comisión apuesta por un crecimiento del 0,1% respecto al trimestre anterior, una décima más que lo previsto en otoño, mientras que para el segundo mantiene el 0,3% anticipado tres meses atrás. Y no es hasta la segunda mitad del año cuando se dará un acelerón, gracias a la moderación de los precios, con avances del 0,5% entre julio y septiembre (el mismo dato que en las anteriores previsiones) y del 0,6% entre octubre y diciembre (una décima más). Si bien se trata de una mejora mínima, tiene un gran efecto psicológico al evitar el estancamiento en el arranque del año, al tiempo que Europa sortea la recesión. En concreto, Bruselas apuntaba a un descenso de la actividad del 0,1% entre enero y marzo tras un recorte del 0,5% en el último trimestre del año pasado, pero finalmente 2022 cerró en positivo (con un alza del 0,1%) y 2023 podría arrancar con un estancamiento de la actividad.

Vientos de cara

Todo ello apunta a un cierto optimismo, y uno de los elementos en los que se empieza a notar es en que Dombrovskis ya empezó a reclamar la contención del déficit público (ver página 26). Sin embargo, “aún enfrentamos múltiples desafíos, por lo que no es momento para la autocomplacencia, sobre todo porque la guerra implacable de Rusia contra Ucrania todavía genera incertidumbre”, señaló Dombrovskis, mientras que Gentiloni advirtió de un “difícil periodo por delante” con “poderosos vientos de cara”. “Los consumidores y las empresas continúan enfrentando altos costos de energía y la inflación subyacente seguía aumentando en enero, erosionando aún más el poder adquisitivo de los hogares”, señala el texto. “Al tiempo que persisten las presiones inflacionarias, se prevé que el endurecimiento de la política monetaria continúe, lo que lastrará la actividad comercial y la inversión”. Dicho de otra forma, que aunque hay una mejora en las perspectivas y “los riesgos parecen menores […], no se puede descartar una posible reversión de esa caída de la inflación en el contexto de continuas tensiones geopolíticas” y de la reapertura de la economía china.

Por todo ello, Gentiloni reclamó “mostrar la misma determinación y ambición que durante los tres últimos años, con respuestas comunes a los retos a los que nos enfrentamos hoy” y gracias a los cuales “la UE ha capeado las tormentas que han golpeado nuestras economías y sociedades desde 2020”. Por su parte, Dombrovskis reclamó dar un “impulso a nuestra competitividad industrial para fortalecer el crecimiento general y la resiliencia” porque “es esencial mantener la posición de la UE como un actor económico global líder”. Una competitividad que se ha visto dañada por el encarecimiento de los costes energéticos y la falta de componentes y que ahora se pretende relanzar con los PERTE.

• El Ayuntamiento y el Gobierno central asumen que la pelota está en el tejado del Ejecutivo autonómico, que no quiere renunciar al único beneficio económico de la operación

La odisea de llegar a un acuerdo que permita iniciar el procedimiento previo a las obras para el soterramiento de las vías del tren en la capital continúa este semana donde se quedó la anterior. La Junta de Andalucía, como anunció el viernes, analizó ayer la «nueva solución» planteada en la reunión técnica a la que asistieron representantes de los ministerios de Hacienda y Transportes, de la Administración andaluza, del Ayuntamiento de Almería y de Adif. La respuesta llegó a mediodía de voz del viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz Atanet.

El viceconsejero, a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, explicó que se va a trasladar a Adif un nuevo borrador de convenio en el que proponen que la gestora ferroviaria explote el aparcamiento subterráneo incluido en la actuación aunque «sin la titularidad» de las instalaciones. Muñoz dejó claro que Adif «debe valorar si es necesario disponer de la titularidad del parking para licitar el proyecto» de una obra que ronda los 240 millones de euros y que es crucial para la llegada de la alta velocidad a Almería.

Para la Junta, según trasladó el viceconsejero de Fomento, «la simple explotación» ya supone que la entidad pública se haga con «la gestión del aparcamiento». «Si no es suficiente la explotación, hay que estudiar la viabilidad desde el punto de vista jurídico y patrimonial de la cesión de la titularidad del aparcamiento que financia la Junta y pretende conseguir Adif», indicó el segundo de abordo de Marifrán Carazo.

Más tiempo de análisis

Estos informes jurídicos y patrimoniales podrían demorarse en el tiempo, contraviniendo la premura con la que desde todas las administraciones sostienen que se debe abordar el inicio del procedimiento para que no se pierdan los fondos Next Generation de la Unión Europea que se están empleando para la llegada del AVEa la provincia. «Si Adif tiene interés en firmar el convenio previo a la licitación de las obras puede hacerlo ya», aseveró Mario Muñoz a este respecto, en sintonía con anteriores declaraciones de responsables de la Junta de Andalucía, que llaman al Gobierno a licitar el proyecto antes de la firma del acuerdo.

Sobre el aval de los servicios jurídicos y patrimoniales de la Junta, precisamente, habló ayer la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Según trasladó en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, el «único escollo» a la resolución definitiva de la financiación a tres bandas (Gobierno central, Junta y Ayuntamiento) es dicho «informe jurídico y patrimonial» que, aseguró en la mañana de ayer, «va a emitir la Junta» para dar «el OK» al procedimiento acordado en la reunión técnica del pasado viernes.

Vázquez trasladó que, una vez se dé ese paso, volverían «a hablar solamente de plazos» para la ejecución de la obra y «no de pagos» porque, insistió, la «financiación está asegurada» por Gobierno y Junta de Andalucía y, «por supuesto, por el ayuntamiento».

La alcaldesa aseguró que, por parte del consistorio, ha habido «una ‘entente cordiale’ siempre» y que lo largo de las últimas semanas «ha pretendido mediar para que la solución viniese técnicamente».

Sin embargo, ante las declaraciones del viceconsejero de Fomento (que tuvieron lugar horas después) y la consiguiente respuesta del Gobierno central, todavía quedan flecos por rematar para limitarse a hablar de plazos.

Y es que, según indicaron llegada la tarde fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Almería, la respuesta de «Adif y del Ayuntamiento a la Junta» es la misma que la dada en las «dos reuniones que se han mantenido» hasta el momento para cerrar el acuerdo sobre «el reparto de riesgos, la financiación y la vuelta al convenio» de la Administración andaluza. Insistieron en señalar que «dentro del marco de las sociedades de integración, no hay ningún parking que no sea de Adif, porque los viajeros de larga estancia son ferroviarios».

Desde la Consejería deFomento, por su parte, sostienen que desde Adif todavía no se ha explicado ni acreditado el motivo de la necesidad de ostentar la titularidad del aparcamiento subterráneo, la única construcción rentable de las proyectadas y por la que el propietario recibiría un canon, para firmar el convenio de financiación del soterramiento en la capital, para el que la Junta debe aportar 48 millones de euros, el Ayuntamiento deAlmería, 30 millones y el montante restante hasta los 240 millones, el Gobierno central.

«No le queda otra»

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, defendió ayer que «por el bien de toda la ciudadanía y de toda la provincia de Almería» el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Almería están «plenamente de acuerdo» sobre la financiación del soterramiento de las vías del tren en la capital pese a tener «colores políticos distintos».

Así, trasladó en declaraciones a los medios de comunicación su perspectiva de que «la Junta de Andalucía se va a sumar a este consenso» ya que «no le queda otra». «Entendemos que va a ser así y mi mensaje tiene que ser de optimismo y de confianza porque es una inversión muy importante que no se puede dejar perder», añadió acerca del uso de fondos europeos Next Generation en este proyecto. «No nos podemos permitir el lujo de desperdiciar esa oportunidad de echar mano de esos fondos pero para ello no podemos perder ni un minuto más», afirmó.

Insistió, al respecto del punto clave en esta negociación, en que el aparcamiento «debe ser titularidad de Adif y debe ser gestionado por Adif», como «siempre» ha mantenido el Gobierno central por lo que, esperaba en la mañana de ayer que la decisión adoptada por la Administración andaluza fuera en esta línea: «Espero, entiendo, confío que va a ser positivo por parte de la Junta de Andalucía, que se va a llegar a ese entendimiento».

Sin embargo, el entendimiento solo fue parcial y, si bien no se produjeron ayer declaraciones por parte de Martín tras confirmar la Junta de Andalucía que ofrecía nuevamente solo la gestión y que la titularidad, de realizarse, tendría que esperar a los informes que lo avalen, dejó claro anteriormente el subdelegado que Transportes tiene una «posición clara, firme» pero que, al tiempo, está «comprometido»con esta obra.

• El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, se reúne esta semana con la alcaldesa de Almería para plantearle la necesidad de espacio para una futura ampliación del campus universitario de La Cañada

La Universidad de Almería ha agotado ya todo el suelo disponible. El campus de La Cañada, inmerso en una época de cambios y crecimiento, ha sido testigo en este último año de la aprobación del Grado de Medicina, que conlleva un significativo incremento de alumnado, y un crecimiento en infraestructuras que ha cambiado la fisonomía urbanística del recinto. La semana pasada los docentes estrenaron la nueva Facultad de Económicas y Empresariales cuyas obras ha concluido recientemente y hoy siguen su curso cuatro nuevas edificaciones y obras en el interior de los aularios que también está previsto que concluyan en los próximos meses.

Este curso ha sido precisamente el año que mayor inversión se ha hecho en infraestructuras. Entre las grandes obras, además del edificio de Ciencias Económicas, que oficialmente se inaugurará en este mes, está el Pabellón de Historia Natural que ahora mismo está en plena actividad de montaje de la exposición en su interior y está previsto que se abra al público en abril. El resto, como el edificio de Informática y Nuevas Tecnologías y las obras que se están llevando a cabo en los aularios, el edificio de deportes y el edificio de usos múltiples siguen su curso sin pausa. Todos estos proyectos está previsto que concluyan en la actual legislatura.

• El Ayuntamiento de La Línea espera empezar las obras del parque en agosto de 2024

• Las libretas de Juan Franco

• La Línea recibirá 5 millones de subvención para el parque Princesa Sofía y el fuerte de Santa Bárbara

El Ayuntamiento de La Línea ha presentado este lunes la subvención de casi 5 millones de euros adelantada por este medio el pasado sábado destinada a mejorar el parque Princesa Sofía y el fuerte de Santa Bárbara con cargo al programa estatal de ayudas a municipios de zonas afectadas por la transición energética dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El alcalde, Juan Franco, ha calificado ambas actuaciones como “fundamentales” para la ciudad y ha añadido que deben estar ejecutadas antes de que finalice 2026. El Consistorio linense prevé que las obras del parque comiencen en agosto de 2024, con una duración de 18 meses.

• Las dos empresas municipales concurren a una convocatoria de los PERTE-Next Generation que supondrá una inversión de 6,4 millones de euros

• El proyecto implica la instalación de contadores inteligentes, sensores para la inmediata detección de averías y herramientas de planificación frente al cambio climático

Aguas de Cádiz y Chiclana Natural, las dos empresas municipales que gestionan el suministro de agua potable y de saneamiento en cada una de sus localidades, concurrirán juntas a uno de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) financiados con los fondos europeos Next Generation para acometer el plan de modernización y digitalización más ambicioso de toda su historia.

La concejala Ana Fernández, presidenta de Aguas de Cádiz, y el edil Roberto Palmero, vicepresidente de Chiclana Natural, presentaron esta mañana este proyecto que conlleva una inversión de 6,43 millones de euros en total y que implicará la instalación de contadores inteligentes, de sensores que permitirán detectar averías de manera inmediata y que dotará a ambas empresas de herramientas de planificación frente al cambio climático.

Ambas empresas han presentado el proyecto titulado ‘La cogobernanza del ciclo integral del agua: Capacidades digitales para un nuevo modelo de gestión pública eficiente, con múltiples actores en cada etapa’. En caso de resultar seleccionado los Next Generation financiarían el 70% y ambas empresas el 30% restante.

El número total de actuaciones que se llevarán a cabo es de 39, correspondiendo a Aguas de Cádiz el liderazgo de 18 de ellas y a Chiclana el de las 21 restantes. Las acciones se han agrupado en cinco diferentes bloques: digitalización de redes urbanas, coordinación en ciclo compartido, control de acuíferos y otras masas de agua; relación con los usuarios y usuarias e implantación de las bases para la digitalización. El presupuesto global será de 6,43 millones de euros y estará equilibrado, correspondiendo a Aguas de Cádiz la ejecución del 52,3% y a Chiclana Natural el 47,7%. Las actuaciones presentadas por Aguas de Cádiz tienen un presupuesto total de 3.323.365,47 euros y tienen un plazo de ejecución de 36 meses.

Entre las acciones previstas Fernández y Palmero destacaron la instalación de contadores inteligentes de telegestión en ambas ciudades para tener un control horario de los consumos en viviendas, que facilitará llevar a cabo campañas de uso responsable del agua como la Reto 100, que tiene activa Aguas de Cádiz, además de la colocación de contadores de telelectura de grandes consumos como pueden ser el riego de parques y jardines.

A lo anterior añadieron la mejora de la transparencia en la gestión del ciclo del agua gracias  la puesta a disposición de los usuarios de información sobre sus consumos, de manera que permita una mayor sensibilización y toma de decisiones por su parte.

A esto se suma la digitalización en la relación con los clientes con la creación de una app móvil que permita crear alertas por tipo de usuarios, por ejemplo, a colectivos vulnerables que ahora mismo disponen del Suministro Mínimo Vital y que puedan tener una alerta cunado llegan a los litros consumidos 

Otra de las medidas será la digitalización de la red de saneamiento de tal modo que permita el control en remoto sin necesidad de desplazarse de las estaciones de bombeo de aguas residuales, lo que proporcionará unos tiempos de reacción más rápidos y eficaces.

Además, el proyecto implicará una reducción del consumo energético mediante la instalación de equipos más eficientes, la mejora de la gestión del reto demográfico derivado de la población flotante estacional, que sobre todo afecta a Chiclana, mediante la obtención  de información sobre el uso del agua que permitirá anticiparse a los cambios de demanda y un sistema de control de calidad del agua que permita abordar los problema derivados del uso irregular a lo largo del año de determinados tramos de la red.

Por último, los responsables de este proyecto destacan que la digitalización de las infraestructuras permitirá el intercambio de datos con las distintas administraciones en tiempo real, lo cual mejorará los procesos de toma de decisiones y planificación a medio y largo plazo de todas las instituciones.

• En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo asegura que se ha proyectado el soterramiento de la zona más problemática y urbanizada del canal de riego en una actuación global de 20 millones

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) soterrará parte del canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba, en una obra más ambiciosa que se espera sea financiada en la mayor parte por los regantes y que asciende a 20 millones de euros. Eso es al menos lo que asegura el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria al diputado del PP por Córdoba en el Congreso Andrés Lorite, adelantada por Cordópolis y a la que ha tenido acceso este diario, que instaba a llevar a cabo “en la mayor brevedad posible” la actuación para lo que considera imprescindible que los Presupuestos Generales del Estado se dotasen de una partida para ello.

El soterramiento es una de las actuaciones previstas por la CHG en una intervención global que asciende a 20 millones de euros, según se desprende del informe encargado por la confederación a la empresa Ayesa para actuar sobre este canal de riego de casi 48 kilómetros de longitud. En su respuesta, el Gobierno informa de que la CHG está llevando a cabo la redacción de la actualización del proyecto de remodelación del Canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba capital, a través de un contrato de servicios de asistencia técnica. La obra está destinada principalmente a mejorar la explotación y eficiencia del canal del Guadalmellato atendiendo a las necesidades de la Comunidad de Regantes del Canal de Guadalmellato que son los beneficiarios principales de esta infraestructura de transporte y lo que están obligados conforme a la legislación a asumir los costes asociados a la misma. “En cualquier caso –dice el Gobierno– siendo conscientes de la problemática actual que supone el canal en la ciudad, tanto para sus usuarios como para los ciudadanos, se ha proyectado el soterramiento de la zona más problemática y urbanizada del casco urbano de Córdoba, en la que se incluye la zona en cuestión”.

Un proyecto que viene de lejos

En mayo del 2021, la CHG sacó a concurso la actualización de un proyecto que ya existe desde hace años y que pretende remodelar el canal de Gualdamellato a su paso por Córdoba. En enero del 2020, la comunidad de regantes del canal del Guadalmellato envió un escrito a la CHG poniendo de manifiesto el mal estado que presentan las instalaciones del canal, que tiene importantes pérdidas de agua, “lo que se traduce en la pérdida de la eficiencia y económica para la comunidad de regantes”. Por ello, y por los años que se lleva fraguando esta iniciativa, la CHG sacó a concurso un contrato de servicios para redactar la actualización de proyecto que finalmente se adjudicó a la empresa Ayesa en diciembre del 2021. El contrato tenía una vigencia de un año y un presupuesto de licitación es de 355.943 euros.

El objetivo de la obra es “mejorar la explotación y eficiencia del canal” atendiendo “a las necesidades de la comunidad de regantes, que son los beneficiarios de esta infraestructura de transporte” y que son los que pagarán la obra, la Confederación reconoce que “se ha proyectado el soterramiento de la zona más problemática y urbanizada del casco urbano de Córdoba”.

La zona regable del Guadalmellato es la más antigua de la provincia de Córdoba y sus orígenes se remontan a 1908, año en el que se constituyó el sindicato de obras para la construcción de la presa del Guadalmellato, la presa de derivación, el canal principal y los canales secundarios o acequias. Aunque las obras se iniciaron en 1909, tuvieron paralizaciones y el canal no entró en servicio hasta 1930. La puesta en uso del resto de instalaciones prosiguió en los años posteriores. En 1942 estas infraestructuras pasaron a titularidad estatal. Cuando en 1990 entró en servicio la presa de San Rafael de Navallana, en la que se ubica la nueva toma del canal principal, quedaron fuera de servicio la presa de derivación y los siete kilómetros de cabecera del canal.

La comunidad de regantes cuenta con 5.540 hectáreas de las 10.560 previstas en un principio. En 1993 la CHG ya redactó el proyecto de reconversión de la zona regable y desde 1995 se está pensando en dar una solución al canal a su paso por Córdoba. El Ayuntamiento ya expuso las deficiencias que presentaba y el Consejo del Movimiento Ciudadano ha denunciado su situación sobre todo en referencia a la limpieza. Un año después ya se empezó a trabajar en el proyecto de remodelación. Aquellos trabajos derivaron en un pliego de bases que fue aprobado en el 2001 y en el 2003 salió a concurso. Un año después se adjudicó el contrato de consultoría y asistencia técnica, pero ahí quedó la actuación.

• Una promoción de 60 pisos corresponde a Metrovacesa, y otra de 42 a FKR Las Adelfas
• El Ayuntamiento le da el permiso a Vitalia para construir su octava residencia en Córdoba

La comisión de licencias de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba concederá el próximo miércoles el permiso de obra a 102 nuevas viviendas en la capital, de las que 60 estarán en la calle José Aguilar de Dios, junto al Hipercor: y 42 en el Plan Parcial O-1, en el entorno del Parador Nacional de La Arruzafa.

La tanda de 60 inmuebles, ubicados en el Plan Parcial O-5 ‘Camino de Turruñuelos’, será edificada por la empresa Metrovacesa. Se trata de un conjunto residencial conformado por dos bloques plurifamiliares aislados de cinco plantas de altura, el primero para 23 viviendas y el segundo para 37. La planta sótano será común y contará con 73 plazas de aparcamiento para automóviles, además de con 62 trasteros. La edificación contempla además 38 puestos para estacionar bicicletas y una piscina comunitaria.

De otro lado, los 42 inmuebles que van a obtener licencia de la Gerencia de Urbanismo en la zona cercana al Hipercor (Huerta de Santa Isabel) corresponden a FKR Las Adelfas. El bloque de pisos incluye 84 plazas de aparcamiento de vehículos a motor, así como una piscina comunitaria.

Las 102 viviendas que autoriza la comisión de licencias del organismo autónomo en su sesión de esta semana se sitúan en dos de los polos de la ciudad que más crecimiento residencial están experimentando en los últimos años.

Además, la Gerencia de Urbanismo tiene previsto otorgar esta semana la calificación ambiental -que es el paso previo a la licencia de obras- a unos apartamentos turísticos situados en el número 19 del Paseo de la Ribera. La empresa solicitante de esta acreditación municipal es Benagalbón Andalucía.

• La Junta y Metrovacesa firman el contrato de compraventa de los terrenos que desarrollarán la zona abandonada que ocupaba el antiguo cuartel

• Se construirán cinco edificios y un parque donde serán visitables los restos de la villa romana que se encontró en la zona

• El Ayuntamiento de Granada pide a la Junta que entregue cuanto antes las ayudas del Bono Alquiler Joven

Se trata del último gran espacio libre que queda por construir en Granada y quizás el más grande: los solares que ocupaban el antiguo cuartel de Los Mondragones. Y dentro de poco no serán un descampado detrás de una tapia en paralelo a la Ribera del Beiro, sino que se abrirá a la ciudad con nuevas calles, que además unirán dos barrios históricamente separados como Doctores y La Cruz, tendrá espacios verdes, un yacimiento arqueológico de la época romana que visitar, y donde se construirán 519 viviendas, más de la mitad de protección oficial. La Junta de Andalucía y la compañía Metrovacesa, la mayor promotora inmobiliaria de obra nueva de España, han firmado esta mañana el contrato de compraventa por más de 15 millones de euros de dos de las parcelas que conforman el solar y que aún no están desarrolladas, y que de facto supone el pistoletazo de salida para la urbanización de la zona.

En concreto, Metrovacesa, que de esta forma entra en el mercado de la provincia de Granada y única de Andalucía que le faltaba, construirá 202 viviendas libres en 6.330 metros cuadrados en sendas parcelas adquiridas el pasado mes de noviembre mediante subasta pública. Estas viviendas están situadas cerca de la rotonda con la avenida Juan Pablo II, en una parcela donde actualmente hay una tapia y se encuentra el último vestigio del uso militar de este espacio como es la puerta del Centro Deportivo Militar Las Campanas. En ese lugar quedará una pequeña parcela de 1.314 metros cuadrados para una vivienda de protección oficial propiedad de la AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía).

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) va a destinar más de 4,3 millones de euros al proyecto de regeneración playa la Antilla-Islantilla, en Lepe e Isla Cristina (Huelva), que supone el aporte de más de 490.000 m3 de arena y la construcción de un espigón.

Este proyecto será presentado mañana martes en el Consejo Rector del Fondo de Recuperación Ecológica y Resiliencia (FRER), adscrito al MITECO a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con carácter previo a la licitación y contratación de las obras, cuya ejecución habría de ultimarse durante 2023.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, a través de un comunicado, ha declarado que con este trámite se avanza en este proyecto de gran impacto para el litoral.

Las obras proyectadas consisten, en esencia, en la aportación masiva a la playa de 491.454 m3 de arena, y en la ejecución de un espigón perpendicular a la costa de unos 160 metros de longitud, en el extremo de Levante de la urbanización de La Antilla.

Su presupuesto es de 4.308.449,43 euros que serán financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; su plazo de ejecución es de 6 meses.

Cuentan con declaración de impacto ambiental (DIA) formulada el 9 de agosto de 2022 por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO. EFE